La Campaña “Amazonía sin Petróleo” se inició formalmente el 24 de abril del 2009, dos días después de que, a propuesta del presidente Evo Morales, las Naciones Unidas declarara, el 22 de abril como el día Internacional de la Madre Tierra, recordando a las personas la obligación de preservar y respetar la riqueza natural con la que comparte el planeta.
Meses antes, los pobladores de los territorios Moseten y Pilón Lajas, se vieron sorprendidos por los inusitados ingresos a sus comunidades de funcionarios y consultores de la empresa estatal petrolera y consultores privados. Estos personeros pretendían hacerles firmar papeles y planillas cuyo contenido y destino ignoraban. Anunciaban que se realizarían trabajos de sísmica, pero no daban mayor explicación. Los dirigentes de la organización regional CPILAP, presionados desde las instancias ministeriales, se enfrascaban en largas reuniones y dirigían notas a las autoridades exigiendo información detallada, pero los funcionarios continuaban ingresando a las comunidades, aparecían de improviso en las escuelas, abordaban a las madres de familia, niños y maestros para que rubriquen los documentos a cambio de bebidas y almuerzos.
La firma del contrato petrolero con Petroandina para explorar los Bloques Liquimuni, Secure, Chispani, Chepite y Madidi efectuada un año antes, el 3 de abril del 2008 y la promulgación de la ley respectiva en la Asamblea Legislativa, no se sujetaron a lo estipulado en la Constitución Política del Estado ni en la Ley de Hidrocarburos, específicamente sobre actividades petroleras en territorios indígenas y Areas Protegidas.
El 25 de enero del 2009 fue promulgada la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, luego de un duro proceso en el que, sectores conservadores, extremaron esfuerzos para evitar que se incluyeran cambios fundamentales como la constitucionalización de los derechos indígenas. La Constitución establece el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y a la consulta previa cuando señala que estos tienen el derecho:
A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular, a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fé y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. (CPEP. Capítulo IV Derechos de las Naciones y Pueblos Indigena Originario Campesinos Art 15).
En carta abierta dirigida al presidente Evo Morales el 24 de abril del mismo año, el presidente de FOBOMADE le recuerda que las políticas excluyentes del pasado enmudecieron los reclamos, demandas y derechos de los pueblos indígenas, y que el reconocimiento de los mismos no solo a nivel nacional sino internacional era el mayor logro de la gestión gubernamental que encabezaba el proceso de cambio. Asimismo, se enfatiza que al amparo de los derechos constitucionales se debe evitar la discriminación y utilización de los pueblos indígenas bajo razonamientos desarrollistas como el “progreso lineal”, las relaciones de las culturas “modernas” y “atrasadas”, “primitivas” y “avanzadas”.
La carta también hace mención a la Declaración de la ONU que reconoció el derecho de los pueblos indígenas al desarrollo con identidad y a determinar y elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. Concluye señalando que si el Estado pretende aplicar una estrategia de desarrollo nacional, es fundamental la concertacion de las políticas con las comunidades indígenas para evitar la afectación de su tierra y territorio, pues de lo contrario, se estará aplicando la misma vieja política de implantación vertical de los proyectos de explotacion que van “si o si”.
Lamentablemente, la misiva molestó al presidente quién dirigió un duro ataque a las organizaciones indígenas y a los ecologistas, a quienes acusó de ser financiados por USAID, aun cuando las estrategias de la agencia norteamericana fueron también denunciadas en el pronunciamiento público.
“…diferentes estrategias buscan consolidar la ocupación de los territorios andino amazónicos, combinando el crecimiento y conservación desde un enfoque de patrimonio de la humanidad, reserva medioambiental del planeta, un gran parque de secuestro de carbono y provisión de servicios ambientales”. “…Dichas estrategias se articulan en la Iniciativa de Conservación de la Amazonia Andina (ICCA), un programa de conservación financiado por USAID… que es parte de lo que se conoce como Internacionalización de la Amazonía. La internacionalización de territorios implica la interferencia en políticas nacionales bajo el argumento de la protección de un ecosistema de importancia global o regional y puede realizarse de manera impuesta, por consensos mundiales, o de manera más sutil, por ejemplo, a través de la gestión compartida de cuencas o corredores entre países con asimetrías profundas…”
Esto último es precisamente lo que ocurrió cuando el 2006 se quiso implementar como política de Estado la Nacionalización de Áreas Protegidas, resistida precisamente desde el ICCA, sus socias y alguna institución extranjera, que definen las acciones del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, a través del 95% del financiamiento externo de esta instancia de gobierno, convertida a la fecha en un ente sin peso político alguno.
La Nacionalización de Áreas Protegidas planteó precisamente la recuperación de soberanía en estos espacios de territorio nacional protegidos por su biodiversidad que han sido paulatinamente cedidos a instituciones internacionales de conservación, en especial para la gestión del conocimiento de la biodiversidad. Una de las consecuencias de ello -aunque la menos visible-, es precisamente el control privado del conocimiento, debido a que financian, sistematizan y controlan los avances de investigación y los descubrimientos científicos y el país no cuenta con mecanismo alguno para reclamar por dicho patrimonio intelectual.
A pesar de las amenazas, el presidente Morales no retiró del país a la Agencia norteamericana ni su financiamiento. De esta manera, de ser un programa de 5 años el 2006, el ICAA pasó a ser un programa de 20 años el 2012, consolidando las relaciones con el país del norte.
El Bloque Petrolero Lliquimuni y las actividades de la sociedad Petroandina en Territorio Mosetén señalaron el camino que seguirían las políticas de “descolonización”, que no solo no garantizaron la vigencia de los derechos constitucionales reconocidos a los pueblos indígenas sino que se afirmaron en nuevas leyes aprobadas para dar vuelta al proceso constituyente.
A Lliquimuni siguió el conflicto del TIPNIS, con los esfuerzos estatales por imponer una carretera que claramente significaría la desaparición del territorio indígena con doble condición de área protegida. La VIII Marcha Indígena en apoyo a los pobladores del TIPNIS sacudió estructuralmente al país y al gobierno, pero no impidió maniobras posteriores a los acuerdos logrados, para viabilizar la carretera desde el rodillo de la mayoría oficialista en la Asamblea Constituyente.
En mayo del 2012, a pocos días de por iniciarse el invierno, los pueblos del TIPNIS, junto con su organización matriz y otros pueblos indígenas volvieron a recorrer caminos intransitables hacia la sede de gobierno, en la IX Marcha Indígena. Demostraron que la integración vial que la gente precisa, para vincular a la gente, a las comunidades, a los territorios, a los pueblos, y a estos con las ciudades, no es la del IIRSA, ni de los intereses petroleros, madereros y cocaleros, que impulsan una carretera que el país no quiere. Demostraron que el territorio cuenta y por tanto que la visión desde lo local es relevante para el desarrollo y sus planes.
Estas luchas de resistencia ponen al descubierto que la máquina de destrucción de los pueblos indios que se puso en funcionamiento con la llegada de los colonizadores a América, sigue en marcha. La destrucción de los modos de vida y pensamiento de hombres y mujeres que tienen una forma diferente de construir su vida, sus relaciones humanas y sus vínculos con la naturaleza, es una muestra de que, a nombre de la civilización, se pretende imponer la modernidad capitalista. A pesar de todo el discurso de descolonización, quienes detentan el poder asumen que “liberar” a los indígenas de la miseria significa habilitar caminos por donde ingresen los avasalladores, o se creen con el deber de imponerles el desarrollo con petróleo y explotación forestal, para así,- desposeídos de su territorio, de su vías fluviales y de sus recursos, alcancen un estado superior: el de ciudadanos iguales a los demás, con su indianidad amazónica y sus diferencias culturales suprimidas.
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