Es necesario hablar de un año atrás para comprender lo ocurrido un año después. El 14 de enero de 2011 el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez -hoy canciller-, presenta a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 8 que reformaba el código minero, el cual pasa a toda velocidad por diputados y es promulgado el 11 de febrero de ese año por el presidente Ricardo Martinelli.

Al día siguiente los indígenas lo protestan, salen a las calles y cierran la interamericana en San Félix. Son reprimidos pero la protesta se mantiene y sólo termina el 27 de febrero con la derogación de la ley y el compromiso de Martinelli de respetar las comarcas en lo tocante al desarrollo minero e hídrico.

Del encuentro con Martinelli surgió el Acuerdo de San Félix de seis puntos, cuyo principal es el dos: \"Crear una ley que prohíba explícitamente la exploración, explotación de la minería en la Comarca y la protección de los recursos hídricos y ambientales de la comarca Ngöbe Buglé y Campesino\".

El gobierno anuncia el inicio de un gran diálogo para consensuar un nuevo proyecto minero sobre la base de esos puntos. Pero rápidamente empiezan las dilaciones. Algo no funciona. Los indígenas radicalizan sus peticiones y proponen otro texto de ley que añade conceptos concentrados en un polémico artículo 5.

\"Artículo 5. Se cancelan todas las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales o extranjeras, para la exploración y explotación de los recursos minerales y para la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la Comarca Nögbe Buglé, áreas anexas, territorios y comunidades Ngöbe Buglé fuera de la Comarca y se suspenden de inmediato todos los trabajos que estén llevando acabo dichas empresas\".

Sin embargo, el gobierno insiste en la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Barro Blanco, en el río Tabasará, que si bien no está dentro de la comarca ngöbe, sí afecta el hábitat indígena según Celio Guerra, cacique general del Congreso Tradicional.

Esos proyectos, los cuales han costado más de 100 millones de dólares, afectan la región comarcal de Mune, atraviesan el distrito chiricano de Tolé y terminan cerca del Puerto Vidal, y no se han terminado por las objeciones legales que ahora pueden desaparecer con facilidades de estudios de impacto ambiental, aprobadas por el actual gobierno.

A las orillas del Tabasará viven más de 40 comunidades; 711 hectáreas de potreros, 35 de bosques, 12 de plantaciones forestales y 138 hectáreas que ocupa el cauce del río quedarían inundadas, y esas son razones muy fuertes de la oposición indígena aunque la instalación esté fuera de los límites de su comarca.

En mayo se da por terminado el accidentado diálogo entre la comisión ad hoc de diputados y la Coordinadora pero de los 15 puntos que le sirvieron de base finalmente fueron consensuados 12 artículos, entre ellos el 5. El proceso se estanca, no hay avances y los indígenas retoman las protestas en julio. Cierran la interamericana en San Félix y el puente sobre el río Tabasará, enojados por incumplimientos de acuerdos del gobierno y la construcción de la hidroeléctrica en Barro Blanco. Se renuevan las protestas.

Las negociaciones siguen estancadas, y de hecho es como si no existieran. El 19 de octubre el gobierno aprueba el proyecto que reforma el nuevo Código Minero y deja intacto el artículo 4, el cual había provocado la rebelión de febrero por concesiones mineras a estados extranjeros.

La Coordinadora rechaza el intento de imponer la ley que desconoce sus intereses y denuncia que se ignoran los acuerdos suscritos en la mesa del diálogo con el legislativo. La cacica Silvia Carrera, por el Congreso General, anuncia acciones preventivas contra la propuesta oficialista.

El ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, en acuerdo con el presidente de la Asamblea, Héctor Aparicio, negocia con los indígenas en San Félix y allí mismo proclaman la suspensión del debate del proyecto de ley 394 del gobierno, con el que discrepa la Coordinadora. Su colega de Comercio e Industria, Ricardo Quijano, declara se ha logrado un acuerdo entre el gobierno y los indígenas, que el proyecto minero en discusión en la Asamblea no implica a las comarcas y lo que ellos no quieran no se reflejará en la ley.

Sin embargo, en la Asamblea se discute un texto diferente. Quijano se excusa y dice puede ser una equivocación. Pero cuando en noviembre termina el período de sesiones ordinarias, Martinelli convoca extraordinarias en diciembre para tratar el mismo proyecto de ley 394 que reforma el código minero. Las discrepancias son tremendas.

El jefe de la Comisión de Comercio, diputado oficialista Raúl Hernández, recordó que el acuerdo con los indígenas involucraba discutir paralelamente las dos proposiciones, y en caso de que se llamara a sesiones extraordinarias junto al proyecto 394 debía discutirse el 415, sugerido por autoridades comarcales, con su famoso artículo 5.

La cacica general Silvia Carrera se quejó de lo sucedido. \"No puede ser que nuestra propuesta tenga más de cuatro meses de estar esperando aprobación en la Asamblea, y que el proyecto 394, presentado en octubre, ya esté en segundo debate\", sostuvo.

El tema fue sacado de la agenda de las sesiones extraordinarias y pasado para enero de 2012. Cuando el proyecto de ley especial 415 aparece en los pupitres de diputados para el segundo debate pues la comisión lo había aprobado por unanimidad, ya del texto de la Coordinadora había sido volado el artículo 5 y casi no quedaba nada del documento original.

En lugar del artículo 5 aparecen los textos siguientes: \"Se prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, explotación y extracción de minería metálica y no metálica y sus derivados de la comarca ngöbe buglé, sus áreas anexas y las comunidades ngöbes adyacentes a estas por cualquier persona natural o jurídica de carácter público o privado, nacional o extranjera\".

\"Artículo 4: se prohíbe la alteración de los cauces, cabezas de río y la explotación privada de las fuentes de agua dentro de la comarca ngöbe buglé, sus áreas anexas y las comunidades adyacentes…\".

Los indígenas no tragan pues se mantiene la aprobación de hidroeléctricas en construcción. A partir de ahí comienza el remake ya conocido y su secuela de violencia. Los ngöbes no se dejan pasar gato por liebre, y como la Asamblea insiste en aprobar el texto modificado sin incluir el artículo 5, se lanzan de nuevo a la calle.

El gobierno persiste en su posición de desterrar por siempre el polémico artículo en aras de no renunciar a la construcción de hidroeléctricas. Crece la rebelión. Aumenta la represión. Hay muertos, miles de gente en la calle. La situación es muy grave. En respuesta a una pregunta de Prensa Latina sobre qué falló en el cumplimiento del punto dos del acuerdo de 2011, que dio paso al artículo 5 de los indígenas y el 3 y 4 del gobierno dentro de la nueva ley 415, el canciller Roberto Henríquez aclara:

\"Allí (punto dos de San Félix) se habla de \"protección\" de recursos hídricos, no \"prohibición\". Yo creo que aquí ha habido una diferencia de interpretación de lo que esa protección significaba para un sector y para el otro. Probablemente la dirigencia de la Coordinadora equipara protección con prohibición y eso aparentemente ha producido esta diferencia, más el elemento nuevo que no aparece en el acuerdo de San Félix (y sí en el artículo 5).\"

La oportunidad para dirimir esas interpretaciones ha llegado. Papadimitriu explicó que el Acuerdo de San Lorenzo consiste en establecer un diálogo sobre la Ley minera basado en lo acordado en el 2011 en San Félix. Como Gobierno estamos dispuestos a dialogar sobre el artículo 5 del proyecto de ley 415, afirmó.

Sin embargo, las negociaciones serán difíciles y delicadas pues el tema hídrico sigue ambivalente y los indígenas quieren claridad. La cacica general fue muy rotunda: \"Creo y tengo fe en Dios que se cumpla lo pactado en el acuerdo y espero no pase como el año pasado, que hubo muchos acuerdos y no se cumplió ninguno. No queremos seguir cerrando calles\".

Ngöbe-buglé: el guardián de las aguasEl lunes 27 de febrero se reanuda en la Asamblea Nacional el diálogo entre ngöbes-buglé que preside la cacica general, Silvia Carrera, y ministros del gobierno panameño, sobre una ley minera en discusión, cuyo epicentro son las hidroeléctricas. Hay allí un enfrentamiento de conceptos en el que se soslaya, o no se toma en consideración, la complejidad de la cosmovisión ngöbe-buglé de la naturaleza, muy alejada de los criterios desarrollistas que defiende su contraparte.

El gobierno tiene interés en explotar mediante una red de hidroeléctricas el potencial energético concentrado en la Cordillera Central, donde nacen los ríos más caudalosos de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, precisamente en la comarca indígena y sus áreas anexas y aledañas.

Según los ngöbes, cualquier obra en esos lugares puede provocar daños ecológicos irreparables a la comarca, por lo cual solicitaron a los constructores del proyecto Barro Blanco -que lo realizan a un costo de 105 millones de dólares- un estudio de su potencial peligro para la comunidad.

Para el gobierno y los constructores, es un tema económico y de desarrollo de envergadura. Para los indígenas, un caso en el que lo espiritual se superpone incluso a lo terrenal, pues el agua es un ser vivo al que se le debe respetar, cuidar y rendir todo tipo de pleitesía, jamás enojarlo, y mucho menos agredirlo o dañarlo.

Hay un canto ngöbe con fuerza de himno presente en todas sus ceremonias y actos, que expresa ese sentir: El agua que me da la vida/Que cubre el calor del sol/Llegarías tan lejos conmigo/Si tan sólo pudiera llevarte adonde fuera. El mismo canto agrega: No te enojes, no te alejes./ Nosotros te necesitamos/ como el niño pequeño necesita a la madre.

En esa expresión, sin lugar a dudas, está la firmeza de las rígidas posiciones planteadas al gobierno frente al tema hídrico en el que no han cedido, aún cuando se han mostrado mucho más flexibles en el caso de la minería. Como ser vivo proveedor de vida y de animación del universo, para los ngöbes con el agua se dialoga y se mantiene una relación de amor muy particular, y eso es lo que les ha permitido lograr una conservación de esos recursos que las hidroeléctricas podrían poner en peligro.

Los ngöbe-buglé agradecen a Njöbo (Mama Tata, dios creador del universo) por el agua que fecunda el Dobo tibiem (madre tierra) y permite la reproducción de la vida y la alimentación de sus hijos. Desde ese punto de vista son ejemplo en la conservación del ecosistema. De allí el arraigo en la cultura ngöbe-buglé de deidades como Ulikron, quien después de ver hombres que vestían de oro y de suaves telas y construían largos caminos, aseguró que volvería si el agua se acaba en la tierra.

O Ciri Klave, nacido con el remolino del río del que emergió en una gran canoa resplandeciente como el sol con remos cubiertos de perlas para proteger el agua con sus fuertes brazos y flechas que se clavan lejos y con gran certeza. ¡Y ahí está todavía!

El agua, en consecuencia, es una divinidad omnipresente que, como tal, no es negociable, y para ellos las hidroeléctricas anexas violan esos preceptos ancestrales. Traducido a cifras, tomando como base un estudio de hace 10 años del exdefensor del pueblo Ítalo Antinori, los proyectos del Tabasará harían que hasta el 90 por ciento del agua de ese río se pierda aunque las obras estén fuera de la comarca, y perjudicaría a más de 40 comunidades indígenas que viven en sus orillas.

Los constructores de esos proyectos están en la obligación de rebatir esos cálculos y demostrarles lo contrario, pero deben hacerlo de manera muy convincente pues los indígenas cuentan con sus asesores y es difícil forzarlos a desistir de la creencia de que las obras afectarán el agua.

Para los ngöbe-buglé, cuando se amenaza el agua, se amenaza a Dobo tibiem y al conjunto de seres vivos, incluidos ellos y sus adversarios. Atacar al agua es atacar al mundo, y si se quiere que el mundo siga respirando, todos tienen que escuchar y respetar su canción que viene en el arrullo del río bajando de la montaña:

Usted que me vio nacer/Usted que me ve sufrir/Usted que me da vida/Imploro a mi Dios que te cuide. De alguna manera, el ngöbe-buglé se siente guardián de las aguas.

El autor es corresponsal de Prensa Latina en Panamá.