La inversión programada para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos alcanza a 415 millones de dólares, de los cuales el gobierno brasileño financiará 332 millones. En 2009, OAS se adjudicó la construcción de la vía de 306 km, dividida en tres tramos.

El diseño y construcción del tramo II de 177 km a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fue vetado por la Ley Corta 180 que declaró intangible al TIPNIS y prohibió la construcción de cualquier carretera en ese parque nacional.

“Nosotros no podemos mantener en el contrato el tramo II que está siendo excluido, y estamos viendo no sólo el tema legal y económico sino el mejor escenario en términos de los recursos en los contratos”, explicó la Ministra de Planificación del Desarrollo.

Caro dejó en claro que no se rescindirá el contrato: “Tenemos que ser muy responsables en el manejo de los recursos públicos y de las inversiones que ya se han hecho. El rescindir un contrato nos implica obligaciones con respecto a la empresa que se ha contratado”.

La Ministra aseguró que el financiamiento de los tramos I y III está plenamente garantizado y justificado “sobradamente”. Pero según el BNDES, la nueva legislación inviabiliza los desembolsos, y aguarda a que OAS y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) definan un nuevo contrato.

Según fuentes del gobierno brasilero, a fines de 2011 la constructora paralizó obras por falta de financiamiento. El gobierno boliviano y la constructora brasilera discrepan sobre el costo de los tramos I y II de la vía. El Presidente Evo Morales aceptaría pagar cerca de 110 millones de dólares, pero OAS pide no menos de 200 millones.

¿Todo para convalidar un contrato sucio?

El Presidente Morales sacó la manga el “tramposo y engañoso” proyecto de Ley de consulta con el fin de derogar la Ley 180 de Protección del TIPNIS, y de esta manera convalidar los contratos lesivos al Estado suscritos por la ABC y OAS, con un supuesto sobreprecio de más de 100 millones de dólares, denunció el jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan Del Granado.

Pareciera que el gobierno pretende encubrir los dos contratos lesivos al Estado que fueron firmados por la ABC y OAS, complementó la jefa de bancada del MSM Marcela Revollo. “Lo primero que tiene que hacer el gobierno es derogar todos los contratos con OAS y transparentarlos ante el pueblo boliviano. Si esto no queda claramente esclarecido lo que estaríamos asumiendo es que es una ley que pretende encubrir contratos lesivos a los intereses del Estado”, afirmó la diputada.

La asambleísta del MSM espera que la consulta previa que impulsa el gobierno no anule la Ley 180, “que a estas alturas no es una conquista solo de los indígenas de tierras bajas sino del pueblo boliviano”.

El dirigente de la Confederación de Constructores de Bolivia Jesús Acosta confirmó que su sector también rechaza la construcción de la obra porque dañará una reserva natural de enorme importancia. “Si bien estamos conscientes de que la integración caminera beneficia al desarrollo de las regiones no podemos permitir que se dañe el parque nacional Isiboro Sécure” con nuevos asentamientos cocaleros ilegales, declaró Acosta a radio Panamericana.

Con información de ABI, Bolpress y Valor Económico de Brasil.