El MAS, con García en el mando, no ha podido romper totalmente con las bases del poder petrolero extranjero en Bolivia; se controla, es cierto, las áreas de refinación y transporte, pero la operación de los campos más ricos en hidrocarburos está a cargo de las transnacionales petroleras. Lo que ha ocurrido, en sustancia, es un reacomodo empresarial petrolero al interior del bloque de poder dominante actual, con una gran influencia en la toma de decisiones sobre la política energética. Veamos cómo todo esto ha sido posible, a partir de una breve y puntual recapitulación de las políticas gubernamentales masistas sobre este tema.
I. La economía y el fallido gasolinazo
El fallido intento del aumento del precio de la gasolina y el diesel en diciembre de 2010 ha demostrado claramente que la supuesta bonanza de la economía nacional basada en la “nacionalización” de los hidrocarburos sencillamente no existe. Si la economía boliviana marchara tal y como la pinta el aparato propagandístico gubernamental —y la megalomanía de García, en particular— una medida como esa no tendría sentido alguno. Más aún: ¿cuál puede ser la lógica de una economía boyante de un Gobierno “revolucionario” que necesita apropiarse de los dineros del pueblo para traspasarlo a las compañías petroleras y cubrir el enorme gasto gubernamental? Está claro que, con un valor medio ponderado del costo de producción de 5,77 dólares por barril de petróleo en Bolivia, no se justificaba la elevación del precio que actualmente se les paga a las empresas de 27 dólares a 59 dólares por barril, y ha quedado claro también que la elevación de los precios de los hidrocarburos no era para combatir precisamente el contrabando, sino que respondía a la necesidad de otorgarles mayores incentivos y beneficios a las petroleras y financiar el enorme gasto fiscal del Estado .
Lo que el gobierno del MAS no dice cuando mantiene la amenaza de subir los precios del diesel y la gasolina, es que una elevación en el precio de los combustibles inmediatamente haría subir los precios de los alimentos y servicios que consume y usa el pueblo boliviano. En efecto, subirían el costo del transporte, los fletes de carga, los pasajes del transporte urbano, con todo el efecto en la cadena de precios, lo que afectaría gravemente la economía de todos los bolivianos y bolivianas; perjudicaría a todos los sectores, pero mucho más a aquellos que no tienen relaciones laborales estables, pertenecientes al mundo de la denominada economía informal. Los beneficios redistributivos de los bonos se diluirían porque, al cargar la elevación de los combustibles a los ciudadanos, éstos se empobrecerían inevitablemente.
Y, también, se les olvida decir que el diesel y la gasolina importados son pagados en una parte por los propios consumidores bolivianos a través del precio y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) cuando compran diesel o gasolina. Es decir, que son los propios consumidores bolivianos los que pagan una parte importante del diesel y la gasolina importados cuando compran en las gasolineras, y también cuando pagan el IEHD. Entonces, el subsidio real sería mucho menor a las cifras que maneja el Gobierno para tratar de justificar la elevación del precio del combustible líquido.
El MAS, siguiendo los pasos del “gonismo”, amenaza constantemente con transferir la crisis al conjunto de los ciudadanos elevando la alícuota del IEHD, en un país donde la precariedad del trabajo es una constante, y con sueldos bajos que no guardan relación con los países industrializados. Menos mal que el pueblo boliviano ha impedido la aplicación de una medida tan anti popular, cuyo único fin era beneficiar a las compañías petroleras.
II. La diferencia entre la nacionalización de 1969 y la actual
El Vicepresidente García afirma que en todo proceso de nacionalización se indemniza a las empresas petroleras por las inversiones pasadas; cita como ejemplo el caso de la Gulf Oil Company en 1969 y justifica así las críticas que se le hacen a su Gobierno por el pago de inversiones pasadas a Petrobras, Repsol, Total y otras empresas.
Efectivamente, es cierto que, en el caso de la Gulf, la reversión al Estado de los campos de hidrocarburos que estaban en sus manos fue acompañada con el pago de sus inversiones en activos e instalaciones, pero lo sustancial de esta nacionalización es el hecho de que la Gulf se fue del país y que YPFB se hizo cargo de todo el negocio, quedándose, en consecuencia, con el 100 por ciento de la renta petrolera para el Estado boliviano.
Es obvio, por tanto, que no es lo mismo devolver inversiones cuando la empresa se va del país, como ha ocurrido en la nacionalización de 1969, que devolverlas a empresas como Petrobras y Repsol que no solo se beneficiaron de la explotación de campos previamente descubiertos por YPFB entre 1997 y 2005, sino que se firmaron con ellas nuevos contratos para que se queden en Bolivia con el derecho de operar los principales campos por 20 y 30 años, extraer el gas con alto contenido energético para enviarlo como materia prima barata a Brasil y Argentina, y así obtener pingües ganancias.
García parece tener todas las facultades intelectuales para entender la diferencia entre una y otra nacionalización.
III. Participación estatal en la renta petrolera
La frondosa palabrería que exhibe García respecto de la renta petrolera que percibe el país merece las siguientes tres precisiones:
1. Los actuales recursos dinerarios (Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH) que reciben actualmente las municipalidades, gobernaciones y universidades no son resultado de la nacionalización del MAS, sino de la Ley de Hidrocarburos 3058, aprobada el año 2005, antes de la llegada del MAS al gobierno. La lucha por el incremento en la participación del Estado boliviano en la renta petrolera estuvo en los planteamientos de los movimientos sociales desde el año 2001, y fueron ellos los que impusieron el aumento de la participación estatal.
Dicho de otro modo: si con la Ley 1689 de Sánchez de Lozada se obtenía un 18% de la renta petrolera por regalías hidrocarburíferas, fue la lucha del pueblo boliviano la que impuso a los políticos de aquel tiempo que se aumentase ese porcentaje al 32% adicional —el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, IDH— que se calculaba para todos los efectos como una regalía. La suma de regalías (18%) e IDH (32%), por tanto, hacía un total del 50%. Este incremento, sustancial para las arcas del Estado, se realizó en contra de la voluntad del aquel entonces presidente Carlos Mesa, de muchos parlamentarios y, en particular, del propio Álvaro García Linera, que, con mucha vehemencia y desde las pantallas de televisión, defendía la propuesta de simplemente aumentar el impuesto a las utilidades petroleras.
2. Con el Decreto de Nacionalización número 28701 del 1 de mayo de 2006 (esta vez sí del Gobierno del MAS y mérito, en gran medida, del entonces ministro de hidrocarburos Andrés Solís Rada), se estableció que al referido 50% determinado en la Ley 3058 se le añada una otra participación adicional transitoria del 32% aplicable a los megacampos de hidrocarburos, con el fin de crear un fondo de arranque para que la empresa estatal boliviana refundada (YPFB) pueda comenzar a funcionar por sí misma.
Es cierto, como afirma el Vicepresidente García, que con esta medida la renta petrolera que recibía el Estado llegaba al 82% y algo más (si se le añadía el pago del impuesto a las utilidades), pero se trataba de una medida de aplicación transitoria que solo estuvo en vigencia entre mayo de 2006 a mayo de 2007, durante solo un año.
En mayo de 2007, cuando se protocolizaron los nuevos contratos firmados entre el Gobierno del MAS y las compañías petroleras, la participación del Estado boliviano del 82% volvió a ser la establecida en la Ley 3058, es decir, una participación del 50% (18 % regalías + 32% IDH). ¿Por qué, entonces, el Gobierno insiste en seguir hablando del 82% cuando esto ya no es aplicable a los campos grandes operados por las petroleras extranjeras? , ¿por qué no se le dice claramente al pueblo boliviano que el artículo transitorio ya no está vigente desde mayo del 2007?
3. Los nuevos Contratos de Operación (eufemismo que disfraza lo que esos contratos son en realidad: Contratos de Producción Compartida) contemplan una participación para el Estado de regalías e IDH, más un coeficiente beta (B) para YPFB —desconocido por el país—, más las patentes y los impuestos upstream que incluyen el Impuesto a las Utilidades. No se pueden incluir en los impuestos upstream — el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT), menos el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), porque estos son impuestos que se transfieren al consumidor en el precio final de venta del producto (son impuestos que, a fin de cuentas, los paga el ciudadano).
Por otra parte, y como no se conoce exactamente cuánto significa el mencionado coeficiente beta (B), no es posible calcular con precisión, en el caso de los campos grandes, los megacampos, cuál es el nivel del goverment take —dato del que también se pavonea García, señalando que es uno de los más altos del mundo—. Por esto resulta legítimo desconfiar de las afirmaciones gubernamentales en las que se dice que el referido goverment take llega al 82%, o incluso al 90% en los Contratos de Operación.
IV. Reservas probadas y control material de Petrobras, Repsol y Total
La experiencia boliviana nos enseña que no es suficiente que la ley establezca en el papel que los hidrocarburos son de propiedad inalienable del Estado o del pueblo boliviano. En efecto, si recordamos la historia, el Código Davenport, que se aprobó a mediados de los años 50 con rango de ley, decía que la propiedad pertenecía a los bolivianos, pero en los hechos quien verdaderamente se benefició de esa ley fue la Gulf Oil Company, que llegó a controlar más del 70% de los hidrocarburos a fines de la década del 60. YPFB, en ese tiempo, era una empresa sin capacidad de emprendimientos mayores y con deudas que tenía que pagar a la Gulf.
De igual modo, en la Ley de Hidrocarburos 1689 de Sánchez de Lozada, se afirmaba que los hidrocarburos, cualesquiera sea su estado, eran de “dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado boliviano”, pero eso no fue un obstáculo para que las transnacionales petroleras terminasen efectivamente controlando la producción, la refinación, el transporte y la comercialización de los hidrocarburos.
De todo esto se puede deducir —confiamos nuevamente en las capacidades intelectuales de García— que no basta lo que diga una ley, sino que es de capital importancia el control físico y material, operativamente hablando, de toda la cadena productiva de los hidrocarburos. Hoy, en Bolivia, a casi seis años de la “nacionalización” del Gobierno de Morales y García, el control material operativo de los campos con reservas probadas está en manos de Petrobras, Repsol y Total. Pero si García no puede creerlo e insiste en que el Estado Plurinacional es quién controla efectivamente los campos ricos en hidrocarburos, lo único que se puede hacer es remitirlo a los datos de su propio Gobierno.
Según el Ministerio de Energía e Hidrocarburos , durante la gestión 2010, la participación de las empresas operadoras extranjeras en la producción de gas natural sería la siguiente: Petrobras Bolivia: 63%; Petrobras Energía: 2%; Repsol: 7%; British Gas: 5%; Vintage Petroleum: 2%; Andina (YPFB-Repsol): 6%; y YPFB-Chaco: 13%. Salta a la vista que las operadoras extranjeras producen el 79% del gas natural, sin tomar en cuenta la participación de Repsol en la empresa mixta Andina.
Según el mismo Ministerio, en la producción de petróleo, condensado y gasolina natural, las empresas petroleras tienen la siguiente participación: Petrobras Bolivia: 58%; Petrobras Energía: 2%; Repsol: 18%; British Gas: 3%; Vintage Petroleum: 1%; Andina (YPFB-Repsol): 6%; y Chaco: 12%. Nuevamente se ratifica que las empresas extranjeras producen el 82% de los líquidos señalados, sin tomar en cuenta, otra vez, la participación de Repsol en Andina . Así queda demostrado que la larga lista de campos hidrocarburíferos publicada por García, asignados a YPFB, o producen muy poco, por los muchos años de explotación, o simplemente están sin actividad productiva importante.
Un dato más al respecto. Por las noticias de prensa sabemos que una excepción de lo dicho sería el campo Sararenda, en el que se estiman interesantes reservas de gas. Si esto es así, y dado que el campo pertenece a YPFB, debería ser la empresa boliviana el único operador de dicho campo. Existen denuncias de cívicos camireños, sin embargo, de que, de manera ilegal, y sin aprobación del poder legislativo, se estaría entregando la operación de dicho campo a la empresa extranjera Repsol. Estaremos a la espera de que el Gobierno haga la aclaración respectiva sobre Sararenda.
Para mayor abundancia sobre este tema, presentamos una síntesis de un estudio de indudable seriedad publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) en agosto de 2011, el mismo que ha establecido lo siguiente:
En el año 2009, las reservas probadas de gas y petróleo con alto valor comercial se encuentran en cuatro mega campos que representan el 85% del total;
Esas reservas están bajo control de cinco empresas: Petrobras (brasileña), Repsol (española), Total E&P (francesa), British Petroleum (BP) y British Gas (BG) (británicas);
Los campos convencionales representaban el 15 % restante;
YPFB Chaco y YPFB Andina (YPFB-Repsol) controlan únicamente el 11% de las reservas probadas de gas y petróleo .
El mismo estudio señala que las reservas en los megacampos, al margen del enunciado jurídico que dice que ellas son de propiedad del Estado, son en los hechos controladas por las siguientes empresas de acuerdo con su participación en la sociedad constituida :
San Alberto (Petrobras);
San Antonio [Petrobras: 35 %; Andina: 50% (YPFB: 25% y Repsol: 25%); y Total E&P Bolivie: 15 %);
Margarita (Repsol: 37%, BG: 37,5%, Pan American y British Petroleum: 25%);
Itaú (Petrobras: 30%, Total E&P Bolivie: 41%, YPFB-Chaco: 4% y BG: 25%).
Conclusiones: en los megacampos donde existen reservas probadas, las empresas transnacionales operan casi el 80% de la producción de gas y petróleo. Existe una vinculación orgánica entre las petroleras y el Estado con una evidente participación minoritaria de YPFB en el proceso de explotación; YPFB no es la empresa que produce más de la mitad del gas natural en Bolivia, como afirma García .
V. Sobre la indemnización a Transredes
El Gobierno de Morales y García ha demostrado tener abundantes argumentos para indemnizar a empresas delincuenciales como Transredes, pero en ningún momento utilizó los informes que establecían una serie de violaciones e incumplimientos por dicha empresa para sancionarla como correspondía.
Ha dicho García que por el pago de 240 millones de dólares a Transredes, el Estado boliviano ha obtenido un patrimonio neto de 1.000 millones de dólares a través de YPFB. De manera simple, parecería que el Estado ha hecho el gran negocio del siglo, pero el hecho es que la mayor parte de la inversión fuerte del negocio del transporte (inversiones en gasoductos, oleoductos, poliductos) fue hecha por YPFB antes del año 1997, cuando Enron y Shell se convierten en “socios” mayoritarios de Transredes.
Dicho de otro modo: si Enron, de manera delincuencial, se hizo cargo de los ductos bolivianos sin invertir un centavo y a cambio de promesas de “asesoramiento”, y luego, cuando se formó Transredes en sociedad con la Shell, empezó a cobrar por el transporte de hidrocarburos construido por YPFB, lo mínimo que se le debió haber pedido a Transredes es el cumplimiento riguroso del contrato, pero no fue así.
El Gobierno del MAS, por otra parte, tiene en su poder el documento de Juan Carlos Virreira (exdelegado para la revisión de la Capitalización) que demuestra expresamente cómo Transredes incumplió el Contrato de Suscripción firmado con el Estado boliviano :
1. Transredes realizó “préstamos puente” para capital de operaciones a sus afiliadas: Empresa Productora de Energía Ltda. (10.41 millones de dólares); Gas Oriente Bolivia Ltda. (28.39 millones de dólares); y Gas Occidente Matto Grosso (3.48 millones de dólares). Se trata de un monto total de 42.28 millones de dólares por transacciones claramente prohibidas en el mencionado Contrato de Suscripción que a la letra dice así: “De acuerdo al Contrato de Suscripción se expone que entre las inversiones prohibidas está la inversión en empresas relacionadas y no se podrán realizar inversiones en acciones, participaciones de capital y demás títulos o valores emitidos por entidades asociadas o vinculadas a acciones de la sociedad suscriptora ni colocarse en depósitos en las mismas”.
2. Transredes violó el referido contrato cuando suscribió un acuerdo de administración de inversiones a través de Shell International Ltda., es decir, de un fondo para el establecimiento de un mercado de dinero de corto plazo por 210 millones de dólares. La empresa comenzó a administrar los fondos traspasados del Citibank por el monto señalado desde el inicio de la administración hasta su cierre en noviembre de 1999.
3. Enron y Shell, como los mayores accionistas de Transredes, no realizaron el mantenimiento adecuado de los ductos que les fueron entregados provocando grandes derrames de petróleo. Un ejemplo de ello es el caso de los 29.000 barriles de petróleo derramados en el Río Desaguadero, entre Calacoto y el Lago Poopó, a lo largo de 175 kilómetros, que afectó a más de 14 pueblos y por el que apenas pagaron una pequeña multa de un millón de dólares. La empresa, además, no limpió adecuadamente las riveras del río y los terrenos afectados, dejando gravemente dañadas las tierras de cultivo, los sistemas de riego y el propio lago Poopó. Era tal la ineficiencia de Transredes en el mantenimiento de ductos que el año 2000 tuvo tres derrames de hidrocarburos de importancia: Desaguadero, Parotani y Chorety.
4. Según los informes de auditoría realizados por el Ministerio de Hidrocarburos entre los años 2006 y 2007 , Transredes no cumplió con las normativas medioambientales bolivianas en el caso de la Estación de Chorety; no renovó cada cinco años sus licencias medioambientales; su empresa contratista, que manejaba residuos peligrosos, no contaba con la licencia respectiva, y no dio cumplimiento a las recomendaciones de Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental para el sistema de ductos y oleoductos. Por esta razón, y en virtud de que su contrato no fue aprobado por el Congreso boliviano, el Gobierno del MAS tenía sobrados argumentos para exigir no solo su nacionalización, sino el resarcimiento por los delitos y daños contra el Estado boliviano en que esta empresa incurrió.
5. Los 240 millones de dólares que el Estado boliviano pagó a Transredes no contemplaron otros pasivos o deudas que la empresa no había pagado a Impuestos Nacionales por cerca de 10 millones de dólares (según el exministro Soliz Rada, además, la empresa tenía deudas de algunos cientos de millones de dólares con otros acreedores de los cuales tuvo que hacerse cargo la flamante empresa nacionalizada).
Lo menos que se puede decir aquí, para ilustración de García, es que es una verdadera paradoja que los directores ejecutivos de ENRON, la empresa que “capitalizó” los ductos bolivianos con el nombre de Transredes, estén presos en las cárceles de los Estados Unidos por haber violado las leyes norteamericanas y mentido sobre sus activos, mientras que en Bolivia se indemniza a una empresa que cometió numerosos delitos contra el Estado y contra los pueblos que habitan en las márgenes del Río Desaguadero.
VI. La caída de las reservas de los hidrocarburos
El Gobierno del MAS ha firmado acuerdos de venta de gas a la Argentina sin una adecuada certificación de las reservas. Si a ello se suman las venta ya acordadas con Brasil, no es difícil advertir cuán próxima está la actual administración de aquella máxima de “exportar o perecer” tan habitual en los gobiernos neoliberales.
La realidad de la situación de los hidrocarburos en Bolivia no parece ajustarse al supuesto “éxito de la nacionalización”. A Petrobras y Repsol, las empresas que tienen en sus manos el control de la producción de gas, no les interesa industrializarlo en Bolivia, prefieren hacerlo en Brasil y Argentina. Por ello, cualquier Gobierno responsable tendría que haber planificado, primero, la satisfacción del consumo interno y la industrialización de los hidrocarburos y de otros sectores productivos bolivianos, cosa que no ha hecho hasta ahora el Gobierno de Morales y García.
Ahora bien, no conocemos en detalle el informe de la empresa Ryder Scott sobre las reservas de gas en Bolivia porque el presidente de YPFB se niega a hacerlo público. Cuando la prensa le preguntó al ministro Villegas, a principios del año 2011, sobre la publicación del informe completo de Ryder Scott, este dijo textualmente lo siguiente: “Nunca pensamos publicar de forma completa. No tenemos ninguna obligación” . ¿Por qué se oculta dicha información a los ciudadanos del país?, ¿por qué no existe una actitud transparente del Gobierno sobre esta materia?
De lo poco que se conoce sobre el volumen real de las reservas de gas natural en Bolivia, puede afirmarse que dichas reservas han caído a 9,9 trillones de pies cúbicos (TCF) (declaraciones del Ministro de Hidrocarburos José Luis Gutiérrez en fecha 9 de abril de 2011). Esto quiere decir que las reservas bolivianas de gas de se redujeron en casi dos tercios de lo certificado hace apenas cuatro años (26,7 TCF), en 2007. ¿Dónde están, entonces, las reservas de hidrocarburos a las que el Vicepresidente García alude, aquellas que son fruto de las inversiones pasadas realizadas por las compañías y que fueron el justificativo para devolverles dichas inversiones? La verdad salta a la vista, pues fue el propio García quien declaró que las compañías petroleras mintieron e inflaron las reservas, engañando al pueblo boliviano para poder exportar y mejorar sus cotizaciones en la bolsa . Por lo tanto, uno de los principales argumentos de García cuando defiende la “nacionalización” de los hidrocarburos, ese que sostiene que se les pagaron a las transnacionales las inversiones pasadas porque estas sirvieron para descubrir las enormes reservas de gas, se cae por su propio peso.
De otro lado, los informes de auditoría realizados por el equipo del ingeniero Enrique Mariaca señalan que Chaco, Andina, Petrobras y Repsol se beneficiaron de las reservas de petróleo descubiertas previamente por YPFB antes de 1996. Entonces, ¿porqué defiende García la inversión de estas empresas cuando ese informe de auditoría dice que sus inversiones se limitaron a explotar simplemente lo existente, sin realizar prospecciones y exploraciones significativas, y que son visibles en las bajas inversiones en esta materia por parte de las petroleras? ¿Por qué no se las sancionó por incumplimiento de contratos? El pueblo boliviano no puede pagar los daños que se le ocasionan al erario nacional y a YPFB por la importación de combustible debido al incumplimiento de las empresas extranjeras. Las compañías extranjeras son responsables de esta situación, y son ellas las que tienen que asumir su responsabilidad por no haber realizado las inversiones comprometidas y por haber mentido sobre las reservas.
A continuación presentamos un cuadro elaborado por Christian Inchauste, funcionario actual de YPFB, que muestra el volumen de gas que se necesita para el consumo interno, para cumplir con los contratos firmados con Brasil y Argentina y para la puesta en marcha de una supuesta “primera fase de industrialización”.
Actividad Reserva demandada (TCF)
Mercado interno ajustado 3
GSA Brasil 7,8
GSA Argentina 7
Sub total mercado básico actual 17,8
Acero Mutún 2,1
Generación eléctrica adicional (1000 MW) 1,05
Amoniaco urea 0,6
GTL 1,05
Sub total industrialización 1ra fase 4,8
Total 22,6
Fuente: “Hacia una política de industrialización en Bolivia”. C. Inchauste. Plataforma Energética.
Las cifras que exhibe Inchauste —22,6 TCF frente al nivel actual de reservas de 9,9 TCF— explican la desesperación del Gobierno de Morales y García para dar mayores beneficios a Petrobras, Repsol y Total, intentando elevar los precios de los hidrocarburos en el mercado interno, así como devolverles el 100% de sus inversiones en cinco años, todo con el principal propósito de de cumplir los compromisos de exportación.
Por noticias de prensa, sabemos que, con las nuevas reservas descubiertas en Margarita, campo operado por Repsol, se espera poder abastecer a la Argentina. Este dato ratifica nuevamente la exportación como el destino más importante del gas boliviano. Incluso con la producción de este megacampo no se vislumbra un plan serio de industrialización del gas en Bolivia, exceptuando la planta de urea que hace años se viene anunciando, y que ahora tiene la competencia de Brasil que piensa construir, en Matto Grosso, en la frontera con nuestro país, una industria similar más grande, para extraer dicho producto, nos imaginamos que con gas boliviano.
VII. Sobre los contratos con “albañiles” y “pintores”
Como dijimos líneas arriba, la diferencia de la “nacionalización” del actual Gobierno con la nacionalización de la Gulf en 1969 es que esta empresa se fue de Bolivia y que el 100% de la renta petrolera y el control de toda la cadena productiva se quedaron en manos del Estado. Debe decirse, además, que a las dos principales compañías petroleras que operan en Bolivia, Petrobras y Repsol —aquellas a las que la imaginería infantil de García llama “albañiles” y “pintores” que trabajan para el Estado—, no sólo se les está devolviendo sus inversiones pasadas, sino que también se les devuelven los llamados “costos de recuperación” a pesar de que no invirtieron tal y como se habían comprometido.
Es más, estas dos empresas se benefician del gas rico que se envían a sus filiales de Brasil y Argentina para allí industrializarlo, y se quedan operando los campos más grandes de Bolivia. YPFB, que paga las inversiones, recuperará el manejo operativo de dichos campos efectivamente después de que se cumplan los 20 o 30 años, como se establece en los nuevos contratos, dependiendo del caso. Esto significa que YPFB recuperará esos campos cuando estén agotados, porque ese es el tiempo de vida útil que tiene un campo en plena producción.
En otras palabras, lo que sucedió es que las compañías se reacomodaron a los nuevos contratos, y el destino final del gas boliviano como materia prima no puede sino aumentar enormemente sus ganancias. ¿Qué clase de “nacionalización” es esta?, ¿en qué parte del mundo se les devuelve a las empresas las inversiones pasadas a pesar de que no cumplieron con las inversiones y mintieron sobre las reservas de gas? Encima, se les devuelve costos de recuperación que en el caso de Petrobras oscilan entre el 60 y el 100% , pero siguen controlando la explotación por 20 y 30 años, que es el tiempo que duran los nuevos contratos.
VIII. Se reafirma la neocolonialidad con el remozamiento del poder petrolero
A seis años del Gobierno del MAS encontramos dos empresas que han fortalecido su presencia en el escenario hidrocarburífero nacional, Petrobras y Repsol, ambas vinculadas a los intereses energéticos de Brasil y Argentina. Su presencia, su permanencia y su capacidad operativa han remozando los dispositivos de la relación de subordinación de los hidrocarburos bolivianos a las necesidades de dichos países, postergando la industrialización del gas y de la diversificación productiva boliviana. Así, la participación boliviana en la renta petrolera se destina mayoritaria y abrumadoramente a pagar los gastos del Estado, y las actividades de YPFB se concentran en el control de los campos marginales y en el transporte del gas con destino fundamentalmente a Brasil y Argentina.
Hemos visto que las operadoras extranjeras (Petrobras, Repsol, Total, British) controlan cerca del 80 % de la producción de gas y petróleo, mientras YPFB se limita a explotar el resto. También existe una asociación orgánica en la empresa Andina entre YPFB y Repsol, donde la empresa nacional controla el 51% de las acciones y Repsol el resto. En suma, es una “nacionalización” sui generis cuando se ahoga a YPFB con deudas mediante el pago de las inversiones pasadas y las indemnizaciones, así como con su obligación de garantizar el pago de la Renta Dignidad y los pagos por el diesel venezolano.
Es una extraña “nacionalización”, la del MAS, con transnacionales que se quedan operando megacampos con reservas probadas, con Repsol que se vincula íntimamente con el Estado mediante su asociación con YPFB. Y es una extraña “nacionalización” cuando el 80% de la producción de gas se destina a la exportación y no a la industrialización del país. Los gasoductos están construidos para servir el consumo doméstico e industrial de Brasil y Argentina, lugares donde el gas boliviano multiplica su valor agregado en sus refinerías, termoeléctricas y fábricas. En Bolivia, la diversificación productiva, los desarrollos tecnológicos propios y los emprendimientos comunitarios tendrán que esperar quién sabe cuántos años más.
Dado que los contratos asumidos por este Gobierno con las empresas petroleras son por 20 y 30 años, no se vislumbra una política que dé prelación a la independencia económica de Bolivia, y lo que sí se constata fehacientemente es la reafirmación del patrón primario exportador y la situación de dependencia que se tiene respecto a los intereses de Petrobras y Repsol, y, de manera específica, de Brasil y Argentina. En consecuencia, uno de los mecanismos más importantes de la dominación neocolonial, que es la subordinación boliviana a los intereses energéticos extranjeros, ha sido renovado bajo el Gobierno del MAS.
Entre tanto, la idea de la construcción del gasoducto al altiplano (GABO), que podría ser la clave para generar emprendimientos productivos con energía barata en el salar de Uyuni, y las industrias grandes y pequeñas en ciudades y poblados intermedios de varios departamentos, seguirá siendo un sueño.
Hoy como ayer, pero esta vez con un “Gobierno de los movimientos sociales”, como proclama García, se ha revitalizado la dominación del capitalismo extractivo, depredador y enemigo del medioambiente, manteniendo los moldes coloniales de la situación de dependencia y servidumbre del pueblo boliviano.
Fuente: Bolpress.com
