Durante su visita a Bolivia – del 4 al 10 de septiembre – se reunió con autoridades políticas, judiciales y parlamentarias, activistas de derechos humanos, víctimas de racismo y representantes de organizaciones sociales, pueblos indígenas, afrobolivianos, inmigrantes, y organizaciones no gubernamentales,

“Vine a Bolivia para comprender mejor la situación en el país por medio de consultas que me permitan escuchar a actores pertinentes, así como para examinar los retos existentes en la eliminación del racismo y la discriminación racial en Bolivia”, destaca Ruteere en un informe preliminar presentado al término de una gira oficial que incluyó las ciudades de La Paz, Sucre y Santa Cruz.

Pide al Gobierno de Evo Morales aclarar el marco de la consulta en comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) “Yo hice hincapié en que hay que aclarar el marco de la consulta y que haya una inversión para tomar medidas en pro de la consulta”, dijo al referirse al proceso de post consulta que fue ampliado hasta el 7 de diciembre.

Aunque destaca la promulgación de leyes y la creación de instituciones necesarias para combatir el racismo, advierte que la falta de recursos y de capacidad administrativa obstaculiza su aplicación eficaz, hacen ver que “quedan todavía grandes retos, sobre todo en la aplicación de las políticas y medidas legales”.

“La administración de justicia es, por lo general, lenta y costosa y en muchos casos inaccesible para las víctimas del racismo y la discriminación racial”, según Ruteere que en su informe asegura que “la discriminación contra los pueblos indígenas, afrobolivianos y otras comunidades y grupos vulnerables aún persiste, y se ve exacerbada por las desigualdades estructurales subyacentes que refuerzan su exclusión y su vulnerabilidad ante el racismo y la discriminación”.

Pide al Ministerio Público acelerar el tratamiento de los procesos legales, por racismo y discriminación racial, “a fin de fortalecer la credibilidad del sistema de justicia y de hacer frente a la demanda de justicia que exigen las víctimas”.

“En este sentido es fundamental asignar recursos suficientes a las instituciones pertinentes, y fortalecer sus capacidades y pericia. Por lo tanto, aliento a los distintos ministerios a que incluyan suficientes recursos en sus presupuestos anuales con el fin de lidiar con problemas relativos al racismo y a la discriminación racial dentro de sus ámbitos de competencia, y a que continúen su cooperación con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, y en particular con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia”.

Ruteere recomienda fortalecer la capacitación de la policía en materia de derechos humanos y, considera que en vista de que la educación es un media fundamental para erradicar el racismo y la discriminación es importante trabajar en este ámbito para promover políticas de sensibilización para promover una cultura respetuosa de los derechos humanos.

Considera que la Ley 045 constituye un importante avance y que las políticas contra racismo y discriminación que impulsa Bolivia deben ser replicadas en otros Estados porque “ofrece ejemplos importantes sobre las medidas que otros Estados puedan adoptar”.

En su informe, critica a algunos medios de comunicación y recordó que están llamados “a aportar una contribución positiva a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia; es preocupante constatar que algunos medios de comunicación en Bolivia hayan difundido en algunas ocasiones mensajes de superioridad racial que incitan al odio racial”, al mismo tiempo que exhorta al Órgano Judicial a emitir un pronunciamiento “sobre la existencia o inexistencia de la compatibilidad entre la Ley 045 y la obligación de proteger la libertad de expresión”.

Al finalizar su informe agrega que “me complace que, en términos generales, Bolivia ha logrado avances considerables en el tratamiento de los problemas del racismo y la discriminación racial, y ofrece ejemplos importantes sobre las medidas que otros Estados puedan adoptar en sus esfuerzos por combatir el racismo y la discriminación racial. Sin embargo, como ya he observado, persisten importantes retos. En particular, todos estos esfuerzos deben consolidarse para lograr un resultado eficaz en beneficio de las comunidades y grupos más vulnerables”.

El informe completo de su misión en Bolivia, será presentado ante la Asamblea General de la ONU en el 2013.