Por la cantidad de parientes silvestres, de razas y variedades y por ser lugar de domesticación de numerosos cultivos, Bolivia es considerada, centro de origen y diversidad de una variada gama agroalimentaria, la que ha sido generada y conservada por los diferentes pueblos que han habitado y habitan el territorio, entre ellos, el maíz. El maíz, -la especie agrícola de mayor variedad genética conocida, por lo que puede ser cultivado en un amplio rango de ambientes- es base de la alimentación de todos los pueblos que habitan el territorio. Su importancia no solo es alimenticia sino social, cultural, ritual y sagrada, desde el altiplano, a los valles orientales y occidentales, las zonas tropicales, subtropicales y la Amazonía boliviana. La conservación “in situ” de la diversidad del maíz existente en nuestro país es una responsabilidad histórica que debeos asumir en retribución a estos pueblos y en beneficio de la humanidad presente y futura.
En la cultura andina, las celebraciones del Inti Raymi (solsticio de junio) son iniciadas con la cosecha del maíz y otros cultivos. Es un tiempo para compartir en comunidad las infaltables chicha, humintas, lagüitas e infinidad de delicias en base a maíz y otros alimentos. Los pueblos de tierras bajas, como los Tupí Guaraní, celebran la fiesta del arete, que coincide con la maduración del avatí (maíz) con el que se hace la kanwi (chicha). Sus diferentes variedades, que pueden ser consideradas como identificadores étnico-culturales, así como sus variadas formas de elaboración, habitan y permanecen preservadas en las diversas manos que las cultivan y elaboran.
Pero el maíz y nuestros pueblos y culturas de maíz estamos en riesgo. Por incrementar su lucro, la industria y los sistemas hegemónicos, desde hace años buscan apoderarse de la semilla del maíz, esencia de nuestra Soberanía Alimentaria. Desde los híbridos hasta los transgénicos, despliegan estrategias jurídicas y comerciales orientadas a que los pequeños productores indígenas y campesinos dejen de usar sus propias semillas e ingresen en circuitos de dependencia controlados por un puñado de empresas transnacionales.
Ante esto y frente a la evidente amenaza que significan los transgénicos para la biodiversidad y la salud humana y de los ecosistemas es que desde hace años los movimientos representativos de la sociedad civil han desplegado campañas de resistencia y lucha que obligaron a las instituciones de investigación a desistir de su intento de internar papa transgénica en el país. Esas acciones, lograron la protección del maíz, mediante Resolución Administrativa VRNMA No 135/05 de cualquier posibilidad de contaminación transgénica; libraron a niños en edad escolar de riesgos alimentarios con la prohibición de transgénicos en desayunos escolares D.S. 181; lograron incluir dentro de los derechos de la Madre Tierra “el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial…”; e instituir como “principio” la prohibición de los transgénicos en la Constitución Política del Estado, que en su artículo 255: Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población señala la prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente.
Recientemente, 2011, los movimientos sociales lograron proteger al maíz con el resguardo de especies de origen y diversidad, en incisos que quedaban de forma “obligada” en la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, como reacción inmediata ante la estrategia agroindustrial por internar maíz transgénico precedida por la importación continua durante tres años atrás del producto, a cargo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Asimismo, meses después, lograron hacer retroceder a instancias de gobierno de su intención de reinterpretar la ley a través de términos imposibles, mediante reglamento.
Hoy se repite la historia, luego de promulgada la Ley de la Madre Tierra, el agronegocio nacional nuevamente busca por todos los medios modificar mediante legislación (reglamentación o ley) todos los logros jurídicos alcanzados por la lucha de los movimientos sociales que representan al pueblo boliviano.
Ante esto, es que se refuerzan las bases para que desde el campo, desde los productores familiares, campesinos e indígenas que proveen el alimento, hasta los centros urbanos donde habitan los consumidores responsables, se reorganice la lucha de resistencia y que mediante estrategias que se reinventan para responden ante las coyunturas actuales se respalden los incisos de la recientemente promulgada ley de la Madre Tierra y se resista como antes, como siempre, a la internación de transgénicos al país.
Porque son esos movimientos que promueven un sistema de desarrollo verdaderamente humano, respetuoso con la Madre Tierra y los seres que habitan de ella, los que hoy luchan por la Soberanía Alimentaria y un Territorio Libre de Transgénicos.
Porque son esos movimientos y organizaciones indígenas, de productores y consumidores como AOPEB, FENATRAHOB, CONAMAQ, Asociación de Chef´s de Bolivia, La Revolución de la Cuchara, CIOEC, Pueblos Indígenas (Chimán Mosetén, Ayoreos, Chácobo, Cabineño, entre otros), AIS, CODEDCO, FUNAVI, FOBOMADE, SBCS, AVSF, VSF, Sociedad de Arqueología de La Paz, MST, CSUTCB, articuladas en plataformas antes denominada Bolivia sin Transgénicos y hoy “Alianza por el consumo responsable y solidario” de las que también formaron parte también CNMICIOB Bartolina Sisa, las que promueven un sistema de desarrollo más humano, respetuoso con la Madre Tierra y los seres que habitan de ella, las que hoy luchan por la Soberanía Alimentaria y un Territorio Libre de Transgénicos.
