Ejerciendo su derecho de propietarios colectivos de sus territorios, los pueblos indígenas resolvieron “prohibir el ingreso al TIPNIS de funcionarios, ministros, gobernadores, asambleístas u otras autoridades públicas que no tengan un permiso previo y expreso” de sus autoridades originarias.

En un memorial presentado ante el Ministro de Obras Públicas y el Organismo Electoral Plurinacional, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) y la Subcentral del TIPNIS, piden al Tribunal Supremo Electoral “abstenerse de participar de la consulta que está siendo impuesta unilateralmente por el gobierno nacional a través de la Ley No 222”.

Recuerdan que los pueblos indígenas Mojeño, Trinitario, Tsimane y Yuracaré ya se manifestaron en rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos y cualquier otra carretera que atraviese el TIPNIS, y plasmaron ese decisión en la Ley 180 de Protección del TIPNIS.

“Comunicamos al Tribunal Supremo Electoral que no reconocemos ninguna norma reglamentaria a la inconstitucional Ley 222, del mismo modo que  nos organizaremos para resistir su arbitraria e inconsulta implementación”, destaca el petitorio formulado por las organizaciones matrices de los pueblos indígenas.

Advierten que en caso de incumplimiento y de continuar las ilegalidades se acudirá a todas las instancias legales, “además de aplicar nuestra propia justicia indígena al interior de nuestro territorio, a través de nuestras autoridades y en base a nuestras normas y procedimientos, amparados en lo que establecen los Arts. 190, 191 y 192 de la Constitución”.

El memorial expone todos los antecedentes de la lucha de las 64 comunidades de los pueblos indígenas por consolidar el derecho propietario y garantizar la protección del TIPNIS, proceso que culmina el 24 de octubre de 2011 con la aprobación de la Ley 180.

El petitorio de las organizaciones indígenas desconoce los acuerdos entre el gobierno y la dirigencia del Consejo Indígena del Sur (CONISUR) que derivaron en la aprobación de la Ley 222 de Consulta del TIPNIS que califican de “unilateral, extemporánea y de mala fe”.

Destaca que lejos de someterse al cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado, el gobierno ha incurrido en vulneración de los derechos a la vida, a la propiedad e integridad territoriales, a la consulta previa, libre e informada, a la participación y libre determinación, a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas, y al autodesarrollo como pueblo indígenas.