Una de las campañas más polémicas y decididas que se han hecho en Bolivia en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos de la naturaleza es la Campaña Amazonia sin Petróleo. Sobre la base de que la explotación petrolera es el inicio del fin de la selva, el 2009, en carta abierta dirigida al presidente Evo Morales, la Campaña pidió la implementación, -de manera inmediata-, de la agenda de Octubre, en lo referente a la separación de líquidos del gas exportado a Brasil, porque, -en este caso-, se podía asegurar que se estaba regalando el preciado combustible al vecino país, mientras que en la Amazonía ni siquiera se tenía la certeza de encontrar petróleo en condiciones de explotación. A pesar de ello se estaba afectando, contaminando, desarraigando, dividiendo, violentando y destruyendo las organizaciones de los pueblos indígenas sobre cuyos territorios fueron licitados bloques petroleros sin haberles consultado.
La prospección sísmica en el Bloque Lliquimuni, -de la cual hasta hoy no se conocen resultados concretos-, costó 112 millones de dólares, lo mismo que costaron las dos refinerías adquiridas a la Petrobras, a pesar de los desfalcos encontrados por el Ing. Enrique Mariaca, Coordinador de la Unidad de Fiscalización de las Auditorías a las empresas petroleras.
A su vez el monto acordado con la Catler Uniservice para la construcción e implementación de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, que debía entregarse el 2009, fue de 86 millones de dólares, antes del escándalo que llevó al entonces presidente de YPFB Santos Ramírez a la cárcel.
Cuatro años más tarde, Evo Morales finalmente inauguró la planta Separadora de Líquidos ubicada a 61 Km de Santa Cruz, en el municipio de Cabezas. La planta procesará una sexta parte de los líquidos de petróleo que se entregan con el gas a Brasil, en virtud de la Adenda 4 al contrato de venta de gas, adenda firmada el 2009 por el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas por la que otorga al vecino país la potestad de procesar 5/6 del total de licuables.
De acuerdo al ex ministro de hidrocarburos, Andrés Solíz Rada, Villegas se comprometió además a entregar el energético con un valor calórico de 9400 Kilocalorías en lugar de las 8900 Kc que tiene el metano o gas seco. Brasil acordó pagar una compensación entre 100-180 millones de dólares anuales para un valor estimado en 1100 millones, aunque al momento ha incumplido dichos pagos.
Desde que se enrolara a los 17 años en la Guerra del Chaco y luego se graduara como ingeniero petrolero y geólogo de UNAM-México, hasta el día de su muerte, ocurrida el 9 de marzo del 2010, Enrique Mariaca trabajó y luchó por una política petrolera verdaderamente nacional. Estuvo en los campamentos, como ministro y presidente de la empresa estatal; en el exilio y posteriormente interpelando, denunciando, escribiendo y liderizando las protestas contra la capitalización y durante lo que se denominó la Guerra del Gas. Había recorrido el país cuando trabajó en los campos de Bermejo y Camiri en YPFB y lo volvió a hacer a sus casi 90 años, en ocasiones acompañado del actual presidente de YPFB Carlos Villegas y de muchos otros quienes aprendieron de sus conocimientos y vasta experiencia.
Entre los grandes aportes para la construcción de una política verdaderamente nacional, su último escrito: Hacia una bolivianización de la política hidrocarburífera (octubre del 2009, junto con A. Soliz, S. Escalera y V. Saiz), destacó la urgencia de la construcción de refinerías y plantas separadoras de líquidos en las bocas de exportación de gas a la Argentina y Brasil. Señaló además la necesidad de “estudiar el costo-beneficio de la ampliación de las plantas de separación de licuables en los mega campos, desde donde se podría transportar combustibles líquidos a las refinerías de Río Grande y Valle Hermoso, utilizando poliductos en lugar de transportar gas rico. También debe explorarse la posibilidad que estas plantas puedan ser construidas por los compradores de nuestro gas mientras se exporta gas rico, como pago por la entrega de un gas con mucho mayor valor energético y monetario.”
A diferencia de la planta de Río Grande que procesará solo un sexto de los licuables del gas, la proyectada planta de Madrejones en el Chaco, -pactada durante la firma del contrato de venta de gas a la Argentina- debe procesar todos los líquidos que en la actualidad se van gratuitamente a Campo Durán en Salta, donde son separados por Refinor.
Con la inauguración de la Planta Separadora de Río Grande, se ha dado un paso inconcebible durante gobiernos neoliberales, porque como señalaba el Ing. Mariaca “cualquier contrato futuro de exportación debe tomar en cuenta…el valor calorífico de nuestro gas. Por ejemplo, el gas natural que se exporta a Brasil debería valer más por su alto valor calorífico, ya que durante la duración del contrato de exportación al Brasil no se han separado los componentes pesados, como propano y butano, restándole muchísimo valor monetario. El no haber tomado en cuenta este valor calorífico es ¡CORRUPCIÓN! de parte de los gobiernos neoliberales que negociaron el mismo”.
Nobleza obliga.
13 de mayo 2013
