El movimiento indígena liderado por la cacica Silvia Carrera exige a Martinelli que suspenda la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco y cancele otras tres mega obras planificadas en territorios indígenas, pero el ministro de Gobierno Jorge Ricardo Fábrega descarta de plano esa posibilidad, mientras el presidente defiende a sangre y fuego su ley minera 415.

“La Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP) está vendiendo a diestra y siniestra nuestros recursos naturales y patrimonios familiares como son los ríos y la tierra. Durante la privatización del Sector Eléctrico en 1997, los empresarios que dominan y secuestran nuestra democracia, decidieron todo. Arreglaron un gran negocio para generar salvajemente grandes ganancias, amparados de legislaciones que garantizan que no haya una opción de resistencia y de decir NO. Para nosotros esto no es democracia, esto es MAS DE LO MISMO”, denunció el 2 de febrero de 2011 el Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (Mocamderco).

El Mocamderco se refería a la Resolución AN N° 3714-Elec del 29 de julio de 2010, la cual otorga a la empresa Los Estrechos una concesión para la construcción, instalación, operación y mantenimiento de una planta generadora de electricidad denominada Central Hidroeléctrica Los Estrechos, financiada por el Banco Do Brasil.

Según las comunidades originarias, ese proyecto inconsulto e ilegal pone en serio riesgo el Río Cobre, declarado por los consejos municipales de la Mesa, Las Palmas y Cañazas como reserva hídrica para el uso y consumo de las comunidades de la región.

“Para nosotros, firmar contratos y concesiones que comprometen al Estado con proyectos hidroeléctricos, mineros o cualquier otro que genere impactos sociales, ambientales y culturales debe ser una decisión tomada en consenso, con orden, planificación y justificación. No estamos ni estaremos de acuerdo con que se siga tomando las decisiones a espaldas del pueblo que es el afectado, el que vive el sufrimiento y el que tiene que conformarse con las promesas de cartón y falsa propaganda de un futuro mejor”, se pronunciaron los indígenas.

“Queremos progresar pero sin la hidroeléctrica del empresario Eduardo Vallarino. Las hidroeléctricas y las minas ya han dado muestra de su impacto. El ejemplo de Bayano y Petaquilla nos enseña que con la naturaleza no se juega y con la vida humana tampoco. Ahora nadie quiere hacerse responsable por los daños”, argumentaron.

La lucha contra la represa Chan-75

El 15 de junio de 2011, la ASEP canceló una concesión de AES Changuinola, subsidiaria de una transnacional norteamericana que produce el 27% de la energía en el país, para la construcción de la segunda fase de la hidroeléctrica ubicada en el distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.

Desde hace varios años, las autoridades locales negocian la reubicación de cientos de familias indígenas Ngöbe de Guayabal, Valle Rey y Charco de la Pava, áreas que terminarán bajo el agua cuando concluya la edificación de la represa conocida como Chan-75.

En junio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares y solicitó al Estado de Panamá que suspenda la construcción de la presa y adopte las medidas necesarias para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad Ngöbe.

En septiembre de 2009, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas advirtió que el proyecto hidroeléctrico Chan-75 tendría “impactos significativos para las comunidades indígenas en el área del proyecto”. Además, reveló que “ninguna de estas comunidades fueron consultadas adecuadamente y con carácter previo a la decisión de aprobar el proyecto por parte del Estado, ni tuvieron la oportunidad de otorgar su consentimiento en relación con su reasentamiento”. (A/HRC/12/34/Add.5)

La hidroeléctrica Tabasará

Los empresarios Felipe Virzi y Gabriel Btesh construyen una hidroeléctrica en la cuenca del río Tabasará que nace en la región de Mune, atraviesa el distrito de Tolé y desemboca en Puerto Vidal, al sur de la ciudad de Santiago. “Consideramos importante que se promuevan inversiones que permitan la construcción de nuevas plantas de fuentes renovables, como es el caso de las hidroeléctricas, que no requieren combustible para la generación de energía”, comentó el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá Federico Humbert Arias.

Sin embargo, investigadores y grupos ecologistas alertaron que la represa inundará casi 900 hectáreas y afectará a por lo menos 50 mil personas de 45 comunidades. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) oculta información al respecto, deploró el ex defensor del Pueblo Ítalo Antinori.

Los indígenas afectados, que jamás fueron consultados por el Consorcio Tabasará, presentaron a la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el EIA, y el 31 de enero de 2012 reanudaron las movilizaciones y el bloqueo de la vía Interamericana como medida de protesta por el debate parlamentario del Proyecto de Ley 415 “Que establece un Régimen Especial para la Protección de los Recursos Minerales, Hídricos y Ambientales en la Comarca Ngöbe Buglé”.

El 5 de febrero cayó muerto Jerónimo Rodríguez Tugri y otras decenas de personas resultaron heridas durante la brutal represión policial en San Félix, Chiriquí. El fallecimiento fue horrible y en extremo doloroso pues un artefacto impactó en pleno rostro, le sacó todos los dientes y le desbarató gran parte de la cara, pero no lo mató de inmediato. La autopsia confirmó que fue golpeado con un objeto contundente. Ocho testigos revelaron que un policía le disparó, y el ministro de Seguridad José Raúl Mulino tuvo que admitir que se usaron armas de fuego en la represión.

El de 6 febrero la situación era caótica en varias regiones de Panamá, luego de la brutal represión en San Félix. Inmediaciones de la Asamblea Nacional, la Plaza de 5 de Mayo y el Supermercado 99, de propiedad del presidente Martinelli, fueron escenario de las protestas en la capital. Se reportaron manifestaciones en las localidades de Tocumen, La Chorrera, Tumba Muertos y en otras zonas, y el Consejo Académico de la Universidad de Panamá tuvo que suspender labores académicas. Los indígenas incendiaron el cuartel de la policía y el Corregimiento en la localidad Volcan, provincia de Chiriquí.

7 de febrero de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado de Panamá a garantizar la integridad física y seguridad de líderes y miembros del pueblo indígena Ngöbe Buglé que protestaban contra la aprobación de legislación relativa a la ejecución de proyectos de inversión en sus territorios. La CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión mencionaron que el Gobierno habría ordenado la suspensión de la telefonía celular para controlar la manifestación. En virtud de ello, la zona se encontraba incomunicada.

Adicionalmente, la CIDH recordó que era necesario adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y manifestaciones de protesta. En ese sentido, la Comisión Interamericana hizo un llamado al Estado a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para la debida protección de los manifestantes dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos.

Ocho días duró la revuelta indígena, con un saldo de al menos un muerto, más de 200 desaparecidos y una decena de detenidos. Reynaldo Santana, rey del pueblo naso, denunció que la verdadera intención del gobierno era despojarlos de sus tierras y apoderarse de los recursos naturales.

El 7 de febrero los indígenas y el gobierno firmaron el “Acuerdo San Lorenzo 1”, el cual garantiza la liberación de detenidos y el pago de una indemnización a los familiares del menor asesinado durante la protesta. Sin embargo, los indígenas movilizados no lograron frenar las mega obras que se construyen en la Comarca Ngöbe Buglé, contra la voluntad de sus habitantes.

Citando un informe de la Secretaría de Energía, el presidente Ricardo Martinelli advirtió que si se paralizan esas obras el costo de la energía eléctrica aumentaría 30% en Panamá. El gobierno también dijo que por culpa de la prolongada negociación el país dejará de producir 1.800 megawatts.

El abogado y asesor de los indígenas Javier Viques desmintió esas afirmaciones y aseguró que el Ejecutivo pretende atemorizar a la población para ponerla en contra del pueblo ngöbe. Citando un informe del ex defensor del Pueblo Ítalo Antinori, aseguró que la central sobre el Tabasará generará apenas 4,5% del consumo nacional.

La discusión del artículo 5 del proyecto de ley minera que se debate en la Asamblea Nacional, referido a las hidroeléctricas, se reanudó el 16 de febrero sobre la base de una nueva propuesta del ministro de Gobierno Ricardo Fábrega. La autoridad prometió que se consultará al Congreso del pueblo indígena antes de construir hidroeléctricas en territorios comarcales. También habría prometido suspender todas las concesiones otorgadas dentro de la comarca.

Ese mismo día, la delegación ngöbe buglé presentó al gobierno panameño una contrapropuesta de readecuación del polémico artículo 5, solicitando nuevamente la cancelación de concesiones otorgadas a personas jurídicas, naturales, nacionales o extranjeras para la exploración y explotación de recursos minerales e hidráulicos en la comarca y áreas anexas delimitadas por las leyes 10 y 69, de 1997 y 1998, respectivamente.

El 29 de febrero, los indígenas pidieron nuevamente que se suspendan las obras en Barro Blanco y que se indemnice a la empresa operadora Genisa. Según el fiscal de la Coordinadora Indígena y Campesina Alberto Rogelio Montezuma, dicho proyecto se negocia desde el año 2000 y desde entonces ha sufrido alteraciones en su estructura y costo, aproximadamente 120 millones de dólares de los cuales se han ejecutado alrededor de 20 millones.

La comisión indígena encabezada por la cacica Silvia Carrera y el presidente de la Coordinadora planteó también la cancelación de los proyectos Tabasará II y Chan II, y solicitaron que no se tramite el proyecto Chan 500 mientras no se delimiten las áreas aledañas.

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Alegato de una cacica ngöbe (*)

Mirada altiva y orgullosa bajo sombrero alón, extraña mixtura de picardía e ingenuidad tan enigmática e imposible de idear como la sonrisa de la Gioconda, Silvia Carrera trasluce una inteligencia innata, de esas que no se dan en viveros sino silvestres y difíciles, como flor de desfiladero. Ella es una indígena ngöbe buglé parida en el hondón panameño por la Madre Tierra, de la que no se despega ni un segundo desde que nació, y a la cual defiende como leona sin otra aspiración que impedir la dejen como saco vacío, expuestas sus entrañas y secas sus cuencas hídricas.

Elegida cacica general en elecciones organizadas por el Tribunal Electoral y no por el Congreso Tradicional como siempre ha sido y cuyos líderes las denunciaron como intento de división, gobierna, sin embargo, con el desprecio de quienes la avalaron y el amor de los que la rechazaron, y es factor de unidad de su pueblo.

De imagen tranquila y serena con su amplia nahua de vivos colores y una sola pieza hasta las rodillas, cintillos contrastados en cuello y cintura con aplicaciones geométricas ancestrales, y aretes y collar de chaquiras confeccionado por ella misma, Silvia se ha convertido en icono nacional y símbolo de la mujer panameña.

Con 40 años, nacida y criada en un recóndito lugar llamado Alto Laguna, en Cerro Pelado, Ñurum, que nadie sin vínculos con los ngöbes conoce ni adivina en los mapas, y que aprendió a leer y a escribir por sus propios medios, la cacica ha dedicado su vida a defender los derechos de su pueblo.

Su historia personal se distingue poco de la de sus congéneres. A sus 13 años parió a Bernardo Jiménez Carrera, su primogénito, y a los 18 a Sixto. Pero a los 19 ya era madre soltera que labraba sola el surco y sembraba yuca, ñame, arroz, frijoles y maíz, para alimentar a sus hijos con el fruto de la tierra y de sus manos. Y con ellos a la espalda, aprendió a exigir que respetaran a ngöbes, buglé, kunas, emberé, wounaam, bri-bri y todo lo que ha dado Dobo tibiem (madre tierra). La vida la ha ido convirtiendo en una líder natural capaz de discutir con ministros, obispos y parlamentarios, retar a presidentes a confrontar sus verdades en una batalla de argumentos, y ganarse el respeto de todos sus compatriotas.

Silvia Carrera encabeza la comisión indígena en el diálogo en la Asamblea Nacional sobre una ley minera que desconocía sus derechos y se ha convertido en epicentro de la política nacional. Los ngöbe-buglé piden la eliminación de todos los proyectos mineros e hídricos en la comarca y áreas anexas y no creen que el agua o la tierra sean negociables.

Al rechazar las minas e hidroeléctricas en la comarca, Silvia pide respeto a su cultura, a su tierra, a sus recursos, al desarrollo integral, al derecho a salir de la extrema pobreza en que viven, tener soberanía alimentaria, usar los recursos en beneficio de las comunidades, disfrutar una verdadera educación intercultural.

La cacica general quiere que cesen ya, en fin, los 519 años de abuso, discriminación y exterminio a que han sido sometidos los pueblos originarios como si aún siguieran a tiro de arcabuz y mosquete de pretéritos conquistadores. Para eso, repite, me eligió mi pueblo y estoy en este diálogo para cumplirle. Es su principal alegato.

* Texto de Luis Manuel Arce Isaac, corresponsal de Prensa Latina en Panamá.