Arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosas, líderes sociales, profesionales y académicos de 17 países de América Latina, El Caribe, Estados Unidos, Canadá y Europa analizaron las consecuencias de las actividades extractivistas en el aspecto social, político, económico y ecológico en el seminario “Industrias extractivas y la misión de la Iglesia”, organizado por el Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).

El seminario celebrado del 14 al 16 de junio de 2011 en Chaclacayo, Perú, tuvo como antecedentes los encuentros de Quito (agosto de 2009), Manaos (octubre de 2009), Buenos Aires (agosto de 2010) y Roma (octubre de 2010), en los cuales se reflexionó sobre diversas dimensiones relacionadas con el bien común global y el cuidado de la Creación.

En el encuentro del CELAM se constató que el auge de las actividades económicas extractivas “de índole neoliberal y basadas fuertemente en la venta de materia prima en el mercado mundial” ocasionó un aumento de conflictos socio-ambientales en el Continente, provocando la ruptura de invalorables proyectos de vida de comunidades en diferentes países de la región. (1)

Las decenas de casos analizados confirmaron que la exploración y explotación minera y de hidrocarburos libera al medioambiente productos químicos y residuos de diversa naturaleza (cianuro de sodio, plomo, arsénico, uranio, mercurio y otros metales pesados) que contaminan los recursos hídricos (glaciares, lagos, ríos y el agua en el subsuelo), el aire y el suelo.

Además de destruir suelos y paisajes naturales, las actividades contaminantes perjudican sensiblemente la calidad de vida de personas, animales y plantas, y en algunos casos provocan graves enfermedades y mutaciones genéticas. Se constató que la actividad minera es responsable de la aparición y aumento de enfermedades de trabajadores y pobladores, que en la mayoría de los casos quedan abandonados a su suerte.

Generalmente las industrias extractivas vulneran el derecho humano al agua como bien público, desplazando de sus tierras a comunidades enteras y convirtiendo a sus habitantes en “refugiados ambientales”. Se observa una creciente concentración de derechos de propiedad y uso concesionario de tierras en manos de empresas transnacionales, las cuales también ejercen un fuerte control social sobre amplios territorios.

Además, las empresas extractivas, sobre todo las mineras, crean pocos puestos de trabajo, en muchos casos temporales y en situaciones de sub-contratas o “services” que lesionan los derechos laborales. Por si fuera poco, las exoneraciones o convenios de estabilidad comercial, tributaria y ambiental con las industrias extractivas minimizan sus aportes tributarios a los Estados.

El CELAM observa que en Centroamérica se ha generalizado una política de exoneraciones fiscales que han reducido las obligaciones tributarias a un rango de sólo 5%, pese a que se han incrementado considerablemente las ganancias de las empresas gracias al alza de los precios internacionales de las materias primas.

Estados y transnacionales

Al CELAM le preocupa mucho la indiferencia y pasividad de los Estados frente a las prácticas indebidas y al comportamiento irresponsable de transnacionales que incumplen estándares sociales y ambientales reconocidos internacionalmente. De esta forma, crece el poder económico de los inversores privados, y se debilita la gobernabilidad, el sistema de justicia y la soberanía de los Estados nacionales, sobre todo en los niveles de gobierno local.

Muchas veces los gobiernos nacionales no exigen el cumplimiento de normas de protección del ambiente, e inclusive permiten la flexibilización de marcos regulatorios a favor de las empresas. Alarma la falta de mecanismos efectivos para conminar y sancionar a las corporaciones multinacionales cuando incurren en violaciones de garantías reconocidas a nivel nacional e internacional.

En el seminario del CELAM se comprobó la falta de transparencia acerca de los contenidos de los documentos que regulan las relaciones entre el Estado y las empresas extractivas (contratos de concesión; estudios de impacto socio-ambiental; informes de monitoreo ambiental). No se garantiza el acceso libre a los registros actualizados de concesiones mineras en muchos países de América Latina y de El Caribe.

Frecuentemente, los Estados son ineficientes a la hora de revisar Estudios de Impacto Ambiental (EIA); aprobar Certificaciones ambientales; así como en el monitoreo del desempeño de los emprendimientos, generando contextos propicios para la corrupción y las “relaciones impropias entre funcionarios públicos y el sector privado”.

A menudo, los Estados de la región no practican la consulta previa a los pueblos indígenas posibles de ser afectados, tal como exige el Convenio 169 de la OIT en su Art.6.2, y la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en su Art.19. En general, no se garantiza un mínimo de libertad, información y buena fe con miras a alcanzar el consentimiento libre e informado de los pueblos implicados.

Hace cuatro años la Iglesia Católica denunció que “en las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas”. (2) Cuando estallan los conflictos, a menudo se tiende a criminalizar la protesta social y en muchas ocasiones las Fuerzas de Seguridad de los Estados, o privadas, atropellan los derechos de las poblaciones.

En el seminario del CELAM se evidenció que una de las principales preocupaciones de la Iglesia es la situación de muchos agentes pastorales y líderes sociales; defensores de los Derechos Humanos y activistas de movimientos ecologistas que son víctimas de amenazas y persecución.

La Iglesia pide un cambio de modelo económico

La “explotación irracional va dejando una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región”, se pronunció la Iglesia hace cuatro años. Luego, la jerarquía de la Iglesia aseguró que no será indiferente a las preocupaciones, las angustias y la tristeza de las personas, sobre todo de los pobres y afligidos. (3)

El Documento de Aparecida advirtió que el modelo económico actual se sustenta en la persecución del lucro a toda costa y en una escalada de consumo, aparentemente sin límites, lo que conlleva la sobreexplotación, la creciente escasez de recursos naturales no renovables y el calentamiento global debido a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

El deshielo acelerado de los polos, los glaciares tropicales andinos y la deforestación de la Amazonia son algunos síntomas de la insostenibilidad del modelo económico actual, poniendo en peligro la sobrevivencia del planeta. Por ello, el desafío es “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario”, con el fin de preservar el planeta tierra como “casa común” de todos los seres vivientes, definió la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericana en Aparecida.

La Doctrina Social de la Iglesia enfatiza que “una correcta concepción del medio ambiente no puede reducir utilitariamente la naturaleza a un mero objeto de manipulación y explotación”. (4) El Papa Juan Pablo II advirtió de los riesgos que conlleva considerar al planeta únicamente como una fuente de recursos económicos: “[…] el ambiente como ‘recurso’ pone en peligro el ambiente como ‘casa’”. (5) El Papa Benedicto XVI afirma que es necesario un “cambio de mentalidad [para] llegar rápidamente a un estilo de vida global que respete la alianza entre el hombre y la naturaleza, sin la cual la familia humanan puede desaparecer”. (6)

Según la fe cristiana, la Tierra es creación de Dios y los seres humanos, creados a imagen de Dios (Gen 1,26), están llamados a ser administradores responsables de los bienes de la creación. Los recursos de la tierra constituyen una herencia gratuita y frágil “que recibimos para proteger” y no tenemos el derecho de explotarlos “arrasando irracionalmente las fuentes de vida”. Eso significa que la intervención del ser humano en la naturaleza se debe regir por el respeto a las otras personas y a las demás criaturas vivientes, y también por la responsabilidad de que las generaciones futuras puedan heredar una tierra habitable.

Los participantes del Seminario de la CELAM coincidieron en que la Iglesia Católica tiene la responsabilidad y el deber de defender la tierra, y proteger a la persona humana en el ámbito público, lo que supone promover un nuevo modelo de desarrollo que incluya una dimensión ética.

Según el CELAM, es preciso evaluar el costo ambiental de las actividades extractivas a largo plazo, junto a las demás actividades lícitas como la ganadería, la agricultura y la acuicultura. Respecto al uso de los recursos naturales no renovables, especialmente de los recursos vitales como el agua, el aire, la tierra, el organismo insta tener presente el principio del “bien común” y del “destino universal” de los bienes de la creación, un principio fundamental de todo el orden ético-social. (7)

En la búsqueda de un desarrollo integral y solidario, “nos inspira y nos ayuda la vivencia espiritual de los pueblos indígenas y afro descendientes que se sienten parte de la ‘madre tierra’ y se relacionan con ella como ‘matriz de la vida’…”, destaca el documento de conclusiones del Seminario del CELAM.

“Como discípulos y misioneros al servicio de la vida, acompañamos a los pueblos indígenas y originarios en el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias, la defensa del territorio […] y la defensa de sus derechos. Nos comprometemos también a crear conciencia en la sociedad acerca de la realidad indígena y sus valores a través de los medios de comunicación social y otros espacios de opinión”, precisa el documento.

La declaración de la CELAM adquiere una enorme importancia política ya que es la primera vez que un organismo de la Iglesia Católica se adscribe al ideal del “Buen Vivir” de las culturas originarias, un ideal reconocido tácitamente por todas las naciones del mundo que aprobaron en Naciones Unidas una resolución que designa el 24 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra.

La función política de la Iglesia Católica

“La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la Creación y se siente en el deber de ejercerla también en el ámbito público, para defender la tierra, el agua y el aire, dones de Dios Creador para todos, y proteger a la persona humana”, dijo el Papa Benedicto XVI, luego de recordar a los Estados y a las empresas mineras que “es urgente conjugar la tecnología con una fuerte dimensión ética”, e incentivar “la investigación y la explotación de energías limpias que preserven el patrimonio de la creación y sean inofensivas para los seres humanos”. (8)

En esa línea, el CELAM invoca a los Estados establecer un marco político y legal que regularice la actividad extractiva según los estándares socio-culturales y ambientales internacionales; y los exhorta a proteger los derechos de la población; a velar por el cumplimiento de los contratos con las empresas; a cumplir la consulta previa antes de autorizar cualquier actividad extractiva; y a garantizar EIAs imparciales y basados en criterios científicos.

Asumiendo un nuevo rol político, el CELAM reafirma su compromiso de contribuir a la difusión de toda información amplia, plural y objetiva sobre el complejo tema de las industrias extractivas, así como de los beneficios y riesgos que ésta conlleva, a través de la red de radios y otros medios de comunicación de la Iglesia Católica.

El CELAM anuncia que trabajará en el fortalecimiento de la dimensión ética en la política y en la economía, y para ello diseñará acciones concretas con el fin de incidir en los Estados para la aprobación de políticas sociales y económicas que “garanticen la protección, conservación y restauración de la naturaleza” (como ya planteó el Documento de Aparecida); atiendan las necesidades de la población, y conduzcan hacia un desarrollo sostenible.

El CELAM constata que el modelo económico neoliberal asentado en el extractivismo prevalece en varios países, pero ve “con esperanza el surgimiento de nuevos enfoques de desarrollo que se proyectan hacia propuestas integrales, incorporando las dimensiones sociales, culturales y ambientales”. El organismo celebra el surgimiento de “importantes movimientos ciudadanos” en países industrializados que “cuestionan el estilo de vida consumista”, que hacen seguimiento del comportamiento de las empresas y las políticas públicas de sus países, y “plantean la solidaridad con las comunidades y pueblos del sur”.

En ese marco, el CELAM se compromete a seguir ayudando a establecer alianzas entre poblaciones afectadas del Sur y organizaciones sociales del Norte, para que desarrollen estrategias de incidencia política y propuestas de transición “hacia modelos alternativos al extractivismo incontrolado”.

Notas:

1. El crecimiento de las industrias extractivas a nivel mundial tiene mucho que ver con el aumento de los precios internacionales de las materias primas a raíz del incremento de la demanda en países emergentes e industrializados. Algunos de éstos últimos incluso han desarrollado estrategias de mediano y largo plazo para garantizar su abastecimiento, llegando a declarar dicho abastecimiento como un interés de seguridad nacional.

2. Documento conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y de El Caribe (2007) en Aparecida.

3. Constitución pastoral “Gaudium et Spes“ (GS) del Vat.II, 1.

4. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 463.

5. Juan Pablo II, Discurso a los participantes en un Congreso Internacional sobre “Ambiente y salud” (24 de marzo de 1997).

6. Benedicto XVI en su alocución a los nuevos embajadores ante la Santa Sede el 9 de junio de 2011.

7. Carta Encíclica “Laborem Exercens” de Juan Pablo II, 19.

8. Benedicto XVI, Mensaje para la XLIII Jornada Mundial de la Paz (2010), 12.

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