El Código Forestal vigente en Brasil desde 1965 limita el uso agrícola de tierras y obliga a los terratenientes a mantener bosques intactos. El país tiene 5,3 millones de kilómetros cuadrados de selvas, de los cuales 1,7 millones de kilómetros cuadrados están protegidos.

La reforma forestal fue impulsada por el poderoso empresariado agroindustrial brasilero, desesperado de ampliar la frontera agrícola, en un momento en el que Brasil funge como el principal agroexportador del mundo, con ventas récord de 80 mil millones de dólares en el último año.

La deforestación amazónica llegó a 700 mil hectáreas entre 2009 y 2010, la menor desde que se comenzó a medir en 1988; pero entre agosto de 2010 y abril de 2011 la tala aumentó 27% respecto del mismo período del año anterior, sobre todo en el estado de Mato Grosso. El fenómeno fue atribuido a la expectativa de que se apruebe la amnistía, ya que en Mato Grosso las ganancias por el cultivo de soya aumentaron casi 100% en el período mencionado.

Hace un año la Cámara de Diputados de Brasil aprobó por 410 votos a favor, 63 en contra y una abstención el Código Forestal, cuyo tratamiento había sido aplazado en tres ocasiones en las últimas dos semanas por falta de consenso. El relator de la iniciativa legal Aldo Rebelo aseguró que no había motivos para continuar postergando la votación, aunque 10 ex ministros de Medio Ambiente solicitaron aplazar la sanción de la norma, al considerar que lejos de evitar la desaparición de bosques, fomentará la deforestación.

Brasil no puede ser el único país que apruebe una legislación que debilita el sistema de conservación de los bosques; lo que nos une es el esfuerzo de impedir que la armazón de protección de las biomasas sea desmantelada, bien por acomodamiento o conveniencia; “no queremos que acepten la motosierra en el Código Forestal”, explicó el ex ministro de Medio Ambiente Carlos Minc, uno de los firmantes de la carta. La ex ministra Marina Silva advirtió que sólo la expectativa de la votación y aprobación de la iniciativa legal ya elevó en un 40% la deforestación en el último mes.

Pese a las objeciones, en abril de 2012 el Congreso de Brasil aprobó la ley forestal abiertamente pro empresarial que fomenta la devastación de la Amazonía y sienta un nefasto precedente para la normativa agraria y forestal de otros países de la región.

Entre muchas aberraciones jurídicas, el proyecto de ley da vía libre a madereros y agroindustriales para talar la Amazonía, y declara una amnistía a favor de quienes depredaron bosques en zonas de preservación y en riberas de ríos y embalses. Se conoce que al menos 15 legisladores se beneficiarán directamente con la amnistía porque son hacendados que deben millonarias multas ambientales.

La Confederación Agropecuaria de Brasil (CAN) celebró en grande la aprobación del código forestal en el Congreso: “Esta noche venció la legalidad (…) Los productores rurales brasileños dormiremos confiados en que la ley nos protege, no nos persigue… Los valores ambientales serán respetados y habrá reglas para el uso y manejo de la tierra, el cual genera riqueza y contribuyen para el desarrollo nacional…”.

Varias organizaciones ecologistas pidieron a la presidenta brasilera que rechace la legislación que alienta la deforestación en nombre del “desarrollo” económico, y que solo beneficia a los grandes empresarios, sobre todo a los terratenientes que son los principales acusados de avasallar tierras y de masacrar a indígenas y campesinos.

El informe Conflictos en el Campo 2011 elaborado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de la iglesia Católica de Brasil revela que la región amazónica fue escenario de la mayor cantidad de los asesinatos, amenazas de muerte y conflictos ligados a la lucha por la tierra, en su mayoría atribuidos a sicarios contratados por terratenientes.

Según el organismo católico, en 2011 se registraron 29 asesinatos de activistas y defensores de la tierra; 38 intentos de asesinato; 349 amenazados de muerte; 89 trabajadores rurales presos y 215 agredidos, mientras otros 49 murieron en enfrentamientos en el campo. El 79,3% de los asesinatos, 85% de las amenazas y 69% de los conflictos por la tierra se registraron en la Amazonia. El estado de Pará fue escenario de 12 de los 29 asesinatos. (1)

El informe de la CPT registra 1.363 conflictos por la tierra en 2011, incluyendo invasiones de pequeños predios, expulsiones y destrucción de bienes de campesinos. Gran parte de las víctimas son indígenas y comunidades de descendientes de esclavos conocidos como quilombolas que luchan por el reconocimiento de sus tierras ancestrales.

La CPT estableció una relación entre la expansión del agronegocio, la minería y proyectos de desarrollo auspiciados por el gobierno, incluyendo carreteras y represas hidroeléctricas. “Hay una lucha declarada que se expresa en los números de la violencia contra los que son considerados obstáculo para el desarrollo y el progreso, porque sus proyectos se contraponen a los modelos de desarrollo imperante… indígenas, quilombolas y personas de otras comunidades tradicionales no encajan dentro de los parámetros de desarrollo capitalista y deben dejar el camino libre a los ‘promotores del progreso’ y los grandes inversionistas”.

En ese contexto, Dilma soporta una descomunal presión por doble partida. Por un lado, el lobby agroindustrial que financió su campaña le exige que convalide el código forestal pro latifundista, y por otro lado ocho de cada 10 brasileros le exigen que rechace la norma.

Además, la presidenta teme pasar vergüenzas en la próxima conferencia Rio+20, consciente de que no puede dar luz verde a la depredación de la Amazonía y al mismo tiempo fungir como anfitriona de la principal cumbre mundial sobre medio ambiente.

Así, Rousseff se ha visto obligada a vetar los articulados más controversiales del código forestal y a revisar otros referidos a la consolidación de actividades rurales. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente revelaron que la presidenta no concuerda con la posibilidad de amnistiar a los deforestadores ilegales y no permitirá la eliminación de la obligación de conservar la reserva legal y de recomponer las áreas de preservación permanente.

Nota:

1. La escalada de crímenes se agudizó luego de la muerte de José Claudio Ribeiro da Silva y de su esposa María do Espírito Santo da Silva el 24 de mayo de 2011, quienes comandaban una comunidad de extracción de castaña y luchaban contra empresas madereras dedicadas a la tala de árboles en la región de Nova Ipixuna, estado de Pará. Cuatro días después, el 28 de mayo, la policía encontró el cuerpo acribillado del líder Eremilton Pereira dos Santos. Por otro lado, el líder del Movimiento Campesino Corumbiara Adelino Ramos fue asesinado el 27 de mayo en la localidad de Vista Alegre do Abuná, estado de Rondonia. El asesino confeso Ozéas Vicente Machado manejaba tres camiones “tronqueros” incautados días antes por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama), tras denuncias reiteradas del activista Ramos.

El gobierno brasilero no tuvo otra alternativa que declarar “zona roja” a la Amazonia por los asesinatos en serie ordenados por madereros, quienes habían elaborado una “lista negra” con un centenar de potenciales víctimas de los sicarios. “Nuestro objetivo es (proteger) a las personas marcadas para morir”, declaró entonces el secretario general de la Presidencia Gilberto Carvalho.