A tiempo de desvirtuar la información gubernamental sobre los resultados de la post consulta en el territorio indígena, el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas informó en conferencia de prensa que “se ha declarado alerta permanente en nuestras comunidades para evitar la arremetida del gobierno, que continúa atacando a los indígenas por diferentes flancos”.
Acompañado del diputado indígena Pedro Nuny y del dirigente de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Lázaro Tacoo, informó que entre el 27 de agosto y el 27 de septiembre comisiones de la CIDOB, la CPEM-B, la Subcentral Sécure y la Subcentral TIPNIS, realizaron un recorrido por el territorio indígena verificando que “no se ha realizado la post consulta ilegal, de mala fe e inconstitucional en 17 comunidades del centro del TIPNIS, así como en 11 comunidades de la zona del Sécure”.
Con resoluciones orgánicas documentadas, Fernando Vargas dio a conocer la posición de un total de 30 comunidades, dos de las cuales fueron consultadas por las comisiones del gobierno y ratificaron su total rechazo a la construcción de la carretera.
Según se evidencia en las actas de las reuniones y las resoluciones orgánicas, en varias comunidades las comisiones gubernamentales “intentaron realizar diagnósticos y llenar actas con algunas personas y algunas familias”. En Providencia – por ejemplo – los comunarios informaron que el 30 de agosto llegó una brigada oficial con preguntas que no tenían nada que ver con la carretera, sino con temas de salud, educación, desarrollo productivo y la intangibilidad. En los casos de Puerto San Lorenzo, San Bartolo y San Bernardo, los corregidores firmaron convenios y recibieron regalos del gobierno, aceptaron la consulta pero las comunidades rechazaron la carretera.
En las comunidades de Santa Clara, San Pablo y Limoncito se expulsó a las brigadas y en San Ramoncito se declaró persona no grata y se expulsó al ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
El recorrido por el territorio, según explicó el presidente de la Subcentral TIPNIS, permitió también verificar que las comunidades rechazan el asentamiento militar ecológico instalado por el gobierno en las puertas del territorio indígena, “porque lo único que harán los militares será resguardar las actividades ilícitas asociadas al narcotráfico en el Polígono 7, garantizar el avasallamiento de los colonos y perseguir a los dirigentes y comunarios que se opongan a la post consulta y, por tanto, a la carretera”, puntualizó.
Vargas recordó que el gobierno tiene obligación de realizar una consulta previa para buscar el consentimiento previo, libre e informado en caso de operaciones militares, como lo establecen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que por tanto priman sobre cualquier otra norma inferior a la Constitución Política.
Las 30 comunidades consultadas en el recorrido de la dirigencia indígena también se pronunciaron en contra del Censo 2012, “que no busca saber cuántos bolivianos somos, sino cuántos indígenas habitan en los territorios, para redistribuir las tierras a los colonizadores y campesinos”.
Vargas aseguró que los indígenas tienen claro que la actualización cartográfica es un pretexto para ingresar al territorio, pero además explicó que la desconfianza de las comunidades deriva de las declaraciones del propio presidente Evo Morales que anunció que su gobierno impulsará una auditoría a la tenencia de la tierra. Los registros de La Razón/ABI, de 23 de julio 2012, certifican que Morales anunció que el propósito de la auditoría será verificar la existencia de “empresarios ilegales, palos blancos, o mal manejo en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO)”, puntualizó.
Luego de este anuncio presidencial, dijo el dirigente de la Subcentral TIPNIS, las intenciones del gobierno fueron reveladas en el mes de agosto por el secretario de Tierra y Territorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, quien en declaraciones a la Red Erbol aseguró que “el censo de población y vivienda, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizará en noviembre de este año, servirá para conocer la cantidad de indígenas que habitan en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y redistribuir tierras para ampliar la frontera agrícola”.
Durante la conferencia de prensa, Fernando Vargas también informó que las comunidades del TIPNIS cuestionaron el rol del Servicio Nacional de Aéreas Protegidas (SERNAP), que “no sólo ha abandonado los campamentos, sino que ha destinado a los guarda parques responsables de la gestión, control y administración de esas áreas a la ciudad de Trinidad para que coadyuven en las tareas de vigilancia que cumplen la policía y las fuerzas armadas para verificar quienes entran al territorio, para qué y por cuánto tiempo”.
A pesar de todo, según el dirigente del TIPNIS, “la resistencia pacífica se fortalece cada día más. Las comunidades han decidido una resistencia indefinida, porque la lucha que hoy encaramos es una lucha por la vida, por el medio ambiente, por nuestra existencia y la de todos los bolivianos, para que se respete la madre tierra y la constitución, y pedimos a todos los bolivianos sumarse una vez más a la lucha”.
Por su parte, el diputado Pedro Nuny, lamentó la dilación con que la justicia procesa los recursos interpuestos por las organizaciones indígenas y la devolución por parte del Tribunal Constitucional de los expedientes de dos recursos presentados para evitar la realización de la consulta en el TIPNIS.
Recordó que el 24 de julio, la CIDOB presentó un recurso en contra de la Ley de Consulta, para impedir que las brigadas del Gobierno comiencen sus tareas el 29 de julio y que el 3 de agosto, el CONAMAQ presentó un recurso de acción popular para exigir la paralización de la consulta, cuyos expedientes fueron devueltos a La Paz “por no haber encontrado el procedimiento del debate”, según afirmó el presidente de la máxima instancia constitucional Ruddy Flores.
“Apelaremos a todos los recursos de la justicia boliviana hasta agotarlos, pero también demandaremos el cumplimiento de nuestros derechos ante los tribunales internacionales”, advirtió Nuny a tiempo de asegurar que el espacio de la justicia se ha constituido “en otra trinchera de lucha que está controlada por el gobierno pero que los indígenas seguirán poniendo a prueba”.
Un tiempo difícil, un tiempo de resistencia, un tiempo de afirmación de la dignidad de los pueblos indígenas, así calificó Lázaro Tacoo la actual coyuntura, que coincide con la conmemoración del 30 aniversario de creación de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).
“Estos han sido años de ardua lucha, pero nunca como ahora se vulneraron los derechos indígenas”, lamentó Tacoo a tiempo de recordar que “ni en los gobiernos más reaccionarios se ha tenido que enfrentar la persecución y criminalización de la dirigencia indígena, la militarización de nuestros territorios, la represión virulenta, la intimidación de nuestras comunidades, la intervención policial para el control de nuestra sede sindical, la Casa Grande de los indígenas”.
Anunció que para evaluar los 30 años de lucha, los días 8, 9 y 10 de octubre se realizará en la ciudad de Santa Cruz, la VI Comisión Nacional de Pueblos Indígenas de la CIDOB y el Taller Internacional sobre Impactos del Proyecto IIRSA en los Territorios de los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas de Bolivia, con la participación de delegados de los 34 pueblos indígenas.
