Una buena parte de los cocaleros son ya campesinos ricos o acomodados porque obtienen ganancias gracias a la apropiación de trabajo ajeno, pues producen normalmente con el concurso de peones asalariados. Por el contrario, los indígenas yuaracarés, moxeños y chimanes que habitan en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) –y la mayor parte de los indígenas de las tierras bajas– además de realizar actividades agrícolas en chacos que usufructúan individualmente y que combinan con otro tipo de actividades económicas vinculadas con el mercado (como la extracción de recursos forestales y la elaboración de artesanías), normalmente se ven obligados a vender temporalmente su fuerza de trabajo a ganaderos, madereros y a0 los propios cocaleros para asegurar su medios de subsistencia. En este sentido, mientras los primeros son pequeños y hasta pequeñísimos capitalistas, los segundos son mayoritariamente semiproletarios.  Acicateados entonces por sus crecientes motivaciones de acumulación, los cocaleros del trópico de Cochabamba se han visto en la necesidad de acrecentar sus propiedades, lo que implica expandir la frontera agrícola. Sin embargo, esta expansión sólo puede darse hacia dos zonas claramente definidas. Por un lado, hacia el TIPNIS y, por otro lado, hacia el departamento de Santa Cruz; esta última opción implicaría avanzar sobre tierras que ya están ocupadas tanto por otros colonizadores (buena parte de ellos también campesinos ricos) como por pequeñas, medianas y grandes empresas capitalistas agrícolas y ganaderas articuladas a la agroindustria.  En la medida en que el Gobierno del MAS no afectará estos intereses (no lo ha hecho con la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y tampoco lo hará con la nueva Ley de Tierras que prepara a través de los dirigentes de la CSUTCB), la única posibilidad de expansión territorial para colonizadores y cocaleros del trópico de Cochabamba está en el TIPNIS.  Si en algo hacen hincapié los indígenas cuando plantean la defensa del TIPNIS es en el tema de la expansión cocalera y sus efectos. No les falta razones. En el Gobierno de Evo Morales se les ha recortado alrededor de 145 mil hectáreas que acabaron siendo dotadas a cocaleros que habían ocupado estas tierras de hecho, al aprobar un título final de propiedad colectiva de 1.091.656 hectáreas frente al título ejecutorial concedido en 1997 que ascendía a 1.236.296 hectáreas.  En una entrevista reciente, el dirigente indígena Adolfo Moye ha señalado que, a raíz de la expansión de los cocaleros hacia las comunidades indígenas del TIPNIS, muchas terminaron rodeadas de colonos “…por ejemplo, la comunidad de Santísima Trinidad donde yo vivo junto a 140 familias indígenas mezcladas con algunos colonos, hemos quedado al centro de la zona colonizada y rodeada por cocaleros. En la comunidad Limo, los hermanos del pueblo moxeño yuracaré ahora tienen apenas una hectárea y trabajan como empleados de los colonos. Sus hijos han tenido que migrar a las ciudades capitales para buscar empleo queriendo adoptar otra forma de vida; en muchos pueblos solo quedan los viejitos. Algunas comunidades, como Puerto Patiño e Isiborito, se extinguieron y no sabemos a dónde se fueron esos hermanos…”. (Entrevista en el Foro Social de Asunción www.isiboriosecure.com)  Este testimonio no hace más que reflejar el inevitable proceso de concentración y despojo de tierras que tiene lugar en el capitalismo, en el cual los expropiados van quedando con superficies de tierras cada vez más reducidas y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a los nuevos poseedores de la tierra, mientras que los que quedaron sin tierras, tienen que migrar y abandonar “el territorio”. Es este, en el fondo, el proceso que los indígenas del TIPNIS pretenden evitar y que el instrumento político de los campesinos ricos pretende consumar.  Los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la construcción de la carretera a través del TIPNIS, como el hecho de que ya habría sido “penetrado” por madereros (por lo que ya no cumpliría la función de su creación), así como declaraciones de dirigentes campesinos oficialistas en sentido que los territorios indígenas serían nada menos que nuevos latifundios, son el anuncio de que la próxima distribución de tierras de la “revolución agraria” correspondiente a la “quinta fase del proceso de cambio” será tan creativa, que se hará a costa de los territorios comunitarios de origen y los parques nacionales, precisamente para no afectar la gran propiedad capitalista o terrateniente.  * Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).«