El periódico Página Siete informó el domingo 20 de enero que el Viceministerio de Electricidad otorgó a la empresa china Sinohydro Corporation Limited, 90 días hábiles para efectuar una propuesta de diseño para la construcción de la represa de Cachuela Esperanza, a orillas del río Beni. Según la Viceministra de Electricidad Hortensia Jiménez, quien se reunió el viernes 18 con los profesionales chinos, la Empresa Nacional de Electricidad-ENDE estaría en el proceso de implementación del memorándum de entendimiento por el cual la empresa Sinohydro Corporation Limited realizará una optimización del diseño y una propuesta de construcción y montaje. Señaló además que el proyecto hidroeléctrico solucionará definitivamente la falta de energía eléctrica en el departamento del Beni y que se prevee que genere una potencia de 990 megavatios.

Según la autoridad, después de la evaluación del proyecto hidroeléctrico se sabrá si es factible instalar la planta. Además informa que se encararán al menos cinco proyectos para alcanzar 3000 MW adicionales hasta el 2025: Cachuela Esperanza, una represa binacional (Riberao sobre el río Madera), El Bala (sobre el río Beni, en la Amazonia Andina) y Rositas.

Es probable que está información haya sido generada por la realización de elecciones departamentales, ya que demuestra la desinformación de la viceministra, al menos en lo que respecta a Cachuela Esperanza y las represas del Madera.

El 27 de agosto de 2008 fue firmado el Contrato ENDE -TECSULT No 6909 de servicios de consultoría por producto, por invitación directa de la empresa nacional ENDE, con el objetivo de la ejecución de los estudios siguientes:

-Proyecto Complejo Río Madera:

a)     Análisis de los impactos de las represas de Jirau y San Antonio en territorio boliviano.   Plazo 12 meses.

b)     Estudio de Prefactibilidad de las alternativas de aprovechamiento hidroeléctrico y de navegación fluvial de los ríos Madera, Mamoré y Beni. Plazo 6 meses.

-Estudio de factibilidad y diseño final del Proyecto Hidroeléctrico Cachuela Esperanza de aproximadamente 800 MW. Plazo 11 meses. Costo 5.190 025 dólares.

El costo total del contrato fue de US$. 8.179.928, 55 (ocho millones ciento setenta y nueve mil novecientos veintiocho 55/100 dólares), habiéndose entregado un anticipo del 20%. El contrato entraba en vigencia a la entrega del anticipo, protocolización y registro en la Contraloría General de la República.

Posteriormente fueron firmadas una Adenda al Contrato y dos contratos modificatorios. La primera, realizada el 11 de mayo de 2010, flexibiliza los tiempos de revisión de productos e informes por ENDE de 5 a 10 días y acorta el tiempo de pago de 5 a 3 días, luego de aprobación del informe por la empresa estatal. Además desglosa en tres etapas el análisis de los impactos de las represas Jirau y San Antonio y se condiciona el inicio de la etapa II a la entrega de la topografía por ENDE.

En el contrato modificatorio No 2 se realizan modificaciones en los alcances del trabajo, se suspende la ejecución del modelo físico hidráulico y esta acción pasa a ENDE por lo que se reduce en US$ 160.000 el monto del contrato, a la par que se reduce el alcance de las mediciones de transporte de sedimentos. Además ambas partes se comprometen a revisar los alcances y condiciones del contrato para redelimitarlo, pero en caso de no alcanzar acuerdos dentro de los 30 días hábiles de la firma del mismo, los servicios del consultor quedarán suspendidos inmediatamente sin que se considere como incumplimiento de ninguna de las partes.

La generación proyectada por TECSULT (990 MW) representa más del 90% de la demanda nacional actual que no sobrepasa los 1000 MW). Actualmente la generación alcanza a 1200 MW, es decir 200 MW por encima de la demanda nacional. (Energy Press, Anuario 2012). Con respecto a la demanda proyectada al 2015 la producción de Cachuela Esperanza alcanzaría por lo menos al 50%. Las necesidades del departamento del Beni demandan menos del 10% de esa capacidad, y como la producción de Cachuela Esperanza no podría ingresar al Sistema Interconectado Nacional (puesto que este solo llega hasta Trinidad), la energía debería ser exportada, lo que implicaría una difícil negociación con el vecino Brasil que está concluyendo las represas de Jirau y Santo Antonio.

Por lo establecido en el contrato, la Tecsult debería haber efectuado a detalle el diseño final de todas las obras civiles, lo que incluye hidromecánicas, electromecánicas, central generadora, líneas de transmisión, subestaciones, etc.  Adicionalmente debería entregar un Plan de Desarrollo Eléctrico y un diagnóstico del estado actual del abastecimiento eléctrico en la zona de influencia del proyecto. Esto último con el fin de definir los objetivos de una política del sector.

A la fecha se desconoce el estado de cumplimiento del contrato Tecsult-ENDE y menos el detalle de los productos y pagos realizados. Informes preliminares, a los que se tuvo acceso mediante la Asamblea Legislativa, señalan que la construcción de la represa provocaría la inundación de Riberalta y descartan la factibilidad de su construcción.

¿Debe deducirse por la información de la Viceministra de Electricidad que el contrato fue suspendido? Si es asi. ¿Por incumplimiento de Tecsult? ¿de ENDE? Si no existe producto alguno, cuál es el monto que ha perdido el Estado y quienes son los responsables? Se ha efectuado el trabajo de Contraloría para determinar dichas responsabilidades?

Lo indignante del contrato Tecsult-ENDE es que fue la respuesta encontrada por el entonces ministro de Energía, para desarticular las protestas de las organizaciones indígenas, campesinas académicas y ecologistas que demandaban un reclamo serio al gobierno de Brasil por los impactos de las entonces proyectadas represas de Jirau y Santo Antonio en territorio boliviano y su definición ante tribunales internacionales por tratarse de un río internacional. El río Madera es el que mayor caudal aporta al Amazonas.

Con la contratación de Tecsult se “tercerizaba” el análisis de impactos, y lo que es peor, se tercerizaba la responsabilidad de elaborar una política nacional de energía para la Amazonia, establecida por mandato del Decreto 28389, entregándo información estratégica a una consultora internacional. Como resultado de ello, cuatro años más tarde no hay solución al problema energético de la Amazonía, a pesar de que sus habitantes propusieron soluciones de corto plazo y bajo impacto como la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas.

A consecuencia de la falta de reclamo de Bolivia, el gobierno brasileño aprobó rápidamente la licencia ambiental de la represa de San Antonio entregando a la transnacional brasilera Odebrecht su construcción. Luego continuaría con Jirau, muy cerca de la frontera boliviana. Frente al silencio gubernamental, las organizaciones amazónicas presentaron un recurso al CIDH contra el gobierno de Brasil, cuya sentencia está pendiente. Todo este proceso parece esfumarse de la memoria institucional del Viceministerio de Electricidad.

Resta saber si Contraloría cumplirá su función en el caso ENDE-Tecsult, antes de que el Viceministerio de Electricidad avance con los nuevos acuerdos chinos.

Y si finalmente asumirá la tarea de elaborar democráticamente una política energética para la Amazonía.