El territorio indígena araona es rico en recursos naturales, en especial castaña, madera, animales salvajes, muchos peces, fruta silvestre, miel, y otros tantos recursos hallados dentro de la selva imponente. Lastimosamente, de un tiempo a esta parte esta riqueza natural está siendo explotada por comerciantes, terceros, y vecinos no indígenas, que no hacen más que enriquecerse sin dejar beneficios al pueblo originario.

El principal problema es la invasión de foráneos para explotar los recursos naturales del territorio indígena. También pesan mucho la falta de servicios de salud y educación, y sobre todo el abandono de las autoridades locales y nacionales, que ni siquiera conocen sobre la existencia de estos indígenas selváticos y amazónicos.

Se suponía que la riqueza natural beneficiaría a los indígenas dueños de ese territorio; y sin embargo lo único que acumulan los araonas son deudas, enfermedades, falta de educación y de información.  En la zona comunidades muy pobres viven en situación de extrema vulnerabilidad y en el abandono total.

A los araonas les cuesta cada vez más comerciar sus productos a precio justo y han comenzado a contraer deudas que no paran de aumentar. Muchos tienen miedo de ser demandados y de perder su territorio, y comienzan a experimentar extraños sentimientos y frustraciones que nunca antes habían sentido.

La injerencia de foráneos y la influencia del dinero han comenzado a causar serios conflictos internos. Los traficantes de recursos naturales explotan a los indígenas analfabetos y los someten con los mismos métodos de los patrones del siglo XIX.

Muchas comunidades recolectan castaña para los barraqueros privados y cambio reciben artículos de primera necesidad tres veces más caros que en el mercado. Obviamente, los indígenas son eternos deudores y terminan en la servidumbre por deudas. Los que más sufren son los niños y los adultos mayores.

¿Indígenas en peligro de extinción?

Meses atrás, representantes del pueblo araona llamaron por radio a los dirigentes de su organización matriz, la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), para informarles que la comunidad enfrentaba problemas muy graves y que era necesario que se hagan presentes en la zona.

La CIRABO, que aglutina a las TCOs Araona, Chácobo Pacahura, Cavineño, Takana Cavineño, Joaquiniano y TIM II, ha ingresado en varias oportunidades al territorio araona, pero lamentablemente llegar a cada una de las comunidades es muy dificultoso.

Para llegar a la zona hay que navegar más de cuatro días por el río Sena desde Pando; y casi una hora y media demora un vuelo en avión desde Riberalta. Existe una pista de aterrizaje en Puerto Araona (primera comunidad Araona) construida por misioneros evangélicos de Estados Unidos.

Con mucha dificultad, la CIRABO pudo recaudar dinero para pagar un vuelo expreso en avioneta. La Fuerza Aérea cobra Bs. 3.300; Toño Suarez, Bs. 3800 y Miki Hassan, 3.600. Muchos araonas usaron el servicio para sacar a sus enfermos en época de emergencia, pero han quedado endeudados, y por eso los pilotos ya no quieren prestarles el servicio.

De inmediato se conformó la comisión de la CIRABO: Calixto Cartagena (Secretario de economía), Miguel Suarez (Secretario de Justicia Indígena), Flora Beyuma (en representación de la familia Matahua) y Johnny Cárdenas (Asesor Jurídico).

Se optó por el expreso de la Fuerza Aérea, el único disponible, aunque los araonas dicen que las máquinas son muy viejas y peligrosas. Así, la comisión partió con temor, por las malas condiciones climáticas y por los conflictos internos entre araonas, ya que algunos amenazaban con aplicar justicia comunitaria en caso de que la delegación no llegue a tiempo.

Más o menos una hora y cuarenta minutos demoró el vuelo hasta Puerto Aarona, donde aguardaban decenas de araonas a la cabeza de su Capitán Grande Douglas Lopez. Los delegados se encontraron con un desolado panorama: viviendas en mal estado; una escuelita con huecos en el techo, mallas milimétricas rotas y algunos pupitres deteriorados; y ni una sola posta sanitaria.

Hace tiempo que los niños no van a la escuela porque no hay profesor. El pueblo tiene que rogar al Municipio de Ixiamas para que envíe educadores, pero nadie quiere viajar a ese recóndito territorio. Los araonas esperan este año a por lo menos dos maestros para que enseñen a leer y escribir a sus hijos. Casi todos son analfabetos; solo hablan y entienden el llamado idioma araona, que casi es como un susurro; necesitan tener buen oído para entenderse entre ellos.

El Capitán Grande reunió a la comunidad y explicó el motivo de la reunión de emergencia: Una hermana indígena había sido asesinada por su marido, quien presumiblemente le disparó con un rifle de salón.

Los indígenas estaban decididos a juzgar y castigar al asesino, pero no sabían qué tipo de justicia aplicar, o la justicia ordinaria (ellos la llaman justicia caray o carayana refiriéndose a la del hombre blanco), o la justicia indígena (o justicia comunitaria), que resuelve los conflictos de acuerdo a usos y costumbres.

Una mujer araona exclamó: “Se ha matado a una persona, no a un animal… hay que hacer justicia…”. Los asistentes se pronunciaron uno a uno; algunos propusieron encarcelar al asesino; otros exigieron condenarlo a la pena de muerte.

La comisión de la CIRABO tuvo que intervenir y advertir que existe un principio de presunción de inocencia; que nadie puede hacer justicia por mano propia en un caso tan delicado; y que todos estamos obligados a respetar la integridad de las personas.

Al final, los araonas decidieron que la justicia caray se encargue del caso y se elaboró un acta del acuerdo. El Capitán Grande firmó y selló el documento y ordenó socializarlo en la comunidad Chacra, donde ocurrió el hecho de sangre.

Al día siguiente la comisión de la CIRABO partió muy temprano, cumpliendo la orden del jefe indígena. Los delegados visitaron comunidades y centros castañeros como Piñal, El Corte y Paquio, y en cada parada explicaron el problema y redactaron actas. Casi todos pidieron juzgar al joven aplicando la “justicia caray”.

Después de más de tres horas de viaje en deslizador por el Río Manurimi, la comisión arribó a la comunidad de Palmasola. Allí vieron a varios adultos mayores (los abuelitos, dicen ellos) en cama y adoloridos. Se quejaban en especial del dolor de cabeza y estómago, pero no había ni una aspirina para asistirlos.

Los miembros de la comisión continuaron a pie hasta la comunidad Chacra, y luego de casi seis horas de caminata finalmente llegaron a su destino, totalmente desarmados y sin aliento. Los recibió el presidente de la comunidad Pale Huashima, quien poco tiempo después dio inicio a la reunión con las cinco familias de ese pueblo situado a orillas del río Manupare.

En esa alejada comunidad tampoco hay escuela, mucho menos posta sanitaria. De vez en cuando llegan los motores de salud de ADRA y dejan uno que otro medicamento, pero nada más. Los visitantes más asiduos son los comerciantes y barraqueros.

Los indígenas de la Chacra enfrentan los mismos problemas que los araonas de otras comunidades, y sus conflictos son provocados básicamente por la incursión de comerciantes y traficantes de almendra y madera. Lo más terrible es que operadores de un antiguo proyecto de PUMA les estarían cobrando deudas de años anteriores por supuestas maquinarias (motores, motosierras, etc.) que, según ellos, nunca recibieron.

Los araonas se quejan especialmente de los comerciantes y barraqueros que los embaucan, les venden artículos de primera necesidad a precios exorbitantes, y los corrompen con mucho alcohol. La bebida se ha convertido en un serio problema para los indígenas, y todo indica que fue la causa de la trágica muerte que indispuso a todo el pueblo araona.

Se dice que el joven Jesús Washima mató accidentalmente a su esposa Tatiana Matahua, luego de beber con castañeros foráneos. Washima y su mujer habrían disputado por un rifle de salón (arma tipo escopeta) que tenía el seguro defectuoso; y en el forcejeo se escapó un tiro que hirió en el cuello a la joven mujer.

En la reunión de la comunidad, el presidente Huashima, que resultó ser el tío del acusado, entregó el arma a los representantes de la CIRABO y pidió clemencia para su familiar.  La autoridad comunitaria denunció que él y su familia fueron amenazados si no se hacía justicia en este caso. “Nos dijeron que iban a liquidarnos a todos, pero estamos listos para defendernos”, advirtió.

Finalmente, los araonas de Chacra dieron su veredicto: Conminaron a Washima a presentarse voluntariamente ante la CIRABO en Riberalta, y le exigieron que acepte su castigo por el asesinato de Tatiana Matahua, en el marco de la justicia ordinaria.

Días después, el presidente de la CIRABO Alberto Ortiz convocó a los capitanes de las TCOs, a los familiares de la fallecida y a todas las instituciones que apoyan a la comunidad, entre ellas la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos, CEJIS y Fobomade, para monitorear el caso.

Actualmente Jesús Washima se encuentra detenido en dependencias de la Policía de Trinidad, mientras la CIRABO, Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos y la Fiscalía tratan de compatibilizar la justicia indígena y la ordinaria.

Todo indica que el caso Washima será resuelto por la justicia ordinaria, pero de ninguna manera resolverá el problema. En realidad, los traficantes, el dinero y el alcohol seguirán generando conflictos en las comunidades araonas. Y mientras la nueva elite política boliviana se vanagloria de su “presidente indígena” y su “revolución cultural”, los traficantes de recursos naturales continuarán explotando a los indígenas como en el siglo XIX.

El autor es abogado y representante del Foro Boliviano sobre Medioambiente y Desarrollo (Fobomade) en Trinidad.