La Red Universitaria de Ambiente y Salud – Médicos de Pueblos Fumigados – (Reduas), a través de su coordinador, el Medico Neonatólogo Medardo Ávila Vásquez, como corolario del 3° Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados, realizado los días 15,16 y 17 de Octubre de 2015 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a los efectos de que se conmine al Estado Argentino a que adopte de modo urgente medidas eficaces para poner a resguardo la salud y vida de los niños, niñas adolescentes que viven en el país, de la exposición directa e indirecta a los agrotóxicos, ya sea por las fumigaciones áreas y terrestres en los cultivos extensivos e intensivos en mas de 30 millones de hectáreas del territorio argentino, como por el consumo de alimentos con residuos de aquellos, respectivamente.
En la presentación ante el organismo de Derechos Humanos, se adjuntan informes y pruebas contundentes que dan cuenta que el modelo de producción agropecuaria y de alimentos asociados al uso de agrotóxicos conlleva una situación de riesgo de daño grave e irreparable a la salud humana, del que se derivan consecuencias consecuencias sanitarias como el aumento considerable de enfermedades graves: cáncer, leucemia, malformaciones, abortos espontáneos, lupus, etc., que los médicos de distintas localidades y provincias del país vienen denunciando desde hace años.
En efecto, Reduas enuncia datos epidemiológicos que acreditan el aumento considerable de la tasa de cáncer en las localidades rurales, asimismo el crecimiento exponencial de la tasa de malformaciones congénitas, en las provincias donde predomina el uso de paquetes agroindustriales compuestos por semillas genéticamente modificadas y agrotóxicos.
Bajo esas consideraciones se advierte que en la actualidad se aplican y se utilizan en el proceso de producción de cultivos extensivos como intensivos mas de 350 millones de litros de agrotóxicos, contra los 80 de litros que se utilizaban en los años 90.
Que ese incremento abrupto del uso de agrotóxicos en la actividad agro industrial acompaña en paralelo al aumento de los registros de malformaciones congénitas y tasas de cáncer que denunciaron los profesionales de la medicina en el 3° Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados, realizado en la Universidad de Buenos Aires.
El requerimiento ante el organismo internacional, fue elaborado y patrocinado por la Red de Abogadxs de Pueblos Fumigados y focaliza en los niños, niñas y adolescentes porque representan el grupo de mayor vulnerabilidad frente a la exposición a los agrotóxicos, tanto por intoxicaciones agudas como subagudas y crónicas
En tal sentido, se argumenta ante la CIDH, que el Defensor del Pueblo de la Nación, en el año 2014, exhortó al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y a los Ministros Nacionales y Provinciales de Agricultura, Educación, Ambiente, Salud y la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos a que coordinen medidas precautorias y preventivas para minimizar los riesgos por el uso de agrotóxicos, especialmente en cercanías de la población y las comunidades educativas rurales adonde asisten niños que se ven expuestos a los tóxicos como consecuencia de las actividades productivas en la zona, y sin embargo las autoridades nacionales no han implementado ninguna medida, todo lo contrario, se ha minimizado la grave problemática con recomendaciones a favor del uso de agrotóxicos a distancias nimias de los centros poblados.
También se da cuenta ante la CIDH de la sordera institucional del Estado Argentino ante varios requerimientos realizados – por Reduas y la Red de Abogadxs de Pueblos Fumigados – a las distintas autoridades nacionales y provinciales; y de la absoluta inactividad de la Comisión Nacional de Investigaciones sobre Agroquímicos – creada por el Poder Ejecutivo Nacional en el año 2009 – que debía realizar un informe de la situación del país y dejó de funcionar el mismo año de su nacimiento.
Debe tenerse presente, que la mayoría de los principios activos de los agrotóxicos que se utilizan en el proceso agro industrial, fueron aprobados con anterioridad al año 1984, y la única revalidación de los mismos se realizó entre los años 1996 y 1999. Desde esa fecha hasta el día de hoy, las autoridades nacionales competentes, no han realizado ninguna evaluación ambiental acumulativa ni establecido alguna restricción en el uso y aplicación de los agrotóxicos, ni siquiera ante los dictámenes contundentes emitidos, en el transcurso de este año, por la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IARC), en relación a los dos agrotóxicos de mayor uso en la Argentina, el Glifosato y 2,4-d, declarándolos como probable y posible agentes cancerigenos, respectivamente.
En el 3° Congreso de Médicos, se reflejaron los datos consignados en la presentación ante la CIDH. Así el Médico Generalista del pequeño pueblo santafesino de Santo Domingo, Arturo Serrano, aseguró que allí “la mortalidad por cáncer creció entre un 300 y un 350 por ciento” entre 1991 y el 2010 con una población que “se mantuvo estable en el mismo período” y advirtió que este fenómeno coincide temporalmente con la instalación de “los cultivos de soja en una población”.
El propio Medardo Ávila, denunciante ante la CIDH expuso sobre el estudio epidemiológico realizado en el transcurso del año 2015 en la localidad cordobesa de Monte Maíz, donde se esperaba entre 11 y 13 nuevos enfermos de cáncer para el año 2014, y el equipo de la Universidad Nacional de Córdoba que el medico comanda encontró 35, es decir 24 enfermos de cáncer de más, presentes en forma “inexplicable”, también aquí la enfermedad oncológica es la primera causa de muerte de sus pobladores y la tasa de mortalidad por cáncer de Monte Maíz supera los indicadores de Córdoba y de la Argentina.
El estudio sobre Monte Maíz también advierte sobre la alta prevalencia de enfermedades respiratorias obstructivos tipo asma (afectando al 52% de la población de niños de 6 y 7 años, mientras la tasa esperada era de 13,6%); hipotiroidismo; una alta tasa de abortos espontáneos, con una frecuencia que es 3 veces mayor a la media urbana en el país; y la presencia de niños con malformaciones congénitas que duplican la tasa provincial y nacional.
Por su parte, las Dras María del Carmen Sevesso y Ana Lia Otaño, expusieron la gravísima situación en el Chaco que confirma la de todos los ponentes en el Congreso llevado a cabo en la UBA, y lo que las mismas profesionales relataron en el año 2010, en el primer encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, realizado en la Provincia de Córdoba.-
En efecto, en los pueblos del centro de la Provincia del Chaco persisten muchos casos de enfermos con insuficiencia renal, malformaciones congénitas en hijos de madres jóvenes, cáncer en personas muy jóvenes, abortos espontáneos y dificultades para quedar embarazadas, problemas respiratorios y alérgicos agudos. Todos ellos vinculados, por los equipos de salud, a un mayor nivel de contaminación química del ambiente, generado por la práctica agroindustrial impuesta en la zona, que desplazó a los pequeños y numerosos predios de algodón preexistentes y exterminó al bosque nativo.
A fin de que la CIDH compruebe in situ la gravísima problemática denunciada por los profesionales médicos, se solicitó que se proceda a una investigación in loco, que consiste en la creación de una comisión de dicho organismo internacional, a fin de que visite la Argentina y tome testimonios e indague en cada una de la provincias afectadas por el uso masivo de agrotóxicos.
Que el conflicto de salud ambiental que genera el uso de agrotóxicos, a gran escala en el proceso productivo de alimentos, ya es conocido por la CIDH, a través del caso del monocultivo de Piña en Costa Rica, cuyos efectos son devastadores, tal como esta sucediendo en la Argentina con los monocultivos extensivos (principalmente soja, maíz, algodón y forestales) como los intensivos (hortalizas y frutas).
La denuncia ya fue recepcionada por la CIDH y será analizada a los efectos de determinar su procedencia.
Ver también: www.renace.net
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