Así de claro.  La Constitución no deja dudas respecto a quién o quiénes son responsables de las Fuerzas de la Policía Boliviana. ¿Entonces qué ha pasado con la responsabilidad que se debe asumir respecto de las actuaciones de la Policía Boliviana que derivaron en la violenta represión de la Octava Marcha Indígena, en  Chaparina, el año 2011?

Se intenta encubrir los hechos con medias verdades, acusaciones, premiaciones, reubicaciones, cortinas de humo, y un sin número de acciones y omisiones.  Sin embargo, las verdades llegan aunque a cuenta gotas, las conciencias no dejan en paz  a quienes han sido parte de la violenta y brutal intervención policial.  Aunque todo hace ver que todavía no ha llegado el momento de la justicia, las mentiras y encubrimientos se van desmoronando de a poco y, con seguridad, se desnudarán totalmente cuando sea posible una investigación imparcial y objetiva que pueda aportar con evidencias y señalar con meridiana claridad a los autores materiales e intelectuales, así como a los cómplices y encubridores de la acción más brutal que un gobierno que se dice representante de los pueblos indígenas haya podido consumar.

La justicia aún camina a ciegas en el caso Chaparina, y quedan muchas preguntas sin respuesta que es necesario formular y, luego, indagar:

¿Quién o quiénes instruyeron la acción policial y pusieron en riesgo la vida de mujeres, niños, ancianos y de los propios hombres, a pesar de las notas enviadas para el diálogo?

¿Quién o quiénes empezaron a desprestigiar ante su Presidente y ante los medios de comunicación a una marcha pacífica?

 ¿Quién o quiénes comenzaron a planificar estrategias de cómo desmovilizar  al Octava Marcha?

¿Quién o quiénes infiltraron en la marcha a agentes de inteligencia?

¿Quién o quiénes planificaron la intervención a la Octava Marcha, con días de anticipación con los famosos Plan A, Plan B…..etc.?

¿Quién o quiénes inventaron el famoso Bloqueo Policial donde no permitían que los marchitas se provean de agua?

¿Quién o quiénes permitieron que se forme un bloqueo en Yucumo con gente que llevaba el rostro cubierto y que hacia detonar dinamita cada rato?

 ¿De dónde salía el dinero para el pago del bloqueo policial?

¿Quién o quiénes ordenaron la salida de la Policía o del Comando Conjunto, así como del equipamiento, movilidades y aviones en el aeropuerto de Rurrenabaque?

¿Quién o quiénes procedieron al cambio del Dr. Ernesto Muñoz, Fiscal de San Borja que investigaba el caso?

¿Quién o quiénes han sido premiados o quienes castigados con esta represión?

¿Quién o quienes organizaron una Marcha paralela como estrategia?

Preguntas elementales que la justicia debe responder.  Hay detalles que no se están tomando en cuenta.  Las víctimas no han sido convocadas, sus instituciones orgánicas no son parte del proceso, los testigos claves están silenciados. Las imágenes de la prensa como clara evidencia, los reportes y declaraciones de las mismas autoridades gubernamentales, etc., pueden contribuir al esclarecimiento de estos hechos.

Es momento de imponer justicia y terminar con las omisiones, pero también hay que controlar algunas acciones que como las millonarias campañas de propaganda gubernamental intentan desprestigiar y criminalizar a la Octava Marcha Indígena.