Representantes de la Alianza para el Consumo Responsable y Solidario, demandaron la aplicación de la norma que obliga a “desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”.
El desarrollo del Foro organizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), con el respaldo de la Confederación Agropecuaria Nacional (CONFEAGRO) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), fue alterado por los reclamos de las organizaciones sociales que puntualizaron que mientras campesinos e indígenas se preocupan por alimentar a la población en los mercados locales en todo el territorio nacional, el agronegocio sólo busca garantizar sus ganancias, sin preocuparse de los impactos que provocan los transgénicos en la salud de la población.
Los objetivos del agro negocio
Durante el Foro, el presidente de CONFEAGRO, Julio Roda Matta, confirmó que su sector ha iniciado una campaña para modificar los artículos de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien con el propósito de “incursionar en el uso de semillas genéticamente mejoradas de maíz y algodón; además de avanzar en otros eventos de soya, donde ya tenemos experiencia”.
En la misma línea, el presidente de APIA, Marcelo Traverso, dijo que el gran desafío es producir más y “darle la oportunidad al país de participar en la oferta de agroalimentos de calidad” en el marcado regional y mundial por lo que su sector está empeñado en negociar con el gobierno normas claras respecto a los procedimientos de registro y regulación de la biotecnología. Según el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria –SENASAG–, la importación de plaguicidas se incrementó de 10.428,870 toneladas el 2004 a 31.620.668 toneladas el 2010, al amparo del decreto Supremo No 0943 que exime del pago de aranceles a la importación de insumos agrícolas.
Pero las medidas gubernamentales que respaldan al agronegocio son consideradas todavía insuficientes. El presidente en ejercicio del IBCE, José Luis Landivar Bowles, dijo que además esperan un marco normativo que les garantice seguridad jurídica para la tierra y la inversión agrícola, libertad de exportación y acceso garantizado a los mercados externos y, acceso al uso de la biotecnología, que en lo inmediato debe traducirse en el levantamiento de las restricciones para el uso de transgénicos.
Un modelo no replicable
La exposición central estuvo a cargo del Subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la República Oriental del Uruguay, Enzo Raúl Benech Bounus, que compartió la experiencia de su país en materia de bioseguridad.
“No vengo a decirles qué hacer” dijo Benech Bounus, dejando en claro que el modelo uruguayo no es replicable porque “cada país debe decidir sus propias estrategias”.
Explicó que desde 1996, Uruguay aprobó 4 eventos transgénicos de soya tanto para producción como uso comercial y consumo directo y procesamiento y que, a la fecha, el cien por ciento de la producción de ese producto es transgénica. En el caso del maíz, aprobó 10 eventos transgénicos desde el 2003, destacando que “el Uruguay no es país de origen y diversidad de este grano”.
“América Latina es centro de origen de muchas especies “, y este es un elemento muy importante a considerar a la hora de definir el marco normativo sobre bioseguridad y dimensionar los riesgos potenciales para la salud humana, animal y medioambientales, puntualizó Benech Bounus, a tiempo de subrayar que “el riesgo cero no existe”.
El Subsecretario uruguayo explicó que el 70 por ciento de las exportaciones uruguayas tienen base en la agropecuaria, una buena proporción de las mismas están cubiertas por productos transgénicos, pero “en el caso del arroz nuestros clientes no quieren transgénicos, por eso se ha protegido la producción del arroz que es ciento por ciento orgánica, porque valoramos mucho el aspecto comercial”.
Reconoció que para el actual gobierno fue difícil consolidar los lineamientos y políticas sobre biotecnología porque es un tema sobre el que existen diferentes visiones y “tuvimos que actuar bajo la premisa de cuanto riesgo estamos dispuestos a asumir, haciéndonos responsables de la incertidumbre”.
Luego de un largo proceso, Uruguay se dotó de una normativa que regula el ingreso de nuevos Organismos Vegetales Genéticamente Modificados y define la política nacional en bioseguridad de vegetales y sus partes genéticamente modificadas, bajo la articulación y coordinación de un Gabinete Nacional de Bioseguridad.
Muchas interrogantes sin responder
Al cierre del Foro, se habilitó un espacio para la participación – limitada a 5 minutos – de las instituciones y organizaciones que plantearon muchas interrogante pero no tuvieron respuesta.
La Alianza para el Consumo Responsable y Solidario recordó que con la autorización del único evento de soya transgénica bajo Decreto Supremo No 28225 de 2005, se aprobaron también una serie de acciones conexas orientadas al control de la importación, producción y acondicionamiento, así como la adopción de buenas prácticas agrícolas y el diseño del mecanismo de seguimiento ambiental del cultivo y de la estrategia para su producción y comercialización, que incluye aspectos sobre etiquetado y segregación. En ningún caso la producción de soya transgénica debía acabar con producción de soya convencional. Por tanto, extraña que el IBCE y la ANAPO aseguren que actualmente el cien por ciento de la producción de soya sea transgénica.
La respuesta vino de parte del productor soyero Edmundo Aspetti Montaño, que se limitó a asegurar que desconocía la norma.
La Alianza también anunció su disposición a integrarse al proceso de reglamentación de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien que, según anunció el diputado Leigue estará en manos del Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. La respuesta improvisada fue “no hay nada concreto” pero “pueden enviar el material que se vea conveniente por ventanilla”.
La Plataforma dejó sentado que la constitución, en su artículo 255, estipula la prohibición a la importación, producción y comercialización de productos transgénicos, por tanto, cualquier norma debe respetar este principio constitucional.
Finalmente, aprovechando la presencia del Subsecretario uruguayo, se le consultó acerca de las acciones que se seguían en su país para evitar la contaminación genética en maíz, siendo las regiones de Centro y Sud América, centro de origen y diversidad del alimento, y habiendo ya quedado demostrado en países como México, Chile, Argentina, Brasil que la coexistencia es imposible y que la diversidad además de asegurar la alimentación de la población es la única fuente de paliativo al cambio climático. La respuesta de Benech Bounus, se limitó a reiterar que Uruguay no es centro de origen del alimento.
En el espacio para la deliberación se escucharon otras voces que apoyan el ingreso de los transgénicos a Bolivia, con el argumento de que la biotecnología es una herramienta más para la producción de alimentos y que, por tanto, no debería haber una oposición al avance de la tecnología.
