Hacer pasar gato por liebre es un ejercicio bastante conocido entre los políticos. Indudablemente, varios dirigentes \»progresistas\» de América Latina se destacan en este ámbito cuando se trata de impresionar a la opinión occidental amiga. Presentarse ante sus ojos como humanistas, anticapitalistas, anti-imperialistas y ecologistas no les impide en absoluto, en el plano interior, de conducir políticas autoritarias, siguiéndoles el juego a los intereses del capital internacional, en un total desprecio a la autonomía de las poblaciones y a la integridad de los ecosistemas.
El énfasis revolucionario, sobre todo cuando éste pega un sticker verde sobre la bandera roja, tiene credibilidad entre la izquierda alternativa occidental. Buscando un contra-modelo, esta izquierda a veces está dispuesta a cerrar los ojos ante ciertos “detalles”. Esperamos que este no sea el caso durante la próxima visita de Rafael Correa a Paris, invitado a dar varias conferencias (particularmente el 6 de noviembre en la Sorbona). En previsión de este encuentro, nosotros, militantes involucrados en las luchas socio-ambientales en Francia y solidarios con aquellas de otros pueblos, deseamos aportar algunas aclaraciones sobre el pretendido ecologismo de la “revolución ciudadana”, recalcando que bajo ningún motivo nos alineamos con la ideología de la derecha ecuatoriana.
El Yasuní-ITT está muerto, ¡viva el extractivismo!
El mundo sin duda ha perdido una bella utopía con el abandono del proyecto Yasuní-ITT. Este proyecto, iniciado por los movimientos ecologistas ecuatorianos y retomado por el gobierno de Correa desde el 2007, comprometía al Estado a dejar bajo tierra una parte del petróleo del parque nacional Yasuní, en contraparte de una contribución de la comunidad internacional. Este 15 de agosto, no pudiendo reunir un monto mínimo (3,6 millares de dólares), Correa abandona el proyecto. El petróleo será así explotado en esta región con una biodiversidad única, territorio de varios pueblos indígenas, algunos de ellos en “aislamiento voluntario”. Podemos sin duda sancionar a la llamada comunidad internacional por su falta de compromiso (como lo hizo Correa para justificar su gesto), pero de hecho se constata que la buena fe de la iniciativa siempre fue incierta y que el “plan B” (la explotación) nunca fue excluido.
Este proyecto, que hasta ahora le había servido para contar con más acceptación entre los ecologistas (“infantiles”, según las palabras de Correa), ya conllevaba una seria limitación. Este dividía al territorio amazónico en dos: por un lado, un frágil santuario, del otro lado, las zonas de sacrificio. Varios territorios, entre ellos el de los Kichwas de Sarayaku, estaban amenazados o ya afectados por la explotación petrolera. En febrero del 2013, el gobierno lanzó la 11va ronda petrolera y envió a sus emisarios a todos los rincones del mundo (incluido Paris) para tocar a las puertas de los interesados del sector. Fuera de las “zonas intangibles” protegidas por la iniciativa Yasuní-ITT, vastos espacios de la Amazonia ecuatoriana fueron así abiertos a la explotación petrolera.
En Rio Blanco (Morona-Santiago), la consulta a las poblaciones locales (Kichwa, Shiwiar, Sapara, Shuar, Huito, Waorani y colonos), procedimiento garantizado en la Constitución del 2008, se resumió en la convocación de padres y madres de familia a reuniones para hablar del tema de… la educación de los niños. En estas reuniones el tema de la explotación petrolera no fue abordado sino de una forma marginal, lo cual pone de manifiesto una autentica mascarada; durante la consulta, el régimen de Correa explicita una inmensa capacidad de manipulación y engaño. Sin embargo, en junio del 2012, después de un largo (10 años) y agotador proceso del Pueblo de Sarayaku contra el Estado ecuatoriano, el juicio en la Corte Interamericana de Derechos del Hombre recordó al Ecuador su obligación de respetar los estándares internacionales de la consulta libre, previa e informada en caso de proyectos de extracción que podrían modificar el modo de vida de las poblaciones autóctonas. Al final del mes de octubre de este año, más de un centenar de mujeres indígenas caminaron hacia Quito para presentar un proyecto alternativo de desarrollo, basado en la declaración de los territorios amenazados por la 11va ronda petrolera de “Kawsak sacha”, Selva viva, territorio sagrado, libre de toda explotación petrolera, pero el presidente ni siquiera las recibió.
Así, la iniciativa Yasuní-ITT fue un acto anómalo en la política extractivista de Correa. La determinación del Presidente de transformar al Ecuador en un país minero tiene de que hacer rabiar de celos a Arnaud Montebourg. Los permisos de exploración de minerales completan los “vacíos” (y a veces se superponen) que los bloques petroleros dejan sobre el mapa de la Amazonia. Los proyectos más avanzados de explotación industrial de cobre y de oro (en primer lugar aquellos de ECSA, propiedad de las compañías Chinas Tongling y China Railways, y de la compañía canadiense Kinross) son declaradas prioritarios desde el año 2010 por la Secretaria Nacional de Planificación. Recientemente (en marzo del 2012), la empresa ECSA (Ecuacorriente) recibió la autorización formal de explotar. Sin embargo, desde el año 2006, las campañas de prospección en la Cordillera del Cóndor son objeto de violentas protestas por parte de las poblaciones indígenas (principalmente los Shuars) y no indígenas (colonos, mestizos).
El caso del valle de Intag, región de la cordillera occidental cubierta por bosques nublados de singular riqueza biológica, es otro ejemplo de autoritarismo. Sus habitantes (mestizos, descendientes de africanos e indígenas) resisten a proyectos de explotación de cobre a cielo abierto desde el año 1994. A costa de una lucha encarnizada, lograron el retiro de dos empresas mineras (la japonesa Bishimetals en los años 90 y la canadiense Copper Mesa al final del año 2008). Para hacer frente a la amenaza del proyecto minero y a los discursos de legitimación de éstos, la población también desarrolló varias actividades alternativas (cultivo de café orgánico, agroforestería, producción artesanal de leche, de jabones y cremas, eco-turismo, proyectos de micro-represas hidroeléctricas, prensa y educación), haciendo de su región una real fuente de inspiración para lo que podría ser concretamente el “Buen Vivir”. Pero ahora, con el apoyo de la gigante minera chilena CODELCO, el gobierno intenta imponerles una vez más la explotación minera a gran escala, lo cual ha resultado en: restricciones al derecho de asociación, criminalización de la protesta, difamación a los dirigentes de la oposición, campañas propagandistas hacia los jóvenes. La fuerza pública es igualmente puesta a disposición: recientemente, cuando las comunidades rechazaron a la empresa titular de un permiso (ENAMI EP) el acceso a la zona, ésta fue militarizada.
La lista de ejemplos podría ser larga: se puede citar a otros proyectos mineros en manos de sociedades canadienses, como la de Loma Larga (antiguamente Quimsacocha), Rio Blanco, o también Shyri; la continuación en la destrucción de lo que queda de los manglares, a causa de la industria de camarones en el litoral; los proyectos de grandes hidroeléctricas, etc. La legislación ha sido igualmente modificada aventajando al sector privado, particularmente a las grandes industrias extractivas y agrícolas. La nueva ley de agua autoriza “el aprovisionamiento económico de agua para la actividad minera de forma prioritaria” (art. 73) y la nueva ley minera, a pesar de algunos avances, conserva en varios aspectos, la permisividad de legislaciones neo-liberales precedentes. Finalmente, Correa también ha declarado que la prohibición de los OGM, inscrita en la constitución del 2008, fue “un error”.
¿Destruir a nombre del desarrollo?
La política extractivista que el Ecuador desarrolla desde hace decenios ya ha provocado numerosos despojos y desastres socio-ambientales. Es el caso de la explotación del petróleo amazónico, en marcha desde hace unos cuarenta años. Dos pueblos autóctonos exterminados, millones de barriles de desechos tóxicos y de residuos de petróleo vertidos en la naturaleza, 30.000 víctimas y la condena más rotunda a una empresa privada en toda la historia del derecho ambiental (desgraciadamente imposible de ejecutar) – la catástrofe ambiental y humana producida en el norte de la Amazonia por la explotación del petróleo por la Texaco (ahora Chevron) está aún demasiado presente en la memoria, para que hoy la población pueda tener confianza en la explotación petrolera. En cuanto a los desastres provocados por la explotación minera industrial, los ejemplos no faltan en Perú, el país vecino, y son bien conocidos en Ecuador.
Pero el argumento de Correa es irrevocable: “todo el mundo está en contra de la destrucción de la naturaleza, pero si de eso depende nuestro desarrollo… se explotará”. Es del “desarrollo” nacional, bajo la forma más tradicional y productivista de lo que Correa habla. Numerosos ejemplos demuestran que en las zonas de sacrificio, forzadas a asumir los costos del dicho desarrollo, lo que se desarrolla a largo plazo es sobre todo la contaminación, la corrupción, la violencia y la miseria. A causa de la multiplicación de las explotaciones y de su talla gitanesca, la reducción continua de los espacios de vida, el desastre -no solamente ecológico pero también, y en primer lugar, social- se transforma en una realidad sistemática. En nombre del “desarrollo”, los modelos alternativos de vida – aquellos de los Sarayakus, de Intag y de varias otras comunidades campesinas, indígenas y urbanas – son burlados y con ellos los avances más innovadores de la Constitución del 2008: el derecho al Bien Vivir, a la cultura de paz, los derechos a la naturaleza. En nombre de ese mismo “desarrollo”, que pasa por la violación a los derechos elementales y al debilitamiento de los valores democráticos, aquellos que se niegan a volverse “hombres basura”, son estigmatizados, criminalizados y reprimidos.
Aumentar la talla del pastel para que las migajas sean más grandes?
Este “desarrollo” es el reembolso de la deuda adquirida con China entregando petróleo bruto (promesa de Correa); es el financiamiento extractivista de una administración que la modernización no deja de hacer engordar y de los programas sociales “asistencialistas”, que – aparte algunos resultados innegables – aseguran al gobierno un gran apoyo popular; es, finalmente, el profundizar de la dependencia del país hacia la exportación de los recursos primarios.
Ahora, juntos, los países latinoamericanos ven sus economías “reprimarizarse”. En un contexto de alza sostenida de los precios de las materias primas, los gobiernos latinoamericanos – de derecha como de izquierda – se lanzan a mega proyectos extractivistas, siempre (al menos en papel) en nombre del desarrollo y del progreso. Estos proyectos proveen efectivamente en la mayoría de las veces ingresos suplementarios a los Estados, sin que por ello estos últimos pongan en riesgo el rol de las empresas transnacionales. Más seguramente aún que la “larga noche neo-liberal” de los años 1990, el actual “consenso de los commodites” amenaza con cerrar definitivamente la vía a toda posibilidad de construcción de una economía y de una sociedad post-extractivista.
Hay que saber llamar a las cosas por su nombre. La modernización del Ecuador es capitalista. “Estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa”, declara el Presidente. El socialismo del siglo XXI no será una “moralización del capitalismo”? De cualquier modo, de una forma probablemente más obligada que voluntaria, este “socialismo” parece aceptar la orden del mercado como una predestinación.
Alternativas
No se trata aquí de “rechazar el desarrollo” de los países del Sur, mientras que nuestro propio “desarrollo” está endeudado con su miseria. Al contrario, nosotros deseamos llamar la atención sobre las aspiraciones de varios movimientos sociales ecuatorianos (y latinoamericanos en general), hacia otro tipo de “desarrollo”, incluso a alternativas al “desarrollo” como lo entiende el pensamiento moderno occidental. A diferencia de los poderes establecidos, como el que representa Rafael Correa, estos movimientos reivindican proyectos de sociedades verdaderamente anticapitalistas, plurales y en las cuales la ecología y lo social no se oponen. Ellos preconizan la autodeterminación de los pueblos y ponen en cuestión la “colonialidad” del poder. La venida de Rafael Correa a Francia es para nosotros una ocasión para alertar a la izquierda – alternativa, ecologista, anticapitalista, libertaria – llevando las voces de estos movimientos que nos hacen notar que los ambiciosos programas sociales de Correa tienen costos ecológicos, democráticos, sociales y culturales considerables. Algunos seguramente preferirán no mirar esta realidad, por miedo a cuestionar sus ideales. Por nuestra parte, pensamos que es tiempo, en este inicio del siglo XXI, de cambiar nuestras relaciones: los auténticos lazos de solidaridad con los países del sur no pasan por el apoyo a gobiernos “amigos”, sino por los puentes directos entre los movimientos sociales.
En occidente también la industrialización – que a falta de haber logrado una justicia social, más bien ha encadenado a los hombres a un confort artificial – no se hizo sin extracción. En el actual contexto de la crisis económica y del alza de los precios de las materias primas, el extractivismo golpea nuevamente a nuestra puerta. Los proyectos de exploración de hidrocarburos de esquisto y de hulla, relanza la exploración de metales: en otra proporción, pero nosotros también tenemos “zonas a defender” – si en efecto rechazamos que éstas se vuelvan “zonas de sacrificio”. Y en Francia como en Ecuador, necesitamos alternativas.
