Deforestación, explotación de hidrocarburos, concesiones mineras, imposición de megaobras, carreteras, expansión de la producción agroindustrial, proyectos hidroeléctricos, constituyen las más claras señales de que se viven tiempos de vulneración  de los derechos ambientales, de los pueblos indígenas, y de la madre tierra y de retroceso en las conquistas indígenas y medioambientales consagradas en la Constitución y el ordenamiento jurídico del país.

Durante el 2012, Colquiri y Mallku Khota, han desnudado  la actual política minera neoextractivista que sustenta un modelo primario exportador de materias primas que reproduce la informalidad y la explotación irracional de los recursos mineros, y que no mide los fuertes impactos económicos, sociales y ambientales.

Según el Anuario Estadístico Minero 2011, el Estado boliviano apenas controla el 2% de la producción minera, el 23% está en manos de la minería chica y cooperativizada y el 75% de las transnacionales.  Aunque las exportaciones mineras batieron récord el 2011, con 3.448 millones de dólares, el Estado solo se quedó con un 12% vía regalías, impuestos a las utilidades, patentes y otros. 

En materia de hidrocarburos, es sabido que en asociación con inversiones extranjeras, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha ampliado sus áreas de exploración a 22 millones de has, de las cuales 14,9 millones de has se encuentran en zonas protegidas, parques naturales y territorios indígenas: más de 690 mil hectáreas al interior del Madidi; al menos 154 mil hectáreas en el área de manejo integrado Aguaragüe; 100 mil hectáreas en el área de manejo integrado Iñao, y más de 723 mil hectáreas en el TIPNIS.  

Todo muestra que se está perdiendo la oportunidad de recuperar el control de los recursos naturales por parte del Estado y una mayor participación en la renta, la planificación democrática para el uso y control de los recursos, y el rencuentro de la economía con la naturaleza.

En los últimos 10 años, Bolivia perdió un total de 1,8 millones de hectáreas de bosques. El departamento de Santa Cruz es el más afectado con 1,3 millones de has de terreno boscoso perdidas, seguido por el Beni que perdió 161.798 has de bosques, y Pando, que registra 98.185 heas de bosques deforestados.  La deforestación también afectó a  Cochabamba (72.751 has), Tarija (47.566 has) y, La Paz (45.925 has). Esos datos adquieren relevancia porque la destrucción de los bosques está asociada al avance del agronegocio que es responsable de la degradación, del cambio en el uso del suelo; a la extranjerización de la tierra y a la dependencia productiva y comercial campesina, ya que el 77% de los productores trabajan en parcelas menores a 50 has, el 21% en parcelas medianas de 51 a 1000 has y el 2% tiene más de 1000 has y corresponde a propietarios de origen extranjero (quienes detentan más del 70% de las tierras cultivadas en Santa Cruz). Estos son principalmente brasileños (quienes adquirieron 700.000 has en los últimos años), menonitas, argentinos (con 100.000 has de reciente adquisición informal) y rusos.

La monoproducción en la que el agronegocio basa su sistema de explotación de los recursos naturales, deja impactos muy negativos y amplía los riesgos de contaminación.  Según el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Bolivia importó 10.428,870 toneladas de plaguicidas en 2004, y 31.620.668 toneladas en 2010. En los últimos 10 años las importaciones nacionales de plaguicidas habrían aumentado en 150%, según la Fundación Plaguicidas Bolivia.

Luego de promulgada la Ley de la Madre Tierra, el agronegocio ha arremetido con la intención  revertir todos los logros jurídicos alcanzados por la lucha de los movimientos sociales para preservar a Bolivia de los transgénicos. Se ha propuesto la regionalización de la política de transgénicos para el caso del maíz: “maíz orgánico en el valle y altiplano; y transgénico para el oriente, lo mismo para el algodón” y se pretende soslayar el mandato de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria que prohíbe  los transgénicos en los casos de especies de las que Bolivia es centro de origen y diversidad.