La razón fundamental para que se dieran estas modificaciones fueron las ganancias extraordinarias que percibieron las compañías mineras en los últimos años gracias a los altos precios en el mercado internacional. La modificación de los esquemas tributarios es una tendencia mundial que busca lograr mejores acuerdos entre el Estado y las empresas para captar mayores rentas bajo el principio de que los recursos son de la nación, y por tanto la renta obtenida de su extracción también le pertenece a ésta, señala un informe del Revenue Watch Institute.

Esto significa también que los gobiernos son cada vez más dependientes de las actividades extractivas como motor del crecimiento y el desarrollo, y que su legitimidad política se funda en las rentas necesarias para sostener políticas redistributivas. Esto es doblemente riesgoso porque todo el esquema depende de commodities sumamente volátiles en el mercado, y porque que cada vez hay más actores sociales de América Latina que cuestionan los beneficios de una expansión sin precedentes de la actividad extractiva.

En Chile, el gobierno aprobó en octubre de 2010 un nuevo esquema de impuestos para el sector minero para financiar la reconstrucción de las regiones devastadas por el terremoto. Se trata de un nuevo “royalty” con tasas progresivas que van del 4 al 9% entre 2010 y 2012, para posteriormente volver a una tasa de entre 4 y 5%.

El incremento estuvo acompañado de un incentivo en el caso de las empresas que cuentan con contratos de estabilidad tributaria, pero que optaron por elevar el monto de regalías. A ellas se les extendió la estabilidad tributaria por ocho años más a partir de 2017. De 2018 a 2023 se aplicarán tasas de entre 5 y 14%, en función al margen operacional a todos los proyectos nuevos que comiencen a operar ese año.

En Perú el Congreso aprobó el 19 de septiembre de 2011 proyectos de Ley presentados por el Ejecutivo que establecen un nuevo esquema de aportes negociados con las empresas. El acuerdo oficial prevé que el Estado capte alrededor de 3.000 millones de soles anuales (algo menos de mil millones de dólares) durante los próximos cinco años mediante tres nuevos mecanismos: i) tasas más altas de regalías; ii) un impuesto especial para las mineras sin contratos de estabilidad tributaria; y iii) un gravamen especial para compañías con contratos de estabilidad tributaria.

Los gobiernos de Bolivia, Brasil y Ecuador también negocian un aumento de la participación estatal en la renta minera, aplicando reformas más amplias en el marco regulatorio del sector. En Brasil se debate una nuevo marco regulatorio que incluiría la creación de un impuesto especial para los proyectos de mayor rentabilidad. En Ecuador, en el marco de las negociaciones de los contratos mineros entre el Estado y las empresas mineras para dar paso a la minería de gran escala, el gobierno de Rafael Correa manifestó su interés de aumentar a 53% la participación estatal en la renta minera.

La nueva ley minera en Bolivia

Las reformas económicas implementadas en Bolivia desde 1985 tuvieron como objetivo sentar las bases legales y políticas para garantizar la presencia de inversiones privadas, particularmente extranjeras, en la minería. Dichas políticas intentaron eliminar todo vestigio de participación estatal en las actividades productivas y socavaron el patrimonio de la estatal Comibol.

En Bolivia rige el Código de Minería aprobado por Ley 1777 del 17 de marzo de 1997, que declara a las actividades mineras privadas como “proyectos de interés nacional”, al tiempo que relega a la minería estatal a la administración de contratos de riesgo compartido.

La ley minera vigente clasifica los distintos emprendimientos en tres categorías: Minería Grande (San Cristóbal, Kori Chaca y El Mutún y otras con operaciones superiores a 500 toneladas por día); Minería Mediana (Asociación Nacional de Mineros Medianos y algunas operaciones de Comibol), y Pequeña Minería (Cooperativas). Actualmente, la producción minera está concentrada en pocos yacimientos de gran tamaño y cientos de explotaciones de escala muy reducida. El gobierno de Evo Morales no ha podido revertir esta situación. (1)

El gobierno boliviano anunció en septiembre de este año que aumentará las regalías mineras de 4 a 7% promedio. Este cambio del esquema tributario forma parte de una ley que se negocia con el sector minero, que también comprende la modificación del antiguo sistema de concesiones de riesgo compartido o contratos de servicio.

El gobierno elabora la nueva ley minera en consenso con los sectores interesados. Para ello ha conformado una comisión de redacción integrada por representantes del Ministerio de Minería, Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), Cámara Nacional de Minería (CANALMIN) y Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

La nueva ley redefinirá los alcances del derecho minero, el régimen de inversiones, y las normas de prospección, exploración, explotación y comercialización. También reformulará el sistema impositivo y dispondrá la migración de contratos de todas las empresas pre constituidas antes de promulgación de la nueva Constitución Política del Estado.El nuevo régimen impositivo se aplicará sólo a los grandes proyectos mineros y contemplará excepciones para los pequeños emprendimientos de origen nacional. Hace poco el gobierno promulgó la Ley de Régimen de Tasa Cero al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la venta de minerales, en beneficio directo de al menos 1.200 cooperativas mineras.

Al 31 de diciembre de 2010, las regalías mineras sumaron 120,71 millones de dólares, según un reporte oficial del Ministerio de Minería. Al 30 de septiembre de 2011, las regalías mineras ascienden a 130 millones de dólares, aseguró el ministro de Minería José Pimentel.  El viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico Freddy Beltrán prevé que las regalías mineras bordearán los 150 millones de dólares en 2011.

Nota:

1. La Comibol maneja sólo las minas estatizadas en un ambiente adverso: baja ley del mineral, agotamiento de las reservas, elevados costos de producción, disminución de la demanda y del precio. La Comibol carece a la vez de capital y de capacitación empresarial, además debe asumir la carga financiera del desarrollo del Oriente, fomentado por el Estado. En consecuencia, no invierte en prospección, exploración, mantenimiento y reposición. J.C. Enríquez, en Minería, minerales y desarrollo sustentable en América del Sur, CIPMA-IDRC, 2001.

Con información del Boletín El Observador N. 6 del CEDLA, y del Análisis de las Industrias Extractivas en América Latina, Septiembre 2011, del Revenue Watch Institute.