El TIPNIS ha visibilizado el proceso de avance de la economía de la coca y en consecuencia, los mecanismos de expansión territorial y acumulación capitalista, que extienden  permanentemente las relaciones de mercado, integrando progresivamente el territorio indígena al espacio económico de la producción de coca, en base al principio de división del trabajo y especialización. 

Pero el TIPNIS también coloca en el mapa geopolítico a los capitales petroleros, mineros y de la especulación financiera  que generan la lucha de clases y  que  actualmente aparecen semi encubiertos, en tanto que la clase ascendente cocalera, es la visible y receptora de toda la crítica y rechazo.

Paralelamente los pobladores del TIPNIS han demostrado su capacidad de resistir y defender su territorio, capacidad desarrollada en siglos de  enfrentar  los  intereses económicos sucesivos para los cuales el trabajo indígena semi esclavo fue la fuente inmediata de acumulación, durante los años de la explotación cauchera, la hacienda cocalera y finalmente la colonización cocalera.

A más de lo anterior, lo que se ha puesto en evidencia es el discurso que legitima el avance económico territorial de un sector sobre otro. No es casual que el presidente de Bolivia sea  a la vez el presidente de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y que los colonizadores cocaleros del Chapare sean protagonistas centrales  del proyecto de poder que encarna el presidente Evo Morales.

Aparentemente el discurso gubernamental ha ido tomando distancia de la propuesta internacional del Vivir Bien, la defensa de los derechos de la Madre Tierra y los derechos indígenas, mientras el modelo de desarrollo no ha cambiado sustancialmente, ya que la economía del país continúa basada en la explotación extractiva y la expansión capitalista.

En este contexto, se revive  la discusión del siglo XVIII, entre Hobbes y Rousseau  por la que el primero concebía al estado de naturaleza como la perdición absoluta del hombre, mientras que para Rousseau, el estado de civilización lo ha degradado. Para el imaginario gubernamental, el indígena, sobre todo, el de tierras bajas, pero también cualquiera que defiende su territorio del extractivismo y la degradación ambiental que conlleva, ha pasado de ser sinónimo de armonía con la naturaleza, al “temible salvaje de tierras bajas, incivilizado, que se considera miembro de una raza pura y superior por encima de las otras culturas”. En consecuencia, para los administradores gubernamentales, el conflicto del TIPNIS no es más que una confrontación entre indígenas colonos e identidades amazónicas “manipuladas por ONGs y otros agentes del neoliberalismo”. O la lucha entre la modernidad y la prehistoria, el desarrollo y el atraso.

De lo que se trataría es de civilizar al salvaje, eliminando los obstáculos que opone a la apertura de la frontera agrícola, los capitales petroleros y la penetración de carreteras, condición sine quanum para el progreso capitalista.

Sin embargo como veremos más adelante, el distanciamiento mencionado es aparente, puesto que la construcción discursiva basada en el indigenismo, que también tomó préstamos del nacionalismo, ecologismo y marxismo para crear la Revolución Cultural, -la ideología del proceso de cambio-, en realidad hace abstracción de los principios de todas esas corrientes.

“La tesis del “capitalismo andino-amazónico” actualiza aquella antigua narrativa burguesa que promovía la transformación del pequeño productor en capitalista y la transformación de una sociedad de pequeños productores en una sociedad capitalista, ideas ciertamente legitimadas por un fuerte discurso indigenista de identidad cultural que se ha convertido en el distintivo de lo nacional y lo popular en Bolivia durante los últimos años.” (L. Orellana. 2006).

A lo anterior hay que añadir el discurso de los derechos de la Madre Tierra, que no fueron constitucionalizados en Bolivia, como en el caso ecuatoriano y la constitucionalización de los derechos indígenas, bajo el concepto ampliado de pueblos indígenas originarios campesinos, incorporando de esta manera a los numerosos pobladores migrantes de tierras bajas, cuya visión mercantil entra en conflicto en numerosas ocasiones con los pueblos indígenas amazónicos, como es el caso del TIPNIS.  

Capitalismo andino vs lucha de clases

El gobierno del MAS enfatiza el respeto por la propiedad privada y por las instituciones del Estado capitalista. Al igual que gobiernos anteriores, incentiva la inversión extranjera, promueve la seguridad jurídica y trabaja en sociedad con las empresas transnacionales (L. Orellana 2006), promoviendo una “nacionalización responsable”.

La diferencia radica en la composición de clase de su movimiento y de su dirección política, la orientación ideológica de sus propuestas, y las reformas que se propuso  implementar. El concepto ideológico de  “capitalismo andino-amazónico”, de industrializar el país, y en consecuencia de fomentar una burguesía ascendente andina o amazónica que  equivaldría a decir una burguesía nacional, se dirigiría hacia sectores muy amplios como los pequeños productores de la ciudad de El Alto, cooperativistas mineros, colonizadores (ahora denominados interculturales), entre ellos, cocaleros  y comunidades indígenas, es decir, clases y grupos sociales oprimidos que han sido la base de las movilizaciones de los últimos cinco años. Así quedan homogeneizados los sectores o fracciones de clase teóricamente en el poder, lo cuál se resume en las frases del vicepresidente García Linera quien reiterativamente sostiene que el proceso de cambio es tal porque en la actualidad rostros más morenos y mujeres de pollera están en el poder, pero no  hace referencia a ningún cambio en el proceso de acumulación  que se encuentra intacto.

El capitalismo se caracteriza por la lucha de clases y la generación de ejércitos de trabajadores que no tienen más que su fuerza de trabajo para vender. También se caracteriza por la acumulación constante de capital que tiene un punto de inicio, la acumulación originaria, en base al despojo de la tierra y de los medios de producción del poblador rural, utilizando formas de esclavitud y colonialismo, con base en la violencia.

Para el proceso de acumulación, los capitalistas requieren tomar tierras, en diferentes frentes y con intermedio de trabajadores sin tierra, colonos nuevos y en estado de pobreza extrema, con los cuales establecerán diversos acuerdos arrendatarios, pero siempre asociados a la disponibilidad de los mismos como mano de obra.  Se genera una diferenciación social marcada entre estos colonos sin tierra y los propietarios. El sistema “al partir” ampliamente aplicado en las comunidades colonizadoras, constituye una forma de explotación de fuerza de trabajo que beneficia principalmente a los dueños de tierras, ya que estos se quedan con los nuevos cultivos de coca, fuente directa de acumulación de capital. Otras tareas de servicio doméstico, forman también parte de las tareas no remuneradas del arrendatario, cercanas a la esclavitud.

Una vez lograda la ocupación de tierras indígenas, -porque las tierras de latifundistas o ganaderos dejaron de estar en la mira-, el nuevo asentamiento demanda más mano de obra para las nuevas plantaciones de coca. Este, no sólo es el único cultivo rentable, aunque tenga problemas de interdicción o narcotráfico, sino porque para cumplir acuerdos internacionales se deben cumplir compromisos de erradicación, normalmente de los viejos cocales.

La plantación de coca es un monocultivo que requiere bastante trabajo manual para ser establecido, antes y después de que empieza a producir. Los indígenas cuyas tierras colectivas están siendo avasalladas constituyen una fuente de mano de obra barata o impaga. Lo siguiente es incorporar a los despojados al sindicato y convertirlos  en poseedores privados de un pedazo de tierra, donde la agricultura campesina será subsidiaria de la actividad principal de peón en las plantaciones de coca, sino lo es también en las pozas de maceración y otras acciones relacionadas. De esta manera, los territorios indígenas titulados, espacios de producción precapitalista,  serán  paulatinamente asimilados al mercado y al modo de producción imperante, bajo criterios de modernidad y capitalismo andino.

Pero este proceso expansivo genera conflictos, porque la expansión territorial del capital conlleva violencia, pone en juego el tema de la propiedad de la tierra y atenta a la sobrevivencia de diferentes sectores sociales. Por tanto el crecimiento económico del nuevo capitalista, lo llevará a la búsqueda del poder, para ejercer el control del conflicto y eliminar los obstáculos a dicha expansión.

Esto implica también la necesidad de otras imposturas, como las del lenguaje. La homogeneización del sector colonizador en la época presente oculta una realidad de clases incompatibles y contradictorias, por un lado, de élites, dueñas de medios de producción, como maquinaria y capital y por el otro, de una clase desprovista de todo, excepto su fuerza de trabajo y/o una pequeña parcela para la subsistencia familiar.

La impostura invisibiliza  también la realidad comunitaria indígena contrapuesta a la propiedad privada del colono, lo que se refleja en sus formas de organización y asociatividad. Aparenta homogeneizar e igualar al indígena, al colono pobre y al colono capitalista bajo un solo paraguas: el antiguo sindicato – tipo minero-, conformado frente al descalabro de las haciendas cocaleras, durante la década del 40, cuando la migración de mineros continuaría a la primera migración de ex combatientes de la Guerra del Chaco. Estos nuevos migrantes enfrentaron desde su misma llegada a los pobladores yurakarés, sobre cuyo territorio se instalaron, empujándolos progresivamente al norte, hacia las tierras más difíciles de habitar o utilizándolos como peones en la apertura de caminos, construcción de puentes y como cazadores-pescadores.

En la actualidad las diferenciaciones de clase pueden verse en el interior del sindicato. Por esto  ni el derecho a la participación y menos a la toma de decisiones están garantizados con la burocracia sindical. El indígena es tratado en el sindicato como flojo y alcohólico, porque no tiene ni la competitividad del obrero industrial ni el sacrificio místico del trabajador asiático y, retirado de su territorio, perdida toda posibilidad de uso del espacio vital para la reproducción de su vida y para la actualización de su historia, -que implica la reproducción de sus compromisos culturales-, pierde también  su vitalidad y su capacidad de reinventarse más maneras de vivir.

Y finalmente, el proceso colonizador de frentes pioneros, ligado a las nuevas plantaciones de coca y a su procesamiento, no sucede en territorios vacíos ni en praderas ganaderas o tierras de cultivo, sino en territorios indígenas amazónicos, espacios localizados de alta vulnerabilidad. Los frentes pioneros normalmente desprovistos de medios propios, abren el territorio a otros intereses que vienen detrás, como los madereros, comerciantes y petroleros, poseedores de recursos y medios, especuladores y acaparadores de tierras. La sindicalización de comunidades indígenas enteras, cuya vida transcurría como cazadores, pueblos ribereños o pescadores, ocupando un amplio espacio territorial sin modificarlo sustancialmente, convierte a esos pobladores amazónicos en poseedores de parcelas individuales. Esto significa la muerte cultural lenta, por la imposibilidad del uso de su espacio territorial, de sus relaciones interétnicas, de su intercambio y dinámica cultural, de sus propios mestizajes.

Sus sociedades, forzadas a la penetración de colonizadores con una lógica económica de acumulación, ligada al mercado legal o ilegal, serán desparecidas convirtiendo a pueblos enteros, en asalariados rurales, despojados de los medios que les permitían reproducir su vida y sus compromisos culturales en un territorio colectivo.

Petroleras en el TIPNIS: financiarización de la economía?

Las crisis históricas del capitalismo no son sino rupturas definidas por los parámetros tradicionales: decrecimiento del volumen de exportaciones, decrecimiento del PIB, interrupción del ciclo del capital. Las crisis producen algunos cambios en las relaciones de fuerza, como la acumulación de reservas por algunos países, pero hasta ahora, no han modificado la lógica global de aceleramiento del consumo para acelerar el flujo de producción, la polarización del ingreso, de la riqueza y de la pobreza.

En la etapa actual de crisis ambiental, hay un reordenamiento de los roles productivos de los territorios, los países de América Latina, sean “progresistas” o no, han entrado a asimilar su rol. Esta conquista de nuevos territorios conlleva a la vez el desplazamiento de la violencia hacia los territorios del sur porque capital necesita conquistar mercados para exportar capital.  Para ello se están generando productos financieros artificiales o de especulación financiera. Esto significa que hay creación de dinero sin crear riqueza, lo que se llama la financiarización de la economía o la desvalorización de la base material. Como esto no es sostenible en el tiempo, demanda un saqueo mas acelerado.

Por ello vemos a empresas petroleras, mineras y otras, en la fila para obtener concesiones o contratos por 30 0 40 años, que luego mantienen a como de lugar, con es el caso de Río Hondo de Petrobras y Tuichi de Repsol. Estas empresas tenían concesiones para exploración obtenidas en gobiernos anteriores en Pilon Lajas, Madidi y Tipnis, los mismos que fueron convertidos a pesar de haberse acogido a  la “claúsula de fuerza mayor”. Por esta cláusula, ambas empresas alegaron que no habían podido cumplir  con el contrato por la sobreposición con áreas protegidas, aunque  más que eso, lo que les hizo desistir fue la movilización local contra las actividades petroleras en territorios con una intensa actividad ecoturística. Estos contratos les servirán para la especulación financiera y además son transables.

Capitalismo andino y territorios indígenas

Los territorios indígenas, despreciados por algunos marxistas ortodoxos por ser espacios precapitalistas ¿tendrán entonces que ser asimilados al modo de producción imperante, sus pobladores convertidos en peones agrícolas y sus tierras tomadas por el capital legal o ilegal, para que a futuro puedan ser liberados por la revolución socialista? ¿Es esta la misión del gobierno del capitalismo andino? Evidentemente esto tiene un nombre: etnocidio. Esto es la condena a muerte y la  desaparición precisamente de la riqueza cultural de los pueblos indígenas con todo su bagaje de conocimientos, -quizá fuente de soluciones por descubrir para la humanidad-, incluyendo soluciones médicas y tecnológicas.

Lo más detestable de esta confrontación son las acciones para enfrentar pobres contra pobres: cocaleros sin tierra, buscando una oportunidad de trabajo en un Estado que no ha generado fuentes de empleo  dignas, invadiendo territorios indígenas para establecer cultivos ilegales, cuya manifestación extrema fue la contramarcha del CONISUR, empujada desde el gobierno del presidente Morales. La legalización de este accionar ocurre desde el momento que se pretende ignorar las diferencias entre indígenas y colonos, cuyas distancias culturales y de visión productiva hace que los primeros sean realmente vulnerables a procesos de deculturización, transculturización y etnocidio.

Como complemento o consecuencia de este proceder, resurge un racismo anticocalero, azuzado por diversos oportunistas (derecha y otros) que intentan aprovechar la ocasión. Dicho racismo, como la confrontación de pobres contra pobres, es la expresión de la dinámica básica del capitalismo que polariza la sociedad, para garantizar el control del poder.

Es absolutamente inaceptable que el proceso de cambio, generado por las luchas sociales en el país, sea uno mas de los procesos etnocidas de la historia boliviana, tal vez el último. Es claro también que en esos territorios con economía precapitalista puede estar el germen de las nuevas formas de vida y de sociedad, porque las culturas son dinámicas y los procesos de movilidad, mestizaje e interculturalidad son permanentes y porque su existencia nos recuerda la historia del genocidio cometido para imponer una modernidad que no hace feliz ni a los dignos representantes de las  sociedades modernas cuyas enfermedades sociales y físicas no deberíamos querer transmitir.

Resulta evidente que todas las acciones de protección a los pueblos indígenas y sus territorios de las agresiones del capitalismo salvaje o encubierto quedan insuficientes. Ellos son quizás el otro mundo posible, el germen de la nueva sociedad, de la utopía socialista de Mariátegui.

 

Referencias:

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Fernando Salazar Ortuño. 2008. De la coca al poder: políticas públicas de sustitución de la economía de la coca y pobreza en Bolivia, 1975-2004 . – 1a ed. – Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, 2008. (CLACSO-CROP)

Shirley Orozco, Álvaro García Linera, Pablo Stefanoni,  2006.” No somos juguete de nadie…”. Análisis de la relación de movimientos sociales, recursos naturales, Estado y descentralización. NCCR Norte Sur-COSUDE. Cochabamba.

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