El propósito de este trabajo es presentar los aspectos más relevantes de la explicación neoinstitucionalista del desarrollo económico y sus críticas. A tal fin, se da cuenta de las principales argumentaciones de la “Nueva economía política del desarrollo” y de la “Economía política de la colonización”. A continuación se exponen las reflexiones de analistas vinculados a los estudios poscoloniales, que ponen en duda la validez de los esquemas de análisis político que subyacen a las interpretaciones del conflicto en el África poscolonial, y las realizadas por los teóricos latinoamericanos ligadas al rechazo a la occidentalización. El estudio finaliza con unas reflexiones críticas sobre la reconstruc­ción histórica del proceso de desarrollo realizada por la economía ortodoxa y su excesivo énfasis en la relación entre instituciones y desarrollo.

Introducción

El pensamiento neoinstitucionalista se propone despejar la incógnita del desa­rrollo enfatizando en la sólida vinculación entre marco institucional y crecimien­to. La “Economía política del desarrollo”, vinculada al neoinstitucionalismo de “Elección racional”, hace hincapié en los aspectos políticos del desarrollo. Con el apoyo de “narrativas” sobre el nacimiento y evolución del mundo occidental, explica la aparición del Estado-nación moderno analizando el papel de la violencia como fuente de prosperidad (bienestar) y de calidad institucional, en función de su provisión pública o privada. Partiendo de un paralelismo entre el mundo subdesarrollado y la sociedad insegura de Hobbes, donde el control de la violencia es privado, se centra en las causas que han impedido que los países contemporáneos del Tercer Mundo hayan seguido las pautas de desarrollo de los Estados modernos.

El enfoque neoinstitucional se ha extendido al estudio de la colonización siguiendo dos líneas: la “Economía política de la conquista” y la “Economía política del fracaso económico”. La primera sostiene que las modalidades de co­lonización determinaron diferentes instituciones políticas, económicas y sociales y éstas explicarían las divergencias de tasas de crecimiento. La segunda, que la abundancia de población indígena y de metales preciosos explican la aparición de un alto grado de desigualdad económica y política que habría constituido una rémora decisiva para el desarrollo económico.

El propósito de este trabajo es presentar los aspectos más relevantes de esta “nueva ortodoxia” en materia de desarrollo económico. A tal fin, se da cuenta de las principales argumentaciones de la “Nueva economía política del desa­rrollo” y de la “Economía política de la colonización”.

También se exponen las principales críticas a las explicaciones neoinstitucionalistas: las contenidas en los estudios poscoloniales, que ponen en duda la validez de los esquemas de análisis político que subyacen a las interpretaciones del conflicto en el África poscolonial, y las realizadas por los teóricos latinoamericanos, ligadas al rechazo a la occidentalización. El estudio finaliza con unas reflexiones críticas sobre la reconstrucción histórica del proceso de desarrollo realizada por la economía ortodoxa y su excesivo énfasis en la relación entre instituciones y desarrollo.

Economía política del desarrollo y economía política de la colonización

El acercamiento del neoinstitucionalismo al desarrollo se realiza enfatizando en la sólida vinculación entre crecimiento e instituciones. La “Nueva economía política del desarrollo” parte de los estudios relativos al nacimiento y evolución del mundo occidental para proyectar la experiencia europea a otros ámbitos, e investigar por qué en los Estados del Tercer Mundo no se dio la “paradoja” de la formación del Estado europeo de la que escribiera Tilly (1992). Más reciente­mente, el enfoque neoinstitucional se ha extendido al estudio de la colonización y de la persistencia de las instituciones recibidas de esa época, asumiendo que la evolución institucional es path-dependent (Shirley, 2005; Lavezzolo, 2008).

El análisis neoinstitucional incorpora la teoría económica al estudio de la aparición del Estado-nación moderno y vincula el desarrollo económico de Europa occidental entre 1500-1800 a la presencia o ausencia de “buenas insti­tuciones”. La narrativa sobre el desarrollo económico-político de las sociedades occidentales se inicia en el momento en que el comercio y la industria traspasan las fronteras del señorío y de la ciudad, y los creadores de dicha riqueza asumen que los costos privados de protección podían reducirse si los asumiera una au­toridad colectiva. El tema se plantea en términos de “equilibrio”, en el que las instituciones son el precio y el resultado de la negociación entre la autoridad y la población por los medios necesarios para la actividad estatal; y el tipo de Estado depende del poder de negociación del monarca para intercambiar con los cuer­pos representativos derechos y privilegios a cambio de ingresos. Así, los súbditos intentarán obtener el poder “constitucional” de fijar el precio de la protección (los impuestos), y el soberano, monopolizar el poder para lograr mayores ingre­sos. Las guerras constantes con otros Estados en formación y las crisis fiscales desempeñaron un papel central en los cambios económicos y políticos (North, 2000, 2007; North y Thomas, 1990; North et al., 2002).

La “Economía política del desarrollo”, ligada al neoinstitucionalismo de “Elección racional”, asume esta metodología e investiga el papel de la violencia como fuente de prosperidad (bienestar), en función de su provisión pública o privada, y la influencia de los gobiernos depredadores sobre el desarrollo (Olson, 1993; Bates, 2004). Se argumenta que en Europa occidental la violencia con­tribuyó a la formación del Estado moderno, y que la institucionalización del poder se manifestó en la paulatina adquisición del monopolio de los medios de la violencia. Tesis que remite al Leviatán evocado por Hobbes para superar el laberinto del “Estado natural”, y que entronca con la concepción weberiana del Estado como solución eficiente, pero que exige el monopolio de la coerción y la violencia.

También es deudora de la concepción del Estado como comunidad de de­fensa y financiera de Schumpeter y Goldscheid, y de la idea de que la causa in­mediata de la creación del Estado moderno fue la necesidad financiera originada por los crecientes gastos militares y su satisfacción mediante impuestos (López y Lizárraga, 2006; López Castellano, 2007a, 2010; Prats, 2007). Para investigar el proceso de configuración de los “Estados modernos” se parte de la idea de que la inseguridad militar frente al exterior y la necesidad de recursos públicos para financiar la defensa posibilitaron la creación de instituciones políticas “li­berales”. Esto significa que los conflictos bélicos entre Estados y su preparación afectaron a la formación del Estado y a su estructura organizativa. La guerra tejió la red europea de Estados nacionales y las organizaciones estatales –tesorerías, cortes, administración, burocracias– surgieron como productos secundarios de la obtención de los recursos para financiarla (Tilly, 1992; Levi, 2006).

Para financiar las guerras, la Corona, monopolista de la violencia e impelida por el imperativo de los ingresos, se vio obligada a ampliar las bases imponibles. Con la extensión de la base imponible de los “bienes inmuebles” a los “bienes muebles”, se hacía más difícil su control y más fácil la elusión del pago. La coope­ración de los propietarios de activos privados era imprescindible y ésta se logró mediante la creación de cauces institucionales para lograr acuerdos. Dicho de otra forma, la Corona optó por “seducirlos” y se levantaron cauces institucionales para lograr acuerdos. El mercantilismo, de seguir esta línea metodológica, sería una suerte de estrategia de la “seducción” para acceder a las nuevas fuentes de riqueza como fórmula más efectiva que la depredación, y las instituciones la vía para llevarla a cabo. A tal fin, se adoptaron medidas destinadas a fomentar la eco­nomía urbana, se limitó la importación de bienes acabados mediante aranceles y contingentes, y se redujo la exportación de materias primas. Desde esta óptica, la cesión a los gobernados del derecho a gobernarse a cambio del pago de im­puestos, se concibe como una inversión política rentable para el soberano porque se cedía poder al ciudadano para formar organizaciones económicas capaces de promover el crecimiento de la economía urbana y, por tanto, la base de ingresos del reino. A la postre, el imperativo económico –la necesidad de recursos y la ne­cesidad de obtenerlos dentro del reino– se convertía en un imperativo político y configuró las instituciones de gobierno. Estas formas parlamentarias de gobierno incentivaban a fomentar la riqueza porque el poder se empleaba para garantizar a los propietarios del capital que el fruto de su inversión y, con ésta, el aumento de la riqueza nacional, no sería objeto de depredación por los controladores de los instrumentos de coerción (Jones, 1997; Bates, 2004: 50-55 y 77).

Asumiendo la existencia de diferencias, pero también de similitudes entre la Inglaterra del siglo xvii y muchas partes del mundo actualmente inmersas en la anarquía hobbesiana (Levi, 2006; Tilly, 1992), se analizan los motivos que han impedido que los países contemporáneos del Tercer Mundo hayan repetido las pautas de desarrollo de los Estados modernos y accedido al progreso. En este sentido, se arguye que los países independizados a mediados del siglo xx, pese a seguir una política mercantilista similar a los países europeos, se encontraron con un sistema internacional caracterizado por la guerra fría y la ayuda externa, que conformó un empleo distinto de la violencia. Esto es, faltaron las dos con­diciones que habían posibilitado un orden político favorecedor del crecimiento y que configuraron a los Estados modernos: el imperativo militar –su procla­mación como naciones soberanas redujo las posibilidades de conflicto bélico– y el imperativo económico –la abundante fuente de financiación que supuso la ayuda externa redujo los incentivos para crear riqueza. Esta doble razón derivó en una relación distinta entre las élites políticas y la ciudadanía, y mermó los incentivos para crear instituciones “liberales” (Bates, 2004: 77-81). En definiti­va, la prosperidad se da cuando los individuos eligen la actividad productiva en lugar de la depredadora (Olson, 1993), y cuando existe un orden político en el que el Estado utiliza su poder coactivo para salvaguardar los derechos de pro­piedad y promover la creación de riqueza en lugar de depredarla (Bates, 2004).

La explicación neoinstitucionalista en el terreno de la colonización se des­envuelve en dos líneas que Coastworth (2008: 16) ha denominado “Economía política de la conquista” y “Economía política del fracaso económico”. La “Economía política de la conquista” aduce que la factibilidad del asentamiento influyó en la estrategia de colonización, que los diversos tipos de políticas de colonización crearon diferentes grupos de instituciones (desde Estados extracti­vos que transferían recursos de la colonia al colonizador, a “nuevas europas”, o colonias de poblamiento, que desarrollaron instituciones democráticas y mer­cados). Los europeos implantaron instituciones de tipo extractivo donde no llegaron a establecerse por las insanas condiciones y donde existía abundante po­blación susceptible de explotación directa, reclutamiento o imposición abusiva. El Estado colonial y las instituciones persistieron después de la independencia, y en las colonias extractivas, las antiguas instituciones fueron ocupadas por las capas locales más beneficiadas de la fase colonial. Tales hechos explicarían la idea de la “inversión de la fortuna”: en las zonas más ricas (mayor grado de urbaniza­ción y más población) se implantaron instituciones extractivas que frenaron su posterior desarrollo; en las más pobres se crearon instituciones de mercado que lo alentaron (Acemoglu et altri, 2002, 2005).

Para la “Economía política del fracaso”, la clave de la distribución del ingreso y de las instituciones coherentes con dicho patrón distributivo es la dotación ini­cial de factores. La desigualdad de la distribución fue mayor donde se desarrolló la agricultura de plantación, con altas tasas de mano de obra esclava, o abundan­te fuerza de trabajo indígena que posibilitó el uso de medios coercitivos de reclu­tamiento y explotación. Las instituciones se pusieron al servicio de una reducida élite. Donde la población indígena era escasa y las condiciones eran más aptas para la explotación agraria familiar, se crearon instituciones más democráticas, garantes de los derechos de propiedad (Engerman & Sokoloff, 1997, 2005).

El neoinstitucionalismo, como hiciera Smith en su análisis de las colonias, compara las instituciones inglesas, más favorables a la prosperidad, con las del “gobierno violento y arbitrario” de España. Hoy, como ayer, la presencia españo­la en América sirve para ejemplificar una modalidad de colonización de efectos negativos para el desarrollo. España no supo aprovechar la fortuna de poseer una rica economía extractiva porque no fomentó el desarrollo de manufacturas ni la expansión de empresas mercantiles dentro de su imperio europeo (Anderson, 1984: 56-63). Pero su incidencia política fue más importante si cabe, puesto que la riqueza obtenida de las minas americanas sustituyó a la tributación inte­rior y evitó a los gobernantes gran parte de las negociaciones que generaron los derechos de los ciudadanos y limitaron las prerrogativas del Estado (Tilly, 1992: 147). La falta de incentivos para impulsar empresas productivas, derivada del control político de la economía y los privilegios frenó el crecimiento económico y las libertades políticas y cívicas, y causó la decadencia (North, 2007).

La “nueva ortodoxia” sobre el desarrollo y el problema del trasplante institucional

Tanto la “Economía política del desarrollo” como la “Economía política de la co­lonización” comparten la idea de la existencia de un modelo universal de institu­ciones y de políticas económicas que permite acudir a la ingeniería institucional (Przeworski, 2004), y a transferir modelos de arquitectura institucional ideali­zados de la experiencia occidental a otros países (Evans, 2004; Portes, 2007). Soslayan el papel de las instituciones informales (normas, códigos de conducta y factores culturales) en la efectividad de las instituciones formales, de capital importancia en las sociedades tradicionales (Eggertsson, 2005). Otorgan excesiva importancia a las instituciones económicas destinadas a proteger los derechos de propiedad y garantizar el cumplimiento de los contratos, en detrimento de las instituciones políticas ligadas al “buen gobierno” (Rodrik, Subramanian & Trebbi, 2002), y no aluden al factor distributivo pese a su importancia en la persistencia de instituciones disfuncionales y en los problemas de acción colecti­va (Bardhan, 2002), ni al capital humano como condicionante de la capacidad institucional y productiva de una sociedad (Glaeser et al, 2008).

La Economía política del desarrollo profundiza en el origen histórico del Estado y su evolución, a partir de un modelo racional de comportamiento in­dividual que extiende a gente del pasado (Hodgson, 2001; Jenkins, 2009), y presenta una imagen errónea de los Estados premodernos porque proyecta sobre éstos las condiciones de los siglos xix y xx (Epstein, 2009). Más anacrónica si cabe es su interpretación de la trayectoria seguida por los Estados independiza­dos a mediados del siglo xx, con un reiterativo recurso al contra fáctico de los mundos posibles (Molteni, 2006).

Las teorías del desarrollo institucional basadas en los orígenes coloniales han sido cuestionadas por su exceso de generalización de los factores históricos usa­dos y su limitado soporte empírico. Ni la historia económica de América Latina ni de otras ex colonias está presente en los trabajos. Las variables instrumentales usadas también son criticables en su calidad de medida de la causalidad institu­cional y de su papel en el crecimiento (Dobado, 2009). Tampoco la hipótesis de la “inversión de la fortuna” resiste la prueba, dada la inconsistencia de los datos usados como proxies (urbanización, densidad de población) de la prosperidad hacia 1500 (Maddison, 2002; Coatsworth, 2008; Przeworski y Curvale, 2007). Las interpretaciones subyacentes a los imaginativos modelos econométricos son tan discutibles como las ideas de instituciones “buenas” (Rubio, 2006).

Para comprender las divergencias en el crecimiento en cada momento his­tórico habría que estudiar el colonialismo en su doble dimensión: el contexto socioeconómico que encontraron los colonizadores y el desarrollo económico y político de la metrópoli. Sólo en el marco de la evolución social, económica y política interna, determinada por el nivel de desarrollo de los países coloniza­dores y de las condiciones sociales que encontraron en los nuevos territorios, podría entenderse como factor del atraso o el éxito económico la relación entre tipos de colonización, instituciones y desarrollo. La colonización situó a España en un lugar hegemónico; la inglesa y de los Países Bajos impulsó el desarrollo del capitalismo. El flujo de metales preciosos de América a Europa gracias a la intermediación española fue clave en el desarrollo del capitalismo, pero el retraso institucional, político y económico se reflejó en sus colonias (Albán Moreno, 2008: 241-242). La colonización originó desajustes institucionales, solapando nuevas instituciones formales en el marco de instituciones informales vigentes, que favorecieron en unos casos la persistencia de la institucionalidad informal tradicional y, en otros, el cambio societal (Alonso y Garcimartín, 2009). En todo caso, se implantó una sociedad de tipo señorial o feudal donde se encontraron civilizaciones agrarias que pudieron utilizar como mano de obra servil basadas en la coacción (Zuleta, 2004).

La crítica más radical apunta a la teoría de la modernización que subyace a los presupuestos de la “Economía política de la conquista”, que ignora los “mun­dos culturales” que dan sentido a las instituciones y defiende el desarrollo como una secuencia inevitable de fases, con Occidente como referente. Y se olvidan “las relaciones asimétricas de poder, la explotación criminal del continente afri­cano, los sistemas de dominación ingleses en la India y el Medio Oriente, las relaciones de Europa con China y Japón, el sistema colonial y poscolonial eu­ropeo en América” (Correa, 2006: 279-281). Si se admite que la evolución y consolidación del moderno Estado-nación presidió el proceso del desarrollo, y que sin esta configuración del poder no se hubiera dado el desarrollo de la sociedad capitalista (Epstein, 2009), la cuestión a responder es doble: por qué en unas áreas y no en otras se formaron Estados-nación y por qué la violencia fue clave en el origen del Estado occidental moderno. Responder a este doble dilema conduce a reflexionar sobre la naturaleza del poder (Quijano, 2000).

Formación del estado, institucionalización del poder y colonias

El error de los pioneros del desarrollo fue proyectar el modelo de industrializa­ción y modernización a los nuevos países surgidos tras el proceso de descolo­nización de mediados del siglo xx, sin tener en cuenta la formación del Estado moderno y sin reflexionar sobre la naturaleza de los Estados y su evolución en perspectiva histórica (Petiteville, 1998). El “desarrollo” se tradujo en la imple­mentación de “políticas económicas” rentistas depredadoras de recursos finan­cieros para hacer funcionar sistemas políticos clientelistas.

De la misma manera, sería un error generalizar el relato sobre las bases ins­titucionales del “milagro europeo” planteado por North y Thomas a países no europeos (Jones, 1997). Para evitar caer en el mito de la modernidad, sustentado en la idea de la superioridad europea y su proyección a las sociedades “tradicio­nales” (Dussel, 1993), nuevos estudios subrayan las interacciones económicas, sociales, políticas y culturales entre ambos mundos (Carmagnani, 2004). Desde esta óptica, el legado en el terreno de la formación del Estado y la integración económico-nacional heredado es un elemento de vital importancia (Arrighi, 2002). El dinamismo colonizador tuvo su origen en la fragmentación política y los con­tinuos conflictos bélicos dentro del sistema de Estados nacionales, y la violencia es consustancial al ascenso del capitalismo. El mercantilismo buscaba la prospe­ridad económica y el aumento del poder del Estado, y enfatizaba en la necesidad y utilidad de la guerra como forma de expandir el poder estatal, de asegurar una dependencia tributaria o controlar un enclave económico (Anderson, 1984). El mercantilismo conjugó una forma política, la monarquía absoluta, con la protec­ción militar y naval de los monopolios comerciales, la conquista de América y el tráfico de esclavos (Amin, 2001). Sin la conquista y penetración en los mercados “subdesarrollados de ultramar” y la trata de esclavos que transcurre en paralelo a la formación de los Estados, no se hubiera logrado tan alto nivel de crecimiento porque se multiplicaron los intercambios de todo tipo de productos, a la vez que se garantizaba la circulación comercial con un flujo incesante de metales precio­sos (O’Brien, 2004). El capitalismo, con distinto nivel de depredación, abortó la evolución endógena de las colonias, condicionando y a veces impidiendo el crecimiento, e interrumpiendo procesos que llevaban al nacimiento de Estados protonacionales, en la actualidad pseudonaciones (Prunier, 1990).

Pero en las narrativas sobre el nacimiento y evolución de la civilización oc­cidental se ignora la historia de la colonización (Ibáñez, 2007) en unos casos, y en otros se presenta como la historia de la puesta en valor de territorios vacíos y de la creación de instituciones, sin aludir a la brutalidad de los métodos de predación (Mbembe, 2006). Como sostiene Mezzadra (2008), el esclavismo y el colonialismo fueron verdaderos laboratorios de experimentación social. El primero, un modo de producción, circulación y reparto de la riqueza fundado en la institucionalización del dominio sobre lo inapropiable; el segundo, una ex­periencia planetaria que contribuyó a la generalización de las representaciones, de las técnicas y de las instituciones.

Frente a la concepción de la colonia como un paréntesis, la théorie postcolo­niale resalta el papel del episodio colonial y relaciona la arbitrariedad colonial con el poder poscolonial en las sociedades nacidas de la relación de violencia canónica que fue la colonización (Mbembe, 2000). Esta corriente plantea una lectura alternativa de la modernidad y se propone investigar la violencia inhe­rente a una concepción de la razón que intenta armonizar la fe en el hombre en occidente con el desprecio por la vida, el trabajo y el mundo de significaciones del colonizado. La crítica poscolonial se mueve en varias direcciones: recons­truye la prosa colonial y subraya su potencia fabuladora, y realiza una crítica biopolítica del humanismo y universalismo europeos, desenmascarando a un sujeto para quien la riqueza es un modo de ejercer el derecho sobre la vida y la muerte del “otro”. Como subraya Zuleta (2004), nunca hubo tanta distancia entre los principios y los hechos: “los intereses más sórdidos y las masacres más inhumanas se cubren con el ropaje de la más elaborada teología”.

La identificación entre desarrollo y occidentalización es cuestionada con el argumento de que el proceso de modernización en África no se corresponde con la experiencia del desarrollo en Occidente: el continente es inmune a la occidentalización y los conceptos occidentales se reafricanizan de acuerdo con las normas socioculturales locales (Mbembe, 2000, 2006). Focalizando en la naturaleza del poder en África, se subraya la importancia de las continuidades históricas y sociopolíticas y de los vínculos existentes entre el ejercicio de poder en la época precolonial, colonial y contemporánea (Chabal, 2007). La era co­lonial marcó el futuro de los países, imponiendo fronteras e implantando un modelo de Estado acorde con los intereses europeos en los cuantiosos recursos naturales. Con la independencia, se intensificó la estructura clientelar y persona­lista característica del sistema colonial (Cooper, 2002; Mbembe, 2008).

Las interpretaciones sobre la institucionalización del poder basadas en la idea weberiana de la formación del Estado moderno en términos de la adquisición gradual del monopolio de la violencia, se aduce, no explican acabadamente el papel del Estado en África. Pero el propio Weber (1994) planteó una interpreta­ción alternativa con su noción de “organización estatal-patrimonial”, y la forma de organizar el poder político en tal modelo. Desde este prisma, la inacabada e inapropiada institucionalización del Estado se plantea en clave de superación o no del patrimonialismo, expresado en el establecimiento de una burocracia independiente y en la separación funcional de las esferas pública y privada. Del mismo modo habría que repensar la concepción política de violencia “útil”, que remite a las aproximaciones optimistas del Estado de Hobbes y de Weber (Le Roy, 1996), o sustituirla por la visión pesimista de Maquiavelo, sustentada en la fuerza, más aplicable al Estado poscolonial (Abega, 2006; Hirschleifer, 1994).

Por lo que se refiere al Estado poscolonial, las interpretaciones son múltiples. Se habla de “Estado trasplantado” (Badie, 1992) para hacer alusión a unas insti­tuciones importadas de Occidente; de “Estado híbrido” (Bayart, 1989; Darbon, 1990) resultado de la reapropiación de la norma occidental y su adaptación a África, y de “Estado neopatrimonial” (Médart, 2006), que hace referencia a una estructura política centrada en el consumo suntuario y absoluto desprecio por la inversión productiva. Más que de Estado en el caso africano hay que hablar de una simple estructura burocrática de explotación, incapaz de proveer ley y orden, defensa, contratos e infraestructuras. También se ha propuesto la idea de Estado vacuo e ineficiente. Vacuo, porque no llegó a consolidarse tras la inde­pendencia y fue presa de las luchas entre facciones; ineficiente porque las élites establecieron una relación inversa entre su institucionalización y su utilidad. Se sugiere un paradigma interpretativo denominado “Instrumentalización política del desorden”, que hace referencia a la obtención de beneficios por parte de los actores políticos gracias al clima de confusión, incertidumbre y caos reinantes en las sociedades africanas. Tal instrumentalización impide profundizar en la institucionalización del Estado, y la fragilidad institucional fomenta la instru­mentalización política de la corrupción (Chabal y Daloz, 2001).

La violencia es otra manifestación de la fragilidad del proceso de estataliza­ción; de ahí que se cuestione la explicación de la “Elección racional” sustentada en la “codicia” y su reflejo en la guerra por el control de los lucrativos recursos naturales. La violencia se ha institucionalizado, convirtiéndose en un elemento articulador de la vida económica, social y política, y para comprenderla hay que entender las formas de ejercer el poder en el continente desde la independencia. En suma, la combinación de factores formales e informales que vinculan al Estado y la sociedad conspiran para mantener una forma de gobierno (neo) pa­trimonial, contraria a la institucionalización y al desarrollo que instrumentaliza la violencia con motivos políticos o económicos. La violencia y el conflicto son instrumentos de la política (Mbembe, 2007; Chabal, 2007).

El ejercicio de la coerción en la poscolonia es una condición de la domi­nación política y se integra en el trabajo forzoso del dominado y en el conflic­to por confiscar el resultado de la acumulación. En este ámbito, la violencia política, como condición de la dominación está ligada al ejercicio del poder (Foucault, 1991), y si se relaciona con la tentativa del Estado poscolonial por acumular poder, lejos de ser disfuncional respecto a la lógica general de forma­ción del Estado, sería un recurso y un modo de acción política simultáneamen­te (Mbembe, 2007). Como toda la riqueza esencial transita por el Estado, la concepción consumista de lo público desemboca en la violencia para mantener el estatus o para beneficiar a grupos afines y la rivalidad política es una lucha entre facciones por el control del aparato burocrático heredado de la colonia. El Estado colonial actuaba por coerción y cooptación y el Estado poscolonial sustituye el pacto social por la violencia (Aguirre, 2006). La violencia está en­raizada en el contexto histórico, social, político, económico y cultural del África poscolonial.

A partir de la década de los 90 del siglo pasado y bajo la forma de pos-occidentalismo, se ha introducido el discurso poscolonial en los estudios lati­noamericanos para paliar, en parte, su tradicional sesgo a favor del estudio del colonialismo europeo en Asia y África (Coronil, 1998; De la Campa, 2008). Se insiste en ampliar el periodo de análisis hasta el siglo xvi, cuando se produ­ce una “mirada universal” sobre el espacio geográfico (Castro-Gómez, 1998; Hernández Ramírez, 2007) y se subraya la necesidad de conformar sus diferen­cias históricas, epistemológicas, culturales y políticas (Mignolo, 1995).

La mayoría de las investigaciones remiten al momento histórico del surgi­miento de los Estados como factor explicativo de su fisonomía, pero las opi­niones son encontradas. Para unos autores la tradición colonial persistió en la etapa posindependentista y generó sistemas de dominación locales fuerte­mente autoritarios (Pérez, 2007); para otros, el trasplante de la idea del Estado moderno europeo a América Latina creó una tensión, aún irresuelta, entre la modernidad formal del Estado latinoamericano y la cultura religiosa y política premoderna dominante en la región (Oszlak, 2007). Otra línea interpretativa sugiere que fueron las instituciones económicas de nuevo cuño creadas tras la independencia y su evolución posterior, las que frenaron el progreso económico y plantearon problemas en la formación del nuevo Estado, sin que el fracaso pueda atribuirse a la “dominación española”. Los colonos criollos tuvieron que renegociar los términos de su poder sobre las distintas etnias, garantizado por la monarquía durante la “dominación colonial”, para conquistar su preemi­nencia política e imponer y afianzar sus proyectos socioeconómicos. Pero con la independencia los colonos insurgentes se inventaron una ascendencia imagi­naria, renegando de su pasado de colonizadores y asumiendo la condición de “colonizados” (L’Empérière, 2004). Por último, se ha comparado el proceso de formación estatal, entendido como una vía hacia la “centralización del poder” en Europa y América Latina, siguiendo a Tilly. Pese a las notorias diferencias entre la independencia y las guerras entre Estados, se admite la influencia del conflicto bélico sobre el proceso de formación estatal y se ubica a Latinoamérica en la categoría de “coerción capitalizada”, aunque se trataba de una coerción brutal y un capital escaso (López-Alves, 2003).

En la mayor parte de los análisis subyace una idea fuerza: la lógica colonial, que fue de la mano de la expansión y el desarrollo capitalista industrial europeo, sigue vigente. Pese a la independencia formal, las prácticas coloniales persistie­ron. El “descubrimiento” y la conquista dieron paso a la sociedad jerarquiza­da de la colonia, y cuando ésta desapareció persistió la estructura de dominio (Álvarez Villaverde, 2008; Browitt, 2009). Para entender la trama de relaciones económico-comerciales, ideológicas, culturales y político-sociales entre las co­lonias y los colonizadores, hay que referirse a la “Carrera de Indias”, expresión que resume perfectamente tal engranaje y que incluye “los flujos de bienes mate­riales, hombres y mujeres, esclavos, dinero, capital y migración; la competencia geopolítica, los monopolios, las instituciones y todo tipo de relaciones que se desarrollaron durante más de tres siglos entre la metrópoli y el Nuevo Mundo” (Albán, 2008: 244-246).

Amnesia histórica y “malos samaritanos”

La sospecha de que tras el excesivo énfasis y la profusión de literatura relativa a la relación entre instituciones y desarrollo se esconde el interés de la econo­mía ortodoxa por enmascarar los fracasos de las “buenas políticas” y las teorías que las sustentan, ha vuelto a poner en vigor algunas de las intuiciones de los estructuralistas, en particular su hipótesis de que el mundo menos desarrolla­do no alcanzaría la prosperidad siguiendo el camino trazado por las naciones desarrolladas (Chang, 2006; Coastworth, 2008: 9-12). Se discute la idea de las instituciones como “restricciones” (Chang y Evans, 2007) y se reformulan tanto la pregunta de Olson (2007) relativa al origen de la riqueza y de la pobreza, como su respuesta basada en las “políticas económicas” y en las “instituciones”.

Del análisis de la experiencia histórica de los países industrializados se extrae un panorama radicalmente distinto al descrito habitualmente por las reinter­pretaciones del pasado con miradas actuales. La conclusión es doble: la historia contradice las proposiciones del discurso dominante relativo tanto a las “buenas políticas” cuanto al “buen gobierno”; las recomendaciones en materia económi­ca e institucional a los países en desarrollo son un intento de retirarles la escalera para impedirles acceder al progreso (Chang, 2004). La tarea también es doble: de un lado, deconstruir el discurso neoliberal que constituye una forma mito­lógica de representar el pasado (Jenkins, 2009: 87), sustituyendo el mito por el dato, la construcción político-ideológica por la reconstrucción documental; de otro, atacar el corazón de la metodología neoclásica, que sustenta el discurso y las recomendaciones de política (Chang, 2004, 2008; Chang y Grebel, 2006; López Castellano, 2007b, 2009).

La primera constatación es que el “buen gobierno” en su dimensión histórica ha seguido un “largo y turbulento camino hacia el desarrollo institucional” que en el caso europeo ha exigido varios siglos (Labandeira, 2009). Si se particulari­zan los componentes de ese “buen gobierno” (sistema democrático, burocracia y poder judicial eficientes y libres de corrupción, protección de derechos de propiedad, instituciones financieras, sistema fiscal y de protección social y leyes laborales), tal conclusión es más evidente. El sufragio universal se introduce entre 1907 (N. Zelanda) y 1971 (Suiza); la burocracia moderna, en el siglo xx; la capacidad de suscitar legitimidad política y la implantación de mecanismos fiscales y administrativos en fechas relativamente recientes.

Por lo que se refiere a las “buenas políticas”, desde la ortodoxia se califica de “anomalía histórica” la adopción del intervencionismo y el proteccionismo en los países en desarrollo durante la segunda mitad del siglo xx, y se arguye que respondió a teorías “erróneas” (industria naciente, estructuralismo) y a exigen­cias políticas (edificar la nación, cooptar grupos de interés). La liberalización económica sería la respuesta correcta a esta errónea estrategia de desarrollo, y el Consenso de Washington la “agenda de desarrollo” idónea para tal reforma. Sin embargo, los estudios sobre la relación entre prosperidad y proteccionismo o libre cambio a la luz de la realidad económica histórica evidencian lo contrario (Bairoch, 1994). Salvo excepciones, todos los países hoy desarrollados aplica­ron activamente políticas industriales, comerciales y tecnológicas para promo­ver industrias nacientes durante sus etapas de actualización. Es decir, políticas contrarias a las que pregona la ortodoxia y que actualmente se recomiendan a los países en desarrollo. El análisis de sus “estrategias de actualización” permite observar que el proteccionismo o el librecambismo responden al nivel de desa­rrollo y a la posición relativa en la competencia internacional (Chang, 2004, 2008; Chang y Grebel, 2006).

Tal es el caso de Inglaterra o Estados Unidos, dos mitos del laissez-faire que desoyen el “consejo” de Adam Smith de no desarrollar industrias manufacture­ras y protegen las “industrias nacientes” (Reinert, 1995, 2007; Chang, 2008). Sólo un episodio de “amnesia histórica”, fruto de una reescritura de la historia, podría explicar el olvido de casos tan paradigmáticos como el de la denominada “edad de oro del capitalismo”. Durante las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, tanto los países ricos como los países en vías de desarrollo, con programas de intervención bien diseñados y severos controles sobre los movimientos de capital internacional, experimentaron índices de crecimiento muy superiores a los de la “primera globalización” (1870-1913) (Chang, 2008: 77-80; Hobsbawn, 1998; Sunkel, 2006).

Para explicar por qué las naciones ricas recomiendan a los países subdesarro­llados estrategias que les alejan de la prosperidad, comparables a las políticas co­merciales impuestas a las colonias por sus metrópolis (Thiérault, 2002), Chang dirige su acerada crítica a estos “malos samaritanos” y al brazo ejecutor de sus “malas” políticas, la “impía trinidad” de organizaciones multilaterales: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Desde estas instituciones se relaciona la globalización con la mejora del nivel de vida y la prosperidad económica, se plantea la regulación estatal del sistema financiero como “represión financiera”, se penaliza la supuesta “irracionalidad” del Estado y se avala la privatización de los servicios del bienestar (Chang, 2008: 157).

Como explican Laporta et al., las instituciones importan, pero las políticas, leyes, normas, nuevas reglas y métodos para garantizar su cumplimiento son fundamentales a la hora de determinar los resultados económicos y el bienestar de los países. Además, gran parte de las diferencias de renta a nivel internacional pueden explicarse por la “herencia social” en materia de educación, sanidad, infraestructuras y dotaciones colectivas (Sen, 2000).

La historia reciente muestra que lo que mejor funciona es una mezcla de “elementos ortodoxos con herejías locales” (Rodrik, 2006). El triunfo del “idio­sincrático” modelo asiático se sustentó en un formidable gasto de energía política y recursos económicos y no en el legado histórico o cultural. Corea representa un caso paradigmático de política económica “herética” y notable desempeño eco­nómico entre la década de los sesenta y la crisis de 1997. El “Estado desarrollista” coreano no asumió la propuesta occidental de aprovechar sus ventajas comparativas naturales, vinculadas a la exportación de materias primas, y estableció las bases de nuevas ventajas comparativas (Chang y Evans, 2007: 233-237). Su gran desempeño económico se debió a una potente burocracia que impulsó la estabili­dad macroeconómica y la eficiencia productiva, a una relación particular entre el Estado y la industria para llevar a cabo un “proyecto nacional de transformación”, y a la implantación de mecanismos redistributivos para reducir la inseguridad generada por los rápidos cambios estructurales y las influencias cíclicas. Por el contrario, la aplicación de los programas de la “impía trinidad” (dinero sólido, gobierno pequeño, empresa privada, libre comercio y atracción de inversión ex­tranjera) socavó el proyecto de transformación (Chang, 2004).

Chang apela a la razón y a la historia para que los malos samaritanos dejen de actuar por interés propio y lo hagan por su interés propio ilustrado. Pero el optimismo de Chang no tiene visos de confirmarse. Casi un siglo más tarde del certero epitafio de Keynes al laissez-faire, y pese a la pertinaz evidencia de los hechos, los economistas “libertarios” siguen fieles a sus preceptos (North, 2007: 177).

Reflexiones finales

En este trabajo se han abordado los aspectos más relevantes de la “nueva ortodo­xia” en materia de desarrollo económico. La “Economía política del desarrollo”, vinculada al neoinstitucionalismo de “Elección racional”, se apoya en “narra­tivas” sobre el nacimiento y evolución del mundo occidental, para explicar la aparición del Estado-nación moderno analizando el papel de la violencia como fuente de prosperidad (bienestar) y de calidad institucional, en función de su provisión pública o privada. Partiendo de esta metodología y realizando un pa­ralelismo entre el mundo subdesarrollado y la sociedad insegura de Hobbes, se centra en las causas que han impedido que los países contemporáneos del Tercer Mundo hayan seguido las pautas de desarrollo de los Estados modernos.

El enfoque institucional se ha extendido al estudio de la colonización si­guiendo dos líneas: la “Economía política de la conquista” y la “Economía política del fracaso económico”. La primera sostiene que las modalidades de co­lonización determinaron diferentes instituciones políticas, económicas y sociales y éstas explicarían las divergencias de tasas de crecimiento. La segunda, que la abundancia de población indígena y de metales preciosos explican la aparición de un alto grado de desigualdad económica y política que habría constituido una rémora decisiva para el desarrollo económico.

La Economía política del desarrollo profundiza en el origen histórico del Estado y su evolución, a partir de un modelo racional de comportamiento in­dividual que extiende a gente del pasado, y presenta una imagen distorsionada de los Estados premodernos porque proyecta sobre éstos las condiciones de los siglos xix y xx. Más anacrónica si cabe es su interpretación de la trayectoria se­guida por los Estados independizados a mediados del siglo xx, con un reiterativo recurso al contra fáctico de los mundos posibles.

Las teorías del desarrollo institucional basadas en los orígenes coloniales han sido cuestionadas por su exceso de generalización de los factores históricos usa­dos, su limitado soporte empírico, y porque las interpretaciones subyacentes a los imaginativos modelos econométricos son tan discutibles como las ideas de instituciones “buenas”.

Frente a la concepción de la colonia como un paréntesis, los estudios posco­loniales resaltan el papel del episodio colonial y relacionan la arbitrariedad colo­nial y el poder poscolonial en las sociedades nacidas de la relación de violencia canónica que fue la colonización. Plantean una lectura alternativa de la moder­nidad, reconstruyendo la prosa colonial y su potencia fabuladora; y realizan una crítica biopolítica del humanismo y universalismo europeos.

En el caso de América Latina, los estudios más recientes remiten al momento histórico del surgimiento de los Estados como factor explicativo de su fisono­mía. La idea fuerza que subyace en la mayoría de los análisis es que la lógica colonial, que fue de la mano de la expansión y el desarrollo capitalista industrial europeo, sigue vigente, pese a la independencia formal.

Otra línea crítica con la literatura convencional del desarrollo proviene del análisis pormenorizado de la experiencia histórica de los países industrializados en su doble vertiente de “buen gobierno” y “buenas políticas”. El panorama que se describe difiere radicalmente de las reinterpretaciones del pasado con miradas actuales. La conclusión es doble: la historia contradice las proposiciones del discurso dominante; las recomendaciones en materia económica e institucional a los países en desarrollo son un intento de retirarles la escalera para impedirles acceder al progreso.

El autor es profesor titular de la Universidad de Granada, España. Correo electrónico: flopezc@ugr.es Revista Problemas del Desarrollo, 169 (43), abril-junio 2012. Fuente: http://www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-601b-198c.pdf 

«