Aunque el Gobierno luego se desdijo, su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, insinuó que detrás de la tragedia de Carahue podría estar la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización reivindicativa de los derechos del pueblo mapuche. A renglón seguido anunció que La Moneda poseía los antecedentes necesarios para pensar que el siniestro había sido originado en forma deliberada y una acción de ese tipo, por añadidura, justificaba plenamente la aplicación de la citada norma jurídica contra sus responsables.

Matizada luego por el vocero del gobierno, Andrés Chadwick: "que se investigue, que lo haga el Ministerio Público para poder determinar quiénes fueron responsables", la declaración de Hinzpeter y figuras de la ultraderecha chilena atizaron los ánimos en torno al sensible tema mapuche.

El diputado del opositor Partido de la Democracia Cristiana René Saffirio acusó al Ejecutivo, y en particular a Hinzpeter, de rociar la Araucanía con bencina, cuando aún no está clara la causa de los incendios. Digamos las cosas por su nombre: aquí no hay nada nuevo. Basta con hurgar la superficie de nuestra historia para exhumar aquello que se ha pretendido esconder por vergüenza o descaro: el racismo entronizado en las elites chilenas, opinó el sociólogo y director del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe, Tito Tricot.

Recordó el académico el vía crucis por el que han atravesado los pueblos originarios de Chile durante siglos de colonización y cómo han tenido que padecer la usurpación de sus tierras, lugares sagrados y espacios de reproducción cultural. "Lo que para todo Carahue es un típico incendio de temporada que se escapó trágicamente de las manos, para Hinzpeter resulta la consecuencia de un orquestado plan del terrorismo mapuche", espetó Pedro Cayuqueo, director de los periódicos Azkintuwe y MapucheTimes.

Se trata de una afiebrada tesis de "terrorismo mapuche", añadió. La Moneda debiera apuntar en otro sentido, dijo: devolviendo tierras a las comunidades indígenas, reconociendo la deuda histórica y reparando con ello décadas de injusticia.

Otras lecturas aún más agudas salieron a relucir en el ámbito doméstico. "Somos un país con pésima memoria, media responsabilidad de nosotros, media responsabilidad de la prensa oficialista y su entrega de información completamente manipulada", apuntó un artículo publicado en el sitio http://www.gamba.cl/.

Bajo la firma de Hanzinho -Jorge Sepúlveda Retamal-, el texto rememora cómo "en el año 1999 la Forestal Mininco, empresa propiedad de la familia Matte (una de las más ricas de Chile), estuvo implicada en sendos autoatentados incendiarios, donde se culpó de todo a los mapuche y el gobierno de esos años aplicó la Ley antiterrorista". Hace referencia el material periodístico a una sucesión de hechos en la Araucanía entre 1999 y 2001, los cuales apuntaban a las empresas madereras de la zona azuzando actos que derivaran, como ocurrió, en la militarización policial del territorio mapuche y en la persecución y detención de los comuneros.

Las denuncias acerca de los autoatentados hechos por guardias forestales nunca fueron investigadas, siempre se acallaron, acotó la nota. Lo cierto es que el tema de marras cobró relieve en los comienzos de lo que apunta a otro agitado año para la derecha gobernante en Chile. Sobre las conjeturas enfiladas a los mapuche, la oposición política y hasta exponentes de la coalición oficialista concordaron que el Ejecutivo se equivocó y el error fue mayor al invocar luego la ley antiterrorista.

Estamos ante un montaje para justificar la aplicación de la ley antiterrorista a las comunidades mapuche en conflicto, al movimiento mapuche autónomo y en particular a la CAM, denunció desde la cárcel el líder nativo Héctor Llaitul. Sindicado como el principal dirigente de la CAM, Llaitul remarcó que dicha estrategia busca consolidar la mencionada legislación como una herramienta válida para enfrentar también a los movimientos estudiantiles y sociales chilenos, anticipándose a un año en el cual se vislumbran mayores movilizaciones y luchas.

Sobre la muerte de los trabajadores que combatían el fuego, expresó que se trataba de personas pobres, trabajadores con pésimos salarios, quienes laboraban en condiciones deplorables, sin la seguridad requerida. Los mismos empresarios forestales que han expoliado al pueblo mapuche son los responsables del hecho, declaró en un comunicado público.

La parafernalia mediática en torno al incendio de Carahue coincidió además, en los primeros días de enero, con denuncias de allanamientos a comunidades mapuche y hasta con un impactante video subido a Youtube en el que se ve claramente cómo un policía carabinero chileno golpea brutalmente a una mujer y la amenaza con su arma delante de sus hijos.

Según comunicado de la Comunidad Autónoma de Temucuicui al que tuvo acceso Prensa Latina, en Chile "se pretende estigmatizar, perseguir y buscar nuevas excusas para seguir atropellando a nuestros hermanos y hermanas, como se ha venido denunciando durante años".

El texto, rubricado por las autoridades ancestrales de esa emblemática colectividad, expresa que siete comuneros de Temucuicui están acusados injustamente por la ley antiterrorista debido a "burdos montajes y a una persecución racista político-judicial que busca criminalizar las justas reivindicaciones del Pueblo Nación Mapuche".

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