Nos encontramos ante el gran peligro de la privatización de las semillas, que por milenios fue un patrimonio que nos donó la Pachamama y ahora a punto de tener dueños particulares. ¿Será verdad que se encuentra en trámite una ley en ese sentido? y ¿Será posible que un gobierno como el presente esté impulsando una norma así?

El pasado 3 de junio un periódico de La Paz, publicó el siguiente titular: “Un proyecto de ley propone legalizar uso de transgénicos”. Un epígrafe dice seguidamente que el proyecto de ley prevé el control de la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados. Nadie dijo “esta boca es mía”. Ni ecologistas, ni defensores de la madre tierra se manifestaron contrarios en esta ocasión.

El periódico, dice que la futura Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, impulsada por el gobierno, será aprobada con ocasión del Año Nuevo Aymara, el próximo 21 de junio. Sigue la información y dice que fue el presidente Evo Morales quien remitió el proyecto a la Asamblea Legislativa para su consideración y presunta aprobación. El ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo) Demetrio Pérez, aplaudió de inmediato ese proyecto que les permitirá ser más competitivos y por supuesto más ricos.

¿Qué significa esta norma, por ahora en proyecto? Sencillamente que las semillas podrán tener dueños particulares y las mayores beneficiarias serán las multinacionales, que al margen de tener flexibilidades para la producción y comercialización de las semillas, podrán exigir el pago de regalías a quienes produzcan con transgénicos.Los bolivianos no estamos enterados de las implicaciones que pueden tener estas normas en proceso de trámite. No sabemos lo que puede acarrear a la vida de los campesinos, a nuestra alimentación, nuestra economía y sobre todo las consecuencias contra la naturaleza.

A fines de los años 90 desde el periódico “Presencia” impulsamos una campaña contra los alimentos elaborados con transgénicos que Estados Unidos nos donaban y a la que se unieron otros medios escritos paceños. Fue una controversia con la embajada, en pleno gobierno neoliberal que pese a su autoritarismo no se había animado autorizar el uso de transgénicos en Bolivia.

Los alimentos transgénicos están modificados genéticamente para resistir insecticidas, gérmenes e insectos. Las cosechas son más productivas y provocan enormes ganancias, pero lo que no se sabe es qué daños pueden producir en el cuerpo humano. Hasta ahora, los habitantes del tercer mundo, somos conejillos de Indias para la voracidad económica de las transnacionales.

Con la privatización de las semillas, los grandes laboratorios mundiales, propiedad de las transnacionales, se convertirán en dueños de las semillas. Podrán manipular sus precios subiéndolos o cortando su distribución. Pasaremos a depender de ellas. Podemos estar equivocados, pero si es cierto que se impulsa la privatización de las semillas, ésta alcanzará a otras al margen de la soya, que ahora nos enteramos, logró autorización para su producción transgénica.

El Ministro de Autonomías, Carlos Romero Bonifaz, explicó ante el programa “El Pueblo es Noticia” que la intención es garantizar el abastecimiento interno de alimentos. El 21 de junio está muy cerca. Las explicaciones son urgentes. Ojalá no se esté produciendo una agresión contra los campesinos pequeños productores.

El glifosato y la coca

Tremendas discusiones y análisis de toda clase se han generado en Bolivia a raíz de la nueva Ley de Revolución Productiva que pretende garantizar la seguridad alimentaria, incrementar la productividad de la tierra y ayudar a resolver el problema del hambre que apremiará al planeta en pocos años, pues la población está creciendo a ritmos impresionantes.

Para los interesados en introducir las semillas transgénicas, una mayor producción se logrará con la ayuda de cinco transnacionales que promocionan los cultivos transgénicos (CT). Ellas son: Dupont, Syngenta, Bayer, Dow y sobre todas ellas Pharmacia de Monsanto, productora del 91% de las semillas sembradas actualmente en todo el mundo.

Estas empresas aseguran que la agricultura, será exitosa con sus productos, pues las liberará del uso de agrotóxicos y se podrán levantar fabulosas cosechas libres de los bichos que se comen parte de los cultivos, antes de su recolección.

A nuestros empresarios, le brillan los ojos, están seguros que podrán lograr mayores ganancias y ser más ricos de lo que son ya. La realidad, no es esa. Se han realizado estudios en otros países y sobre todo en universidades probando que los transgénicos no rinden más que los cultivos naturales. En cambio, sí pueden ser más contaminantes y riesgosos.

Para cualquier compañía el interés primordial es lograr las mayores ganancias posibles. En el caso de las semillas genéticamente reformadas, las transnacionales lograrán fabulosos ingresos por las patentes sobre sus semillas, pero también se beneficiarán por ejercer un control sobre el sistema agro-alimentario. Estas empresas controlarán el insumo fundamental: las semillas.

Inicialmente la producción de soja y maíz transgénico estaba destinado como alimento para animales, pero de pronto saltaron a nuestras mesas y hoy nos vemos consumiendo alimentos procesados como galletas, budines, margarina, aceite, carne de soya y otros. Todo sin autorización. Un empresario, llegó a señalar sin mayor empacho: “Pero si en la última crisis alimentaria, se importó maíz, arroz transgénico y otros para nuestro consumo”.    ¿Así que ésa es la autorización?

Estamos en el denominado tercer mundo y por tanto, ¿tenemos que ser conejillos de Indias para las transnacionales?

Los científicos del mundo entero están alarmados. La Asociación Médica Británica, el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, la Universidad Estatal de Buenos Aires y otras prestigiosas instituciones aconsejan prohibir el uso de transgénicos y sus productos recomendando, más investigación sobre la salud y el ambiente a largo plazo.

Es preciso enfrentar a los transgénicos, defendiendo la soberanía alimentaria en base a prácticas y tecnologías tradicionales que aseguren la conservación de la biodiversidad nacional con respeto por la diversidad productiva y cultura de nuestras 36 nacionalidades. Se debe exigir al gobierno, revertir la autorización que algunos empresarios angurrientos lograron durante gobiernos neoliberales.

¿Y LA COCA?

Los cultivos transgénicos, precisan utilizar el poderoso herbicida glifosato que hace tabla rasa con toda clase de plantas al margen de las semillas manipuladas genéticamente, que son las únicas resistentes.

El glifosato es tan potente, que en la actualidad se lo utiliza en el programa de erradicación de coca del “Plan Colombia”. Estudios realizados sobre la toxicidad del glifosato en la Universidad de Caen y el Centro Nacional de Investigación de Roscoff (Francia), Universidad de Pittsburg (EE.UU.), Universidad de Rosario y Universidad Nacional del Litoral (Argentina), alertan sobre la aparición de altas tasas de cáncer y malformaciones en recién nacidos en zonas fumigadas con ese producto.

Este poderoso pesticida aplicado a los cultivos ilícitos de coca, está diezmando las plantaciones colombianas y todo lo que esté alrededor de ellas.  Algunas denuncias, señalan que además se está agregando el surfactante Cosmo-Flux 411F, que puede cuadruplicar su acción.

El ingreso del glifosato, es también el anuncio de pronta eliminación de los cocales en Bolivia. Esto ya se hace en Colombia, con graves consecuencias, pues las enfermedades cancerígenas, parecen ser consecuencia de su utilización en los campos de cultivo.

Los afectados, serán sin duda, los pequeños campesinos que no tienen capacidad para comprar estas semillas ni alquilar avionetas fumigadoras. Los grandes productores podrán realizar numerosas pasadas a sus latifundios, pero el viento podrá llevar el poderoso herbicida para eliminar las pequeñas parcelas de campesinos pobres.

La oposición a los cultivos transgénicos, atraerá de inmediato a los representantes de las transnacionales, que pronto llegarán con gordas billeteras para tratar de convencer a nuestros gobernantes para aceptar su presunta “mayor productividad agrícola”.

Los pronunciamientos que comenzaron a circular por Bolivia, tendrían que multiplicarse en defensa de los cultivos orgánicos que son la tradición y la cultura ancestral de nuestros pueblos.

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