El 3 de junio de 2011, el gobierno del Presidente Evo Morales inauguró formalmente las obras de construcción de una carretera asfaltada de 306 kilómetros desde Villa Tunari en Cochabamba hasta San Ignacio de Moxos en Beni, atravesando el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que pertenece a los pueblos indígenas yuracaré, trinitario y chimán.
La carretera fue dividida en tres tramos. El Tramo I cubre la ruta Villa Tunari – Isinuta de 47 Km; el Tramo II de 177 Km vincula Isinuta con Monte Grande del Apere; y el Tramo III de 82 Km abarca desde Monte Grande del Apere hasta San Ignacio de Moxos.
El Tramo II partirá en dos el territorio indígena del TIPNIS, facilitará la invasión de cocaleros, fomentará la explotación irracional de petróleo y la tala indiscriminada, y por tanto consumará el “etnocidio” de las comunidades originarias, denunció el ex presidente de la subcentral del TIPNIS Adolfo Moye.
Los indígenas nunca permitiremos que el gobierno construya ese camino atravesando el corazón de nuestro territorio, donde está la mayor parte de la vegetación y de los alimentos que nos sustentan, recalcaron Moye y el subalcalde del TIPNIS Pedro Tamo, y advirtieron que los chimanes, yuracarés y moxeños afilan flechas para defender su TCO.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) aseguró que los tramos I y III ya fueron consensuados con los pueblos del área y ya cuentan con licencia ambiental; y solo falta el consentimiento de los indígenas que habitan en el área de influencia del Tramo II. Sin embargo, los pobladores del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), afectados por el tramo III de la ruta, denunciaron que el gobierno no les consultó antes de emitir la licencia ambiental, razón por la cual también rechazan el proyecto. [1]
Es cierto que algunas comunidades indígenas se oponen a la construcción de la vía, alegando daños a su hábitat, pero también hay muchos ciudadanos y organizaciones sociales que apoyan este proyecto, pero “de manera más o menos enfermiza algunos medios no les dan la misma cobertura”, se quejó el ministro de Obras Públicas Wálter Delgadillo.
Delgadillo se refirió a los campesinos, empresarios, transportistas, ganaderos y a cooperativistas de Cochabamba y Beni, que en la última semana se pronunciaron públicamente a favor de la construcción de la carretera y llamaron a “despolitizar el debate”.
“Apoyamos unánimemente la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por ser un proyecto importante para el país, y sobre todo para el desarrollo de Cochabamba y Beni”, manifestaron en un comunicado gremios cochabambinos oficialistas, entre ellos la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype), las Federaciones Campesinas, la Federación Departamental de Regantes, la Asociación de Municipios (Amdeco), la Federación de Fabriles y las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico.
Los sindicatos masistas de San Ignacio de Moxos aprobaron otra resolución respaldando la construcción de la vía, que en su criterio garantiza la “integración” y el “desarrollo” de Beni porque “permitirá abrir nuevos mercados e impulsar la producción en nuestras comunidades”. “Para nosotros es muy importante conocer la adhesión al proyecto de las fuerzas vivas cochabambinas (y benianas), lo que demuestra que hay un reconocimiento unánime del carácter estratégico de la carretera”, destacó el ministro de la Presidencia Carlos Romero.
Pero, ¿realmente todos los sectores sociales del país aprueban el proyecto carretero del gobierno? Por supuesto que no. Además de los indígenas, investigadores, activistas y amplios sectores sociales de la clase media rechazan la famosa carretera porque solo beneficiará a los grandes empresarios de Bolivia, Brasil y Chile, y también a los colonizadores y cocaleros del MAS, que van en camino de convertirse en los nuevos ricos de Bolivia. [2]
Esto explica por qué varios sectores sociales de clase media y comunidades originarias de todo el país han tomado partido por los originarios del TIPNIS, y se suman a un creciente movimiento ciudadano que le ha declarado la guerra a la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
La VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS
El 24 de junio, representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Central de Pueblos Indígenas de Beni (CEPIB), Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), ORCAWETA, COPNAG y otras organizaciones indígenas convocaron a la VIII gran marcha indìgena que partió el 15 de agosto desde Trinidad, decidida a frenar la construcción de la carretera a través del TIPNIS.
La VIII Marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia seguirá la misma ruta de la Primera Gran Marcha de septiembre de 1990, célebre movilización que conquistó el reconocimiento de los primeros territorios indígenas del país, entre ellos la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de los pueblos yuracarés, trinitarios y chimanes que habitan en el Parque Nacional Isiboro Sécure.
La VIII Marcha Indígena aglutinará a diversos sectores sociales que se sienten traicionados por el “presidente indígena doble cara”. Y es que Morales se presenta en las tribunas internacionales como el máximo defensor de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas, pero en el país impone a sangre y fuego los mismos megaproyectos de infraestructura impulsados por Gonzalo Sánchez de Lozada y el Banco Mundial, diseñados exclusivamente para favorecer a las transnacionales.
Evo Morales promueve estas megaobras a pesar de los enormes daños al ecosistema y sin pedir permiso a los pueblos indígenas dueños del territorio, vulnerando sistemáticamente el derecho a la consulta previa e informada reconocido por la nueva Constitución. En ese escenario, la VIII Marcha Indígena es mucho más que una cruzada por el TIPNIS; en realidad es la primera movilización nacional en defensa del derecho a la consulta previa y vinculante.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) decidió que cuatro representantes de cada uno de los 16 suyus afiliados se movilicen junto a sus compañeros de tierras bajas. Eso significa que se sumarán a la movilización al menos cien representantes, confirmó el Mallku de la Comisión de Medio Ambiente Walberto Baraona.
Representantes de las 15 capitanías zonales de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y delegados de los tres Consejos Departamentales de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija también decidieron plegarse a la movilización. “Nos adherimos a la VIII Marcha, reservándonos otras estrategias de lucha para hacer respetar nuestros derechos y demandas”, señala una resolución del pueblo guaraní reunido del 29 al 31 de julio en Camiri. [3]
La Organización Indígena Chiquitana (OICH) decidió marchar en apoyo a sus hermanos del TIPNIS, y también para rechazar la nueva ley de tierras que elaboran Evo Morales y la Confederación Sindical de Campesinos de Bolivia, en sustitución de la “obsoleta” ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. “Este 15 de agosto los indígenas chiquitanos estamos marchando para hacer respetar nuestros territorios y avanzar en la titulación; no permitiremos que colonos o campesinos avasallen nuestras tierras”, afirmó el secretario de Tierra y Territorio de la OICH Emigio Poiché.
Se plegarán a la marcha los pobladores del Consejo Indígena del Sur (CONISUR), afiliados a la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO). “Las comunidades del TIPNIS (Cochabamba) están muy adentro, río abajo y les cuesta salir de sus pueblos, pero sus representantes salieron para asistir a una reunión donde nos hicieron conocer que estaban en contra de la carretera”, confirmó una dirigente de CONISUR a la Red Erbol.
También se movilizarán los miembros de la Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI) porque el gobierno les quitó la administración del Parque Kaa-Iya para entregarlo en concesión a una empresa minera. [4] De igual manera, la Central Indígena de la Región Amazónica Boliviana (CIRABO) confirmó la participación de al menos 150 delegados de los pueblos chacobo, tacana, pacahuara, cavineño, araona y esse ejja.
La bancada indígena ha confirmado que se plegará a la marcha. Pedro Nuni, diputado oficialista del MAS, dijo que como representantes indígenas en la Asamblea Legislativa están “conminados” a participar. “Estamos ultimando detalles de la lucha por nuestro territorio, derechos y la defensa de la madre tierra”, aseguró Nuni. “La marcha no tiene paso atrás”, recalcó el asambleísta del MAS Bienvenido Sacu.
Todo el país con los indígenas del TIPNIS
La VIII Marcha Indígena no será una movilización cualquiera porque aglutinará todas las organizaciones indìgenas del paìs y también a diversos sectores sociales de clase media decepcionados de un gobierno que se autoproclama “anticapitalista”, pero que actúa como cualquier régimen neoliberal.
El director de la red Erbol Andrés Gómez Vela demostró que Evo Morales se traiciona a sí mismo y hace exactamente lo contrario de lo que planteó en la carta que envió a los pueblos indígenas del mundo el 29 de septiembre de 2010. En esa misiva, el Presidente abogó por el “pleno cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales”; y exigió el reconocimiento y respeto a sus territorios; la revalorización y aplicación de sus conocimientos, y la participación y gestión indígena en la preservación de los bosques y la selva…
Pasados 10 meses, “Morales ha dado un giro de 180 grados: la carta escrita con la mano fue borrada con el codo, y ahora hace prevalecer los derechos de una sola nación (la cocalera) por encima de los derechos de tres nacionalidades más pequeñas: Yuracaré, Tsiman, Mojeño, poniendo en jaque al denominado Estado Plurinacional… Evo, el líder espiritual, el salvador, el mesías… es socialista en discurso, capitalista en la práctica. Su origen étnico es aymara, pero su ADN de clase es cocalera, por tanto liberal y partidario del desarrollo capitalista. Morales es producto de sus relaciones económicas y víctima de su poder narcisista”, arengó el director de Erbol.
Decenas de movimientos ciudadanos se han organizado en todo el país para defender el territorio indìgena del TIPNIS y para denunciar que el gobierno pretende construir la carretera sin seguir procedimientos técnicos y legales, sin un estudio de impacto ambiental previo, sin aplicar el derecho a consulta de los pueblos indígenas dentro del TIPNIS, y vulnerando la propia Constitución del Estado Plurinacional. Varios núcleos feministas condenaron la imposición del “proyecto carretero depredador en el TIPNIS, y sobre todo el "machismo, racismo y la carga colonial que contienen las palabras del gobierno (del Presidente) sobre las mujeres yuracarés trinitarias”.
El gobierno debe ser coherente con lo que habla en los foros internacionales: debe respetar los derechos de los pueblos indígenas constitucionalizados y reconocidos internacionalmente, y suspender la construcción mientras no se cumplan tales procedimientos, exhortaron varias redes sociales. Cada vez más académicos, intelectuales, activistas y organizaciones ecologistas exigen al Presidente que suspenda de inmediato la construcción de la carretera por los riesgos e impactos que supone para los pueblos indígenas y su territorio.
“Un camino no siempre es para vivir bien, pues vivir bien es vivir en armonía con la naturaleza… A parte de hacer un daño ambiental (las carreteras) también pueden hacer un daño social y cultural”, admitió el director del SERNAP Adrián Nogales. “El TIPNIS es un territorio indígena y un parque nacional, vale decir un área protegida. Ahí está prohibido hacer actividades que vayan a deteriorar el alto valor biológico. Las carreteras tienen un efecto perverso en contra de los indígenas porque los desplaza a las áreas urbanas”, comentó el ex superintendente forestal José Martínez.
Según el antropólogo español Xavier Albó, la decisión de construir la carretera por el TIPNIS contrapone muchos intereses y manifiesta dos concepciones del “vivir bien”: una de ellas reivindica la utilidad que tiene una carretera como vínculo de comunicación, “pero quienes mejor lo aprovechan son los que vienen de afuera para expoliar territorios y recursos”.
En un evento con diversos grupos indígenas del sudoeste brasileiro, el PIEB constató que para la mayoría de la gente las carreteras y las represas hidroeléctricas representan “más amenazas que ventajas… En el fondo, siguen estando en conflicto dos concepciones del desarrollo, en este caso el del vivir bien amazónico (todos) con un estilo moderado y sostenible, versus el de vivir mejor (sólo algunos a costa de los otros), con el que los menos poderosos y marginados de siempre siguen quedando más marginados”.
La Fundación Tierra alertó de posibles invasiones cocaleras en caso de abrir una carretera por el TIPNIS. Para los jóvenes sin tierra resultará muy atractivo quedarse en la zona porque la coca genera recursos económicos importantes, vaticinó el director de esa institución Gonzalo Colque. “El colono lotea, comercializa la tierra, donde ve un espacio libre se lo apropia, éste es un aspecto cultural de los cocaleros, de avanzar siempre en masa”, precisó la antropóloga Marianela Luján.
El tramo carretero en el TIPNIS facilitará la desforestarán de 610.848 hectáreas, es decir el 64,5% del territorio en un plazo de 18 años, estimó el PIEB y se preguntó; “¿Dónde queda la defensa de la Madre Tierra y la sostenibilidad futura?” La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos podría dañar uno de los parques mejor conservados. En este caso están en juego los derechos de la Madre Tierra, los recursos naturales y el derecho a la consulta, “por lo que se insta a preservarlos”, se pronunció el representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz Hernan Cabrera.
El Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) fue más allá y exigió al gobierno una evaluación de impacto ambiental de toda el área, considerando los flujos migratorios de toda la fauna y la biodiversidad. La APDHB recomendó considerar y contemplar no sólo la dimensión económica del proyecto de vertebración vial, sino también los derechos sociales, políticos, culturales, ambientales y económicos de los pueblos indígenas, retomando el Proyecto Político nacido en la marcha indígena de 1990. [5]
Periodistas de medios afiliados a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Bolivia (AMARC Bolivia) y productores independientes reunidos en Cochabamba solicitaron al gobierno que respete las normas ambientales y exigieron extremar esfuerzos para hacer cumplir la Constitución, Ley de los Derechos de la Madre Tierra, la Ley de Medio Ambiente y otras. Los y las periodistas criticaron duramente la negativa del Gobierno en consultar previamente a los habitantes del TIPNIS.
La presidenta de AMARC Bolivia Ana Limachi recomendó al Presidente Morales “que comience a respetar las normativas ambientales en nuestro país, como hizo despertar a nivel internacional el tema de protección a la Madre Tierra”. “El desarrollo no es sólo para el presente; hay que pensar en una visión para las generaciones futuras y a partir de eso empecemos a cambiar la visión de desarrollo”, planteó el representante de la Regional Occidente de AMARC Bolivia Carlos Soria.
El presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce se vio sorprendido cuando las primeras fraternidades de la XXIV Entrada Universitaria hacían su ingreso por el Palco Oficial rechazando la construcción de la carretera que abrirá el corazón mismo del TIPNIS. Más atrás danzaban los Lecos y los Pakochis exigiendo la “verdadera” liberación de las nacionalidades oprimidas. En la inédita protesta universitaria, los Macheteros y los Lecos alertaron del peligro que se cierne sobre los indígenas del norte de La Paz porque su líder Evo Morales inauguró los primeros trabajos de exploración petrolera en su territorio. Los trotskystas Pakochis reclamaron una verdadera liberación de los pueblos oprimidos.
“No se trata solo de rescatar las danzas de nuestros pueblos indígenas, sino también de velar por su bienestar y la naturaleza”, explicó Nancy Tufiño, docente del taller de Justicia Comunitaria que presentó la danza de los Lecos. “Bailamos macheteros para protestar contra la construcción de una carretera en el territorio indígena del TIPNIS”, declaró Alejandra Luna, ñusta de la fraternidad que congrega a las carreras de Antropología y Arqueología. (Página Siete)
El presidente de la Cámara de Diputados y también docente de la Universidad Mayor de San Andrés prefirió no comentar semejante “acción política”, consciente de que la Entrada Universitaria fue concebida como un instrumento cultural de defensa de las comunidades indígenas sojuzgadas y castigadas por la acción depredadora de la economía extractiva que todavía prevalece en Bolivia.
La movilización político cultural de los universitarios paceños fue una más de las expresiones de apoyo a los indígenas del TIPNIS que se escucharon en las últimas semanas, luego de que el “primer Presidente indígena” decidiera construir la carretera que cercenará el TIPNIS, legendario territorio rico en diversidad biológica y culturas indígenas ancestrales, "quieran o no quieran" los indígenas.
Varios gremios, organizaciones y grupos de activistas de todo el país se movilizaron el pasado fin de semana gritando: “¡tractor, volqueta, el Tipnis se respeta!”, "¡TIPNIS si… carretera NO!", "¡Rojo, amarillo, TIPNIS!, ¡TIPNIS para Bolivia no para Brasil!", entre otras consignas, convencidos de que el gobierno de Evo Morales se aprovechó de su investidura para hacer lo que sus predecesores no pudieron, vulnerando las normativas vigentes en el país y los tratados internacionales.
Por eso, las movilizaciones urbanas en apoyo a la marcha indígena podrían converger en los próximos días en la primera acción popular articulada por la “recuperación” y la “reconducción” del “proceso de cambio” en Bolivia.
Notas:
[1] El TIM es una TCO situada en la provincia Moxos de Beni, con una extensión de 357 mil hectáreas. “Las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico jamás tuvieron conocimiento del proyecto de diseño final de la construcción de la carretera Villa Tunari –San Ignacio de Moxos, así como de los procedimientos ambientales realizados para la obtención de la licencia para el inicio de dicho proyecto”, denunciaron los dirigentes de la Subcentral de Cabildos Indigenales del TIM en un voto resolutivo emitido el 26 de junio. Además, exigieron la paralización temporal de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) desarrollada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP); rechazaron la construcción de la carretera por el TIPNIS, demandaron la paralización inmediata de las obras, y denunciaron ante los organismos nacionales e internacionales “la vulneración flagrante y el pisoteo a los convenios y acuerdos internacionales por parte del gobierno del presidente Evo Morales, especialmente los referidos a los derechos de los pueblos indígenas, la biodiversidad y el medio ambiente”,
[2] Los cooperativistas mineros, cocaleros, contrabandistas y los narcotraficantes fueron los más beneficiados por la “bonanza económica” durante la administración de Evo Morales. “El crecimiento de ingresos (económicos) que tiene este sector (de los cocaleros) se ha transformado en uno de los más beneficiados; más allá de la gente que está favoreciéndose del contrabando, que es otro efecto que nos está trayendo la actual situación y lastimosamente la economía del narcotráfico que viene a ser la economía ilegal boliviana”, afirmó el director ejecutivo de la Fundación Jubileo Juan Carlos Núñez.
[3] “Demandamos la paralización de todas las actividades hidrocarburíferas realizadas por las empresas en el territorio ancestral guaraní del Aguarague, así como la paralización del Estudio Ambiental Estratégico EAE que viene realizando la Dirección General de Gestión Socio Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos, por estar orientada a la exploración y explotación de actividades y proyectos hidrocarburíferos y no al acceso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Parque Nacional Aguarague; tema que es vital para precautelar el espacio de vida de otras áreas protegidas y parques nacionales en los cuales están asentados los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía”, agrega el pronunciamiento indígena.
[4] Durante años, el pueblo isoceño luchó por la titulación de la TCO de la zona, logró su inmovilización en julio de 1997 y el saneamiento en agosto de 1998. Mediante un convenio con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), la CABI se convirtió en administradora del parque durante 10 años, hasta que en 2008 el SERNAP revocó el acuerdo.
[5] Pedimos a las instancias del gobierno a cumplir con el reto de integrar, acoger y respetar el concepto de bienestar, incluyendo la importancia medio ambiental con el marco normativo, político y operativo amplio para la implementación de un enfoque de desarrollo con los pueblos indígenas de tierras bajas, basado en los derechos humanos y su cultura. Demandamos que los pueblos indígenas sean respetados en sus cosmovisiones distintas y únicas, y sus necesidades actuales y aspiraciones para el futuro, sin ser vistos solo como “guarda bosques” sino como sociedad interesada en una acción transformadora propia. Exigimos el reconocimiento de sus identidades propias, su autogobierno y su autodeterminación basado en las “autonomías indígenas”, señala el pronunciamiento de la APDHB firmado por Yolanda Herrera, presidenta; Felipe Ugarte, vicepresidenta y Víctor López secretario general.
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El consejo de ministros del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva aprobó un crédito para financiar la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos en marzo de 2009. El 7 de mayo de 2011, el Presidente Evo Morales promulgó el la Ley N. 112 que aprueba la contratación del crédito brasilero por 332 millones de dólares.
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