El agua está mal distribuida. La contaminación del agua crece. Las fuentes de agua se destruyen cada vez más. Y el problema es aún mayor si constatamos que el gobierno del presidente Rafael Correa no cumple con los mandatos constitucionales, orientados a enfrentar estos retos.

El agua, un negocio para pocos y un problema para muchos

El consumo de agua -y por cierto la contaminación de la misma- ha crecido por el aumento de la población en las últimas décadas y también por el incremento de actividades productivas excesivamente demandantes del líquido vital. En el ámbito agropecuario, por ejemplo, se concentra el uso del agua cada vez más en monocultivos orientados al mercado externo, mientras que la producción de alimentos para consumo nacional se ha debilitado.

La población campesina, indígena y no indígena, muchas veces con sistemas comunales de riego, representa el 86% de los usuarios del agua de riego. Sin embargo, este grupo apenas accede al 13% del caudal. Mientras que los grandes consumidores, que no representan el 1% de las unidades productivas agrícolas, concentran el 67% del agua.

A esto se suma el elevado acaparamiento de la tierra en pocas manos, con un índice de Gini del 0,81. Las cifras son contundentes: 616 familias controlan 3,5 millones de hectáreas; 712.000 familias tienen una superficie de 2,4 millones de hectáreas. El 0,001% (una de cada mil) de las unidades productivas en el campo son mayores a 640 hectáreas, pero concentran el 13% de la tierra en producción; mientras que el 70% (setenta de cada cien) unidades productivas acceden al 6% del total de la tierra en producción, con superficies inferiores a 5 hectáreas.

 Sobre esta concentración de la tierra y del agua se asienta la perversa inequidad social, base del poder político oligárquico. Por lo tanto, un proceso revolucionario en serio debe plantearse la realización de la reforma agraria y la redistribución del agua como parte de una revolución agraria, que tiene que inspirarse en la construcción de la soberanía alimentaria, tal como manda la Constitución de Montecristi.

La contaminación ha llegado al extremo de afectar a las 72 cuencas hidrográficas. La pérdida de los páramos y la deforestación creciente explican esta compleja realidad. Es más que preocupante el proceso de azolvamiento de los ríos en la Costa sobre todo por efecto de la erosión permanente en la Sierra y sus estribaciones; aquí tenemos otra explicación de las reiteradas inundaciones en el litoral ecuatoriano.

Igualmente no se han resuelto los graves problemas derivados del manejo contaminante del agua provocados por la urbanización desbocada, por diversas actividades industriales contaminantes y descontroladas, por la actividad petrolera, entre muchas otras fuentes del problema. Ahora que se avizora la megaminería, que incrementará con creces la presión contaminante sobre el agua, es bueno recordar que la minería existente, particularmente artesanal y de subsistencia, provoca severas afectaciones sobre el agua y el ambiente.

El agua, entre la vida y el mercado

Por las razones expuestas, uno de los puntos en que más se avanzó en la Asamblea Constituyente de Montecristi fue aquél relativo al tratamiento del agua y los recursos hídricos. De hecho, los logros en ese campo llevaron a que muchas personas se decidieran a votar por la nueva Constitución en el referéndum en el que pueblo ecuatoriano la aprobó por amplia mayoría.

El asunto no fue fácil. Varios actores, dentro y fuera de Montecristi, defendían claros beneficios particulares. Esos intereses fueron sostenidos en la Asamblea Constituyente inclusive por un par de asambleístas oficialistas y algún alto funcionario del gobierno. Para conseguir vencer estas posiciones privatizadoras se contó con una gran participación y movilización de la sociedad. La presencia y el aporte de varias organizaciones sociales fueron decisivos.

A la postre, la Constitución estableció que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, que el agua es un bien nacional estratégico de uso público, que el agua es un patrimonio de la sociedad y que el agua es un componente fundamental de la Naturaleza, la misma que tiene derechos propios a existir y mantener sus ciclos vitales.

Las disposiciones constitucionales son claras. Debe haber muy pocas constituciones en el mundo en las que se ha explicitado tanto y tan detalladamente el manejo del agua. Este es un reconocimiento de la importancia que tiene el agua para la vida de todos los seres. Sin agua no hay vida, así de simple.

Por esa misma razón se priorizaron los usos del agua, en el siguiente orden: (1) para el ser humano, (2) para la alimentación (soberanía alimentaria), (3) para asegurar el ciclo vital del agua mismo y (4) para el uso productivo. La Constitución de Montecristi no se circunscribió exclusivamente en impedir la futura privatización del agua, sino que fue explícita al ordenar la “desprivatización” (léase redistribución) del agua, incluyendo la redistribución de la tierra.

El agua como derecho no cumplido

Sin embargo, a pesar de que la mayoría del pueblo ecuatoriano aprobó la Constitución, el gobierno no ejecuta los mandatos constitucionales. Recuérdese que la Constitución en la disposición transitoria vigésimo séptima ordena la redistribución del agua para riego a favor de los campesinos. Para hacerlo dio un plazo de dos años que fueron superados hace rato.

Lo más grave es que la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) ha abierto un proceso para legalizar el uso del agua que se venía haciendo al margen de la ley. Tampoco la Asamblea Nacional expide la Ley de aguas que debía estar lista en el plazo de un año, según mandato constitucional. Además, para mencionar otro ejemplo de los incumplimientos, Interagua, la empresa que privatizó el servicio de agua en Guayaquil en la época neoliberal, gracias a sus padrinos en la cúpula gubernamental, que ya actuaron en la Asamblea Constituyente, mantiene inalterada la concesión en contra del mandato constitucional.

De plano el gobierno no demuestra interés en respetar la disposición constitucional del artículo 281: “Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos”. El presidente Correa considera que “la pequeña propiedad rural va en contra de la eficiencia productiva y de la reducción de la pobreza… repartir una propiedad grande en muchas pequeñas es repartir pobreza” (1 de octubre del año 2011).

En síntesis, los miles de sistemas comunitarios de agua para consumo doméstico y los campesinos sin tierra siguen abandonados, pese a que representan más de un tercio de la población. La alianza público comunitaria prevista en la Constitución, no es parte de la agenda oficial, pese a que sería un medio potente para que los campesinos tengan acceso tanto al agua como a la tierra para hacer realidad la soberanía alimentaria. Esta misma alianza podría asegurar agua de calidad a muchísimos habitantes de las ciudades que no disponen de este servicio público.

Lo que sí se puede rescatar es el eco internacional que han tenido estos mandatos constituyentes, irrespetados en Ecuador. La Asamblea General de las Naciones Unidas en julio del 2010 también declaró el acceso al agua potable como un derecho humano.

El agua, frente a amenazas de gran escala

Ahora, cuando se impulsa la minería a gran escala, las amenazas que se ciernen sobre el agua crecerán de manera vertiginosa. Si fuera verdad que la minería no contamina el agua, como afirma el lobby minero gubernamental-transnacional, se debería poder presentar ejemplos de proyectos mineros similares a los propuestos en Ecuador, en donde el agua no ha sido contaminada; se entiende proyectos en regiones con similares condiciones climáticas, hidrológicas, geológicas y mineralógicas. Eso es imposible. La realidad lo demuestra. No hay como evitar la contaminación masiva de las aguas de superficie y subterráneas alrededor de sitios mineros.

En el mundo, no existe una mina industrial que no haya implicado contaminaciones del agua por productos tóxicos (por ejemplo metales pesados) o mediante el fenómeno conocido como drenaje ácido de mina, que ocurre cuando las aguas de lluvia entran en contacto con minerales sulfurosos contenidos naturalmente en las rocas extraídas.

En efecto, existe un alto riesgo de que las reacciones químicas producidas por el contacto entre la lluvia y la roca excavada provoquen una acidificación inusual de las aguas que corren sobre estas rocas. Las aguas contaminadas fluyen a los ríos y corrientes subterráneas, acidificándolas. Esta contaminación puede ser catastrófica para la fauna y la flora acuáticas. Este drenaje ácido de roca acelera a su vez la disolución en las aguas de los metales pesados extraídos del subsuelo (como el arsénico, plomo, cadmio, mercurio) en general presentes en cantidad no desdeñables en las rocas removidas por la actividad minera. Estos tipos de contaminación son particularmente devastadores para el agua y pueden destruir los ecosistemas acuáticos durante cientos, e incluso miles de años.

En el caso de la utilización de productos tóxicos, si bien la nueva tecnología permitiría recuperar un alto porcentaje de los productos contaminantes, los residuos desechados al medio ambiente, especialmente a los cursos de agua, generarán enormes problemas que podrían durar décadas sino cientos de años. En el proyecto Fruta del Norte (Cordillera del Cóndor), según datos de la empresa, de las 90.000 toneladas de cianuro que se utilizarían, se recuperaría un 98,2%; el 1,2% equivaldría a 180 toneladas que podrían ser letales; téngase presente que basta 1 gramo de cianuro para matar a 30 personas.

Cabe señalar que los grandes yacimientos identificados en el Ecuador están particularmente expuestos al riesgo de drenaje ácido de roca, puesto que son en su mayoría depósitos altamente sulfurosos. Además, las contaminaciones del agua serán mucho más graves en áreas geográficas caracterizadas por altas precipitaciones y normalmente ricas en biodiversidad. Para completar este preocupante escenario, considérese que el 12,5% de las zonas de páramo –fuente de agua por excelencia- ya está concesionado.

En resumen, la actividad megaminera, acompañada de grandes obras de infraestructura, provoca contaminación de diversa naturaleza y a gran escala en el agua, los suelos y el aire, agudizando la deforestación y marcando profundamente el paisaje. Para obtener una tonelada de cobre, se extraen entre 300 y 600 toneladas de desechos, muchos de ellos tóxicos, demandando entre 30 y 500 mil litros de agua, dependiendo del yacimiento. Para obtener una onza de oro, se requiere entre 20 y 60 toneladas de desechos y se consume un promedio de 20 a 25 mil litros de agua.

En síntesis, la lucha continúa

El agua en América Latina, no solo en Ecuador, está amenazada por procesos violentos de expropiación y privatización, en función de las demandas del capital transnacional, con la complicidad tanto de gobiernos neoliberales como progresistas. Son estas demandas del capital las que provocan endiablados ritmos de explotación económica y las que explican la creciente contaminación. En consecuencia, a la par que las empresas transnacionales, sobre todo chinas, recorren América del Sur hambrientas de minerales, aumentan también las protestas populares para enfrentar el galopante extractivismo que pone en riesgo el agua y la vida misma, una muestra de ellos fue la exitosa Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de marzo pasado en Ecuador.

* El autor es economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Fue ministro de Energía y Minas, enero-junio 2007, y presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta octubre 2007-julio 2008.

«