El gobierno del presidente Daniel Ortega envió cartas oficiales de reclamo a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y a la Convención Ramsar, detallando los graves daños al ecosistema, a la biodiversidad y al mismo caudal del río San Juan, ocasionados por la construcción de una carretera de casi 130 kilómetros de longitud.

Managua envió una nota de protesta al Ejecutivo de Costa Rica por la ejecución de la obra vial, y le demandó detener el proyecto hasta que se valoren sus efectos ecológicos. También solicitó el estudio de impacto ambiental que corresponde hacer antes de la ejecución de cualquier obra similar, con el fin de conocer los impactos sobre el terreno y los posibles mecanismos de mitigación.

Para el vicepresidente de Nicaragua Jaime Morales Carazo, “es verdaderamente penoso que un gobierno que ha gozado de un prestigio de civilidad y de amor hacia la naturaleza y su protección, cometa un crimen tan atroz contra la naturaleza”, reportó El Nuevo Diario.

Nicaragua denunció que el gobierno costarricense inició el proyecto sin contar con un estudio de impacto ambiental, razón por la cual la ministra del Ambiente y los Recursos Naturales Juana Argueñal solicitó a la Convención Ramsar que envíe una misión a la zona a fin de verificar los daños. El viceministro de Ambiente y los Recursos Naturales Roberto Araquistain advirtió que el proyecto viola las convenciones de Biodiversidad y de Lucha contra la Desertificación, así como el Protocolo de Montreal relativo a la protección de la capa de ozono.

La carretera que construye Costa Rica paralela al río San Juan también atenta contra la navegación del mencionado río, violando directamente el Tratado Jerez-Cañas vigente desde 1858, denunció el comandante Edén Pastora.  Por tanto, Nicaragua cuenta con instrumentos jurídicos para frenar la obra, aseguró el jurista Manuel Madriz en una entrevista publicada por El Nuevo Diario. 

Nicaragua tiene el dominio y sumo imperio sobre las aguas del San Juan y el derecho a mejoras a la navegación. "Nosotros disponemos de la totalidad de las islas para agilizar el curso de las aguas, de forma tal que el país puede quitar cualquier ínsula natural o artificial que perjudique la navegación", expuso Madriz, en virtud del Laudo Cleveland de 1888 y de otros tratados sobre la navegación y derechos del cuerpo de agua como el Laudo Alexander y el Tratado Jerez-Cañas, establecidos hace más de un siglo. 

El también catedrático e investigador del tema, autor del libro El Río San Juan de Nicaragua, consieró que el gobierno de Nicaragua solo debería notificar a la Corte Internacional de Justicia y llamar a Costa Rica para negociar la indemnización justa y real. Además, sugirió ocupar entre 600 y 700 metros al sur de la ribera derecha del río para reforestar las áreas arrasadas por la maquinaria costarricense y así garantizar la navegabilidad del cuerpo de agua.

Amparada en más de cinco convenios internacionales, la Asamblea Nacional de Nicaragua respaldó la demanda del Ejecutivo contra la obra impulsada por Costa Rica. Los diputados catalogaron la construcción como una política agresiva y de confrontación por parte del gobierno costarricense en perjuicio de los derechos soberanos de Nicaragua sobre el río San Juan.

El jefe del Ejército de Nicaragua Julio Cesar Avilés detalló ante la Asamblea Nacional los daños ambientales que provoca Costa Rica en la zona del río San Juan, y las afectaciones al torrente y la flora y fauna de su medio natural. Según el alto mando militar, aunque Costa Rica construye la carretera en su lado, está dañando de manera significativa no solo sus tierras, ya que el desarrollo de la infraestructura vial repercute negativamente en la navegabilidad . Las evidencias son claras, basta navegar por la ribera del San Juan para ver el enorme daño que se le está ocasionando.

El presidente del Consejo Nacional de Universidades Telémaco Talavera expuso los perjuicios evidentes a la reserva de Biosfera Indio Maíz, por el deterioro de la calidad del agua. En sus 7.677 kilómetros cuadrados dicha demarcación alberga una gran diversidad de ecosistemas representativos del bosque tropical húmedo y humedales, marismas, lagunas costeras y estuarios. Constituye un reservorio genético de especies botánicas y de fauna escasas o desaparecidas en otras partes del trópico mesoamericano.

El general Avilés resaltó las intenciones del gobierno nicaragüense de preservar sus reservas naturales y para protegerlas recién creó un batallón ecológico a fin de cuidar una masa forestal de más de 30 mil kilómetros cuadrados que agrupa 62 áreas protegidas.

Por la importancia internacional de las reservas medioambientales de río San Juan, el municipio de San Carlos, cabecera del departamento homónimo en Nicaragua, resultó seleccionado como sede de la X Feria Nacional de la Tierra 2012, que abordará el manejo de residuos, agua, saneamiento y protección de la biodiversidad, informó El Nuevo Diario.

El alcalde del municipio Johnny Gutiérrez explicó que potenciarán el peso referencial que tiene el Río San Juan para plantear los desafíos ambientales de Nicaragua como nación. Nada mejor que este lugar para discutir y analizar sobre las posibilidades de seguir creciendo como seres humanos, no podemos seguir pensando en desarrollo si no actuamos en equilibrio con los recursos del ambiente, declaró el funcionario.

Gutiérrez explicó que este río es el reservorio de una gran diversidad de especies, forma parte de la Reserva de Biosfera y tiene sitios Ramsar. Según el alcalde, los parques naturales de San Juan son el escenario perfecto para recordar a todo el mundo que aún tenemos la oportunidad de avanzar en armonía con la madre naturaleza.

Demandas judiciales

Una jueza del Distrito Civil de Río San Juan aceptó conocer una solicitud de instituciones ambientales nicaragüenses de construir perpetua memoria sobre los daños ecológicos que causa la construcción de una carretera costarricense paralela al torrente acuático. Con la perpetua memoria, las organizaciones preparan una demanda internacional contra Costa Rica por destrucción al medio ambiente y daños a la humanidad.

La solicitud fue presentada por la Fundación Amigos de Río San Juan, Fundar; Fundación Reserva Esperanza Verde, Fundeverde; la Universidad Martin Lutero, y la Junta Directiva del Consorcio Gaspar, que aglutina a 22 ONG y ambientalistas locales. Las principales quejas de los ciudadanos dieron cuenta de que las maquinarias costarricenses han soterrado canales naturales que alimentan al río desde su territorio, y derribaron bosques y árboles que sirven de refugio a especies silvestres del ecosistema sur.

También denunciaron a Costa Rica por haber vertido sedimentos y lanzado árboles, piedras y basura a las márgenes del río, con lo cual espantan especies de animales y contaminan extensas zonas con los gases de las maquinarias de gasolina y diesel.

Los denunciantes señalaron que la obra ha bloqueado el paso natural de especies de todo tipo que transitaban antes de los bosques al río para alimentarse y calmar la sed, y han destruido microsistemas y colonias de animales asentados allí. Además, los obreros orientaron el sistema del drenaje de la carretera hacia el canal del río San Juan mediante tuberías que descargan directamente en el cuerpo acuático.

Uno de los aspectos mencionados como daño económico a la zona fue la remoción de mojones y señales de límites fronterizos, con los que provocan inseguridad jurídica y afectan directamente las inversiones, el turismo y la seguridad ciudadana en la ribera.

Organizaciones ambientalistas de Nicaragua y Costa Rica, en compañía de geólogos y expertos en hidrología, examinaron esta semana el río San Juan para constatar los daños ocasionados por el gobierno costarricense con la construcción de la carretera paralela al torrente. Los ambientalistas de ambos países recorrieron el río nicaragüense en el trecho entre Los Chiles y El Delta, a fin de tomar alrededor de 350 fotografías y un vídeo que demuestren el impacto al medio ambiente.

El presidente de la Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz de Costa Rica, Alberto Cabezas, presentó el pasado fin de semana un recurso de amparo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de su país para que exija el cese de la obra, destacó El Nuevo Diario.

Actualización: La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) admitió la demanda

El 19 de diciembre, la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) admitió la demanda interpuesta por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible y el Foro Nacional de Reciclaje en contra de Costa Rica. El titular del CCJ Francisco Darío Lobo dijo que el Estado costarricense debe contestar a la demanda y recordó que los seis Estados centroamericanos están bajo la jurisdicción de esta Corte en todo el ámbito del derecho comunitario y del derecho internacional, reportó la agencia Prensa Latina.

Algunos países no tienen magistrados en el CCJ, como Costa Rica, pero eso no lo exime de la obligación de estar bajo la jurisdicción de esta Corte y de acatar las resoluciones y sentencias que dictemos, aseveró el magistrado Lobo. Por tanto, en caso de que Costa Rica desconozca la decisión de la CCJ, podría ser declarada rebelde pues esa nación centroamericana firmó los convenios y tratados de conformación del órgano regional jurídico, por lo cual no puede desconocer sus sentencias y mandatos.

El presidente del tribunal manifestó que una delegación de magistrados de la CCJ pretende visitar la zona donde Costa Rica construye su carretera de más de 120 kilómetros. La acción les permitiría constatar los daños ecológicos del proyecto y ayudaría a definir mejor las medidas cautelares que se le impondrían al gobierno costarricense, indicó el diario El 19 Digital.

Tras admitir la demanda contra Costa Rica por daños ambientales, explicó Lobo, la CCJ abre un juicio y da un plazo de diez días para que la presidenta de ese país, Laura Chinchilla, conteste el reclamo.

Con información de la corresponsalía de Prensa Latina en Managua.