El año 2007 el científico Philip Martin Fearnside sostenía que el Ministerio de Minas y Energía estaba engañando al repetir que no habría impactos de las represas del Madera en Bolivia. Señaló que uno de esos impactos sería el bloqueo de la migración de los grandes bagres, que es mencionado en los estudios de viabilidad y el informe sobre impactos en el medio ambiente (FURNAS et al., 2005a, 2006) conocidos como EIA-RIMA. Dijo, además que otro impacto importante que no consta en el EIA-RIMA era la formación de un remanso superior de la segunda represa (Jirau). La formación de un remanso superior es común en hidroeléctricas, y es especialmente probable en el caso del río Madera que es uno de los dos ríos con mayor carga de sedimentos del mundo.
Philip Fearnside es profesor del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía en Manaos, Brasil y es uno de los más citados científicos en el tema de cambio climático, con más de 30 años de trabajo en el vecino país. Hoy está reconocido como uno de los mayores expertos de la Amazonía. Fue parte del equipo de consultores que trabajó en el documento “Pareceres dos consultores sobre o Estudo de Impacto Ambiental do Projeto para aproveitamento hidrelétrica de Santo Antônio e Jirau, Rio Madeira-RO”, (Parecer Técnico sobre ecosistemas), por encargo del Ministerio Público de Rondonia, de gran impacto antes de la aprobación de la licencia.
El 2007, las movilizaciones de rechazo a las represas que quería construir Brasil llegaron a su punto más alto. En Bolivia se pedía al gobierno presentar el caso a la Corte Internacional de Justicia, por tratarse de uso abusivo e inconsulto de aguas internacionales, en el principal afluente del Amazonas, que drena territorio de Bolivia, Perú y Brasil. En el caso de Bolivia, el 95% del caudal de los ríos bolivianos van a parar al río Madera, que atraviesa zonas de altísima diversidad geográfica, biológica y climática.
El proyecto brasileño consiste en la construcción de 4 represas para generación hidroeléctrica aprovechando el tramo de cachuelas del río Madera, entre Guayaramerín y Porto Velho, cuyo desnivel alcanza a 60 m. Jirau (3750 MW) y Santo Antonio (3150) fueron adjudicados en mayo 2008 y diciembre del 2007. Esta última se encuentra a 7 Km de la ciudad de Porto Velho, capital del Estado de Rondonia y Jirau se encuentra a 117 Km de la frontera con Bolivia. Además se tiene previsto la construcción de dos represas adicionales, río arriba de Jirau: la presa de Guajará-Mirim, en la Cachuela conocida como Ribeirão, en el tramo binacional del Río Madera entre Abunã y Guajará-Mirim, y la presa de Cachuela Esperanza en el río Beni, antes de su confluencia con el Mamoré, en Bolivia. En la visión brasileña, los dos proyectos completarían el aprovechamiento hidráulico en “cascada” del tramo de cachuelas y mejorarían el funcionamiento de Jirau y Santo Antonio. Pero se conoce que ambas presas son excluyentes, porque la construcción de una inunda la otra cachuela. De ello resulta evidente que el proyecto escogido por Brasil es Riberao.
Entre las acciones realizadas por las organizaciones amazónicas en contra de las megaobras, se encuentra un inédito recurso de medidas cautelares presentado al CIDH contra el gobierno de Brasil, por Rabi Ortiz, del pueblo chácobo, presidente de la Central Indígena del Norte Amazónico de Bolivia- CIRABO; por Manuel Lima, Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Pando y la doctora Evelin Mamani, Vicepresidenta de FOBOMADE. Los peticionantes, –haciendo un relevamiento detallado de las comunidades ribereñas a ser afectadas, describen los impactos futuros de las represas en base a los estudios de impacto ambiental, pareceres y análisis de científicos independientes e incluso las mismas opiniones de los funcionarios del IBAMA, el órgano de aprobación de la licencia ambiental, que había recomendado la elaboración de un nuevo estudio, por las falencias, omisiones y errores del presentado por FURNAS-ODEBRECHT. Entre los impactos señalados se mencionan, -además de los ambientales e hidrológicos-, los graves impactos a la salud y a la economía de la región por la desaparición de la pesca. Pero también señalan las normas de derecho internacional y de derecho de aguas internacionales incumplidas por Brasil, incluyendo los abusos del derecho y las violaciones del debido proceso a nivel internacional y de los derechos humanos. Por todo ello, piden al CIDH interceder ante el Ministerio de Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores de Brasil para que retroceda en el proceso de licenciamiento, corrija las omisiones a deberes internacionalmente comprometidos, demuestre que no existirán daños en las comunidades ribereñas bolivianas y recomienden a Brasil no contribuir al calentamiento global y a la destrucción de la Amazonía.
Como efecto de este recurso al CIDH, el gobierno boliviano (Cancilleria y Viceministerio de Recursos Naturales), elaboró un informe refrendando la petición, manteniéndose al margen de la construcción de las proyectadas represas de interés brasileño. aunque no ha avanzado en el reclamo internacional. El entonces Ministro de Energía e Hidrocarburos, Carlos Villegas, más bien optó por contratar a una consultora canadiense, de nombre Tecsult, la que a través de un contrato por lo menos cuestionable sino violatorio de la normativa nacional, debía efectuar el estudio de los impactos en Bolivia de las represas brasileñas (“para sustentar el recurso internacional”), el estudio del aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca (para ver que tipo de obra se requiere para resolver el problema energético de la amazonia boliviana) y lo que es peor, debía presentar el estudio a diseño final de la represa de Cachuela Esperanza. De acuerdo a la Cancillería boliviana, el gobierno brasileño utilizó el argumento de que Bolivia también tenía intenciones de afectar su territorio con inundaciones y otros impactos provenientes de la construcción de represas, por lo que los impactos de las represas brasileñas en territorio boliviano perdían importancia.
Lo cierto es que el contrato con la Tecsult cumplió su cometido, bajó el nivel de movilización y rechazo pretendiendo que la consultora daría todas las pautas y argumentos para que el gobierno actúe. (Carlos Villegas, en entrevista con Amalia Pando, Red Erbol) El plazo de 11 meses, fue ampliamente sobrepasado sin conocerse que la Tecsult haya entregado más que un informe preliminar sobre el estudio de Cachuela Esperanza, que en realidad echa tierra sobre el proyecto, lo que parece tener concordancia con el interés brasileño en la construcción de la represa binacional de Guajaramirim (Riberao), que como vimos, es excluyente con Cachuela Esperanza.
Tan malos serán los estudios de la Tecsult (si los realizó o ¿tal vez se fugó con el dinero recibido?) que en enero del 2013 la Empresa Nacional de Energía- ENDE anuncio la firma de un memorándum con la empresa china Sinohydro Corporation Limited para que realice el mismo trabajo.
En todo caso, Philip Fearnside acaba de publicar un nuevo trabajo en el que se refiere a la controversia que se presentó el 2008, por el reclamo del gobierno boliviano sobre la sedimentación, la sobre-elevación del nivel del agua en el tramo binacional para todos los caudales, y el incremento en los riesgos de inundación en Bolivia, en base a lss estudios de investigadores bolivianos (Molina, Ledezma, Vauchel,2005), lo que generó la contratación con -recursos e instrucciones del Banco Mundial- del consultor Sultam Alam, para tratar de cuestionar el modelo utilizado y los resultados. Fearnside explica que cuando el agua de un río entra en la laguna que se forma a consecuencia de la represa, la velocidad del agua disminuye bruscamente. Con eso, los sedimentos más pesados, como la arena, caen para el fondo del lago al comienzo del mismo, formando una pila de sedimentos que continúa creciendo y avanzando río arriba. Esta pila funciona como una especie de segunda presa, elevando el nivel del agua en el trecho de río encima del lago propiamente dicho. Ya que el reservorio de Jirau está planeado para extenderse hasta la frontera con Bolivia, es lógico que esa elevación del nivel afectará el lado boliviano, tanto en el río Madera, como en el río Abuná. (Fearnside, P.M. 2013. Punto de Vista. Toma de decisiones en las represas del Madera: La política triunfa sobre la incertidumbre en la controversia sobre sedimentos en el Río Madera. Water Alternatives 6(2): 313-325)
Fearnside afirma: “El gobierno brasileño actúa constantemente para ampliar la construcción de represas hidroeléctricas. Es pertinente señalar que en enero de 2013 fueron dados a conocer los datos de la Corte Electoral (Tribunal de Cuentas de Brasil Electoral (TCE)) que indican que los cuatro principales contribuyentes a las campañas políticas durante el período 2002-2012 fueron las empresas de construcción de represas y otras infraestructuras importantes (Gama, 2013). La licencia de Santo Antônio y Jirau se produjo bajo una intensa presión política en el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) (ver: Switkes, 2008). Esto dio lugar a la aprobación de la concesión de licencias a pesar de que los técnicos de la Agencia asumieron formalmente una posición en contra de la aprobación de la licencia sin un nueva estudio de impacto ambiental (Deberdt et al., 2007).”
En relación a los impactos económicos, en julio del 2013, Guillermo Mendoza, representante del Centro de Desarrollo Pesquero de Cachuela Esperanza del Municipio Guayaramerín del departamento del Beni, anunció que sus integrantes se declararon en emergencia por la reducción de la producción de pesca de 200 a 20 kilos por día en el río Beni, a consecuencia de la construcción de las represas brasileñas. Señaló, que peces del río Beni como el yatorana y el sábalo empiezan a desaparecer y que temen que esto se repita con el surubí, el dorado, pacú, entre otras especies, que vienen del mar para migrar al lado boliviano. “Queremos que una comisión del Gobierno, que se dedique a este rubro, venga aquí y nos informe, exhortó el dirigente.
A su vez el responsable de Aguas Internacionales de la Cancillería informó en mayo de este año que las hidroeléctricas Jiraú y Santo Antonio de Brasil amenazan con dejar sin pesca al sector norte de la cuenca Amazónica de Bolivia y que las mismas prevén concluirse en 2014. Dijo que la situación sería aún más grave porque este hecho causaría la desaparición de algunas especies de peces en Santa Cruz y otras regiones del país. Anunció que se reunirían con representantes del gobierno de Brasil para mediar en este problema.
Es hora de conocer los resultados de dichas reuniones y retomar los reclamos internacionales, por el Estado boliviano.
Referencias:
Fearnside, P.M. 2013. Viewpoint – Decision making on Amazon dams: Politics trumps uncertainty in the Madeira River sediments controversy. Water Alternatives 6(2): 313-325
Molina, J., Ledezma, F., Vauchel P. 2005. Estudio del río Madera: Remanso Hidráulico y Sedimentación, en Bajo el Caudal. El impacto de las represas del río Madera en Bolivia. FOBOMADE, 2005, La Paz, Bolivia
Mamani, E. 2005. Derechos humanos, Estado y represas del río Madera: entre la teoría y la realidad, en Bajo el Caudal. El impacto de las represas del río Madera en Bolivia. FOBOMADE, 2005, La Paz, Bolivia.
Novoa, L. 2012. El significado de la privatización del río Madera. Petropress. http://www.cedib.org
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0702/noticias.php?id=99286
