Luego de que en 1973 se registrara la primera generación de Organismos Genéticamente Modificados- Transgénicos en el mundo, han sido muchos más los desaciertos, los riesgos e impactos negativos que los beneficios anunciados a tiempo de su creación, al punto que en la actualidad diversos países han decidido su prohibición.
En Bolivia, la legislación nacional se orienta hacia la prohibición de la producción, importación, distribución y comercialización de Organismos Genéticamente Modificados- Transgénicos, sin embargo, la realidad es bastante diferente a lo que establecen las normas.
El Artículo 255 de la Constitución Política del Estado prohíbe toda forma de producción, importación, y comercialización de Organismos Genéticamente Modificados. Asimismo, un paquete de leyes, decretos y resoluciones afirman, en alguna medida, el mandato constitucional.
Desde el 2005 está en vigencia la Resolución Administrativa VRNMA No 135/05 que libera al maíz de cualquier posibilidad de contaminación transgénica. A partir de 2009 se establece mediante Decreto Supremo 181 (Art 80) la prohibición de compra de alimentos genéticamente modificados en Compras Estatales y alimentación complementaria escolar. Desde la aprobación de la Ley de Derechos de la Madre Tierra, queda establecido “el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial…”. La controversial Ley 144, de Revolución Productiva Comunitaria, resguarda especies de origen y diversidad nacional, entre las que se encuentra el maíz, de cualquier posibilidad de contaminación transgénica. Asimismo, el Artículo 24 de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, establece que a través de una norma específica se debe garantizar la implementación de las acciones necesarias para la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país.
Todo este engranaje jurídico constitucional que protege al país de la producción transgénica, es el resultado de la resistencia y la lucha de los movimientos sociales de Bolivia. Empero, los avances a nivel normativo aún no han logrado asegurar y garantizar que los ecosistemas y el medioambiente estén libres de alteraciones y contaminación, tampoco han permitido resguardar nuestro material genético generado en miles de años por las y los agricultores indígenas y campesinos y mucho menos salvaguardar la salud de la población.
En la actualidad la soya es el único producto con autorización legal para su producción transgénica, sin embargo, se conoce que existen otros productos transgénicos diseminados en territorio nacional. Según datos de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el 100 por ciento de las muestras de algodón seleccionadas en el Municipio Pailón, Departamento de Santa Cruz, para pruebas de detección de organismos genéticamente modificados, era producción transgénica. Asimismo, ensayos realizados el 2010 en la región del Chaco –Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija– evidenciaron que 4 de 187 muestras de maíz eran transgénicas.
Sin duda son datos alarmantes, pero preocupa aún más que ante esas evidencias no se haya realizado el correspondiente seguimiento y no se hayan adoptado acciones, pese a tratarse de especies de las que nuestro país es centro de diversidad genética. Eso demuestra que no se aplica la legislación nacional y, por tanto, no se protege la diversidad genética del país, principal fuente de soberanía alimentaria y base elemental para poder enfrentar cualquier adversidad generada por el cambio climático.
Lejos estamos de lograr lo que ocurre en otros países, en los que en base a reportes científicos que advierten sobre los diversos impactos ambientales, sociales y en la salud, provocados por los transgénicos, se aplican políticas de moratoria, prohibición y etiquetado de estos productos. En Bolivia no sólo se incrementa la producción, sino que también se promueve el consumo.
El 2012, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) ha reportado que el cien por ciento de la producción de soya en el país es transgénica. Si esto es así, es por demás evidente que se incumple el decreto de autorización de la soya transgénica en el que se establecen mecanismos para el control de la segregación, seguimiento ambiental, destino, entre otros.
Aún más, la expansión de este cultivo consolida el poderío de una elite agroempresarial que acapara las mejores tierras cultivables del territorio nacional y se beneficia con el subsidio a los hidrocarburos y otras políticas estatales, provocando la continua extranjerización de la tierra, conflictos ambientales, inseguridad alimentaria, dependencia productiva y comercial campesina, entre muchos otros impactos y efectos.
Llama la atención, que pese a saber que la mayor parte –100% según la ANAPO– de la producción de soya nacional es transgénica, el Gobierno haya incluido este producto en el paquete alimentario del subsidio pre-natal y de lactancia. Aún más, sorprende sobremanera que durante la etapa de desabastecimiento de algunos productos básicos de la canasta familiar –azúcar, arroz y harina– la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) los haya comercializado “casados” con la carne de soya transgénica, priorizando las solicitudes del agronegocio soyero en detrimento de la salud de la población e incumpliendo el Decreto Supremo No 28225 del 1 de julio del 2005 que establece que la soya transgénica producida en el país es exclusivamente para exportación.
Es ya sabido que la producción transgénica llega a los hogares en forma de aceite o algunos productos de importación y contrabando, ante lo cual tampoco se aplican medidas, ni se cumple la legislación.
Sólo en aceite de soya, según registros, cada boliviano ingiere aproximadamente 9.4 Kg (ya que el consumo total es de 12,5, de los cuales el 75% corresponde a soya), sin siquiera contar con la mínima información sobre lo que se lleva a la mesa y los riesgos a los cuales es sometido con el consumo de este producto que procede de un paquete tecnológico (transgénico y pesticida) tan cuestionado en el mundo.
Evidentemente no se trata simplemente de hacer cumplir las normas sino de la voluntad política para hacerlo y para impulsar verdaderamente los sistemas comunitarios indígenas y campesinos, mediante el fortalecimiento de mercados locales para su producción y políticas claras de fomento de la investigación y revalorización. Esto significaría orientarnos de forma real a promover el verdadero cambio en el rumbo agroalimentario nacional.
