La determinación de la CCJ respondió a una solicitud de medidas cautelares presentada por las organizaciones ambientalistas nicaragüenses Fundación Nicaragüense de Desarrollo Sostenible (Fonare), presidida por Jaime Íncer Barquero, y el Foro Nacional de Reciclaje, a cargo de Kamilo Lara. “Por unanimidad de votos la Corte Centroamericana resuelve declarar con lugar la solicitud de medida cautelar, consistente en que se suspendan inmediatamente las obras de construcción de la mencionada carretera”, señala el fallo de la CCJ.

La construcción de la carretera costarricense en las cercanías del río San Juan de Nicaragua pone en peligro un frágil y valioso ecosistema del Corredor Biológico Mesoamericano, poseedor de reservas de biosfera y áreas de humedales protegidas internacionalmente. La zona en riesgo conecta los mejores ecosistemas del norte de Centroamérica con los del sur, por tanto resulta clave en la conservación del bosque húmedo tropical de la región, explicó a Prensa Latina el doctor Jaime Incer, experto en la materia.

Con unos 120 kilómetros de extensión, el camino corre en paralelo a la ribera sur del cauce, que en parte de su trayecto define el territorio limítrofe objeto de diferendos históricos. La carretera tendrá un grave impacto “al degradar aún más el suelo, ya desbastado por la deforestación, debida principalmente a los desarrollos  agrícolas e industriales en territorio costarricense”, señaló Nicaragua en una demanda presentada a la Corte Internacional de Justicia.

A los estragos inmediatos podrían sumarse otros debido a los megaproyectos de infraestructura turística previstos por el Ejecutivo de Costa Rica en las proximidades del cauce, alertó la Fundación Amigos del Río San Juan (Fundar), entidad que constató in situ la migración de especies de peces por la pérdida de su hábitat y cerca de 200 puntos de arrastre de sedimentos que van a parar directamente al torrente como consecuencia del desbroce del terreno.

La Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz y el Fonare mostraron imágenes del más reciente sobrevuelo sobre el área del río San Juan, en las que aparecen equipos de construcción en plena faena, dejando una estela de terreno arrasado. La remoción de los suelos y los cortes de taludes en ángulos por encima de los 70 y 90 grados de inclinación ponen en riesgo la zona, caracterizada por la fragilidad debido a sus características tectónicas.

Litigio internacional

Durante las últimas semanas, la Administración del presidente Daniel Ortega pidió la intervención de distintos mecanismos multilaterales para detener las obras, y el 28 de noviembre de 2011, exhortó a entablar conversaciones con la mediación de México y Guatemala. Ambientalistas de los dos países respaldan el diálogo, confirmó el costarricense Alberto Cabezas, presidente de la Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz, quien presentó un recurso de amparo en contra de la presidenta costarricense Laura Chinchilla ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de ese país.

El 22 de diciembre de 2011, Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una demanda contra Costa Rica por graves daños ambientales y violaciones a su soberanía. Una nota de prensa del tribunal, con sede en La Haya, confirmó la denuncia. El doctor Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante la CIJ consideró que ese tribunal podría “en un corto plazo” ordenar la presentación de los estudios ambientales a las autoridades ticas.

Nicaragua pidió a la CIJ que ordene a Costa Rica detener la obra en curso, revertir los daños ocasionados, pagar por ellos y comprometerse a no llevar adelante obras similares en el futuro de manera unilateral. Según la denuncia nicaragüense, las acciones de Costa Rica amenazan con destruir el río San Juan y su frágil ecosistema, inclusive las reservas de la biosfera adyacentes.

De acuerdo a la demanda, entre los daños ocasionados por Costa Rica se encuentran el vertido en el río de volúmenes sustanciales de sedimentos, tierra, vegetación arrancada, árboles derribados por la tala, erosión de los suelos y la nivelación del terreno que ahora sirve de base a la carretera. Además advierte sobre los daños inminentes de la sedimentación a la calidad del agua, a la vida acuática y la flora y fauna que puebla ambas márgenes del río.

La nota de la CIJ especifica que Nicaragua basó su demanda en el Artículo 36, párrafo uno, del Estatuto de la Corte, y en ella expuso el daño económico presente y futuro que implica la construcción. El gobierno nicaragüense pidió al tribunal que reconozca las violaciones de Costa Rica al territorio nacional, así como a diversas convenciones internacionales y legislaciones.

Nicaragua también envió reportes a la Convención Ramsar (relativa a la protección de humedales), a la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Además, recibieron notificación del caso la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, uno de los órganos del Sistema de la Integración Centroamericana, y la agencia de las Naciones Unidas para la Preservación del Medio Ambiente (PNUMA).

A pesar de ello, el vicecanciller costarricense Carlos Roverssi descartó la suspensión de las obras de construcción de la carretera y la mandataria Chinchilla restó importancia a la demanda presentada ante la Corte de Justicia de La Haya. “Estamos muy seguros de lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo de la manera correcta”, afirmó la gobernante.

El 30 de diciembre, Nicaragua anunció que extenderá las labores de dragado en el río San Juan a fin de eliminar los sedimentos vertidos por Costa Rica. El comandante Edén Pastora dijo además que el Ejecutivo intentará frenar el crimen ecológico en parte de la frontera común. Según Pastora, al frente de la labor de dragado y limpieza del San Juan, la obra ha dejado al descubierto la hipocresía del gobierno de Chinchilla, quien se declaraba ecologista, mientras daña el medio ambiente.

Ante la decisión hostil de continuar con la construcción, Nicaragua considera ampliar las labores de dragado otros 34 kilómetros en el área del delta, para extraer los sedimentos que arrastran las aguas producto de la tala indiscriminada y la remoción de los suelos, expuso el funcionario a La voz del sandinismo. La medida de desobstruir el río debe permitir la recuperación del caudal de las aguas y la navegación en todas las épocas.

La CCJ falla a favor de Nicaragua

El 18 de enero de 2012, la Corte Centroamericana de Justicia ordenó a suspender de inmediato la construcción de la carretera. El presidente de la CCJ, el hondureño Francisco Lobo, explicó que durante la inspección realizada por los seis magistrados a la zona -el 12 de enero-, encontraron algunos indicios de los daños provocados por Costa Rica con la ejecución del plan vial.

Con esta medida provisional, el mecanismo judicial procura “evitar que se produzca un daño irreversible e irreparable” al río San Juan, que limita por el este a ambos países y es causa continua de conflictos jurídicos y diplomáticos entre estos desde hace más de un siglo.

La CCJ también solicitó a la Comisión Centroamericana de Medio Ambiente y Desarrollo elaborar, en un plazo de 10 días, un informe sobre “las posibles consecuencias y efectos causados” al río nicaragüense por Costa Rica, agregó Lobo. El ente regional instó a ambos gobiernos a “emprender en el marco de sus relaciones bilaterales un diálogo específico que garantice la protección de los recursos naturales y las reservas” en el área limítrofe.

Costa Rica negó haber contaminado el río, puso en entredicho la validez del fallo y rechazó la competencia de la CCJ para conocer el caso, por cuanto nunca aceptó pertenecer a ella. La CCJ es un órgano de integración formado por seis magistrados de Nicaragua, Honduras y El Salvador, debido a que las otras naciones de la subregión persisten en no ratificar el protocolo de su constitución. Para la administración de Laura Chinchilla, ese organismo actúa de forma parcial a favor del Gobierno de Nicaragua, por lo que aseguró que no detendrá las obras que realiza “en el ejercicio de su soberanía y en beneficio de las comunidades fronterizas”.

Lobo advirtió que si Costa Rica se niega a acatar esta resolución de medida cautelar o el fallo final de la CCJ, corresponderá a la Reunión de Presidentes, máximo órgano del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), tomar las medidas pertinentes, diplomáticas, económicas o financieras.

Lobo informó que en la primera quincena de febrero se realizará una audiencia donde las partes expondrán sus alegatos para luego poder dar un fallo definitivo sobre el caso y aclaró que si Costa Rica no se presenta a esta cita el juicio proseguirá escuchando solo a la parte demandante.Con reportes de la periodista María Julia Mayoral, corresponsal de Prensa Latina en Nicaragua.