El MICI es una instancia que depende directamente de la Junta Directiva del BID y su misión es dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos y las comunidades respecto a los impactos sociales y ambientales de proyectos financiados por el BID.
En este caso, se objeta la construcción del puente Rurrenabaque – San Buenaventura porque facilitará el ingreso de madereros y empresas petroleras a grandes reservas naturales, y perjudicará a una de las ciudades ecoturísticas más importantes del país, reconocida mundialmente como la “Perla Turística de la Amazonía”.
El reclamo fue presentado por el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) y otras organizaciones sociales de Rurrenabaque, quienes afirman que el proyecto vial incumple la legislación nacional y las políticas operativas del BID.
Los representantes del Fobomade tuvieron que recurrir a esta instancia del BID debido a que las autoridades nacionales y el representante del BID en Bolivia Baudouin Duquesne no dieron curso a las observaciones planteadas.
El BID informó en su página web que “la solicitud recibida en la oficina del MICI presenta inquietudes relacionadas con impactos ambientales y sociales que la construcción y accesos de un puente que conecta Rurrenabaque y San Buenaventura en Bolivia podrían ocasionar en el área del proyecto. Adicionalmente, la Solicitud indica que tanto el manejo de la información como las consultas públicas fueron inadecuados”.
El mecanismo de reclamos del BID prevé una fase de consulta que incluye el diálogo y la búsqueda de soluciones, y una segunda etapa de investigación. En esta oportunidad, la Ombudsperson de Proyectos Isabel Lavadenz encabezará la primera fase de consulta.
Desde el lunes 23 hasta el 31 de mayo, los miembros de la misión se reunirán con autoridades del gobierno y representantes de las regiones donde se construirá el puente que tiene una longitud de 374 metros y que costará más de 16 millones de dólares.
El organismo ejecutor del proyecto, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), solicitó al BID la reasignación de fondos destinados al mantenimiento en ripio de los tramos viales Santa Bárbara-Caranavi y Caranavi-Quiquibey, y a un estudio de factibilidad ambiental y de ingeniería para el tramo Santa Bárbara-Caranavi (préstamos 1833/SFBO y 1597/SFBO) para financiar, en su lugar, el puente Rurrenabaque-San Buenaventura y sus accesos.
Los argumentos
El diseño de la carretera de acceso establece que el puente atravesará el casco viejo y turístico de Rurrenabaque y de San Buenaventura, y afectará a la mayoría de los centros educativos, hospitales, zonas urbanas y turísticas de ambas poblaciones, y las serranías que son Reserva Municipal.
Se calcula que en los próximos años circularán diariamente por ese puente más de 1.500 vehículos y para 2031 serán 3.278. Los habitantes de Rurrenabaque temen que la ciudad se convierta en un pueblo de tránsito de camiones de alto tonelaje cargados de madera, castaña o mercadería internacional.
Con tal cantidad de vehículos circulando por la zona, dicen los pobladores benianos, se acabará la tranquilidad de la que disfrutan al año casi 52 mil turistas nacionales y extranjeros, lo que irremediablemente afectará al turismo, una actividad que genera alrededor de tres millones de dólares anuales para la región beniana.
El Comité Impulsor del Puente Rurrenabaque – San Buenaventura calcula que si solo uno de cada 10 visitantes dejara de visitar la zona, causaría un daño económico de por lo menos 600 mil dólares al año.
Las organizaciones que se oponen a la construcción del puente argumentan que Rurrenabaque es mucho más que un destino turístico; consideran que es la puerta de ingreso a territorios indígenas y áreas protegidas, entre ellos la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, el Territorio Indígena San José de Uchupiamonas en el Parque Madidi, el Territorio del Gran Consejo Chiman, parte de la Estación Biológica del Beni, el Territorio Tacana I y el Territorio Mosetén.
El puente incrementará la desmesurada tala del bosque amazónico desde Rurrenabaque hasta el Alto Madidi, Puerto Heath, el territorio Tacana II o el sur de Pando, y facilitará el ingreso de las empresas petroleras a los bloques Madidi, Madre de Dios y Beni.
Algunas de estas Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) ejecutan emprendimientos de etnoecoturismo; incluso el 70% del territorio del Municipio de Rurrenabaque es parte de la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas.
A esto se debe sumar que los pilotes edificados sobre el río y la zona sur constituyen un riesgo para las dos poblaciones debido a que se convertirían en una barrera para toda el material (troncos de árboles que arranca el río, ramas, piedras, etc.) que arrastra el río cuando crece. Esto represaría el caudal del río Beni, inundando Rurrenabaque y las poblaciones cercanas hasta niveles aún superiores a los que se registraron este año.
Pese a las observaciones, se otorgó la Licencia Ambiental para la construcción del puente, con lo cual se incumplieron varias normas de la propia Constitución, la Ley del Medio Ambiente y el Reglamento de Prevención y control Ambiental.
Aunque se presentaron alternativas, el Presidente Evo Morales señaló en varias oportunidades que el puente se construirá en base al diseño aprobado por la ABC, e incluso sin tomar en cuenta una consulta pública de 2006 que rechazó el diseño que ahora es defendido intransigentemente por la ABC.
El problema subió de tono el año pasado cuando sectores afines al gobierno iniciaron una serie de medidas de presión para obligar a los pobladores de Rurrenabaque a que acepten la construcción del puente. Las medidas se radicalizaron en diciembre luego de que colonizadores de Beni, pobladores de San Buenaventura y militantes del MAS bloquearon los accesos a la población beniana y además tomaron el aeropuerto.
Durante el conflicto fueron secuestrados por algunas horas al asambleísta departamental Kenzo Tacusi, el corregidor de Rurrenabaque Herminio Arias y los dirigentes Daniel Robinson y Julio Cuevo.
Luego de un acuerdo firmado por representantes de los dos departamentos en situaciones de presión, se logró que pacificar a la “Perla Turística de la Amazonía”. Sin embargo, existe el temor de que está tranquilidad se acabe debido a que en los últimos días el gobernador de La Paz César Cocarico anunció que en los próximos días se iniciará la construcción del puente observado.
Los afectados esperan que con el arribo de la misión del MICI se deje sin efecto el financiamiento del BID para la construcción del puente en la ubicación y los criterios de diseño que el gobierno pretende imponer.
