06 Dic
2015

En los foros de alto nivel sobre cambio climático se discute cada vez más el papel de la agricultura. Esos foros promueven diferentes iniciativas que – según afirman – ayudarán a los agricultores a adaptarse al cambio climático y a mitigar las emisiones de gases con efecto invernadero derivadas de las prácticas agrícolas. Estas iniciativas están fuertemente influenciadas por empresas y gobiernos que buscan proteger a la agricultura industrial y los sistemas alimentarios empresariales de las soluciones reales para hacer frente al cambio climático, las cuales destinarían más tierras a los campesinos y apoyarían a una agricultura agroecológica orientada a los mercados locales. Como resultado, la agricultura campesina a pequeña escala es blanco de la promoción agresiva de una serie de falsas soluciones para enfrentar el cambio climático, mientras que la agricultura industrial impulsada por las corporaciones, en gran medida continúa con sus negocios como siempre. Uno de esos programas se llama REDD+.

Una publicación reciente de GRAIN y el WRM explica algunos de los patrones que hacen del mecanismo Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) un peligro para la agricultura campesina. La publicación explica cómo REDD+ refuerza un sistema alimentario de carácter empresarial que es en gran medida responsable del cambio climático, que ha robado los territorios de numerosas comunidades y pueblos de los bosques y socava los sistemas alimentarios y agrícolas de campesinos y pueblos indígenas que pueden enfriar el planeta.

En la mayoría de los casos, la información que reciben las comunidades campesinas sobre los proyectos REDD+ es sesgada o está incompleta. Los impulsores de estos proyectos prometen beneficios y empleo para las comunidades que acepten la actividad REDD+ propuesta. Pero la mayoría de las actividades REDD+ limitan el uso de los bosques impidiendo la agricultura migratoria, la recolección y otros usos propios de la economía de subsistencia. La caza, la pesca, el pastoreo o el corte de algunos árboles para la construcción de viviendas o canoas son actividades que también suelen restringirse, y las restricciones las imponen los dueños de los proyectos REDD+, generalmente con el apoyo de guardias armados. Por otro lado, a la mayoría de las comunidades no se les informa que estos proyectos generan créditos de carbono, ni que los compradores de estos créditos son algunas de las empresas más grandes del mundo, cuyo negocio se desarrolla con base en la extracción de combustibles fósiles y la destrucción de las tierras de comunidades tradicionales. Así, se señala a la agricultura campesina como causa de deforestación mientras que se ignoran los principales motores de la deforestación. Asimismo, los agentes de la deforestación a gran escala, como el madereo industrial, la expansión de la palma aceitera, las plantaciones de soja o de árboles, los megaproyectos de infraestructura, la minería, las grandes represas hidroeléctricas – y sobre todo, la agricultura industrial que se expande en detrimento de los bosques – continúan sin restricción (Ver “REDD: Una galería de conflictos, contradicciones y mentiras”).

Algunos patrones que hacen de REDD+ un peligro para la agricultura campesina

REDD+ culpa de la deforestación y las emisiones a las prácticas agrícolas campesinas Los campesinos y campesinas en todo del mundo están siendo arrinconados en cada vez menos tierra, aunque son ellos y ellas quienes siguen produciendo la mayor parte de los alimentos del mundo, y lo hacen sin liberar la cantidad de emisiones de gases con efecto invernadero que producen las explotaciones agrícolas industriales a gran escala. La gran mayoría de los proyectos REDD+, sin embargo, busca reducir las emisiones de gases con efecto invernadero disminuyendo aún más la cantidad de tierras a las que tienen acceso los campesinos y campesinas y comunidades indígenas, o cambiando el uso de esas tierras.

Los impulsores de los proyectos REDD+ parten del supuesto erróneo de que una de las principales causas de la deforestación es, en particular, la agricultura itinerante – una práctica comúnmente utilizada por los pueblos del bosque de todo el mundo. Esto, sencillamente, no es verdad. Lo que se suele agrupar bajo el término de “roza, tumba y quema” en realidad son cientos de diferentes prácticas de uso de la tierra, adaptadas a las circunstancias locales. Lejos de provocar la pérdida a gran escala de los bosques, estas prácticas han permitido a las comunidades que dependen del bosque mantener los bosques de los que dependen. En los casos en los que la agricultura itinerante provoca la degradación del bosque, la razón suele ser el acortamiento de los ciclos de rotación porque hay menos tierras disponibles para los agricultores itinerantes. Esto casi siempre es resultado de la expansión de las plantaciones industriales o los mega proyectos de infraestructura o la tala industrial, que acaparan las tierras de las que las comunidades campesinas dependen para la producción de alimentos.

Otro argumento utilizado por los impulsores de REDD+ es que el “costo de oportunidad” es más bajo que restringir la expansión de las plantaciones y las explotaciones agroindustriales. El “costo de oportunidad” mide el valor económico que hubieran generado empresas o campesinos si se les hubiera permitido continuar las actividades de deforestación. Los consultores ven el dinero que generan las plantaciones para las empresas; pero no ven todo el valor que tienen las zonas de bosque para las comunidades campesinas en términos de la producción local de alimentos, vivienda, medicinas, diversidad biológica, cultura, etc. Para los impulsores de REDD+, por lo tanto, es más efectivo en términos de “costos” impedir que los campesinos usen los bosques que impedírselo a las empresas de plantaciones y a los grandes agricultores del agronegocio.

REDD+: Un buen negocio para las compañías de carbono, las ONG internacionales conservacionistas, los consultores y los países industrializados Una de las grandes promesas de REDD+ es que las comunidades así como campesinos y campesinas que dependen del bosque recibirán un pago por proteger el bosque. Para convencer a los gobiernos y a las comunidades del Sur, los promotores de REDD+ exageran el tamaño del comercio mundial de créditos de carbono – o el tamaño esperable del futuro mercado de carbono forestal.

La realidad es que el precio de los permisos de carbono ha caído desde 2008. Y si bien podría volver al precio esperado, las experiencias de los proyectos REDD+ en marcha, que venden créditos de carbono, revelan que la mayoría de las supuestas ganancias que en teoría beneficiarían a las comunidades, serán captadas por otros.

Antes de que un proyecto REDD+ anuncie la venta de créditos de carbono, es necesario escribir una gran cantidad de documentos técnicos, que deben ser certificados y verificados por diferentes firmas auditoras. Todos estos preparativos cuestan dinero. Y no son baratos. Se suman a lo que se denominan “gastos generales” o “costos de transacción” de los proyectos REDD +.

Para los grupos conservacionistas internacionales como The Nature Conservancy, Conservación Internacional y WWF, por el contrario, REDD+ es un buen negocio ya que a través suyo logran captar una gran parte de la ayuda internacional y de la financiación para el clima que está disponible para REDD+. Participan en numerosos proyectos e iniciativas REDD+ y actúan como consejeros en los planes REDD+ a escala nacional. Ninguno de estos grupos ha revelado el tamaño de sus presupuestos REDD+, o cuánto de su financiación proviene de fondos para el clima que los países industrializados contabilizan como pagos de REDD+ al Sur global.

Los países industrializados pueden ganar aún más con REDD+ si el nuevo tratado de la ONU sobre el clima, que se está negociando actualmente, les da la posibilidad de apropiarse de las reducciones de deforestación de los países tropicales. Una de las propuestas sobre la mesa es que los países que brindan el apoyo financiero para REDD+ contabilicen las reducciones por REDD+ como parte de sus propios cálculos de emisiones – una opción muy conveniente para los gobiernos de los países industrializados que buscan la forma de evitar reducciones drásticas de las emisiones en el lugar de origen.

REDD + socava la soberanía alimentaria Los proyectos REDD+ suelen socavar la producción local de alimentos y crear inseguridad alimentaria entre las comunidades locales de diferentes maneras. En algunos casos, las familias que participan directamente en el proyecto de compensación (de emisiones) deben reducir su producción de alimentos para, en su lugar, plantar árboles para el proyecto. En otros casos el proyecto REDD+ impide que las comunidades accedan a las zonas de bosque de las cuales dependen para la caza y la recolección, la agricultura itinerante o el pastoreo.

El sistemático fracaso de las iniciativas REDD+ de “establecer alternativas a la roza, tumba y quema” o de “modernizar” la agricultura campesina a través de propuestas elaboradas a la distancia por los dueños de los proyectos o por ONGs conservacionistas, muestra otra tensión inherente a REDD+: estos proyectos apuntan, primero y ante todo, a maximizar el almacenamiento de carbono en la zona que generará los bonos de carbono. Las iniciativas para involucrar a las comunidades campesinas y a los pueblos del bosque son secundarias, un requisito de los donantes o una forma de mostrar que supuestamente se trata de un proyecto participativo.

REDD+ socava el control comunitario sobre los territorios Los créditos REDD+ comerciables son una forma de títulos de propiedad. Quienes compran los bonos no necesitan tener la propiedad de la tierra ni de los árboles que están “almacenando” el carbono, pero sí tienen el derecho de decidir cómo será usada esa tierra. También suelen tener derechos contractuales para monitorear lo que está pasando en la tierra y pedir acceso a ella en el momento que elijan mientras tengan el bono de carbono.

A menudo, las comunidades no están informadas acerca de cómo el contrato que firman con el proyecto REDD+ podría socavar su control sobre sus territorios. A menudo, las comunidades o familias asumen obligaciones que no están claramente explicadas o están descritas en términos ambiguos que pueden ser fácilmente malinterpretados. Buscar asesoramiento jurídico para estos documentos técnicamente complejos y ambiguos, resulta difícil porque casi todos los contratos REDD+ contienen cláusulas de estricta confidencialidad.

Otra forma en que los proyectos REDD+ afectan de manera importante el control de las comunidades sobre sus territorios es creando división dentro de las comunidades. Si bien muchas de las promesas de empleo de los proyectos REDD+ no se cumplen, generalmente se contrata a personas de la propia comunidad para trabajar como guardabosques o guardias, cuya función es informar sobre el cumplimiento de las reglas del proyecto REDD+ por parte de la comunidad. En otras palabras, se espera que vigilen a los otros miembros de la comunidad. Su papel es informar a los dueños del proyecto si los miembros de la comunidad cortan árboles, cazan, pescan, cultivan alimentos en el bosque o lo usan de la manera que siempre lo hicieron, pero que ahora está prohibida por las disposiciones del proyecto REDD+. Esta forma de “empleo” crea divisiones dentro de las comunidades que afectarán negativamente su capacidad de organizarse y trabajar colectivamente para defender sus territorios.

Cómo los cambios legales inspirados por los mercados de carbono amenazan la reforma agraria El Código Forestal de Brasil es un ejemplo de cómo los cambios legales provocados por REDD+ y otras iniciativas similares de comercio de las compensaciones, ponen en riesgo la reforma agraria y los derechos de los campesinos a la tierra. La revisión en 2012 del Código Forestal amplía el uso de los créditos negociables de restauración  forestal. Se trata de los créditos que puede vender un hacendado si ha cortado menos bosque que lo permitido por el Código Forestal. Los agricultores que en el pasado cortaron más bosque que lo permitido por la ley y están obligados por el Código Forestal de 2012 a restaurar la zona cortada por encima del límite legal – y si no lo hacen se arriesgan a perder el acceso al crédito agrícola – pueden comprar créditos de recuperación de bosques en lugar de recuperar el bosque en su propia tierra.

Estos créditos negociables de restauración forestal ponen en gran riesgo un instrumento clave para la Reforma Agraria en Brasil. El instrumento histórico de la Reforma Agraria ha sido la expropiación de los latifundios que demuestren ser improductivos y por lo tanto no cumplan la “función social” de la tierra, requerida por la Constitución. La introducción de los créditos comerciables de restauración forestal creó un instrumento que podría proteger a los latifundistas de la expropiación con fines sociales, porque estos créditos transformarían las haciendas improductivas en fábricas de carbono y depósitos de reservas ambientales. Esto a su vez permitiría a los terratenientes aducir que la tierra está cumpliendo la “función social” exigida por la Constitución.

REDD+ facilita la expansión de la agricultura corporativa La deforestación causada por el sector agrícola en las últimas décadas se debe casi en su totalidad a la expansión de los cultivos de materias primas de origen agrícola para exportación y para alimentación animal. La gran mayoría de este aumento de  producción es en establecimientos agrícolas y plantaciones industriales a gran escala. La deforestación está, pues, directamente vinculada a las cadenas internacionales de suministro de productos básicos, que son controladas por un pequeño número de transnacionales de alimentos. Entre ellas figuran comerciantes y productores de productos básicos como Cargill, Louis Dreyfus Group, Bunge, Archer Daniels Midland (ADM), JBS o Wilmar International, compañías de alimentos como Nestlé, Danone o Unilever, y supermercados y cadenas de comida rápida como McDonald’s, Walmart o Carrefour.

Para proteger su reputación y sus cadenas de abastecimiento, algunas empresas han establecido sistemas de certificación voluntaria y mesas redondas con la participación de un número reducido de grandes ONG internacionales (ver artículo aparte en este boletín).

Conclusiones

Los problemas son claros, existen soluciones… y son muy diferentes del concepto REDD+.

REDD+ ayuda a ocultar el hecho de que, aunque la agricultura es una causa importante del cambio climático, no todos los que producen cultivos comparten la misma responsabilidad por las emisiones. Es el sistema de producción industrial de alimentos – con su uso intensivo de insumos químicos, la erosión de los suelos y la deforestación que provoca, y su énfasis en la producción para los mercados de exportación – la principal fuente de emisiones de gases con efecto invernadero.

Aún así, REDD+ culpa falsamente a la agricultura itinerante y a la agricultura campesina por la deforestación y las emisiones de gases con efecto invernadero. En realidad, los campesinos ya están demostrando que es posible “alimentar al mundo” y  a la vez producir menos emisiones que el modelo industrial de producción agrícola orientado a la exportación. Devolver las tierras a los pequeños agricultores y a las comunidades indígenas es la forma más efectiva de hacer frente al desafío de alimentar a una creciente población mundial en una era de cambio climático impredecible. REDD+ es una distracción peligrosa frente a la urgente acción que es necesario emprender en esta dirección.

Acceda a la publicación aquí: http://wrm.org.uy/es/otra-informacion-relevante/los-proyectos-redd-y-como-debilitan-la-agricultura-campesina-y-las-soluciones-reales-para-enfrentar-el-cambio-climatico/«

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