Diputados indígenas y representantes de la IX Marcha solicitaron una audiencia con Insulza en el marco de la 42 Asamblea General de la OEA que se celebra del 3 al 5 de junio en Cochabamba, con el fin de informarle sobre las reiteradas agresiones del gobierno de Morales a los pueblos indígenas. La OEA aceptó el pedido y programó un encuentro para las 6 de la tarde del sábado, pero por imponderables de la brigada indígena la cita se pospuso un día.

Este domingo, cuando la vicepresidenta de CIDOB Nelly Romero se dirigía a la reunión fue detenida por la Policía en el puente de Tiquipaya. “No nos dejan pasar aunque les hemos explicado que tenemos cita con representantes de la OEA; por eso queremos denunciar públicamente que nuevamente los pueblos indígenas estamos siendo amedrentados y atropellados en nuestros derechos, como lo hicieron en Chaparina”, denunció Romero.

Gracias a las gestiones del embajador de Bolivia ante la OEA Diego Pari, finalmente 10 representantes indígenas se reunieron con Insulza en el Hotel Regina de Tiquipaya, y le informaron porqué rechazan la construcción de una carretera por medio del TIPNIS, porqué se oponen a la ilegal consulta convocada por Ley 222, y porqué acusan al gobierno boliviano de vulnerar sistemáticamente los derechos humanos e indígenas reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.

El secretario general de la OEA recibió información detallada sobre la violenta intervención policial de la VIII marcha en defensa del TIPNIS en Chaparina el año pasado. “Hemos explicado sobre lo sucedido, la perdida de la libertad de expresión y hemos advertido que se están violando los derechos humanos y los derechos indígenas. La democracia está en peligro en Bolivia, y si la OEA no interviene será corresponsable”, advirtió el presidente de la CIDOB Adolfo Chávez.

Según el ex mallku y líder de CONAMAQ Rafael Quispe, “hemos hablado sobre la impunidad que existe en la investigación judicial y la violación de nuestros derechos humanos; y si hay otro hecho como Chaparina, el señor Insulza y la OEA serían corresponsables y cómplices de ello”.

“No me sentiré tranquilo mientras no cese la violación a los derechos humanos en Bolivia, y eso le fue informado al señor Insulza”, agregó el presidente de la Subcentral del TIPNIS Fernando Vargas. Quispe no descartó que se presenten quejas formales ante otros tribunales internacionales de justicia.

También “hemos dado a conocer que la consulta previa que pretende realizar el gobierno es ilegal desde que pretende borrar una Ley que protege el TIPNIS que el mismo Presidente Evo Morales promulgó gracias a la VIII marcha”, dijo el ex presidente de la Subcentral TIPNIS Adolfo Moye.

El diputado Pedro Nuny instó al secretario general de la OEA a que conmine al gobierno boliviano a cumplir los derechos de los pueblos indígenas, “que se detenga la militarización del TIPNIS; que se deje de dar dádivas a los hermanos indígenas para que cambien su modo de pensar y respondan a los intereses del gobierno; y que el gobierno detenga la división de las organizaciones indígenas para conseguir sus propósitos. Queremos una consulta que sea de buena fe, libre, previa…”.

Por otro lado, Adolfo Moye informó de manera detallada a Insulza sobre los riesgos e impactos de la construcción de una carretera por medio del territorio indígena Chimán, Mojeño, Trinitario y Yurakaré. Explicó que esa vía facilitará el avasallamiento de la TCO por parte de los colonizadores asentados en el polígono 7 del Isiboro Sécure.

“Le hemos dicho (a Insulza) que nosotros jamás hemos estado en contra de la carretera, no estamos en contra de la unión entre Beni y Cochabamba. Lo que pedimos es que esa unión no se haga destruyendo territorios indígenas, el hábitat de tres pueblos indígenas. O si se va a hacer así, no estamos en un Estado Plurinacional”, recalcó Fernando Vargas.

Moye informó a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol que los delegados indígenas “hemos explicado al secretario general a través de mapas y gráficos de que hay opciones por dónde construir la carretera sin afectar la integridad del TIPNIS, lo que ha sido muy importante para que el secretario general evalué”.

“Conocer las propuestas ha sido importante para que el secretario general haga conocer un criterio personal. (Él dijo): ‘entonces, lo que se tiene que hacer con el gobierno es que entienda y vamos a conversar con el gobierno para así de esa forma aclaremos que no están en contra de la carretera y que lo que ustedes quieren es que se construya, pero desviando el TIPNIS; y que nos parece excelente su planteamiento’”, contó Moye a Erbol.

El Secretario General de la OEA pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) que investigue el caso Chaparina para que no quede impune, y solicitará un informe al gobierno boliviano sobre la brutal represión ocurrida el 25 de septiembre de 2011.

El diputado Nuny pidió a Insulza “que se identifique a los responsables de la cruel represión de Chaparina”; Rafael Quispe recalcó que “como secretario general de la OEA, debe ser garante de los derechos. Si el gobierno nacional nos hace otro Chaparina, si se siguen vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, será corresponsable el secretario general”.

En ese contexto, el jefe de la OEA se comprometió a gestionar el diálogo con el Presidente Morales. “Insulza nos dijo que va a viabilizar el diálogo de nosotros con el gobierno; él está consciente de la vulneración de derechos que sufrimos en Bolivia”, aseguró Quispe.

El secretario general también se reunió con el bando contrario y escuchó las versiones de los ministros de la Presidencia y de Gobierno Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, respectivamente, y del dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur) Gumercindo Pradel.

Según Pradel, Insulza apoyaría la consulta que organiza el gobierno, contra la voluntad de los originarios del TIPNIS, para definir si se construye o no la carretera por medio del territorio indígena y parque nacional Isiboro Sécure.

Con información ABI, EFE y Erbol.