Conforme a la denuncia de una organización internacional, cuatro compañías mundiales controlan el movimiento de la mayor parte de los alimentos en todo el planeta. Tres de ellas: Archer Daniels Midland, Bunge International y la transnacional Cargill manejan el 90 por ciento del comercio mundial de granos. La denuncia señala que, estas empresas, especulan con los precios.
No puede ser de otra forma si tenemos en cuenta que, el año pasado, hubo un déficit en la oferta algo mayor a 45 millones de toneladas. Sin embargo, los países enriquecidos y, como es de suponer, a través de estas empresas, almacenaban 480 millones de toneladas, más de diez veces el déficit de las cosechas. No sabemos cuánto habrá aumentado el volumen de ese almacenamiento.
Dicha organización terminó su denuncia diciendo que, en las próximas décadas, más millones de personas vivirán permanentemente hambrientas a menos que, y esto es importante subrayar, a menos que cambien radicalmente las formas de cultivar y distribuir los alimentos.
Se calcula que, hasta el año 2030, la población mundial habrá aumentado en otros dos mil millones de personas. De modo que, la deficiencia actual, se habrá multiplicado grandemente, si seguimos en el mismo sistema de apropiación de la producción por unas cuantas empresas e incluso gobiernos. En tanto, la mayoría de la población vive con carencias y, más de mil millones de personas, en la actualidad, se levantan con hambre y se acuestan con hambre.
La FAO, Organización de de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha pedido a principios de este 2011 que, esos países que están preocupados y ocupados exclusivamente en su propia crisis, aumenten sus cuotas para paliar el hambre de millones de hambrientos. Su pedido no fue escuchado y tampoco la organización insistió en la solicitud. Por supuesto, cuando se trata de hacer la guerra, siempre habrá dinero para costearla. Hace dos días, las monarquías árabes aportaron más de 1.000 millones de dólares para que continúe el bombardeo de Libia.
Volvamos al tema de la alimentación. La organización denunciante de la situación afirma que deben cambiar radicalmente el cultivo y la distribución alimentaria. ¿En qué forma? Por supuesto que, para esa organización, resulta difícil dar soluciones. Llegó hasta ahí; el resto es cuestión nuestra, de los países empobrecidos que fuimos condicionados a vender materias primas y comprar alimentos.
Una solución inmediata sería posesionarse de las reservas que tienen las grandes empresas. Sabemos que están situadas en los países enriquecidos, pero también sabemos que allí ha surgido el movimiento de los indignados. Es la gente del pueblo, de los pueblos, que ha quedado sin hogar, sin trabajo, sin justicia y sin futuro. Pero ésa, sería una solución momentánea. La solución estable radica en la forma de cultivar, en la forma de cosechar, en la forma de distribuir.
La misma propuesta nos está dando la vía, el camino por el que debemos transitar hacia la solución. Veamos: los cultivos actuales, a nivel mundial, están en manos de las grandes empresas que se han apropiado de las semillas, trasmutándolos o, como ahora se dice, convirtiéndolas en transgénicas. Tiene que haber un grave error en la información de algunos de nuestros parlamentarios, para que propongan dar vía libre al comercio de semilla transgénica. Esos dueños de las semilla no permiten que se use la misma semilla para una segunda cosecha; hay que volver a comprarles a ellos, aún si guardamos de la primera compra, porque tienen patente internacional.
Por supuesto, tales empresas se hallan estrechamente ligadas con aquellas otras que se encargan de manejar el mercado de alimentos y, entre ellas, hacen el negocio desde el cultivo hasta la distribución. Ya vimos que son cuatro empresas transnacionales que manejan el negocio de la venta de alimentos en todo el mundo. En cuanto a las que venden semillas transgénicas, no son más de tres. Estamos en manos de esas siete hermanas que actúan, al igual que las siete hermanas del petróleo.
Por lo tanto, la solución es única, no hay alternativa. Los países empobrecidos, nosotros, debemos cerrar las puertas a las semillas transgénicas, aún en caso de que éstas sean saludables y no fuesen portadoras de genes deformantes. Si, como debe estar ocurriendo, ya estamos entrampados con las semillas transgénicas, debemos deshacernos de ellas. Si es preciso, hay que expulsar a sus representantes, imponiendo la soberanía nacional.
Por el lado positivo, tenemos que trabajar seriamente en el cumplimiento de una tarea que, en diciembre de 2005, prometimos al pueblo boliviano: la soberanía alimentaria. Debemos hacerlo ya mismo, porque la forma de resistir al aumento en el precio de los alimentos es que produzcamos lo que requerimos y, además, lo produzcamos con nuestros propios recursos. No podemos entrar en el circuito de las grandes empresas que terminarían apropiándose de nuestros cultivos.
Finalmente, la distribución debe estar en manos del pueblo. Cualquier empresa, por pequeña que fuese, terminaría siendo dependiente de las grandes transnacionales. El mismo Estado, enfrentando esa tarea, no tardaría en llegar a acuerdos con los empresarios nacionales, que están sometidos al comercio internacional. La organización social, es decir, el pueblo organizado, tiene que hacerse cargo de esta tarea. Tarea que comienza en el cultivo y termina en la distribución.
De transgénicos, chutos y ropa usada
Con mucha tristeza y hasta confusión, durante estas semanas, he sido espectador de una serie de acciones que desdicen el proceso de cambio en que estamos empeñados los bolivianos y las bolivianas, bajo la conducción del compañero Evo Morales. Se trata de los intentos de legalizar a los autos y otros carros que entraron de contrabando. Se trata de aceptar que las semillas transgénicas se adueñen de nuestra riqueza agrícola. Se trata, inclusive, de rendirse ante la ropa usada con la que ya acostumbramos vestirnos.
No se trata de que nos rasguemos las vestiduras y proclamemos que debemos luchar por la pureza de nuestra comida, de nuestra vestimenta y de nuestra alimentación. Cuando subo al minibus, sé que entró de contrabando y debe tener como 15 años de antigüedad. Sé también que, excepcionalmente, algún pasajero vestirá ropa original y no la usada que corrientemente compramos. Así vivimos. Así trabajamos. Así subsistimos, porque Bolivia sigue siendo un país pobre, como tantos otros de Nuestra América y de otros continentes.
Pero tampoco es aceptable que digamos: ¡piedra libre!, para todo ese comercio de cosas usadas y de alimentos manipulados. Comencemos por éstos. Como bien explicó una ministra, no confundamos injertos o hibridaciones con manipulación genética. No es lo mismo el trabajo de los agricultores para mejorar una semilla que, los laboratorios de la Monsanto, introduzcan células animales en una semilla vegetal para acelerar su crecimiento. No es lo mismo, por muchas razones.
Pongamos un ejemplo. Los dueños de Monsanto dicen: necesitamos una semilla que reproduzca cinco veces más de lo que ahora puede lograrse con injertos. Los científicos de esa empresa, sin ninguna vacilación ni mucho menos respeto ético, ensayan con células de animales que se reproducen rápidamente (conejos, ratones, etc.) y logran una semilla transgénica. Es un monstruo genético, aunque no tenga la apariencia de Frankenstein.
En realidad, el verdadero Frankenstein es la empresa Monsanto. Aparte de matar la riqueza biológica de la tierra, se apodera de los cultivos. Para cada siembra, hay que comprar semilla a la empresa. Si se usa semilla reservada de la compra anterior, hay que pagarle como si se comprara nuevamente. Por supuesto, el proceso de retornar a la semilla natural, es largo; dura muchos años. Y en Bolivia, donde los soyeros han comprado semilla transgénica, habrá que reducir su uso con un programa consensuado y de largo alcance.
De largo alcance también será la reducción de los vehículos chatarra que atestan las ciudades y los caminos de Bolivia. En África y algunos países latinoamericanos usamos carros con 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad. Son contaminantes y representan un riesgo para las personas; los accidentes son frecuentes. Al iniciarse la administración del presidente Evo Morales, se tomaron medidas para frenar el contrabando. Al parecer, en rangos menores, las redes de contrabandistas siguieron y siguen actuando y llegaron hasta el crimen para mantener ese tráfico. Hoy, el gobierno, parece rendirse ante la evidencia, pero lo está haciendo sin discusión ni acuerdo con los transportistas.
A los contrabandistas les importa muy poco que se dicten normas para reducir el número de vehículos viejos en circulación. En realidad, les interesa que así sea. Ellos, los contrabandistas, se enriquecerán vendiendo carros menos viejos. El anuncio del paro del transporte pesado y del transporte urbano, a partir del lunes próximo, muestra que no hay acuerdo con los sectores afectados.
Supuestamente, se impedirá el ingreso de autos viejos, manejando las listas de los que llegan a Iquique y de los que allí se venden. Eso es no comprender o no querer entender el sistema del contrabando. Sencillamente los autos más viejos no aparecerán en ninguna de las listas. ¿Acaso no se dan cuenta que, quienes venden en Iquique, también son contrabandistas? Habría que pensar en otras medidas, como por ejemplo, cambiar el sistema de impuestos, gravando mayormente a los autos viejos que producen mayor contaminación. Por supuesto, la aduana debe trabajar en la reducción de las rutas de ingreso ilegal. Es una tarea que la Aduana debe organizar pero que no se hará sólo con apoyo policial. Se requiere de la participación de las Fuerzas Armadas, que son responsables de la seguridad de nuestras fronteras. No se podrán cerrar todos los ingresos, pero algo puede hacerse.
Como puede hacerse mucho en la cuestión de la ropa usada. Ha pasado ya tiempo suficiente para terminar con ese avasallamiento de nuestra industria textil. La ropa fabricada en Bolivia es cara, frente a los precios irrisorios de la que se trae de Estados Unidos y Europa. La política debe orientarse a apoyar la recuperación de la industria textil en Bolivia. Hay experiencias, pues una cosa similar ocurrió en los años 50 del siglo pasado. Un juego de ropa interior con marca extranjera costaba la mitad que la misma ropa de industria nacional. Invertir esa relación, es posible. Fomento a la industria nacional e impuestos a la ropa usada, hará que, en el mediano plazo, acabemos con esa distorsión de nuestra economía.
Son tres temas que están íntimamente ligados. Hay fuerzas, dentro del país e incluso en las mismas filas del MAS, que trabajen para que no volvamos a la etapa en que las transnacionales dictaban la política de Bolivia. Debemos impedirlo luchando en forma organizada contra esas tendencias.
