Según la Asociación Nuclear Mundial, Australia posee algo más del 23% de las reservas internacionales de ese mineral, especialmente en el occidente de la vasta isla-continente. La explotación en las tres minas existentes llegó a las 10 mil toneladas anuales de oxido de uranio.

En 1997, un estudio de parlamentarios demostró que minas como las de Rum Jungle, en el estado del Territorio Norte, destruyeron la flora y la fauna a lo largo de 10 kilómetros, además de ocasionar efectos devastadores para la salud como la aparición de cáncer y otras enfermedades inexplicables.

Esas tierras no han podido utilizarse jamás, prosiguió el documento, y no se conocen planes para manejar los 60 millones de toneladas de desechos radioactivos vertidos a las cuencas subterráneas por esa mina y la de Olympic Dam. Para Gavin Mudd, ingeniero y profesor de la Universidad de Monash, una de las mayores del país y con sedes asociadas en Malasia, Suráfrica e Italia, “no existen minas de uranio rehabilitadas”.

En la actualidad, los trabajos iniciales ya comenzaron en el yacimiento de Yeelirrie, a cargo de la transnacional británico-australiana BHP Billton, una de las mayores en ese campo a nivel internacional. Para diversas organizaciones de pobladores autóctonos y de la Alianza Antinuclear de la región, junto a la mencionada compañía otras 99 participan en ese y otros programas, a pesar de propuestas de grupos de expertos para que se estudien previamente las repercusiones sobre la salud y el medio ambiente.

Geoggrey Stokes, líder de la etnia Wonghata, afirmó: “No necesitamos uranio. ¿Para qué vamos a contaminar el país a cambio de dinero?”, y criticó el levantamiento desde hace dos años de una prohibición al respecto. Kade Muir, una antropóloga nacida en la zona de Kalgoorlie, precisó que “no queremos que se extraiga el mineral ni legar a las futuras generaciones un ambiente contaminado”.

Desde hace décadas, indígenas del occidente australiano y de otros lugares elevan sus voces contra estudios y planes sobre el uranio, e incluso muchos de ellos fueron desplazados de los sitios de origen con esos fines. Los representantes aborígenes aseguran que en muchas ocasiones se ignora los planteamientos, criterios y reclamos de los pobladores afectados.

El 27 de enero, aborígenes quemaron una bandera de Australia frente a la sede del Parlamento en Camberra, en protesta por abusos y discriminaciones. La acción fue una respuesta a la violación, asesinato y destrucción de nuestros pueblos en 224 años de colonialismo, afirmó Coco Warren, uno de los protestantes.

La intensificación de las protestas se produjo luego de un acto oficial en el cual el líder oposicionista Tony Abbott abogó por revisar los derechos de los pobladores originales del país. Abbott y la primera ministra Julia Gillard fueron increpados por mantener posiciones racistas y discriminatorias contra las poblaciones autóctonas.

Desde 1972, los habitantes originarios de Australia instalaron una denominada embajada frente al antiguo edificio del gobierno en demanda de respeto a sus derechos, donde izaron una bandera de dos bandas, negra y roja con una esfera amarilla en el centro. Las principales demandas son la creación de un territorio autóctono en el norte del país, derechos reales a la educación y el trabajo, así como el reclamo de tierras que pertenecieron a sus ancestros.

Demandan a BHP Billiton

Kevin Buzzacot, un anciano aborigen australiano, demandó a la transnacional minera BHP Billiton por un ambicioso y criticado plan para abrir la mayor mina de uranio a cielo abierto del mundo. La acción es respaldada por el presidente del grupo nativo Arabunna, Aaron Stuart, en los estados de Australia del Sur y Territorio Norte, y denunció que la compañía no realizó consultas con “nuestro Pueblo”.

Según Buzzacot, la BHP Billiton no tomó en cuenta que la apertura de esa mina de uranio afectará el medio ambiente y en particular la llamada Cuenca del Gran Manatial Artesiano, principal fuente de agua potable en la región. El demandante fue respaldado por un grupo de aborígenes que le acompañaron hasta el Tribunal Federal de la ciudad de Adelaide, desplegando pancartas y consignas, entre ellas la de que el uranio australiano alimenta a Fukushima.

Las posiciones de los pobladores originarios también recibió el apoyo del diputado por el Partido Verde Mark Parnell, quien dijo que el informe de compañía sobre  impacto medioambiental deja mucho que desear. En ese sentido, Parnell precisó que el documento tiene serias lagunas de los efectos sobre las aguas subterráneas y la gestión para tratar los residuos radioactivo.

BHP Billiton planea invertir unos 20 mil millones de dólares en la mina de Olympic Dam y convertirla en la mayor a cielo abierto en el mundo para explotar uranio, mineral del cual Australia posee cerca de un 25 por ciento de las reservas internacionales.

El autor es jefe de la Redacción Asia de Prensa Latina.