La ley de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural promulgada el 29 de diciembre de 2014, en su Art. 7 parágrafo V estipula:
“Queda prohibida la contratación de alimentos genéticamente modificados (transgénicos) para la Alimentación Complementaria Escolar”.
Esto concordante con el D.S. 0181 del año 2009 en su Art. 80 (Contratación de alimentos para desayuno escolar y programas de nutrición).- parágrafo I:
Para la contratación de alimentos destinados al desayuno escolar y programas de nutrición, independientemente del monto de contratación, se deberá prever que los productos sean elaborados con materias primas de producción nacional, prohibiéndose la compra de alimentos de origen genéticamente modificados (transgénicos).
Ambas normas prohíben que los gobiernos municipales realicen contrataciones de provisión de alimentos genéticamente modificados o transgénicos para la alimentación escolar, asimismo la Ley 622 indica que los proveedores tendrán que evitar en lo posible el uso de plásticos y polietileno en los envases, para evitar la contaminación y para la protección del medio ambiente.
La Constitución Política del Estado, en su Art. 255, parágrafo II, señala que La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios de: (inciso 8):
Seguridad y Soberanía Alimentaria para toda la población: prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente.
Y en su Art. 409, señala:
“La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”.
Por lo que de una u otra manera y no existiendo tal norma y menos que se rija al principio señalado, el tema transgénicos en Bolivia está suspendido.
En la cumbre agropecuaria denominada “Sembrando Bolivia” se pretende abrir las puertas a más transgénicos. Recordemos que al momento solo fue aprobada en el país, la soya RR o resistente al glifosato. Uno de los temas de la agenda de la CAO es la introducción de nuevos eventos de soya, además de la aprobación de maíz y algodón transgénicos, supuestamente para lograr más rendimientos y mejorar costos de producción, con lo cual “se ayudaría a llegar a la soberanía alimentaria”. La pregunta es ¿Y qué pasó con la soya transgénica aprobada? ¿No sirvió para ese objetivo? La respuesta es evidente.
El tema debe ser analizado por el gobierno ya que no se pueden plantear la introducción de semillas genéticamente modificadas OMG, al margen de la normativa aprobada, asimismo en contraposición de otras leyes promulgadas como la Ley No. 300 que es la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para vivir Bien, que en el Titulo III, Bases y orientaciones del Vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra en su Artículo 24 enuncia textualmente:
Promover e incentivar la agricultura y ganadería empresarial siempre y cuando incorporen tecnologías y prácticas que garantizan la capacidad de regeneración de las zonas y sistemas de vida, el incremento de la productividad de carácter diversificado y ecológico, para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.
7. Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana.
8. Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica.
El gobierno, los empresarios y los sectores que participen en esta cumbre deben tomar en cuenta estas bases legales, puesto que la introducción de transgénicos implica la pérdida de nuestra soberanía frente a las empresas transnacionales.
Sorprenden las declaraciones del señor Juan Campero Presidente de la Federación Departamental de Productores de Algodón (Fedepa) que indican que ellos ya realizaron pruebas técnicas en campos con semillas transgénicas, durante dos años y que de los mismos el Gobierno tiene conocimiento ya que el Comité de Bioseguridad estuvo supervisando este proceso, es decir que desde la gestión 2012 ya se estuvo realizando estudios e investigación con semillas de algodón genéticamente modificadas OMG al margen de la ley.
La biotecnología se define como «toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos”, mientras que transgénicos son productos creados en laboratorio, organismos cuyo conjunto de caracteres genéticos ha sido alterado por la inserción o retiro de pequeños fragmentos de genes o material genético a fin de modificar determinadas características y no tienen nada que ver con la Soberanía Alimentaria.
Bolivia se ha consolidado como un referente en la producción agrícola, la cual se lleva adelante respetando los derechos de la Madre Tierra, lo cual implica velar por el cuidado de la vida y no respaldar la producción de alimentos con semillas transgénicas. Asimismo ya estableció de manera clara la prohibición hacia semillas genéticamente modificadas de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético y la biodiversidad del país.
Lo que se debe buscar con la cumbre es incentivar la capacidad de distribución de alimentos y regulación de los precios, para el logro de la soberanía alimentaria que en la Ley de Revolución Productiva menciona en su Disposición Transitoria, clausula octava, que debe elaborarse una normativa que establezca la banda de precios de productos agroalimentarios al cual debe darse cumplimiento.
Se ha mencionado que existen propuestas de varios sectores de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Anapo (Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo), la Fenca (Federación Nacional de Cooperativas Arroceras), Fegasacruz (Federación de Ganaderos de Santa Cruz) y Asofruth (Asociación de Fruticultores y Horticultores de Santa Cruz). La mayoría de estas propuestas son del departamento de Santa Cruz, pero también se mencionan propuestas de los sectores sociales como asociaciones y otros que tienen que ver con la actividad agrícola y pecuaria, pero los temas para estos sectores son medio ambiente, agroforestal, agua; agricultura familiar comunitaria y ecológica (producción diversificada, agrícola y pecuaria), transformación (agrícola y pecuaria); créditos, comercialización y mercado consumo y exportación.
Pero asimismo deben tomar en cuenta el trabajo realizado con los proyectos estatales como el PAR (Programa de Alianzas Rurales), PASA (Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria), CRIAR, como también deben ser incluidos otros rubros como los lecheros, avicultores, cañeros y otros dedicados a la agricultura. Esto para garantizar alimentos para el consumo interno y lograr lo que se quiere hasta el 2025: Soberanía Alimentaria con agricultura familiar y sostenible.
