Sin consultar a los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), tal y como mandan la Constitución y los tratados internacionales, el Estado boliviano inició la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS, con el fin de “sentar presencia” en un “territorio desvertebrado donde no hay Estado y donde gobiernan el hacendado, el maderero que depreda los bosques o el narcotraficante”, justificó el Vicepresidente en Álvaro García Linera una entrevista con la cadena de televisión CNN.

Las comunidades del TIPNIS y la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) rechazaron el proyecto vial “depredador” e “inconsulto”, convocaron a la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS, y forzaron al gobierno a promulgar la Ley Corta 180 que prohíbe la construcción de carreteras en ese territorio indígena y parque natural declarado zona “intangible”.

El Presidente admitió que se vio obligado a promulgar la Ley Corta 180 en octubre de 2011 por imposición de una movilización de indígenas manipulados por “varias ONGs financiadas por la Agencia para el desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID)”. En una entrevista con el diario mexicano La Jornada, García Linera explicó que “el interés estadounidense es resguardar la Amazonia como su reservorio de agua y diversidad, y promover divisiones entre los liderazgos indígenas mediante organizaciones no gubernamentales, varias de ellas financiadas por la USAID”.

Según Morales, algunas ONGs que operan en Bolivia son agencias de espionaje del gobierno norteamericano, y se dedican a dividir a los movimientos sociales y a confrontarlos con el gobierno. Dijo estar “convencido que algunas ONGs -algunas, que quede bien claro- son la quinta instancia de espionaje para Estados Unidos y no solamente en Bolivia sino en toda Latinoamérica, porque mediante las ONGs saben lo último de los movimientos sociales y sus dirigentes… Lamentablemente algunos dirigentes se dejan comprar por las ONGs”.

Para enfrentar a los “conspiradores”, el gobierno de Morales y gremios campesinos oficialistas montaron una contramarcha con colonos y cocaleros afiliados al Consejo Indígena del Sur (Conisur), quienes también llegaron en marcha a La Paz exigiendo la derogación de la Ley 180 y la reactivación del proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS. 

Que los indígenas del TIPNIS definan en consulta pública si se construye o no la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, plantearon los marchistas del Conisur. Morales recomendó a los dirigentes de la CIDOB Adolfo Chávez y Fernando Vargas que se reúnan con los líderes de la contramarcha, y que escuchen sus planteamietos, porque son los “verdaderos indígenas” del Isiboro Sécure. “Con sus dirigentes pónganse de acuerdo, sino vienen deben ser dirigentes de las ONGs, a lo mejor dirigentes de la embajada de Estados Unidos, no puedo entender”, fustigó.

El 30 de enero de 2012 arribó a la ciudad de La Paz la contramarcha de cocaleros y colonizadores Conisur, y dos días después, por instrucción del propio Vicepresidente García Linera, la Asamblea Legislativa comenzó a revisar la Ley 180 y a redactar un proyecto de ley de convocatoria a consulta.

“Resulta muy difícil determinar quién tiene la razón en el conflicto por el TIPNIS… Unos marcharon para rechazar la construcción de un camino y otros lo hicieron porque quieren el camino”, comentó Morales y consideró que “lo más legítimo, lo más legal y lo más constitucional posible” es que los pueblos indígenas decidan a través del voto.

El Mandatario aseguró que “salvará su responsabilidad” convocando a una consulta a los pueblos originarios del TIPNIS para que decidan si se construye o no la obra vial.  La Ley 222 de Consulta previa a los pueblos del TIPNIS  fue sancionada por la Cámara de Senadores el miércoles, ratificada el jueves por la Cámara de Diputados, y promulgada el viernes el Presidente Morales, en presencia de los colonos y cocaleros que protagonizaron la contramarcha.

La Ley tiene por objeto convocar al proceso de consulta libre e informada bajo procedimientos y procesos de los pueblos indígenas que habitan en ese parque nacional, sobre dos asuntos principales:

“1. Definir si el TIPNIS debe ser zona intangible o no para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, y

“2. Establecer las medidas de salvaguarda para la protección del TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales dentro de la línea demarcatoria del TIPNIS” y determinar los mecanismos para mantener la zonificación establecida en el Plan de Manejo del TIPNIS.

El gobierno al servicio de la contramarcha cocalera

El Presidente Morales visitó a los marchistas del Conisur en el Coliseo Cerrado de La Paz, consideró que sus demandas son legítimas y auténticas y les entregó alimentos y ropa de abrigo. “Primero expresar mis respeto y admiración por ese gran esfuerzo, yo también he sido marchista, en las marchas que hemos tenido tantas veces. Siento que esta marcha es tan legítima y autentica de compañeros de base que sufren y que luchan por sus reivindicaciones”, dijo en su discurso.

Morales ordenó al gabinete ministerial atender sus demandas y priorizar las necesidades más importantes: “En lo concerniente a las demandas en tema de salud, en tema de educación e identificación, de producción y otras demandas que tienen, esta mañana acordamos con los dirigentes que desde mañana se realizará un trabajo con cada ministro”.

El Ejecutivo, a través del Gobernador de La Paz César Cocarico, dispuso el Coliseo Cerrado y el Coliseo de Villa Victoria para alojar a los marchistas del Conisur. “Tengo que aclarar que nosotros no participamos directamente, ni coordinamos las actividades de la marcha que tiene vida propia, a partir de sus propios dirigentes, sino solo colaboramos en su salud alimentación  es por eso que iniciamos una campaña la anterior semana al ver que esta no tenia apoyo, pero eso no significa que apoyemos directamente”, explicó Cocarico.

Cocarico instruyó a médicos del Servicio Departamental de Salud  SEDES que acompañen la movilización desde su ingreso a la ciudad de La Paz y organizó una campaña de solidaridad para recolectar agua y alimentos. El Gobernador manifestó su preocupación y su extrañeza por la falta de solidaridad de la ciudadanía paceña con los marchistas del Conisur, que contrasta con las muestras de apoyo a la VIII Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS.

Ante la presencia de cientos de colonizadores y cocaleros que arribaron a La Paz, el Presidente apadrinó al niño Juan Marches Gil Cayuva (foto), considerado “héroe” por su comunidad. El Gobernador Cocarico expreso sus buenos deseos a la familia y destacó el valioso esfuerzo de la madre Rina Cayuva de 30 años de edad que marchó embarazada junto a su esposo.

“Es realmente admirable  todo el esfuerzo que hizo la mamá, ahora nuestro presidente es su padrino, como dicen un papá mas, de seguro este pequeño obtendrá sus enseñanzas y sabiduría”, dijo Cocarico. “Estoy muy contenta porque nuestro presidente sea su padrino, quisiera que sea una persona noble y sincera al igual que él”, expresó Slim Gil padre del menor. Tres latas de leche, un paquete de chocolates, cereales y un presente fue el regalo que el Jefe de Estado entregó a la madre del menor.

El gobierno de Morales no solo atendió todas las demandas de los marchistas cocaleros sino que puso a su disposición aviones del Transporte Aéreo Militar para que regresen a sus comunidades de origen.

Los indígenas rechazan la imposición

“No estamos de acuerdo con la aprobación de una normativa tirada de los pelos que no ha cumplido los procedimientos para que haya un verdadero debate”, deploró el legislador indígena Pedro Nuny. El líder indígena del TIPNIS Adolfo Moye declaró a EFE que con la aprobación de la nueva ley “se ha consumado algo ilegal” y advirtió que no permitirán el ingreso al parque de los nativos afines a Morales para la consulta.

La CIDOB y CONAMAQ repudiaron la actitud del Presidente Morales, convocaron a la IX Marcha en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y comenzaron a articular una red con sindicatos y organizaciones sociales para fortalecer la resistencia.

La presidenta de la Cámara Baja Rebeca Delgado (MAS) reprochó a quienes niegan la posibilidad de una consulta previa, lo que implica “negar la Constitución y los derechos de los pueblos indígenas”.  La presidenta de la Cámara de Senadores Gabriela Montaño (MAS) opinó que sería un “contrasentido y un error histórico de la CIDOB” si se opone a la realización de la consulta.

Según el Presidente Morales, los dirigentes de la CIDOB le tienen “fobia” a la consulta porque “saben que van a perder y por eso hacen campaña en la prensa; las ONGs tienen miedo a perder la plata que le facilitan sus financiadores, por eso se oponen a que las cosas cambien en el TIPNIS”. Los legisladores del MAS Fidel Surco y Galo Bonifaz amenazaron con enjuiciar a quienes se opongan a la consulta, un mandato de la Constitución.

Lo que no explicaron Evo y sus partidarios es por qué el gobierno no llamó a consulta antes de definir el trazo y el financiamiento de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Tampoco aclaran porqué ahora organizan una consulta para definir el futuro del tramo II de la carretera, el cual ya está definido, sabiendo que la Constitución solo reconoce la consulta con carácter “previo” y no “posterior” a la aprobación de cualquier obra o proyecto.

Entre tanto, el Presidente anunció que conformará una comisión técnico-jurídica con representantes campesinos, indígenas, originarios, trabajadores mineros, y otros sectores sociales para comenzar a elaborar un proyecto de Ley Marco de Consulta Previa.

El diputado Javier Zavaleta dijo que la Ley Marco abarcará a todas las actividades productivas (hidrocarburos, obras de infraestructura, de servicios) y se aplicará en diferentes territorios, ya sean reservas naturales, autonomías indígenas o Tierras de Comunidades de Origen. Estimó que la norma se aprobará máximo hasta abril de este año.