El análisis de la coyuntura vuelve a mostrarnos un panorama en apariencia paradójico. Desde el gobierno, la propia Presidente Cristina Fernández se manifestó por cadena nacional para expresar que el fallo representa una «extorsión» y al mismo tiempo que esta deuda constituye la estafa financiera más grande de la historia. Sin embargo, en todo momento se reafirmó la voluntad de «honrar la deuda», ratificando la caracterización del país como «pagadores seriales», y en el acto del Día de la Bandera sólo pidió un «escenario de negociación». También por el lado de la oposición mayoritaria, por un lado hubo críticas al gobierno por el reciente fallo, señalando que existieron errores atribuibles a la estrategia decidida en solitario por el Poder Ejecutivo, burlando la potestad del Congreso Nacional sobre el tema. No obstante, por otro lado, se destacó el compromiso del gobierno en afrontar los pagos que reclaman los capitales trasnacionales especulativos. En este marco, existen matices sobre la metodología, pero la gran mayoría de la dirigencia política acuerda en pagar. Para Cristina Fernández, la deuda constituyó «el cepo más formidable que atentó contra el crecimiento, el desarrollo de la Argentina y generó pobres, desocupación, atrasos». Por el contrario, en la década kirchnerista: «la Argentina, sin acceso al mercado de capitales, por primera vez comienza a eliminar la bicicleta financiera y comienza a pagar su deuda con recursos genuinos, con recursos propios, con recursos producto de su crecimiento y su desarrollo económico». En este contexto, en la argumentación del gobierno: «Paralelamente al pago de esa deuda se generaban millones de puestos de trabajo, se incorporaban jubilados al sistema previsional, se comenzaban a aumentar las jubilaciones, volvían las convenciones colectivas de trabajo, se abrían fábricas, parques industriales. Fue un pago de deuda con crecimiento e inclusión social». Este discurso enfatiza que el pago de la deuda externa no se hizo a costa de la «deuda social».
Sin embargo, el crecimiento benefició fundamentalmente a las grandes empresas, como remarca incluso la Presidente. Y por otra parte, este pago «con recursos genuinos, con recursos propios» se basó principalmente en la extracción de materias primas. Por ello, la clave del consenso no está tanto en la caracterización de la deuda externa, sino en la importancia de que el país esté incluido en la economía global y la visión del capitalismo como único sistema viable.
La gran estafa
En realidad, no toda la dirigencia acuerda en seguir pagando. El ex-diputado Luis Zamora volvió a expresar sus críticas: «Lamentablemente el gobierno y la oposición reaccionaria se están juntando para pagar a los buitres y convencernos que corresponde y conviene hacerlo». Y agrega: «El fallo que el propio gobierno consideró «extorsivo» es una nueva oportunidad para demostrar la estafa y el saqueo que implica seguir pagando la deuda. Ni corresponde pagar ni nos beneficia. Al contrario. Después de 35 años de pagar y pagar lo que no debíamos ahora la deuda es mayor que antes».
Desde una posición más compleja, un sector del Frente Amplio UNEN formada por el interbloque en el Senado del Partido Socialista, Proyecto Sur, ARI, Frente Cívico y el GEN, también coincidió en criticar la política de des-endeudamiento.Así expresaron en un comunicado: «La convicción de que estas desventajosas negociaciones nos sacarían del default y se lograría el desendeudamiento, se ha convertido en mito: el país continúa endeudado en más de 220.000 millones de dólares». Incluso entre sectores críticos dentro del kirchnerismo, suele mencionarse como un error en la política no haber realizado una auditoria de la deuda externa, como recomendaba el fallo del Juez Jorge Ballestero en 2001 señalando la existencia de casi 500 actos ilícitos. Esto justamente pide ahora el movimiento Marea Popular, destacando también «la experiencia internacional de Ecuador». Por eso el ex-diputado Mario Cafiero afirmó que la Presidente «pagó 173.000 Millones de dólares por la deuda. Buena parte para bonos de megacanje. Si era una estafa ¿para que pagó? ¿Necedad o complicidad?». «Este es el asalto de las riquezas y del trabajo del pueblo que los gobiernos aceptaron pagar a los usureros internacionales durante décadas hasta hoy», manifestó Luis Zamora. Y señaló con precisión que «este gobierno hizo lo que ninguno antes: pagar la deuda en efectivo». Primero fue con retenciones a las exportaciones agropecuarias y luego con reservas del Banco Central. Esto último,como cuenta hoy Mario Wainfeld, se hizo con urgencia porque el Presidente Lula de Brasil se había adelantado en pagar al FMI. Y este pago fue el primer antecedente que toman los fondos especulativos. Siguiendo con Zamora, cuando lo anterior no alcanza, se empieza a «recorrer el camino de los anteriores: hacer «los deberes» con los usureros». Esto incluye «acordar con el Club de París después de quince años, pagar a REPSOL, para poder volver a pedir prestado afuera para con esos préstamos cumplir con los buitres del mundo. Es decir el drama de siempre: endeudar al país para pagar una deuda ilegítima y ya pagada varias veces. A pesar de esos deberes la Corte de los «buitres» exige más». En este esquema, el Frente de Izquierda y los Trabajadores denuncia «una nueva vía de saqueo imperialista«. Honrar la Vida Durante la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, en 2002, organizaciones sociales se unieron en la «Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda Ecológica«. Se trata de una denuncia histórica, pero conceptualizada en los últimos años. En una entrevista de 2012, el economista de la UBA, José Salvador Cárcamo, explicaba que «la deuda ecológica surge del intercambio ecológicamente desigual, ya que en el precio de los recursos naturales que exportan los países de la periferia no están incluidos los daños ambientales y el hecho de que nuestros recursos naturales no son reproducibles». Al mismo tiempo, la formación de la «deuda ecológica» tiene una relación explícita con la otra deuda. Según explica el mismo Cárcamo: «La deuda externa hizo necesario que los países de América latina tuvieran que pagar un gran monto de intereses, y el principal recurso para obtener esas divisas son los recursos naturales. Por ende, el creciente aumento de los intereses de la deuda llevó a un aumento en la explotación de estos recursos». Justamente esto puede explicar, en términos estructurales, la obsesión por la balanza comercial que expresó el gobierno en los últimos años. En los primeros años, el entonces presidente Néstor Kirchner coqueteó con esta idea. «Exigimos que, así como ellos reclaman con altisonancia que los deudores paguen sus deudas financieras, se dispongan a escuchar nuestro firme reclamo para que salden su deuda ambiental con el resto del mundo», expresó en un acto en Casa Rosada en septiembre de 2005. Más aún, dos años más tarde en su último discurso en la ONU propuso que se reconozca «como mecanismos de pago de la deuda externa, la contribución que implica el mantenimiento de reservorios naturales de vegetación y bosques». Sin embargo, este enfoque quedó restringido a los discursos políticos y diplomáticos, pero no fue el rector de la negociación económica, ya que se impuso el criterio de «librarse» del FMI a través del pago de la deuda, sin mayores atenuantes. Ya en el gobierno de Cristina Fernández, esta política de desendeudamiento se consideró uno de los logros mayores del kirchnerismo, por lo cual fue defendida hasta las últimas consecuencias, incluso en la coyuntura actual. Por lo tanto, la conexión entre las dos deudas se perdió en el debate político. A decir verdad, la última referencia importante ocurrió en 2008, durante la llamada «crisis del campo», cuando desde la Secretaría de Ambiente de la Nación, entonces dirigida por Romina Picolotti, se expresaba el «lado oscuro» del boom sojero en términos de pasivos ambientales, que cuantificó en 4.500 millones de dólares. En ese contexto, el investigador Walter Pengue había resaltado la necesidad de adoptar un enfoque sobre «retenciones ambientales«. No obstante, volvió a imponerse el criterio economicista, para el cual las retenciones aumentaban los recursos fiscales. Castillo de Naipes
En este panorama, la imagen más preocupante fue presentada por la propia Presidente. En el discurso grabado por cadena nacional, expresó que cumplir con el fallo de la Justicia norteamericana significa un riesgo de que todo se derrumbe «como un castillo de naipes». En los hechos, esta coyuntura crítica pone en evidencia que un objetivo central de la política kirchnerista fue cumplir con el pago de la deuda externa. El gobierno hizo todo por honrar la deuda. En ese marco, la política de des-endeudamiento necesitó divisas. Y por eso no hubo margen para criticar la sojización y la megaminería. El cambio de escenario se percibe con agudeza en los últimos años, luego de la crisis del 2008, pero sobre todo en los últimos años. Ahora se observa con mayor claridad la estrategia oficial adoptada cuando se decidió la estatización parcial de YPF. Por más que el discurso expresaba que el objetivo era alcanzar la «soberanía energética», la Ley era clara en un punto. El gobierno apostaba al desarrollo del hidrocarburo no convencional y se alentaba la «obtención de saldos exportables». Es decir, el extractivismo avanzaba hacia el sector petrolero como fuente para obtener divisas.
En este contexto, no resulta extraño que un mes atrás el gobierno nacional celebrara el acuerdo con el Club de París. Hemos caracterizado este momento político como la «dulce espera», porque se trataba de que Argentina volviera a insertarse en el circuito de las inversiones. Principalmente, en el «nuevo El Dorado» del país, el yacimiento Vaca Muerta en Neuquén. Pero también la negociación fue auspiciada por empresas como Monsanto y la propia Barrick Gold, interesadas en mejorar sus negocios en el país. Incluso había propuestas para volver a activar el proyecto de Potasio Río Colorado. Hace unas horas, el presidente de Uruguay, José «Pepe» Mujica, también relacionó la negociación de la deuda externa con los recursos naturales: «Esta situación tiene relación con el hallazgo de Vaca Muerta porque lo que van a querer comerle el petróleo a la Argentina por nada. Y van a terminar planteando que paguen la deuda con esos recursos naturales». Si bien es positivo que remarque esta conexión, esto señala también las propias carencias del gobierno argentino. Pues ya hemos visto como las denuncias de Kirchner sobre la deuda ecológica fueron olvidadas por la política de desendeudamiento. En síntesis, es el modelo extractivista el que construyó un castillo de naipes. Se trata de la fijación en el crecimiento económico medido en el aumento del PBI, por sobre indicadores de justicia social, y sobre todo dejando por fuera el balance ambiental. Desde este punto de vista, si el «default técnico» al que puede llegar al país significa un obstáculo para las inversiones extranjeras, esto puede ser una buena noticia si se lo toma como inicio para una nueva economía. La deuda ecológica es una deuda con las próximas generaciones, y también una deuda social con los perdedores de esta década extractiva.
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De Comunicación Ambiental, 22/06/2014
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