El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanzó en 2008 la “Iniciativa de Economía Verde” para incentivar inversiones en ecosistemas y servicios derivados de la diversidad biológica mediante una “nueva generación de activos” y “servicios ambientales”, como por ejemplo el mantenimiento de un bosque para proveer agua o la reforestación de zonas degradadas para capturar el CO2.

“El pago por servicios ambientales contribuye a la creación de trabajos verdes y hace posible la diversificación de ingresos de la población rural”, además de estimular el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar la sostenibilidad ambiental de la economía mundial, aseguró el PNUMA.

Desde entonces el capitalismo verde intensificó su ofensiva, deseoso de transformar la biodiversidad en dinero, hasta que finalmente ganó una batalla decisiva en la X Conferencia de partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP10), celebrada a fines de octubre de 2010 en la ciudad japonesa de Nagoya.

La Conferencia de Nagoya trastocó la “gestión de los ambientes naturales” en un “negocio”, e institucionalizó la mercantilización de todos los recursos de la naturaleza, incluidos los genes, los microorganismos, los “servicios ecosistémicos” (desde la polinización hasta la filtración del agua) y los conocimientos ancestrales de poblaciones indígenas.

El acuerdo firmado en la COP10 de Nagoya fue “un paso decisivo en los esfuerzos mundiales por la conservación de los recursos genéticos” porque comprometió a 193 naciones a proteger el 17% de las áreas terrestres y el 10% de las áreas marinas hasta el año 2020, destacó entonces el secretario ejecutivo del Convenio sobre Diversidad Ahmed Djoghlaf.

Según Djoghalaf, el instrumento legal adoptado en Nagoya sería recordado como “uno de los más importantes en la historia de la cooperación multilateral y del ecologismo en particular” porque transformará la riqueza natural en un “bien de capital” y dará inicio a un “nuevo orden” económico y ecológico internacional.

Con la lógica de que “sólo se conserva lo que cuesta”, la Conferencia llamó a “intensificar” la valoración económica de todos los bienes naturales, incluida la propia vida, como una nueva clase de “activos” financieros, y acordó “promover un entorno de políticas públicas que permita la intervención del sector privado y la incorporación de la diversidad biológica en las estrategias y procesos de adopción de decisiones empresariales…”.

La COP10 decidió “fomentar la iniciativa de Negocios y Diversidad Biológica como un medio para integrar más la utilización sostenible de la diversidad biológica en el sector privado”, determinando “una serie de opciones para la incorporación de la diversidad biológica en las prácticas empresariales”, entre ellas mecanismos financieros e incentivos como el Pago y compensación de servicios ambientales (PSE), compensaciones por biodiversidad y esquemas de certificación ecológica, entre otros.

En ese sentido, la COP10 recomendó implementar de forma acelerada los mecanismos REDD-plus en programas de mitigación y adaptación al cambio climático; e incorporar al mercado de carbono no solo los bosques sino también “servicios ecosistémicos” como la fotosíntesis, la polinización, la prevención de la erosión del suelo, entre otras “funciones de la naturaleza”.

Además, la Conferencia de Nagoya consensuó un Protocolo sobre el uso y distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos (ABS en inglés), que incluyen el “material hereditario contenido en las especies” y los “conocimientos tradicionales” ligados a la biodiversidad “con valor económico, científico o social”.

El Protocolo ABS facilita a las empresas el acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales, con la condición de que compartan beneficios con la comunidad. Estos beneficios pueden ser monetarios o condiciones preferenciales mutuamente convenidas como por ejemplo la “propiedad conjunta de derechos de propiedad intelectual pertinentes”.

La COP10 creó también la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios del Ecosistema (IPBES en inglés), un órgano integrado por representantes de Estados, expertos, empresarios y organismos financieros, equivalente al Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC). 

“Hoy ha ganado la biodiversidad”

Para entrar en vigor, el Protocolo de Nagoya requería la firma y ratificación de al menos 50 Estados. Entre enero y febrero de 2011 el instrumento fue rubricado por Colombia, Brasil, Argelia, Yemen y México; y posteriormente por Ecuador, Perú, Panamá, República Centroafricana, Mali, Rwanda, Seychelles, Sudán, India y Japón.

Tras años de debate y negociaciones políticas a menudo complejas, el 28 de abril de 2012 en la Ciudad de Panamá representantes de más de 90 naciones consensuaron el diseño operativo final de la IPBES y eligieron a la ciudad alemana de Bonn como sede de la secretaría del nuevo organismo.

El PNUMA continuará ejerciendo de facilitador de la Plataforma de forma interina, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Cuando se establezca finalmente, la secretaría de la IPBES será administrada por uno o varios de estos organismos.

El IPBES nació en Nagoya con la misión de controlar la aplicación de la CDB hasta 2020, priorizando “el interés y las capacidades del sector privado (…) sobre la utilización sustentable de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas como fuente de futuras operaciones comerciales y como condición de nuevas posibilidades comerciales…”.

En abril de 2012 el organismo fue instituido formalmente en Panamá como una nueva plataforma para fortalecer la interfaz científico-normativa sobre la diversidad biológica terrestre, marina y de aguas interiores y sus interacciones; y los servicios de los ecosistemas, informó el PNUMA.

Si bien numerosas organizaciones e iniciativas contribuyen a mejorar el diálogo entre los formuladores de políticas y la comunidad científica en este campo, la IPBES se establece como una nueva plataforma reconocida por ambas comunidades para abordar las brechas existentes. Sus gestores esperan que el nuevo organismo se convierta en el punto focal clave de todas las agencias y las organizaciones involucradas en la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.

La IPBES realizará evaluaciones regulares y oportunas del conocimiento sobre diversidad biológica, e identificará y priorizará información científica clave requerida por los formuladores de políticas. Colaborará con las iniciativas existentes sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas, incluyendo acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, organismos de Naciones Unidas y redes de científicos y poseedores de conocimiento.

“La diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas son esenciales para el bienestar humano, y esta plataforma generará el conocimiento y desarrollará las capacidades para protegerlos en esta y en futuras generaciones. (Por eso), hoy ha ganado la biodiversidad”, celebró el presidente de la reunión en Panamá y principal asesor científico del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales de Reino Unido, Sir Robert Watson.

Sabemos que los ecosistemas sanos aportan servicios inestimables que apuntalan el desarrollo, en particular para miles de millones de personas en todo el mundo que dependen directamente de la biodiversidad para su sustento. De ahí que la plataforma tiene una “importancia crítica para apoyar la aplicación del nuevo Plan Estratégico de la Convención sobre Diversidad Biológica y para fomentar el desarrollo sostenible a escala global”, comentó la administradora del PNUD Helen Clark.

El director general de la FAO José Graziano da Silva afirmó que “la diversidad biológica es esencial para la seguridad alimentaria. Miles de especies interconectadas constituyen una red vital de diversidad biológica en ecosistemas de los que depende la producción mundial de alimentos. (Por ello) celebramos la creación de esta plataforma y nos complace apoyarla”.

Por su parte, Irina Bokova, directora general de UNESCO, destacó “la creación de la IPBES a solo unas semanas de la Conferencia de Río+20, una señal firme y un progreso significativo hacia la conservación de la biodiversidad”. Se trata de un hito en términos de la futura respuesta de la humanidad para revertir la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, desde los forestales a los de agua dulce, valoró el director ejecutivo del PNUMA Achim Steiner.