El Artículo 13.3 de la propuesta, referido a Políticas de Fortalecimiento de la Base Productiva y que establece: promover y proteger la producción, uso, conservación e intercambios de semillas de alta calidad que garanticen su provisión para la producción; y también el Artículo 15 propone: proteger la biodiversidad, como sustento de los sistemas de vida y sus procesos naturales, garantizando la seguridad con soberanía alimentaria y la salud de las personas; en el detalle de ambos artículos existen contradicciones que ponen en riesgo el patrimonio de miles de familias campesinas indígenas, la semilla.
Algunos ejemplos de las medidas propuestas para lograr estos objetivos son las alianzas estratégicas con sectores privados que se dedican a la producción y acopio de semillas (Art. 13.3.f), cuando se conoce que sectores privados se han apropiado y manipulado el recurso genético de semillas nativas constituyéndose en “dueños” por medio de patentes con el propósito de dominar los mercados agroalimentarios.
Las últimas informaciones indican que la Asamblea Legislativa Plurinacional del país, hasta ahora, ratifican en la propuesta de Ley que no se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana (Art. 15.3). Sin embargo, no sólo se debe considerar este aspecto del patrimonio genético y la biodiversidad del país, sino también, el modelo insostenible de producción que está detrás de los cultivos transgénicos.
La propuesta de Ley abre plenamente la posibilidad de liberar y legalizar los cultivos transgénicos, lo que en el futuro implicará mayor presión sobre los recursos naturales y daños ambientales irreversibles en desmedro de los bosques, fuentes de agua, suelos, biodiversidad; contaminación genética a través de la polinización, contaminación cruzada y transmisión animal; contaminación y afectación en la salud humana por el uso de productos agrotóxicos; control de las empresas en la distribución de los productos, menor acceso a alimentos, especulación e incremento de los precios de los productos alimenticios. Competencia desleal desfavoreciendo a la agricultura familiar campesina indígena; uso de tierras tradicionales y potenciales para la producción de alimentos convirtiéndose para productos de exportación y/o producción de agrocombustibles.
Países como México y Argentina son ejemplos claros de los impactos generados por la legalización de los transgénicos, afectando no solamente a la población rural sino también a la población urbana. En el 2007, México -centro de origen del maíz- se vio seriamente afectado por la disposición de Cargill de comercializar el maíz a las compañías energéticas norteamericanas para la producción de agrocombustibles en vez de producir alimentos para la población. En el caso del país vecino, Argentina, después de más de una década de haber permitido la introducción de Soja RR resistente al glifosato (ingrediente activo del Roundup), enfrenta actualmente problemas socioambientales por la invasión territorial del sector privado: en el 2010 se sembraron 18 millones de hectáreas de soya RR que representa el 50% de la superficie agrícola; incremento de las áreas de desmonte, desplazamiento de campesinos; desequilibrios en el acceso a alimentos para la población; daños en la salud por las fumigaciones y la aparición de malezas resistentes al glifosato (Grain 2008; 2010).
La propuesta de Ley que está en su etapa final de aprobación, debe establecer claramente las políticas, mecanismos y estrategias en el sentido de convertirse en una política pública orientada a proteger la producción nacional, a promover y fortalecer efectivamente la producción familiar de manera que los pequeños y medianos productores sean quienes decidan qué sembrar y cómo hacerlo para asegurar su alimentación; además, continuar abasteciendo productos alimenticios de calidad a la población y que vaya acorde a las demandas de las características gastronómicas de cada lugar, zona o región. Para ello se hace imprescindible reconocer que el 80% de la población económicamente activa del área rural está dedicada a actividades agropecuarias y el 68% de las unidades productivas está en manos de campesinos indígenas (Plan Nacional de Desarrollo, 2006), por lo que se convierten en el sector más vulnerable ante una posible legalización de los cultivos transgénicos.
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