Por lo que se supo, el referido decreto entrega a los cooperativistas nada más ni nada menos que un negocio de 50 millones de dólares, que es el valor estimado del segmento de la veta Rosario delimitado a favor de la cooperativa 26 de Febrero.

El Decreto Supremo 1337  aprobado el pasado 29 de agosto establece que “La parte sud de la veta Rosario que queda a favor de la Empresa Minera Colquiri-Comibol, empieza en el punto nueve, identificado en el plano del nivel 325, donde la veta Rosario se cruza con el recorte setenta”, y autoriza a la Comibol  suscribir  “el contrato de arrendamiento sobre las vetas Rosario, Rosario “N” y Rosario “D”, a favor de la Cooperativa 26 de Febrero”.

El pasado 20 de junio, el gobierno expropió la mina Colquiri, y la retornó al Estado de manos de la empresa Sinchi Wayra, filial de la suiza Glencore.   La nacionalización fue una especie de guerra avisada, pues 10 días antes la anunció el vicepresidente Alvaro García Linera.

Las fuentes de Comibol aseguraron que ese desatinado anuncio, pertrechó a la Sinchi Wayra que decidió consolidar bajo el control de los cooperativistas las áreas que éstos “jukeaban”  durante años bajo la mirada cómplice  de la transnacional.

Fue así que la filial de la Glencore logró que la nacionalización se diera en medio de un enfrentamiento a punta de dinamita que dejó un lamentable saldo de20 heridos.  Entonces, los cooperativistas se pusieron del lado de la transnacional y en la trinchera de quienes se oponían a la expropiación.  La nacionalización fue defendida por los cerca de 400 obreros de la planilla de Sinchi Wayra que decidieron recuperar esa mina para el Estado.

Todo hacía suponer que la nacionalización de junio se justificaba porque el Estado recuperaba importantes recursos para las arcas nacionales, pues la Sinchi Wayra se llevaba una tajada de 40 millones de dólares y dejaba apenas 4 millones de dólares por concepto de arrendamiento.

El propio García Linera aseguró entonces que la nacionalización por la que el Estado asumió el control del centro minero Colquiri, así como la dirección y administración directa de sus yacimientos,  era una medida necesaria  ya que la minería que hasta el 2005, “cuando todo estaba en manos de extranjeros”, producía 600 millones de dólares, actualmente genera anualmente 3,700 millones de dólares.

Pero la soberanía estatal sobre los yacimientos de Colquiri duró poco.  Mientras la Comibol invertía recursos humanos y financieros en la exploración de la veta Rosario, el Ministerio de Minería y Metalurgia – o mejor el titular de ese despacho – trazaba la estrategia para entregar esos recursos a los cooperativistas, que a su vez, según se conoció, ya tenían negociaciones avanzadas para coarrendar el yacimiento a una empresa extranjera.

“Hay mucha plata de por medio” dijeron las fuentes de la Comibol cuando se preguntó qué  justificaba el decreto 1337que ya ha empezado a cobrar factura. Pero también aseguraron que esa medida está contaminada por cálculos político electorales, que ya han empezado a condicionar la gestión estatal.

Colquiri es como un espejo que muestra de cuerpo entero a la política minera del actual gobierno. La realidad está lejos de los anuncios demagógicos de García Linera, el Estado no ha recuperado su soberanía sobre los recursos mineros. Según el Anuario Estadístico 2011 el Estado boliviano apenas controla el 2% de la producción minera, el 23% está en manos de la minería chica y cooperativizada y el 75% de las transnacionales.

Las cifras oficiales también muestran que si bien las exportaciones mineras batieron récord el 2011,  con 3.448 millones de dólares, el Estado solo se quedó con un 12% vía regalías, impuestos a las utilidades, patentes y otros.  El 90 por ciento de las exportaciones mineras correspondió a la minería chica y cooperativizada (31%) y a la mediana empresa trasnacional (60%).  

Colquiri está desnudando  la actual política minera neoextractivista que sustenta un modelo mixto con una mayor presencia del Estado en la explotación de los recursos naturales para obtener mayores ingresos destinados al funcionamiento estatal y  al pago de los denominados bonos sociales. Como en el pasado, esta política apuntala un modelo primario exportador de materias primas que reproduce la informalidad y la explotación irracional de los recursos mineros, y que no mide los fuertes impactos económicos, sociales y ambientales, inviabiliza el desarrollo y genera una economía rentista.

Todo hacer ver que con el gobierno del proceso de cambio, se está perdiendo la oportunidad de recuperar el control de los recursos naturales por parte del Estado y una mayor participación en la renta, y nada hace ver que estemos en dirección de diversificar la producción e incorporar valor agregado, promover la planificación democrática para el uso y control de los recursos, habilitar  mecanismos de concertación para canalizar disputas distributivas e incentivar el rencuentro de la economía con la naturaleza.