La VIII Marcha Indígena obligó al gobierno de Evo Morales a promulgar el 24 de octubre de 2011 la Ley 180 que prohibe la construcción de carreteras en el TIPNIS, declarado zona “intangible”.

El 30 de enero de 2012 arribó a la ciudad de La Paz la contramarcha de cocaleros y colonizadores afiliados al Consejo Nacional Indígena del Sur (Conisur), exigiendo la anulación de la Ley 180 que proscribe el tramo II de la ruta Villa Tunari San Ignacio de Moxos. Dos días después, el Vicepresidente Álvaro García Linera delegó a una “comisión parlamentaria de alto nivel” para que elabore con los marchistas del Conisur un “proyecto de ley” que resuelva la disyuntiva de abrogar o no la Ley 180.

El Vicepresidente se parcializó con las organizaciones cocaleras, los sindicatos de transportistas y otros gremios urbanos aglutinados en el Conisur, en su criterio las “verdaderas bases” de la Subcentral Indígena del TIPNIS, desconociendo de plano los derechos y conquistas legítimas de la VIII Marcha Indígena de 2011.

“Hay que corregir dos errores”: primero, el no haber consultado a indígenas del Conisur para la aprobación de la Ley Corta, y segundo, la decisión de construir la carretera de manera inconsulta, explicó el Vicepresidente Álvaro García Linera, y consideró que la mejor forma de enmendar esos errores es consultar a los “hermanos” de 36 comunidades para que decidan en asamblea si “debe haber carretera o no; es lo más democrático y justo”. (Erbol)

Los dirigentes Conisur presentaron el 6 de febrero a la ALP un proyecto de ley de convocatoria a consulta previa, libre e informada a los pueblos que habitan el TIPNIS, con el fin de replantear la denominada Ley Corta. El pasado sábado, los contramarchistas del Conisur y las presidentas de las Cámaras de Diputados y Senadores Rebeca Delgado y Gabriela Montaño, respectivamente, acordaron “definir la mejor alternativa” para reactivar la construcción del segundo tramo de la ruta Villa Tunari – San Ignacio de Moxosla por medio del Parque.

El proyecto de ley de 11 artículos convoca a Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos indígenas a fin de “lograr un acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y los pueblos indígena originario campesinos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré” en dos asuntos clave:

“1. Definir si el TIPNIS debe ser zona intangible o no para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”, y

“2. Establecer las medidas de salvaguarda para la protección del TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales dentro de la línea demarcatoria del TIPNIS” y determinar los mecanismos para mantener la zonificación establecida en el Plan de Manejo del TIPNIS.

El proyecto de ley señala que la consulta se realizará en las comunidades indígena originario campesinas que habitan el TIPNIS, “respetando sus normas y procedimientos propios”, y garantizando su derecho a ser consultadas en concordancia con el numeral 15, parágrafo II, del artículo 30 y en el artículo 352 de la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 1257 de 11 de julio de 1991 (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT) y la Ley N. 3760 de 7 de noviembre de 2007 (Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).

Son sujetos del derecho a ser consultadas todas las comunidades Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés del TIPNIS, en los idiomas mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, chimane, yuracaré y castellano.  La consulta se realizará en un plazo máximo de 120 días a partir de la promulgación de la ley, y los acuerdos logrados serán de cumplimiento obligatorio para el Estado Plurinacional y los pueblos indígena originario campesinos del TIPNIS.

La noche del martes, el pleno de la Cámara Alta controlada por el oficialismo aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley de consulta. “Serán dos bloques de consulta en las comunidades mojeño-trinitarias, chimanes y yuracarés, las cuales darán un veredicto colectivo de consenso”, informó el senador del MAS René Martínez.

El principal dirigente del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan Del Granado advirtió que el “tramposo y engañoso” proyecto de ley derogaría la Ley 180 en un plazo de 120 días, convalidando de esta manera los contratos lesivos al Estado suscritos por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la constructora brasileña OAS.

El MAS vulnera la Constitución y los tratados internacionales

El presidente del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) Ramiro Otero Lugones deploró “el inminente atentado directo y flagrante en contra el derecho a la propiedad colectiva de las 64 comunidades del TIPNIS, mediante amenaza pública de derogación, abrogación, modificación y generación de acciones administrativas del nivel central del Estado destinadas a evadir el cumplimiento de La Ley 180”.

Oteró dijo que la modificación de la Ley 180 no sólo es políticamente incorrecta sino también constitucionalmente inviable, y quienes promueven los cambios instigan públicamente a la violación del Art. 403 de la Constitución, que norma la integralidad del TIPNIS, es decir el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables; a la consulta previa e informada, y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos no renovables que se encuentren en sus territorios.

Según Otero, es constitucionalmente inviable modificar la Ley Corta porque al hacerlo se “incurrirá en violación de los Artículos 32, 9 Numeral 6, 13 P. IV y, 30 numerales 10 y 15, y en el delito de traición a la patria tipificado por el Artículo 124 Numeral 2, así como del régimen constitucional de recursos naturales y otras figuras del Código Penal sobre asociación ilícita, amenazas, conspiración y otros”.

El representante del Fobomade agregó que la modificación de la Ley Corta es políticamente incorrecta porque emerge de “una contramarcha alentada por el gobierno, que carece legitimidad social y que no hace más que mostrar el carácter ofensivo y desafiante de los productores de coca”.

En 2009 el cacique Mayor del Conisur Marco Emilo Fabricano rechazó la construcción del tramo dos de la carretera por medio del TIPNIS, razón por la cual fue destituido del cargo y reemplazado por Gumercindo Pradel. En 2011 Pradel confesó a la red Erbol que siete de las comunidades afiliadas al Conisur se dedican al cultivo de coca.

El Conisur afilia a las poblaciones de Sanandita, Villa San Juan, San Antonio, San José de Angosta, El Carmen, Puesto Pancho, San Jorgito, Fátima, Limo del Isiboro, Sasama y Moleto, es decir a solo 11 de las 64 comunidades yuracares, trinitarias, mojeñas y chimanes que habitan en el TIPNIS, revela un registro de la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO).

Durante el saneamiento de tierras del polígono 7 del TIPNIS (el área colonizada), los yuracarés y mojeños pasaron de comunarios a propietarios individuales; y las comunidades de Fátima, Limo del Isiboro, Sasama y Moleto se convirtieron en sindicatos y se afiliaron a la Federación de cocaleros del Trópico de Cochabamba, recordó el responsable de Organización de la Subcentral del TIPNIS Bernabé Nosa.

La gran mayoría de los afiliados al Conisur prefirieron ser dueños de predios agrarios individuales, y por tanto renunciaron a sus derechos colectivos sobre el territorio indígena. “Ya no son comunidades indígenas, no tienen ni siquiera tierras comunitarias, solo andan en motos porque han vendido sus tierras a los colonizadores; por eso no pueden decir que nos representan”, expuso Nosa a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

“El Conisur no puede hablar a nombre de todas las comunidades del Territorio Parque Nacional Isiboro Sécure; nosotros no hemos determinado de que se lleve adelante esa marcha que ha sido promovida y protegida por el gobierno”, declaró el diputado Pedro Nuny a radio Santa Cruz de la Red Erbol el pasado viernes, luego de instalar una vigilia en las oficinas de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

Nuny advirtió: “Haremos lo imposible para proteger y garantizar el respeto a la ley 180 y para que no se efectivice lo que está pretendiendo hacer el gobierno con el Conisur… Nos mantenemos acá en la casa grande y si el gobierno vulnera nuestros derechos, la propia Constitución y la ley de protección del TIPNIS, nos movilizaremos en su momento y tomaremos acciones… La novena marcha nunca se ha descartado dado que el gobierno tiene su posicionamiento radical, antidemocrático y sobre todo antiindígena”.