Mientras que el gobierno nacional trata de convencer que el amplio apoyo a los agroindustriales soyeros de Santa Cruz es para garantizar la soberanía alimentaria a través de una alianza técnica productiva y de inclusión táctica de las minorías opositoras; existen otros analistas internacionales que califican este apoyo, en términos sociales como una contra-revolución agraria y que no garantiza soberanía alimentaria
Uno de estos analistas es Juan Luis Berterretche, que en un artículo publicado en Ecoportal denominado “2012: 50 millones de hectáreas de soja transgénica” resumió lo siguiente:
“Para los gobiernos“progresistas” el crecimiento del agronegocio tiene como consecuencia un relativo -en relación a las ganancias- aumento de los ingresos estatales lo que favorece el “asistencialismo” y por tanto una cierta calma social. Además de proveerlos de divisas, que permiten equilibrar las cuentas externas, infla el PBI, indicador económico perverso que engaña sobre un supuesto “progreso” de los países. Con esta estrategia se está procesando una acelerada extranjerización de la economía y en términos sociales, una verdadera contra-revolución agraria”(1)
Se refiere a los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay- entendiendo que este último ya no es un gobierno progresista- que apoyan ampliamente a los agroindustriales capitalistas que han expandido el monocultivo de soya transgénica a más de 50 millones de hectáreas en el cono sur y la califica de agricultura nefasta por los agrotoxicos y químicos que envenenan el aire y la tierra; y que no cumplen ninguna función de soberanía alimentaria porque la producción va destinada alimentar animales europeos y aceites consumidos por asiáticos. Berterretche indica que la prueba es irrefutable e innegable porque el Centro para la Bioseguridad de Noruega afirma que “los principales países productores de soja en los países del Cono Sur han reducido su suministro local de alimentos desde 1996”
Centrándonos en el caso de Bolivia que en términos proporcionales es el más pequeño productor de la región pero en franco crecimiento y expansión agroindustrial; ha sobrepasado el millón de hectáreas de cultivo de soja transgénica y cerca de dos millones de otras especies como el maíz, arroz, sorgo, girasol, trigo, algodón, etc. En nuestro país el 20 por ciento de la producción de soya es destinada al consumo interno y el 80 por ciento a la exportación. En la agenda patriótica 2025 el gobierno ha convenido con los agroindustriales ampliar la frontera agrícola para alcanzar la meta de 10 millones de hectáreas de cultivos agrícolas y 5 millones de hectáreas para la ganadería.
En el caso de la ganadería es evidente la contradicción con el discurso de protección de la madre tierra al ser permisible con la destrucción de los bosques y cuando el país tiene millones de hectáreas de pampas naturales en el Departamento del Beni y Norte de la Paz; donde se puede desarrollar y expandir la ganadería a gran escala si tumbar un solo árbol. Otra contradicción es que el crecimiento y expansión acelerada de la soya transgénica en el país es contraria a la legislación nacional que prohíbe la utilización de semillas genéticamente modificadas establecidas en el artículo 255 de la Constitución Política del Estado y en la Ley de la Madre Tierra. Es claro aquí que los empresarios agrícolas no cumplen las leyes y las entidades del Estado para hacerlas cumplir hacen de la vista gorda.
El monocultivo de la soya sobrepasa el 25% de la tierra cultivada en Bolivia, es la principal causa de la desforestación de los bosques, desplaza el cultivo de productos agrícolas esenciales para la seguridad alimentaria, expulsa a los pobladores rurales al ocupar grandes extensiones y al prescindir de mano de obra a causa de la implementación de maquinarias y tecnologías; además de contaminar el suelo y el agua con productos químicos como fertilizantes, herbicidas y pesticidas.
En las tres últimas décadas se produjo un éxodo rural hacia la ciudad de Santa Cruz producto de las expropiaciones, expulsiones, usurpaciones, tráfico de influencias, de tierras rurales por parte del sector de los agroindustriales con capitales extranjeros, el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y capitales provenientes del apoyo de la dictadura banzerista y gobiernos neoliberales en la décadas del ochenta y noventa. Por detrás de los agroindustriales están las transnacionales que monopolizan y proveen las semillas genéticamente modificadas de soja, maíz, y otros; y los agros tóxicos mortales para la salud humana y animal.
Es evidente que existe una amplia y mayor apoyo del gobierno a los agroindustriales de Santa Cruz mientras que la referida a los productores agroecológicos campesinos e indígenas la asistencia es insuficiente, considerando que son los que producen el 80 por ciento de los productos alimenticios del mercado interno, es decir son los que alimentan al pueblo.
La exclusión de la agricultura familiar y la reducción de cultivos agroecológicos también reducen la variedad de productos agrícolas producidos que son esenciales para la seguridad y soberanía alimentaria.
Las inmensas áreas cultivadas con semillas transgénicas colocan la ganancia de capital por encima de la preservación de la naturaleza y el interés individual y capitalista por encima del interés colectivo. Como se excluye al ser humano y a las comunidades de un verdadero proceso productivo colectivo, en su lugar aparece toda una parafernalia de maquinarias y equipos camiones, tractores, sembradoras, cosechadoras, regadoras, fumigadoras, que sustituyen la mano de obra y que son abastecidas por la industria capitalista. Se dan cuenta que todo está monopolizado y controlado por capitales extranjeros: La propiedad de las tierras, las semillas transgénicas, los agro-tóxicos y la maquinaria agrícola.
Luis Berterretche, califica de enclaves independientes a los grandes cultivos transgénicos que utilizan la infraestructura y los servicios de los estados (carreteras, puentes, puertos, energía eléctrica) y que utilizan las reservas de agua sin pagar por ellas y lo que dejan es destrucción de la naturaleza y ser humano: desforestación de los bosques y envenenamiento no solo de la tierra, el agua, el aire, sino del ser humano. Habría que preguntar a nuestros gobernantes ¿Qué esta primero, la salud de sus pobladores o el lucro inescrupuloso de los empresarios? Se trata de hacer que ganen más plata los que ya tienen plata o se trata de hacer que los que están en situación de pobreza puedan salir de esa condición.
Para hacer una verdadera revolución agraria no es un asunto solo de titulación y redistribución, donde hay un avance notable; no se trata solo de entregar 2000 tractores para campesinos e indígenas y aplicar el seguro agrario que es un avance pero es insuficiente; hace falta mucho más. Hace falta una estrategia agrícola, una política agrícola mucho más profunda, con verdadero sentido y orientación revolucionaria con participación plena de los productores y profesionales comprometidos y al servicio del pueblo.
A nuestro criterio una verdadera revolución agrícola y productiva debe priorizar fundamentalmente a las familias agroecológicas indígenas y campesinas con una estrategia que garantice soberanía alimentaria con inversiones suficientes en capacitación, maquinaria, tecnología, silos, transporte, asistencia técnica, semillas, abonos naturales, producción de alimentos diversificados y saludables.
(1) 2012: 50 millones de hectáreas de soja transgénica. Juan Luis Berterretche, Ecoportal.
