El mayor logro del acuerdo en el tema de financiamiento es que establece claramente la responsabilidad de los países desarrollados para proveer apoyo financiero a los países en desarrollo.
Con varias horas de retraso, en la plenaria de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas contra Cambio Climático (CMNUCC), se firmó el llamado “Acuerdo de París” en el que por primera vez e históricamente, todos los países del mundo se comprometen a trabajar en conjunto en la lucha contra el cambio climático.
Si bien el acuerdo no es perfecto, es considerado como un avance sólido para establecer los parámetros con los que se comenzará un arduo trabajo para combatir el calentamiento global y el cambio climático. “Esta ha sido la Conferencia mejor gestionada”, dijo la secretaria ejecutiva de la CMNUCC, Christiana Figueres, ante un emocionado presidente de la COP21, el canciller Laurent Fabius, quien bajó el martillo luego de que por un momento se temiera que las negociaciones se complicarían por una palabra: “deberán”.
Sin embargo, las gestiones diplomáticas de la delegación francesa a cargo de la COP21, lograron superar los escollos y a las 21.00 de París, el acuerdo fue aprobado reuniendo a 195 países por primera vez de forma vinculante.
Son sólo doce páginas los que tiene este acuerdo, pero sin duda son sustanciosas. En su preámbulo, el acuerdo aborda el cambio climático de manera integral, cruzando temas transversales como la justicia climática, los derechos humanos, la equidad de género, o los derechos de los pueblos indígenas, de manera tal que permita lograr un desarrollo sostenible y erradicar la pobreza. Sin embargo para muchos activistas este es un tema que debió ser abordado más profundamente y que ha quedado por trabajarse.
Lo acordado
El acuerdo define como objetivo global mantener el incremento de la temperatura global “muy por debajo de los 2°C” -comparado con los niveles pre industriales-, y establece “proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC”.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) dejó claro que un calentamiento global de 2°C traerá consecuencias graves para los países particularmente vulnerables. Por ello, los líderes de países vulnerables hicieron un llamado al inicio de la cumbre, pidiendo que se logre un acuerdo ambicioso que establezca un límite más seguro de 1.5°C, pues para ellos -en particular las pequeñas islas- este aumento de temperatura significa la sobrevivencia de sus naciones.
Meta de reducción de GEI a largo plazo
Como meta de mitigación de largo plazo, los países se comprometen a “lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible, teniendo presente que los países en desarrollo tardarán más en lograrlo, y a partir de ese momento reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Además, el acuerdo plantea “alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros en la segunda mitad del siglo”. Esto significa por una parte, disminuir las emisiones de GEI y por otra, compensar las emisiones restantes con mecanismos de captura de los gases, por ejemplo gracias a los bosques.
Adaptación
El acuerdo establece por primera vez una meta global en adaptación y reconoce que “la adaptación es un desafío mundial que incumbe a todos”. Enfatiza el objetivo de “proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas”, mientras precisa que se deben “tomar en cuenta las necesidades urgentes e inmediatas” de los países más vulnerables.
Además, recomienda que los países presenten de manera periódica reportes que incluyan entre otros los planes nacionales y las necesidades de apoyo en cuanto a adaptación.
El texto reconoce además “la importancia de contar con apoyo de la cooperación internacional para los esfuerzos de adaptación y de tomar en cuenta las necesidades de los países en desarrollo”. El acápite de financiamiento insta a los países a apoyar con la provisión de recursos financieros en estos temas.
Pérdidas y daños
El tema de pérdidas y daños, -es decir, los efectos del cambio climático a los cuales un país ya no se puede adaptar, como las tormentas extremas o la subida del nivel del mar – finalmente fue reconocido en el acuerdo y quedó separado del artículo sobre adaptación, como lo pedían los países más vulnerables.
El acuerdo menciona la necesidad de un apoyo en cuanto a las pérdidas y daños, pero no establece metas concretas sobre este punto.
Además, reconoce el Mecanismo Internacional de Varsovia como mecanismo referente.
Financiamiento
El mayor logro del acuerdo en el tema de financiamiento es que establece claramente la responsabilidad de los países desarrollados para proveer apoyo financiero a los países en desarrollo. Precisa que este financiamiento se destinará tanto a mitigación como a adaptación, de manera balanceada. Además, especifica que el aporte financiero de las naciones en desarrollo sólo será voluntario.
De otro lado, el texto reafirma que los países desarrollados apoyarán financieramente a los países en desarrollo por un monto de 100 mil millones de dólares anuales a partir del 2020, de acuerdo al compromiso asumido en la COP16 de Cancún (2010), aunque precisa que es un punto de partida.
El acuerdo especifica también que debe existir predictibilidad sobre el financiamiento, y que se debe contar con información cuantificable de los aportes de los países, por medio de declaraciones cada dos años. Este fue un pedido repetido muchas veces por los países en desarrollo.
Balance mundial de los avances
El texto establece por primera vez un mecanismo de “balance mundial” (“global stocktaking” en inglés), es decir un balance del avance colectivo en el cumplimiento de los objetivos del acuerdo, en particular con respecto a los objetivos de temperatura, la meta de reducción de GEI a largo plazo y el financiamiento. Este balance se realizará por primera vez en el 2023 y luego cada cinco años.
Contribuciones nacionales de mitigación
El acuerdo establece la obligación para todos los países de comunicar cada 5 años sus contribuciones nacionales cuanto a la reducción de emisiones de GEI. Precisa que los compromisos presentados deben ser progresivamente mejores comparado a los anteriores, garantizando el aumento constante de la ambición.
A la fecha, más de 180 países, que representa más de 95% de las emisiones globales, han presentado sus contribuciones nacionales, hito que constituyó un gran logro en la COP21.
Transparencia y revisión
El texto establece la obligación para todos los países de comunicar regularmente sus inventarios de emisiones y captura de GEI, garantizando la transparencia del proceso. Además, confirma las obligaciones mencionadas en otros artículos, en cuanto a la comunicación regular de información sobre la implementación de las contribuciones nacionales, la adaptación, el financiamiento provisto por los países desarrollados, y las necesidades en financiamiento por parte de los países en desarrollo.
El acuerdo precisa que la información provista será sometida a la revisión de un panel de expertos, pero que no podrá dar lugar a acciones punitivas contra los países.
Acción pre 2020:
La acción pre 2020, es decir la acción que se necesita en el periodo 2015-2020 -antes que entre en vigencia el acuerdo- debe asegurar que los países estén encaminados a cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones, para poder lograr la meta conjunta de límite de calentamiento global.
Durante este tiempo los países deben redoblar los esfuerzos de identificar nuevas oportunidades de reducción de emisiones y colaborar voluntariamente para que sean implementadas, especialmente tomando en cuenta que con los INDCs presentados estaríamos incrementando la temperatura en más de 2.7ºC. Es decir, no llegaríamos a la meta de 2ºC y menos a la aspiración al 1.5ºC.
Reacciones
Fue destacable la reacción de la negociadora venezolana Claudia Salerno, quién saludó alegremente el acuerdo luego que durante años, Venezuela fuera una de las delegaciones más duras para negociar: “Ha sido un inmenso placer trabajar con usted (a Laurent Fabius), y un honor acompañarlo en el reto de crear un preámbulo, inmensamente revolucionario, que acoge una dimensión social del cambio climático que servirá para implementar el acuerdo, recogiendo conceptos como género, equidad intergeneracional, derecho a la salud, justicia climática, derechos humanos y madre tierra. Quiero anunciar que Venezuela ha consignado su INDC y estamos dispuestos a apoyar este acuerdo y asumimos toda la responsabilidad que esto acarrea”, dijo Salerno. Por su parte René Orellana, jefe de la delegación boliviana reclamó que no se haya incluido la creación del tribunal de justicia climática, pero agradeció “la confianza puesta en Bolivia para facilitar los temas de adaptación y pérdidas y daños. Gracias por el reconocimiento a indígenas, la madre tierra, la justicia climática, bosques, enfoques no basados en mercado. Debimos haber creado un presupuesto de carbón. Hacemos una llamada a los que tienen la responsabilidad de reducir las emisiones. No se incluyó el tribunal de justicia climática, el cual incluye la posibilidad de pedir compensación”.
Panamá saludó el fortalecimiento del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) “Es la primera vez que se incluye a los bosques tropicales en un acuerdo. Contamos con un mecanismo para implementar REDD+, que permita la participación de los actores estatales y no estatales. Panamá, en nombre de la coalición de bosques tropicales, le agradece a su equipo la facilitación del acuerdo global que hoy celebramos”. El presidente francés, Francoise Hollande dijo: “Yo me comprometo a más tardar al 2020 a revisar nuestras contribuciones de GEI y de financiamiento. Invito a otros países a unirse para lograr un precio del carbono. Mañana haré una propuesta para que los países que quieran ir más rápido puedan empezar”.
El “Acuerdo de París”, entrará en vigor a partir del 2020, y será ratificado oficialmente por cada país entre abril de 2016 y abril del 2017. (Con datos de ConexionCop)