Después de llevar a cabo un extenso estudio que incluía el testimonio de numerosos expertos y abarcó 50 libros, el MPF concluyó que se había destruido la “organización social, las costumbres, lenguas y tradiciones” de los grupos indígenas por la construcción de la presa.

Esta devastación cultural es algo de lo que Tamawaerw Paracanã, mujer indígena de la tribu Paracanã, fue testigo de primera mano. Hasta 2014, Tamawaerw, de 23 años, vivía con su marido y sus hijos en el pueblo indígena de Paracanã en las orillas del río Xingú. Como parte de su familia extensa, compartían la casa con su cuñado.

Cuando el proyecto de Belo Monte se puso en marcha, Norte Energia obligó a la familia a salir de su hogar, pero no les dio un nuevo lugar para vivir como se había prometido en un acuerdo previo a la construcción pactado entre el consorcio y el gobierno. Cuando la compañía registró a los indígenas que habían perdido sus hogares, y que debían ser realojados en las afueras de la cercana ciudad de Altamira, se reconoció plenamente la reclamación de su cuñado, pero se negó la de Tamawaerw y su familia dejándolos sin hogar.

Se alojaron en el patio trasero de la vivienda de su cuñado en Jatobá, una de las tres comunidades de reasentamiento construidas por Norte Energia para los desplazados por la presa.

“[Norte Energía] nos dijo que no teníamos manera de conseguir una vivienda. No teníamos derecho a un hogar. Hemos luchado muy duro para conseguir una casa allí en Jatobá”, dijo Tamawaerw. La empresa nos dijo: “No, no podéis tener una casa en Jatobá”. Norte Energia no ha respondido a las solicitudes de comentarios de Mongabay.

Matar sin derramar sangre

La energía hidráulica se considerada a menudo una fuente de energía respetuosa con el medio ambiente, y Brasil tiene el potencial de ser uno de los mayores productores del mundo. Sin embargo, las consecuencias humanas de represar los ríos han demostrado ser devastadoras. Un primer ejemplo se ve en la acusación de etnocidio interpuesta contra los responsables de la construcción de la presa de Belo Monte.

Genocidio y etnocidio son diferentes. El primero hace referencia a la masacre en masa de un pueblo. El segundo se define no por la muerte directa, sino más bien por la destrucción de una cultura y una forma de vida. La diferencia, según el antropólogo francés Pierre Clastres, radica entre matar a las personas frente a matar el espíritu, lo que los antiguos celtas denominaban “crimen del alma”.

La demanda de etnocidio interpuesta a Belo Monte aborda los impactos sobre las poblaciones indígenas que vivían en los alrededores de la presa hidroeléctrica de Belo Monte. Describe los impactos significativos sobre la salud, el medio ambiente, los medios de vida tradicionales y la organización social indígena.

Así no es como se presentó el proyecto en un principio. La presa se orientó hacia los enormes beneficios para la población de Brasil. Se suponía que iba a crear 18 000 puestos de trabajo directos y 23 000 indirectos. También se suponía que debía servir a las necesidades de energía de Brasil en las próximas décadas, ya que se diseñó para tener la tercera mayor capacidad de generación hidroeléctrica mundial, a 11 233 megavatios (MW). Todo esto conlleva un gran coste, con el BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, concediendo su mayor préstamo para el proyecto — 22,5 mil millones de reales (10,8 mil millones de dólares).

Los críticos ajenos al gobierno dicen que los defensores de las presas exageraron la promesa del proyecto desde el principio. Por ejemplo, mientras que el gobierno afirmó que Belo Monte suministraría el 40 por ciento de las necesidades energéticas de los hogares de Brasil, un informe de 2009 de un grupo de especialistas, antes del inicio de la construcción, descubrió que el Estudio de Impacto Ambiental de la presa (EIA) omitió los cambios estacionales sustanciales del caudal del río Xingú, lo que resulta en una diferencia de más del 60 por ciento entre la capacidad de producción estimada de la presa de 11 233 MW y su media estimada de salida, alrededor de 4500 MW. The Economist informó que la producción durante períodos de bajo flujo podría caer tan bajo como 800 a 1000 MW.

El estudio de 2009 también criticó la exclusión de los grupos indígenas que se verían afectados por la presa. Se argumentó que las tribus Juruna, Arara, Xipaya, Kuruaya, y Kayapó habían vivido durante siglos a lo largo de la gran curva (Volta Grande) del río Xingú, y dependían de él para su sustento. Pero según los constructores de la presa, la gran curva vería una reducción del 80 por ciento del flujo del río tras la construcción. Los expertos afirmaron que una disminución tan drástica en el volumen a lo largo de un recorrido de 100 kilómetros (aproximadamente 62 millas) de río, probablemente destruiría la pesca dinámica de la zona. La muerte de peces en masa en la Volta Grande desde que empezó a funcionar la presa en 2016 parece apuntar a que ese pronóstico se está convirtiendo en una realidad.

Además, el informe condenaba la violación de los derechos constitucionales indígenas y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este último garantiza a los pueblos indígenas y tradicionales el derecho a la consulta previa sobre los proyectos que afectan a sus comunidades. Mientras que los planes originales de la presa datan desde mediados de la década de 1970 cuando Brasil era una dictadura, el Congreso del país aprobó nuevos planes para la presa de Belo Monte en marzo de 2005 sin consultar a las comunidades afectadas.

Algunos de los impactos diarios de Belo Monte son evidentes en las dificultades que Tamawaerw Paracanã y su familia están afrontando. Se han marchado del patio trasero de la vivienda de su cuñado, y ahora están viviendo en la comunidad de reasentamiento Agua Azul en el borde de la ciudad de Altamira, pero continúan luchando con los traumáticos y enormes cambios en el estilo de vida y subsistencia.

Tamawaerw y su familia al igual que otras familias reubicadas por la fuerza debido a la gran presa, les está resultando muy difícil conseguir un empleo — una necesidad ahora que las poblaciones indígenas y tradicionales no viven en el río, donde la comida era abundante y se podía obtener gratis, sino en una zona urbana se tiene que comprar.

La finalización de la presa este año agravó el problema, provocando un derrumbe económico local, ya que se despidió a muchos hombres que trabajaban en la construcción de Belo Monte y comenzaron a competir con las poblaciones indígenas reubicadas en un mercado de trabajo en recesión. Hay que añadir a esto el hecho de que la economía de Brasil ha quebrado desde su auge de hace una década.

También parece ahora que los motivos para la construcción de la presa en primer lugar pueden haber sido mal interpretados por la gente de Brasil. A principios de este año, la investigación del escándalo federal del país “Lava Jato” descubrió información que muestra que la presa fue un medio para la corrupción. Dos de los principales partidos políticos de Brasil, el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) —que ocuparon la presidencia y vicepresidencia respectivamente, durante la construcción de Belo Monte — están acusados de haber recibido cerca de 150 millones de reales (46,5 millones de dólares) en sobornos relacionados con la adjudicación de contratos de la presa.

El daño que se ha hecho

Edizangela Alves Barros es una activista indígena en el Movimiento de Afectados por Represas (Movimiento de Atingidos por Barragens, MAB). Se trasladó con su familia a Altamira hace 15 años cuando era una adolescente. Para Barros, trabajar con el MAB es una forma de defensa de la familia de Tamawaerw y de otras familias indígenas, así como de mejorar la vida en su comunidad.

MAB estima que 40 000 personas fueron desplazadas por la presa de Belo Monte, pero el Estudio de Impacto Ambiental encargado por Norte Energia predijo aproximadamente la mitad de ese número. Esta discrepancia representa un conflicto en curso que no se ha resuelto, incluso finalizada la presa este año.

“Se trata de familias con ingresos muy bajos, pero también se trata de una cuestión cultural en las comunidades de la orilla del río tradicionales e indígenas”, declaró Barros a Mongabay. “Hay una cultura de vivir en el pueblo, todo el mundo en general en la misma casa. Para ellos, esta [reubicación urbana] es también una cuestión cultural, y la empresa lo negó”, dijo Barros.

El plan de mitigación de los constructores de presas incluía una variedad de elementos supuestamente dirigidos a disminuir el impacto de Belo Monte, tales como la construcción de escuelas para las comunidades indígenas y la prestación de asistencia técnica a los pequeños agricultores. La demanda de etnocidio del fiscal sostiene que, por el contrario, los constructores en realidad agravaron estos problemas. Las escuelas, por ejemplo, se construyeron en zonas rurales donde se habían desalojado a comunidades enteras. Y las comunidades indígenas, en lugar de asistencia agrícola, recibieron folletos de bienes de consumo y alimentos procesados, lo que creó conflictos internos y minó los patrones tradicionales de subsistencia.

Cuando fueron desplazados al principio, Tamawaerw y su familia construyeron una cabaña de madera con un techo de tejas en el patio trasero [de la casa] de su cuñado. La estructura no tenía baño; ni un sistema de alcantarillado. “Dormimos bajo la lluvia todo el tiempo. El agua se filtraba y empapaba todo. No había manera de dormir. Siempre que llovía, toda la casa se mojaba”, explicó.

Los activistas locales expusieron el caso de la familia ante las autoridades en Brasilia, y les consiguieron un hogar en la comunidad de reasentamiento de Belo Monte de Agua Azul en 2015. Vivir allí significa que los niños de Tamawaerw ahora pueden ir a la escuela, pero a ella no le gusta el entorno urbano: “Quiero vivir de nuevo en mi tierra”, explicó a Mongabay.

No hay transporte público, por lo que llegar al centro de la ciudad de Altamira es difícil y costoso — una moto taxi de Agua Azul cuesta 10 reales. Mientras tanto, Tamawaerw explica que su marido sigue teniendo problemas para encontrar un trabajo. Lo que les deja con solo 200 reales (aproximadamente 59 $) al mes por parte Programa de ayudas del gobierno para vivir (bolsa familia). “¿Cómo voy a comprar cosas para mi hija?” Se pregunta. “Norte Energia nunca me ha dado un centavo”.

El nuevo hogar de Tamawaerw contrasta claramente con la vida del río que se vio obligada a abandonar. El suelo alrededor de su casa ahora es seco y marrón, y no hay árboles en la calle que protejan del sol tropical y del calor. En el río, ella y su familia pasaban todos los días rodeados de naturaleza, la búsqueda de un estilo de vida sostenible, donde la pesca, la caza y la agricultura menor proporcionaban suficiente sustento.

Tamawaerw describe los desafíos de vivir en Agua Azul: “No dispongo de los medios para vivir aquí. No tengo dinero para comprar alimentos. Aquí tienes que tener un puesto de trabajo para [conseguir] comida para comer. Porque aquí hay que trabajar para alimentarse. Las personas que no trabajan, no pueden alimentarse. No hay comida”.

Según Barros, la situación actual de la vivienda de Tamawaerw todavía no cumple con los requisitos de licencia gubernamentales impuestos a Norte Energia. “En realidad, [se supone que las familias indígenas] tienen una opción de [ser trasladadas] a una comunidad tradicional de la orilla, pero la compañía negó esto desde el principio. [Norte Energía] nunca construyó una comunidad de reasentamiento para comunidades tradicionales —indígenas, pueblos fluviales y pescadores— [por lo que estas poblaciones] podrían asentarse cerca del río. Ellos no lo hicieron”. Aproximadamente 1000 personas asistieron a una audiencia pública a mediados de noviembre con un representante de Norte Energia, para un retorno a la vida junto al río.

El pasado mes de febrero, la Fundación Getulio Vargas y el Programa de Desarrollo Sostenible Regional en la región de Xingú publicaron un informe en el que investigaban el cumplimiento de Norte Energia con su acuerdo de licencia federal. Observó que si bien las 119 000 hectáreas (aproximadamente 294 000 acres) fueron designadas para el reasentamiento de las poblaciones rurales, “el proceso ha quedado muy por debajo de cumplir con su objetivo en el Plan Básico Ambiental [PBA] de reasentar al menos el 40 por ciento de las familias”.

La interrupción de las culturas indígenas con una abundancia de dinero

Carolina Reis, abogada con sede en Altamira para el Instituto Socioambiental (ISA), dijo que el plan de acción de Norte Energía estuvo mal ejecutado. Dicho estudio que aborda las comunidades indígenas resultó en la elaboración de un Plan Ambiental Básico para 35 años. Antes de haber aplicado esas recomendaciones, dijo Reis, el dinero ya se había gastado.

“Norte Energia asignó sumas de 35 000 reales al mes a cada pueblo durante un período de dos años, entre 2010 y 2012. Este [dinero] terminó [siendo utilizado para] listas de la compra indígenas, afirma Reis, que estas “listas de la compra” sustituyeron un plan serio para “[reforzar] los pueblos y las tierras indígenas y hacer frente a los distintos tipos de impactos de la presa”.

Barcos, motores para barcos, perfumes, pasta, azúcar, judías, galletas saladas. Estos y muchos otros artículos se entregaron a los pueblos indígenas. A menudo los hombres en los asentamientos estaban tan ocupados con reuniones acerca de las “listas de compras”, junto con el simple reparto de los bienes de consumo, que descuidaron cultivar sus campos. El ISA informó que a partir de marzo de 2015, el dinero de Norte Energia había sido utilizado para la compra de 578 motores fueraborda, 322 barcos y lanchas rápidas, así como 2,1 millones de litros de gasolina.

De acuerdo con un informe de la FUNAI, el denominado Plan de Emergencia “tuvo un impacto devastador en la organización social y cultural del grupo indígena Arara”. La preocupación por los elementos materiales, dicen los funcionarios, creó una grave inseguridad alimentaria, con las comunidades indígenas antes sostenibles que no fueron desplazadas por la presa y se volvieron dependientes de ayudas financieras.

El problema con la abundancia de dinero y bienes de consumo, explicó Reis, es que las comunidades indígenas tenían poco contacto previo con el mundo industrial y su sistema económico. Esta falta de familiaridad llevó a derrochar dinero en efectivo disponible de repente por parte de Norte Energia. Las comunidades agotaron los recursos destinados a ayudar al mantenimiento de sus culturas tribales, para resistir las perturbaciones culturales y económicas provocadas por la presa, y para crear alternativas económicas a los medios de vida tradicionales amenazados por el cambio ambiental.

La demanda de etnocidio también describe la “cooptación de líderes indígenas”, afirmando que Norte Energía “operó una política de distribución de bienes de consumo y alimentos industrializados”. Utilizando el enfoque de “lista de compra”, sostiene la demanda, la empresa logró “atraer a los indígenas a su puerta, manteniéndolos lejos de sus comunidades, donde la presa de Belo Monte se construía [causando la marginación de esas comunidades]. Un programa de pacificación y silencio masivo se llevó a cabo utilizando recursos [económicos y que deberían haber sido] destinados para el desarrollo étnico”.

Camila Becattini de Caux, antropóloga en el Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro escribió que la cantidad de dinero disponible para los grupos indígenas fue considerable. “Mientras tanto, los [indígenas] no tenían idea de lo que significaba esa cantidad, ni lo que se podía hacer con ella”, explicó.

“Divide y vencerás”

El flujo de dinero tuvo otros impactos sociales. Kaworé Parakanã, miembro de la comunidad indígena, describió el aislamiento interpuesto por el proyecto de la presa: “Dividió a todas las poblaciones”, dijo a los fiscales federales. “Al principio, cuando se iba a construir la presa, todos estábamos allí, la gente de la región de Altamira. Estábamos unidos. Con mucha estrategia, quienes no eran indígenas [constructores de las presas crearon conflicto]. Los gobernantes, dividieron a la gente”.

Estas divisiones, promovidas por las políticas de desplazamiento de Electro Norte, dieron lugar a comunidades fracturadas. Uno de los informes de los fiscales federales señaló que durante el “Plan de Emergencia”, se establecieron diez nuevos pueblos. El Distrito de Salud se dio cuenta de una división no planificada “muy rápida” de las comunidades que chocaba con el número de nuevos pueblos de 22 a 38.

Tucun xikrin, jefe de la aldea de Pykajaká, dijo que la gente no confía en el consorcio, y estaban seguros de que nunca cumpliría sus peticiones de la “lista de la compra”. “Pero fuimos nosotros los engañados”, confesó. “Pedimos cosas… que no necesitábamos”.

Una de las razones por las que el consorcio fue capaz de promulgar este “plan de emergencia”, dice la demanda de etnocidio, es que la FUNAI, la agencia federal destinada a proteger los derechos indígenas, estaba falta de personal a nivel local y de recursos y fue incapaz de satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas. Una sentencia judicial preliminar dictada en Altamira en enero de 2015 resolvió que la FUNAI no había sido reforzada de manera adecuada para cumplir su mandato como exige el acuerdo de licencia de la presa. Una nota interna llegó a sugerir que la oficina regional de la FUNAI muy sobrecargada de trabajo corría el riesgo de un colapso total durante el proyecto de Belo Monte.

Hay innumerables repercusiones a este fracaso de la FUNAI. La demanda de etnocidio señala que, en una zona con una historia de conflictos violentos por la tierra, el territorio indígena de los Arara se ha convertido en vulnerable frente a intervenciones de los madereros ilegales y de los agricultores. En 2013, por ejemplo, la tierra indígena de Cachoeira Seca resultó ser la zona más deforestada en la Amazonia brasileña, en gran parte debido a la tala ilegal, agravada por la falta de cumplimiento por parte de Norte Energía y del gobierno.

El ISA ha determinado que el consorcio no ha conseguido de manera adecuada asegurar las tierras indígenas en 21 puntos de entrada, como se prometió originalmente en el acuerdo de la licencia de la presa. Solo se han establecido siete puntos de seguridad hasta ahora, con una eficacia cuestionable. De acuerdo con el ISA, los madereros ilegales han estado invadiendo las áreas indígenas demarcadas, y la deforestación ha aumentado en todo el río Xingú —actividad ilegal que continúa incluso finalizada la construcción de la presa de Belo Monte.

El informe de febrero del Programa de Desarrollo Regional Sostenible identificó otro resultado de la construcción de Belo Monte y del desplazamiento de la población rural. Descubrió que el número de nacimientos en el pueblo cayó en picado, mientras que los nacimientos hospitalarios aumentaron. Pero según un análisis del ISA, las condiciones de salud no mejoraron necesariamente —entre 2010 y 2012, la mortalidad infantil aumentó 127 por ciento.

La lucha continúa

“Belo Monte es una irresponsabilidad del estado brasileño”, declaró Thaís Santi, abogado principal de la demanda de etnocidio federal, durante una reunión pública el pasado mes de enero. “La presa deja una deuda [a los indígenas] que aún no se ha pagado”.

Santi sostuvo que el gobierno de Brasil debe desempeñar un papel activo en la reparación del daño cultural y ambiental provocado a la región de Xingú. Los tribunales brasileños aún no han escuchado el caso de los fiscales. Mientras tanto, los defensores dicen, la situación entre las poblaciones indígenas de la región continúa deteriorándose.

Los grupos indígenas enfurecidos y sus aliados no están tranquilos esperando para la acción. Continúan movilizándose. A principios de octubre, el director de la Oficina del Distrito de Salud Indígena que atiende la región de Xingú fue expulsado después de que 400 personas ocuparan pacíficamente las oficinas durante 32 días para protestar por sus pésimos servicios de salud.

En septiembre el gobierno federal suspendió la licencia de funcionamiento de la presa de Belo Monte porque Electro Norte no pudo completar la instalación de los sistemas de alcantarillado y agua en Altamira requeridos como parte de su convenio operativo.

Los activistas de Belo Monte están preocupados no solo por su propia cuenca del Xingú, sino por el aumento de las presas a través del Amazonas, así, como en la cuenca Tapajós, donde se planean o ya están en construcción más de 40.

“Este modelo de energía que tenemos en nuestro país no funciona para nosotros”, concluyó Barros. “Cada día que pasa, hay más presas en construcción aquí; hay más personas afectadas; y se violan más derechos. Por eso nuestro objetivo es organizar a todos los afectados y continuar esta lucha”.