En febrero del 2005, durante la gestión del expresidente Carlos Mesa, tras evadir la fuerte resistencia que durante ocho años desplegaron las organizaciones campesinas, ecologistas y de consumidores, se autorizó la internación y cultivo de soya resistente a glifosato en territorio nacional (evento 40-3-2). El proceso de evaluación de riesgos fue altamente cuestionado no solo porque los técnicos a cargo de la Oficina Regional de Semillas capacitados por la Empresa solicitante Monsanto, no realizaron mas que una evaluación agronómica de la semilla y no la evaluación ecológica del paquete tecnológico semilla-pesticida, omitiendo aspectos como la generación de malezas resistentes. También por las conclusiones forzadas del Comité de Bioseguridad, cuyos miembros emitieron informes contrapuestos prevaleciendo el que se basó en información bibliográfica sin análisis complementarios de laboratorio y sin evaluar el grave riesgo del pesticida glifosato sobre la salud humana, tanto de quienes están expuestos a su uso como de quienes consumirán el producto tratado.
Desde entonces, se han introducido más de 50 variedades de soya transgénica, según los reportes de ANAPO que se dieron a conocer en el Foro “Sector Oleaginoso: Aporte agroalimentario para Bolivia y el mundo” que se llevó a cabo este 24 de octubre en la ciudad de La Paz.
Todo hace ver que la expansión de la soya transgénica, ha sobrepasado la autorización contenida en la Resolución Ministerial de febrero homologada por el Decreto Supremo No 28225 del 1 de julio del 2005 que incluye una serie de acciones conexas orientadas al control de la importación, de la producción y acondicionamiento; la adopción de buenas prácticas agrícolas y el diseño del mecanismo de seguimiento ambiental del cultivo y de la estrategia para su producción y comercialización, que incluye aspectos sobre etiquetado y segregación. En ningún caso la producción de soya transgénica debía acabar con producción de soya convencional.
Pérez, señaló que ya en el 2011 “la soya transgénica se introdujo en el 92% de la producción total” y aseguró que en la presente gestión “pequeños, medianos y grandes productores han logrado adaptar una amplia variedad de semillas transgénicas obteniendo un rendimiento superior a las 2 toneladas por hectárea y un ahorro de US$ 80 por hectárea”. Ya en 1985 se había alcanzado un rendimiento de 2.0 toneladas por hectárea que llegó el 2003 a 2,4 ton/ha, manteniéndose variable entre 1.8 y 2.4 dependiendo de muchos factores, entre ellos factores climáticos y en los últimos años, por la incidencia de la roya asiática a la que la soya transgénica es igual o más susceptible que la convencional. Peréz parece ignorar que el evento aprobado en Bolivia permite la producción de soya transgénica resistente al herbicida glifosato, lo que significa que se puede aplicar tanto pesticida como permita dicha resistencia para obtener un campo libre de malezas. La soya transgénica RR no tiene como fin aumentar el rendimiento. De hecho, en las pruebas realizadas para la evaluación de riesgos se pudo comprobar que las variedades transgénicas presentaron rendimientos inferiores a las variedades convencionales de amplio uso desarrolladas durante 40 años en los centros de investigación.
La siembra de soya transgénica aumentó significativamente en la gestión de Evo Morales, con el consecuente incremento del uso de herbicidas, fungicidas e insecticidas Por esto mismo, los datos de importación de insumos agrícolas son alarmantes. La Asociación de Proveedores de Insumos agropecuarios APIA calcula que sus afiliadas movieron aproximadamente 280 millones de dólares en la gestión 2010; para el 2012 los importadores asociados en la Asociación esperan lograr superar en un 10% los 700 millones de dólares alcanzados el 2011, luego de que se aprobara el decreto Supremo No 0943 que exime el pago de aranceles en la importación de insumos agrícolas.
Según el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Bolivia importó 10.428,870 toneladas de plaguicidas en 2004, y 31.620.668 toneladas en 2010. En los últimos 10 años las importaciones nacionales de plaguicidas habrían aumentado en 150%, según la Fundación Plaguicidas Bolivia.
En su reporte, Pérez destacó que las oleaginosas son, de lejos, el principal rubro de Exportación No tradicional en Bolivia y el tercer rubro de mayor importancia luego del gas y los minerales. Lo que no dice es que la soya y la castaña son los principales productos no tradicionales de Bolivia, seguidos del girasol y la quinua. El lugar que ocupa cada uno depende del oscilante mercado internacional de la soya, cuyos precios suben y bajan frente a las crisis financieras. Por ejemplo, el 2011 bajó a $US 450/tonelada, mientras que a la fecha (octubre del 2012) se encuentra oscilando alrededor de $US 580/tonelada.
Para el cultivo de soya se debe tumbar el bosque, quemar y acabar con toda la vida que alberga, ampliando la frontera agrícola en muchos casos hacia tierras no aptas, aplicando enormes cantidades de pesticidas que luego son ingeridos con el producto. En cambio la castaña es un producto naturalmente orgánico que precisa que el bosque se mantenga en pie, con toda su riqueza de biodiversidad para la fertilización de sus flores y fructificación, siendo el producto base de la economía pandina y beniana.
Otra cosa que no dijo el presidente de la ANAPO, es que la industria de la soya en Bolivia tiene serios problemas de competitividad en el mercado internacional, ya que sus costos de exportación son mayores que los países vecinos, debido fundamentalmente al impacto de los costos de transporte y de insumos importados a precios altos, principalmente de Brasil, Argentina, Paraguay, China, EUA. De acuerdo al presidente de APIA, Marcelo Traverso las compras de fertilizantes y plaguicidas sumaron el año 2011 a 400 millones de dólares, 90 millones la importación de semillas y 200 millones de la importación de maquinaria agrícola. Lo que demuestra que el grueso del negocio de la importación de insumos está en los pesticidas.
Pérez tampoco se refirió a la concentración de la tierra del agronegocio soyero: El 77% de los productores trabajan en parcelas menores a 50 has, el 21% en parcelas medianas de 51 a 1000 has y el 2% tiene más de 1000 has y corresponde a propietarios de origen extranjero (quienes detentan más del 70% de las tierras cultivadas en Santa Cruz). Estos son principalmente brasileños (quienes adquirieron 700 000 has en los últimos años), menonitas, argentinos (con 100000 has de reciente adquisición informal) y rusos.
El acopio y comercialización está en manos de la industria aceitera y los exportadores. El sector industrial está orientado a la exportación. Esta industria está atravesando un rápido proceso de concentración, lo que se refleja en un número cada vez menor de empresas, pero con mayor capacidad de procesamiento.
El acceso preferencial de la soya boliviana en los países andinos es lo que le permite compensar esos costos mayores, pero esas preferencias se están perdiendo a favor de los grandes productores del MERCOSUR. Por este motivo, la industria de la soya pretende incrementar el consumo nacional, por lo que ha logrado que el actual gobierno introduzca la carne de soya al subsidio prenatal y de lactancia, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos EMAPA, desde el 2011 y de leche, yogurt de soya y aditivos en los desayunos escolares, aunque curiosamente el empaque del subsidio (autorizado por el Ministerio de Salud) de una de las proveedoras (Montecristo) asegura que es soya no transgénica, por lo que parece que alguien miente al pueblo.
En cualquier caso, reportes de ANAPO aseguran que la producción del 2011 no pudo ser colocada en el mercado. Seguramente por ello, no contenta con exportar la soya transgénica, la industria soyera pretende que la población boliviana consuma el producto. En la actualidad la soya que es 100% transgénica según ANAPO, es consumida por niños y mujeres gestantes y lactantes a través del subsidio prenatal y de lactancia en forma de soya texturizada (carne de soya) y de los desayunos escolares en forma de yogurt y leche de soya. Esto a pesar que Bolivia produce alimentos nativos o convencionales de altísimo valor alimenticio como la quinua, -que está en la cima de las preferencias internacionales-, la cañahua, el amaranto, la castaña, maní, maíz, plátano y otras frutas tropicales y raíces andinas, productos valiosos para ser incorporados o incrementar su aporte en los mercados estatales. Un detalle anecdótico es que el precio actual de la quinua, cultivada a 4000 m.s.n.m en la zona intersalar del Altiplano, que alcanza a 3825 dólares por tonelada, frente a los 450-550 dólares de la soya, parece estar interesando sobremanera al agronegocio cruceño-brasileño.
Pérez, desahució la producción orgánica y convencional de soya en el país que, según dijo, es inviable, por sus altos costos de producción, la imposibilidad de controlar las malezas y enfermedades, y los desafíos que plantea el cambio climático, razones por las que justifica la producción de semilla enteramente transgénica, con lo que demuestra, además, la manipulación de las empresas semilleras para dejar a los productores sin semilla convencional, ante la mirada impávida de las instancias gubernamentales en sus diferentes niveles.
El representante de ANAPO, omite mencionar sobre los nichos de mercado para la soya certificada como convencional, con su consecuente sobreprecio o las restricciones del mercado europeo a los transgénicos (Suiza, Grecia, Hungría, Francia, Luxemburgo, Alemania y Bulgaria, Polonia los rechazan). Con la desaparición de la soya convencional, la industria boliviana se cerró esas oportunidades. En cualquier caso, el agronegocio soyero es responsable de la degradación, del cambio en el uso del suelo y del constante incremento de la deforestación, que alcanza a 300 mil hectáreas anuales en los últimos 3 años (ABT), bajo un modelo que nada tiene que ver con la soberanía alimentaria.
Los recientes anuncios de ANAPO que afirman que ya se llegó al 100% de producción de soya transgénica, sin que su producción esté registrada, segregada y etiquetada confirman la vulneración a la legislación nacional. La Ley de Revolución Productiva Comunitaria promulgada en junio del 2011 ratificó la prohibición para cultivos de los cuales somos centro de origen o de diversidad, como medida para evitar la contaminación genética y estableció la obligatoriedad del etiquetado de transgénicos, entre otras razones para precautelar los derechos constitucionales del consumidor de alimentos.
Según los datos de la ANAPO, el 30 por ciento de la producción de soya es consumida en el país y se exporta el restante 70 por ciento, contradiciendo los alcances del decreto de julio de 2005 que explícitamente establece que el grano de los campos semilleros en proceso de certificación con semilla transgénica deberá destinarse a la exportación y de ninguna manera al uso interno para “proteger la agricultura del país de la introducción y venta indiscriminada de semilla de materiales que no han sido probadas en las condiciones de agricultura de nuestra región o de variedades que hayan perdido sus características genéticas”.
La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien promulgada en septiembre del 2012 en Bolivia, que incluye dos artículos sobre el tema de transgénicos:
Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana; Desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinada en norma específica.
Es urgente y está pendiente la estrategia gubernamental orientada a revertir la producción de soya transgénica, el establecimiento de plazos, la definición de responsabilidades de acuerdo a funciones ministeriales y la legislación aprobada. De lo contrario, la Ley de la Madre Tierra promulgada por el presidente Evo Morales no será más que pura entelequia.
Es evidente que los objetivos del agronegocio no son los objetivos de la población boliviana en cuanto a nutrición, salud y soberanía alimentaria. Por esto no son los dueños del agronegocio quienes deben integrar “grupos consultivos” para definir políticas y legislación, modificando los hábitos alimenticios de la población boliviana, cambiando la calidad de la producción de cultivos, liberalizando la importación de pesticidas sin evaluar los riesgos a la salud humana solo para facilitar la mecanización y con ello la concentración de tierras y lucro privado.
Referencias:
Quispe et al. Construcción de ventajas competitivas en Bolivia. Las cadenas productivas de soya, uva, vinos y singanis, maderas, cueros, textiles.
Patricia Molina y Sorka Copa. 2007. Errores fatales en la evaluación de riesgo de soya genéticamente modificada en Bolivia. FOBOMADE-AIS-CIOEC-AOPEB-CODEDCO. La Paz. Bolivia
PLAGBOL-CEBEM. 2011. Documento de sistematización del Foro Virtual: “La situación de los plaguicidas en América Latina y El Caribe y su impacto en la salud y el ambiente durante el mes de noviembre del presente año”
Ley Marco de la Madre Tierra
Periódico Cambio. 2011-10-05. Soya y Castaña lideran ventas no tradicionales.
Miguel Urioste. 2011. Concentración y Extranjerización de la tierra en Bolivia. Fundación Tierra. La Paz, Bolivia
