Las primeras informaciones sobre lo que ocurría en medio de la selva amazónica eran confusas y hablaban de una pelea entre operarios y conductores de autobús. Más tarde surgió una inmensa lista de quejas de los 22 mil trabajadores sobre las condiciones de la constructora responsable de la obra, Camargo Correia, una de las mayores del sector en el país. Como golpe final, un incendio destruyó completamente los alojamientos en el almacén de obra. Hubo que abandonar el lugar.
El escenario caótico en el que se transformó la central de Jirau durante casi un mes apenas comienza a verse más claro. En un reportaje de Fábio Fujita, la revista Piauí llama al levantamiento de los trabajadores de Jirau “la primera revuelta obrera del Brasil en el siglo XXI” y relata, mediante testimonios, cómo la única ley respetada era la del capataz durante el turno de trabajo. Muchos llegaron hasta allí al haber recibido una oferta de trabajo de 900 reales (390 euros), pero en realidad no se superaban los 700 (305 euros). Nunca se pagaron las horas extras, aunque muchas personas trabajaran de domingo a domingo. Y, a pesar de que era ilegal, al campamento de los supervisores (que no compartían instalaciones con los operarios) llegaban prostitutas, drogas y bebida.
Esa era la situación de Jirau, que, junto con la central de San Antonio, constituirá el Complejo Hidroeléctrico de Rio Madeira. Se calculaba que una vez terminadas las dos obras (2012), estas hidroeléctricas serían capaces de producir juntas 540 MW/h y ganancias diarias de 8,5 millones de reales (3,7 millones de euros). La empresa Camargo Correia dijo que no sabía si conseguirá cumplir el cronograma después de los estragos. Los trabajadores volvieron a suspender actividades a mediados de abril: parte de las reclamaciones fueron atendidas por la constructora, pero se despidió a cuatro mil personas simultáneamente.
Si Jirau fuera la única obra del Plan de Aceleración del Crecimiento que suscitase protestas públicas Dilma Rousseff estaría feliz, pero no es el caso. Mientras intentaba resolver la situación de los trabajadores de Jirau, el gobierno brasileño recibió una petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la suspensión inmediata del proceso de otorgamiento de licencias de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte en Rio Xingu (PA), la mayor obra del PAC, con un presupuesto aproximado de 25,8 billones de reales (11,2 billones de euros). La paralización buscaba proteger a las comunidades costeras y a los pueblos indígenas que se verían gravemente afectados. El Palacio del Planalto y el Itamaraty recibieron la comunicación de la OEA como un ultraje a la soberanía nacional brasileña y calificaron las denuncias de “injustificables”.
La vía desarrollista
Los recientes acontecimientos contrastan significativamente con la onda de optimismo creada en torno al crecimiento económico de Brasil. En 2010, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 7,5 por ciento, el tercer incremento mayor del mundo y una cifra desconocida desde 1986 para la población brasileña. La crisis mundial de 2008 se superó en Brasil con un alto incentivo al consumo, financiado por el gobierno, y el entonces presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó a hablar de crisis de “pequeña ola”. Entusiasmada, la revista británica The Economist dedicó una portada al elevado desarrollo brasileño en noviembre de 2009. “Brasil takes off” o “Brasil despega”, tituló. Advirtió, sin embargo, que Brasil necesitaba enfrentar la arrogancia y encarar la burocracia, pues podría frenar el ritmo de crecimiento.
Al pensar en cómo Brasil prepara su desarrollo para los próximos años (como sede de la Copa de 2014 y de las Olimpiadas de 2016) es fácil encontrar esa arrogancia. Ya se contabilizan 40 muertes de trabajadores en las obras de la primera etapa del PAC, la mayoría debidas a descargas eléctricas, desprendimientos o caídas. De cualquier forma, el gobierno sigue invirtiendo. Poco antes de lanzarse como candidata a la presidencia, Dilma Rousseff anunció el PAC 2 en marzo de 2010, con una promesa de inversiones todavía mayor en nuevos sectores de infraestructura (1,59 trillones de reales, 694 billones de euros, entre 2011 y 2014).
Después de las elecciones, la realidad interrumpió los planes de la nueva presidenta. La inflación creciente obligó a hacer de nuevo las cuentas. Una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno después de la toma de posesión de Dilma fue el recorte de 50 billones de reales (21,8 billones de euros) de presupuesto de la Unión Federal, es decir, de todos los ministerios. Oficialmente, el Gobierno dice que las inversiones previstas para los programas sociales, entre ellos el PAC, permanecen.
De recortes y oposición
Fue posible sentir el efecto ya en la aprobación del salario mínimo. El gobierno lo fijó en 545 reales (238 euros), pero los trabajadores pedían 560 (244 euros). Fue la primera prueba de fidelidad política de la base en la Cámara, en la que Dilma Rousseff tiene amplia mayoría de representantes. La propuesta del gobierno fue aprobada con facilidad, ya que la oposición, capitaneada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y por el Partido Demócratas (DEM), no consiguió hacer frente.
Más que eso. Desde la derrota en las elecciones de octubre de 2010, el PSDB del ex-candidato a la presidencia, José Serra (el mismo partido del ex presidente Fernando Henrique Cardoso), no logra reconstruir su unidad nacional. Los dos principales núcleos del partido en San Pablo y en Minas Gerais pelean para lograr la hegemonía y cruzan acusaciones sobre quién fue culpable de la pérdida del Palacio del Planalto. Sin embargo, el liderazgo del senador de Minas Gerais, Aécio Neves, surge casi como natural para desagrado de Serra, quien intenta a cualquier coste no desarticular su grupo de apoyo para una eventual tentativa de disputar la presidencia.
En el DEM la situación es todavía más caótica: corre el riesgo de dejar de existir. Uno de sus principales líderes, el alcalde de San Pablo, Gilberto Kassab, resolvió abandonarlo y crear el Partido Socialdemócrata (PSD), llevándose a la mayoría de los grandes nombres del antiguo grupo político. Mientras la oposición discute, se divide y lucha por más poder dentro de cada una de las siglas, el Gobierno cumple su proyecto de desarrollo.
El rostro de la pobreza y el crecimiento
Sin una alternativa unificada al desarrollismo que gobierno y oposición adoptan como bandera, las políticas que han supuesto un incremento en el mercado interno han pasado sin ningún tipo de revisión; sin un norte claro, las políticas para fomentar el consumo interno son un fin en sí mismas. Exactamente por eso, hoy representan, también, uno de los mayores desafíos para el gobierno de Rousseff.
Cuando hablamos de capacidad de consumo no nos referimos a la reducción de las desigualdades sociales (que están más bien vinculadas a la inclusión ciudadana de la gran mayoría de la población que, históricamente, constituye “nuestra periferia”). Según Le Monde Diplomatique Brasil, el 45 por ciento de la riqueza del país aún se concentra en manos de cinco mil familias, un número todavía más significativo cuando se aclara que apenas un 3,4 por ciento de la carga tributaria brasileña incide sobre el patrimonio.
De hecho, resulta complicado leer entrelíneas los informes económicos que se muestran con orgullo cada año presupuestario. Cuando hablamos del Brasil que salió de la pobreza hablamos de las clases llamadas D y E, que suman 67 millones de personas (el 35 por ciento de la población total). Esas personas viven con 8,14 reales al día (3,50 euros). No se suman a la lista de las personas en situación de pobreza extrema porque la línea que divide ambos grupos se cambio oficialmente a los 1,20 euros diarios. Pero un reciente estudio del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestra que esa pobreza sigue teniendo cara y lugar: la mayoría de la población brasileña en situación de extrema pobreza es negra, joven y vive en la Región Nordeste.
En cuanto al mercado interno, el crecimiento ha ido de la mano a la oferta de crédito (lo que no representa una reducción en las tasas de interés de los bancos, las mayores del mundo, que siguen generando lucros récord). Sólo en 2010 la oferta de crédito creció un 16,4 por ciento. Un dato interesante: son los consumidores de baja renta los que han alzado la cifra. Todo ello favoreció el resurgimiento de la inflación, antigua y temida conocida de las y los brasileños. En los últimos 12 meses, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA) ha registrado un aumento de 5,65 por ciento.
La desvalorización del dinero afecta especialmente a los más pobres, con menos recursos para protegerse. Además, se ahorra cada vez menos y la renta familiar está cada vez más comprometida con el pago de deudas. Casi 40 por ciento de las familias dicen no encontrarse en condiciones de pagar sus deudas, y se calcula que el incumplimiento de los pagos llegue al ocho por ciento este año.
Todo eso contrasta con la postura asumida por el país externamente: Brasil se declara ahora país donante, no receptor de ayuda. Entre 2005 y 2009 ha recibido 1,48 billones de dólares frente a una donación de 1,88 billones de dólares. El cambio en la participación de Brasil en el escenario internacional también se ve en la creciente internacionalización de sus empresas (Vale, Petrobrás y Odebrecht son ejemplos de transnacionales con sede en Brasil que están invirtiendo masivamente en Asia y África). Durante la era Lula (2003-2010) las exportaciones se triplicaron.
Lo que las cifras no muestran
Pero en el desarrollo contradictorio de Brasil hay espacio para más imágenes que números. Muy ilustrativa es la aprobación el 23 de mayo del nuevo Código Ambiental. Su discusión en el Congreso creó polémica y su votación fue presionada por la poderosa bancada ruralista, preocupada con el fin del plazo para pagar por la deforestación indebida. Ahora, amparados por el nuevo Código Ambiental (que aún debe pasar por el Senado y puede sufrir el veto de la presidenta), los grandes dueños de tierras contarán con una amnistía y su tasa de corte de bosque nativa va a crecer, todo ello en beneficio del agronegocio y de la ganadería.
Por una injusta sincronía, el mismo día que se aprobó en el Congreso el nuevo Código Ambiental fueron asesinados los líderes José Claudio Ribeiro da Silva y Maria do Espirito Santo da Silva. La pareja luchaba contra la explotación ilegal de madera en la Amazonia Paraense y era considerada un exponente del más verdadero ambientalismo brasileño. Presos en una emboscada, seguramente fueron víctimas del mismo sistema que también mató a Chico Mendes y a Dorothy Stang. Sus muertes dicen mucho sobre el país que se construye entre presas, bosques y metrópolis.
Laura Daudén es colaboradora de Pueblos – Revista de Información y Debate. Juliana Dal Piva es reportera de la revista brasileña Istoé. Fuente: Pueblos.
