La renovación de los compromisos de reducción de emisiones establecidas por el Protocolo de Kioto, y la definición de fuentes financieras concretas del Fondo Climático Verde eran las dos tareas medulares de la COP17 que se celebró del 28 de noviembre al 11 de diciembre en la ciudad de Durban, Sudáfrica.

El Protocolo de Kioto suscrito en 1997, ratificado por 156 países y rechazado por Estados Unidos y Australia, se fijó como meta la reducción del 5,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990, precisando en un Anexo B metas concretas para cada país en función a sus responsabilidades históricas y presentes en lo referente a la contaminación atmosférica.

El G-77 más China, el Grupo Africano y las naciones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) insistieron en la necesidad de aprobar un segundo período de compromisos del Protocolo de Kioto, considerando que el primer período del pacto fenece en 2012. Pero las negociaciones sobre este segundo período del Protocolo tropezaron con la tradicional oposición de Washington y la decisión de Canadá, Japón y Rusia de no adscribirse a un nuevo pacto, reportó el periodista Enrique Torres, enviado especial de Prensa Latina a la COP17.

“Kioto pasó a la historia, hemos dicho que no nos embarcaremos en un segundo período de compromisos”, recalcó el ministro de Medio Ambiente de Canadá Peter Kent, en la línea de su colega delegado del Departamento de Estado Todd Stern.

Como en anteriores conferencias, las potencias norteñas tomaron la iniciativa y un grupo de trabajo “ad hoc” negoció el acuerdo entre bambalinas. La COP17 “fue el tercer refrito de Copenhague y Cancún: mismos actores, mismo guión, los documentos se producen fuera de los espacios formales de negociación, en cenas y reuniones privadas a las que no asisten los 193 estados miembros”, describió Pablo Solón, ex jefe negociador para cambio climático y Embajador de Bolivia ante Naciones Unidas.

A dos días de la clausura apareció un borrador de 131 páginas, una compilación de propuestas ya acordadas dos meses antes en la reunión de Panamá, que en la práctica sepulta el Protocolo de Kioto. El documento no establece nuevas metas concretas de mitigación de gases de efecto invernadero para los países industrializados; al contrario, plantea un nuevo instrumento legal a partir de 2020, dejando en el limbo sus compromisos actuales. “Este texto no solo es un Cancún menos, es un Kioto menos”, criticó la jefa del equipo negociador de Venezuela Claudia Salerno, mientras que el G77 más China rechazaron el paquete que de propuestas

La mayoría de representantes del los países en desarrollo criticó también los planes de mitigación, que en su criterio son muy flexibles para los industrializados (se trata de promesas voluntarias, no de obligaciones cuantificadas), mientras que imponen obligaciones extras a las naciones en desarrollo.

Tampoco se precisam las fuentes de financiamiento del famoso Fondo Verde, creado para ayudar a países pobres a adaptarse al cambio climátioco.  El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño denunció la falta de voluntad política de los industrializados para destinar recursos a salvar la vida de millones de personas y ecosistemas del planeta, y sin embargo “salvan la banca privada con cientos de miles de millones de dólares”.

El ministro para Políticas Nacionales de Nicaragua Paul Oquist exigió la efectiva implementación no solo de los 30 mil millones de dólares prometidos a los subdesarrollados desde la conferencia de Copenhague en 2009, sino de por lo menos 100 mil millones de dólares anuales “nuevos, adicionales y suficientes.

Cuba exhortó a los países desarrollados a enmendar el Anexo B del Protocolo para evitar una brecha entre el primero y segundo período de compromisos, con vistas a su plena ratificación en el lapso de tiempo necesario”. “Los países desarrollados, con su actitud irresponsable, están condenando al 40% más pobre de la población mundial, es decir, a unos dos 1.600 millones de personas, a un futuro con muy escasas oportunidades de supervivencia y desarrollo”, afirmó el viceministro primero de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba Fernando González.

El 8 de diciembre, una joven estadounidense interrumpió el discurso del representante de su país ante la XVII conferencia. “Hablo en nombre de Estados Unidos de América porque mis negociadores no pueden hacerlo. El Congreso obstruccionista ha encadenado la justicia ambiental y retrasado mucho tiempo las ambiciones de mitigación… El año 2020 es demasiado tarde para esperar, usted debe tomar la responsabilidad de actuar ahora, o pondrá en peligro la vida los jóvenes y personas más vulnerables del mundo”, exclamó en la plenaria de alto nivel Abigail Borahal, increpando al delegado del Departamento de Estado Todd Stern, quien esperaba frente al podio para pronunciar su discurso.

Los ciudadanos del mundo están siendo rehenes de unas negociaciones muertas, enfatizó Borah. “Necesitamos líderes que se comprometan a un cambio real, no una retórica vacía. Cumpla sus promesas. Mantenga viva nuestra esperanza. 2020 es demasiado tarde para esperar”, fue la última frase de la joven, mientras era conducida por los guardias y se escuchaban aplausos en el plenario. El 9 de diciembre, grupos de indignados invadieron el Centro de Convenciones de Durban gritando “No a las transnacionales”, “No maten a Africa”, “Salven a nuestras mujeres y niños”, “Salvemos a Kioto”, “No más emanaciones venenosas”…

La COP17 debió concluir el viernes, pero ante la falta de consensos se extendió hasta el sábado y el cocinado se aprobó en la madrugada del domingo. En Durban no se aprobó un segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto, sino “borradores” de enmiendas y vagas promesas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los países ricos, aseguró Solón.

Tras dos semanas de negociaciones a puertas cerradas, el foro aprobó una enmienda que pondrá en vigor el segundo capítulo de Kioto el 1 de enero de 2013. El acuerdo supone un compromiso de negociar entre 2012 y 2015 “un nuevo marco legal” con metas de mitigación cuantificadas  “aplicables para todos”, que entraría en vigencia el año 2020.

Según Solón, un “nuevo marco legal aplicable para todos” quiere decir que se diluirán las diferencias entre países desarrollados responsables de la crisis ambiental, y países en desarrollo victimas del cambio climático. El viceministro cubano Fernando Gonzáles denunció que, utilizando el chantaje político y económico, las naciones ricas “pretenden hacernos olvidar que el 76% de las emisiones acumuladas en la atmósfera, y por las cuales padecemos hoy las consecuencias del cambio climático, se originaron dentro de sus fronteras, en las que solo habita el 20% de la población mundial”.

“No hay otro camino que escuchar lo que dice la ciencia y también reconocer la deuda climática. Deben cumplir sus compromisos, así como respetar la Convención y sus principios establecidos en Río de Janeiro hace 20 años, pero no quieren asumir acuerdos legalmente vinculantes que les obliguen a reducir sus emisiones porque se tocan las bases mismas del capitalismo y los intereses corporativos”, criticó el canciller ecuatoriano Patiño.

“Las promesas de reducción de los países ricos serán bajísimas hasta el 2020 (de 13% a 17 % en relación a las emisiones de 1990) y nos llevarán a un incremento de la temperatura de más de 4 C. El Protocolo de Kioto se transformará en un Zombi sin una cifra global de reducción de emisiones y seguirá deambulando hasta el 2020 solo para permitir que los mercados de carbono no desaparezcan”, explicó el ex embajador boliviano.

Es “una traición a la necesidad de salvar el planeta; es evidente que los países desarrollados no quieren asumir metas de mitigación ambiciosas”, deploró la estadounidense Caitte Waddick, investigadora en temas de administración y planificación ambiental y regional. Según Solón, los próximos 10 años serán conocidos como “la década perdida del cambio climático, y el genocidio y ecocidio alcanzarán proporciones nunca antes vistas”.