Según el  cronista de la época colonial Guaman Poma de Ayala, hace cientos de años la coca salió de la amazonia hacia los andes, hacia las tierras altas, para uso ritual, suntuario, mágico, espiritual, religioso sagrado y ancestral; paradójicamente en la actualidad  retorna y vuelve a expandirse en su lugar de origen con graves riesgos y  consecuencias sociales económicas y ambientales.

La expansión de los cultivos de coca en la amazonia es una amenaza  manifiesta que pone en riesgo la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la paz social. El incremento ilícito de este cultivo se está convirtiendo en uno de los principales problema en la región amazónica.

La alerta roja que desató la violencia en  Apolo era algo predecible, podía suceder en cualquier momento, porque la expansión del cultivo que no se puede controlar, pronto produce un excedente que de una manera u otra puede ir a  parar al narcotráfico.

La expansión de cultivos de coca en el polígono 7 y la penetración lenta pero sostenida en el Isiboro Secure (TIPNIS) como una estrategia de ganar tierras y espacios nuevos que sustituyan las zonas erradicadas y la limitación del cato por hectárea, fueron razones fuertes que arguyeron los que resistieron  a la carretera.

Para la gran mayoría de los grupos indígenas que viven en la región amazónica es una tradición coquear o pijchar, pero cuando el crecimiento de cultivos de coca da lugar a  procesos de desforestación acelerada, estrategias de ocupación territorial, comercio ilegal y vinculación con el narcotráfico, se genera un rechazo natural porque es visto como un peligro que puede afectar la supervivencia, la armonía y la paz interna.

TIPNIS y Apolo nos muestran la ruta crítica. Los conflictos relacionados a la expansión de los cultivos ilícitos en la amazonia pueden multiplicarse porque no existe la capacidad de control,por la dispersión en vastos territorios y por otro lado existe la obligación ineludible de erradicar.

El problema mayor está en la expansión de la coca en la amazonia, que tiene como origen  una estrategia de ocupación territorial de tierras bajas, con el argumento de sentar soberanía y presencia estatal, además de una necesidad de redistribución de tierras a quien no la tiene o  la tiene insuficiente.

Es decir, los asentamientos humanos dispersos en la espesura de los bosques de la amazonia llevan a la multiplicación de cultivos ilícitos dispersos difíciles de verificar, comprobar y erradicar, justamente  por  la dificultad de acceso a las miles de parcelas ocupadas y por las limitaciones logísticas, tecnológicas y de recursos humanos capacitados.

Los asentamientos humanos, no planificados  y los planificados legalmente, traerán consecuencias relacionadas al cultivo ilegal de la coca. Pueden haber buenas intenciones, pero la realidad es que los cultivos se inician con el justificativo del autoconsumo  interno local; sin embargo  luego aparece la tentación y las necesidades económicas sobre una frágil conciencia social.

Finalmente prevalece la lógica económica mercantil debido a la mayor rentabilidad de los cultivos ilícitos de la coca. Pues vale más la coca que cualquier otro producto agrícola.  Pueden generar  ingresos superiores  a los cultivos agrícolas lícitos y en el sentido común parece ser una respuesta a la necesidad de superación de la pobreza y marginalidad que sufren los estratos campesinos que migran hacia la región amazónica. A su vez, no necesitan transportar la coca para su comercialización porque las redes de los intermediarios van a comprarla en su lugar de producción y generalmente es destinada a actividades ilícitas.

La expansión del cultivo de coca se convierte en una amenaza para la biodiversidad, seguridad y soberanía alimentaria porque la desforestación destruye los bosques y la fauna; además  sustituye el cultivo de productos agrícolas y forestales esenciales. Un ejemplo de ello ha sido lo ocurrido en  los Yungas donde es evidente la disminución de la producción de frutales y cultivos agrícolas y al mismo tiempo ha crecido el área cultivada de coca.

Es consabida la existencia de cultivos de coca ilegal  en varios los parques nacionales donde existen asentamientos, avasallamientos e invasiones no legales  y donde aún no se han hecho acciones contundentes para erradicar las plantaciones y expulsar a los colonos asentados en esas áreas. Según un informe de Naciones Unidas el 8% d la coca, aproximadamente 2.150  hectáreas, se produce en áreas protegidas del país. Se conoce de la existencia de plantaciones de coca principalmente en los parques Carrasco en Cochabamba y en el parque Madidi del norte de La Paz.

En otras áreas  donde han habido asentamientos planificados en los últimos años, como el departamento de Pando, en los  Municipio de Santa Rosa y el Sena se ha constatado cultivos en pequeña escala que están siendo comercializados y que pueden crecer. Recientemente se ha anunciado la entrega de enormes áreas de tierras fiscales a interculturales en el Norte de la Paz, en un futuro próximo son territorios que pueden convertirse en potenciales cultivos de producción de coca ilegal si es que no se ponen las reglas claras.

El problema es mayor cuando se constata el progresivo involucramiento de pobladores rurales en el comercio de drogas y en el consumo del mismo, además del crecimiento  del consumo en las ciudades y en los colegios.

Así como está el panorama actual es grave y puede cercenar cualquier posibilidad de desarrollo humano con la calidad del Vivir Bien. Hace falta una política de estado integral sostenida y con mano dura que tenga la capacidad de erradicar, de una vez por todas,  los cultivos ilegales de coca. Considero que la única forma posible es la aplicación normativa de la reversión agraria a los infractores.

Perder esta guerra es perder toda posibilidad de futuro para las nuevas generaciones que tienen el derecho de vivir  en armonía con la naturaleza, con buena salud, con justicia y libertad; además con paz social. Ya no se puede seguir esperando o dilatando el problema, hay que enfrentarlo y resolverlo de una vez por todas.

Es una responsabilidad ineludible para quienes gobiernan. La cuestión es sí el Estado  tendrá la capacidad de lograr el objetivo a corto y mediano de plazo de erradicar  toda la producción de coca excedentaria y evitar nuevos cultivos ilegales;  lo que implica ser tajantes e inflexibles con  los colonizadores interculturales que constituyen, a su vez,  la base material y sustento político del gobierno.